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Canarias: epicentro de la Europa fortaleza marca España

Fuentes: El Salto [Foto: Una caravana de vehículos marcha en Gran Canaria por los derechos de las personas migrantes. Manu Navarro]

La gestión del gobierno de la crisis migratoria en las islas obedece a una política coherente con unas directrices europeas que apuntan a evitar la entrada de migrantes y privilegiar los mecanismos de expulsión. Activistas reflexionan sobre cómo responder a ese marco.

Cada día llegan nuevas embarcaciones a las costas canarias. Cada día, muchas otras se pierden en el mar. En lo que va de año más de 17.000 personas han llegado a las islas, la mitad arribaron en el último mes. Su llegada impacta de diversas formas en el archipiélago: el fantasma del desbordamiento institucional, materializado en la imagen de miles de personas pasando la noche sobre el suelo del muelle de Arguineguín, en Gran Canaria. La sensación de estar viviendo una crisis humanitaria, sin los recursos para afrontarla. La alarma por la manera en la que son recibidas las personas migrantes tras sus largas travesías, ocultos a las lentes de fotoperiodistas que denuncian no poder tan siquiera documentar la situación, porque la policía se lo impide.

El pasado viernes 13 de noviembre, Carolina Darias, ministra de Política Territorial anunciaba un plan de choque del Gobierno frente a la situación en una rueda de prensa conjunta con el presidente autonómico, Ángel Víctor Torres. El mensaje no se salía del guión que rige la postura de Moncloa en el último año: de un lado la deportación, del otro evitar las derivaciones a la península. De fondo una prioridad, evitar que las personas lleguen.

Ese mismo día, a unos mil quinientos kilómetros al Sur, la población senegalesa guardaba una jornada de luto por quienes han perdido su vida en el mar, en la travesía hacia las islas. Una iniciativa de una sociedad civil harta ver a sus jóvenes morir ante la indiferencia de su propio gobierno. El número 480 —las personas que se estima habían perdido la vida hasta el viernes— llenaba las redes sociales con imágenes de velas y mensajes de dolor e indignación.

Poco antes de la rueda de prensa del viernes, el periodista e integrante de CEAR, Txema Santana, aún guardaba algo de fe en que el discurso del gobierno alterara una dinámica que empuja a muchas y muchos a pensar en Las Canarias como una isla en proceso de convertirse en una especie de Lesbos del Atlántico. Un riesgo, recuerda el activista, del que vienen muchos meses advirtiendo: “Tenemos la percepción y clara constancia de que no hay una intención por parte del gobierno de que la acogida humanitaria que debe dar el estado sea repartida solidariamente, sino que dejan a las persona en esos territorios de ultramar que son las Islas Canarias, — más próximas al origen que al fin de la ruta migratoria— y desde ahí convertirnos en una plataforma de expulsión”.

El anuncio que Santana esperaba implicaba que el gobierno comenzara a aceptar el traslado de las personas hacia la península, algo que de alguna manera están haciendo ya a cuenta gotas “sotto voce, y pidiendo que no se publique demasiado”. El “mandato” hacia la UE de ejercer como policía de la frontera Sur, e impedir bajo todos los medios la llegada de las personas migrantes al continente parece seguir marcando la agenda de este gobierno.

Djibi consiguió llegar a la península. Fue en 2006 y, como muchos de sus compatriotas están volviendo a hacer ahora, lo hizo en cayuco. “Fue una situación muy difícil pero sobrevivimos”, rememora. Durante años, las personas que como él siguieron aventurándose en el océano fueron disminuyendo. Pero hace poco, el fenómeno volvió a tocarle personalmente. “Hace más de un mes me llamó mi tío, él trabaja delante de la playa, y de repente ve a muchísima gente saliendo en patera”.

Fue a raíz de ese aviso de su tío que este senegalés se puso a investigar y tomó constancia de que el viaje de los cayucos había retomado, con rutas aún más difíciles, y partiendo de una situación más desesperada derivada de la pandemia. El tío llamó de nuevo: entre los 480 muertos llorados el pasado viernes había personas cercanas. “Ha sido durísimo porque recuerdo mucho el momento en el que yo estaba en esa situación”. Djibi intenta aportar para evitar que más gente ponga su vida en riesgo compartiendo imágenes de lo que está pasando de este lado del océano, explicando lo mala que es la situación aquí: “Pero cuando estás aquí, diciendo las cosas como son, es difícil que te crean. No los culpo, quieren salir de las mismas dificultades que yo abandoné”, admite. Ya son dos familiares los que han conseguido llegar al archipiélago.

Si las personas no cejan en su empeño de llegar a Europa, el gobierno español no ceja en su intención de evitarlo. El debate se centra sobre dos vectores: de un lado ampliar los espacios para acoger a quienes llegan ante unos recursos saturados ante la negativa de trasladar a las personas al resto del Estado. De otro lado, el ministro Marlaska protagoniza una gira intermitente a los países de origen y de tránsito para garantizar la deportación de quienes llegan al país.

Marlaska el deportador

Fue a finales de septiembre cuando, poco después de que Europa anunciara su controvertido nuevo Pacto de Migración y Asilo —al que la organización Euromed Rights calificaba elocuentemente de “un nuevo comienzo para las violaciones de los derecho humanos”— el ministerio de Marlaska dio la orden de reabrir los CIE con la intención de retomar las deportaciones. Si bien quienes abogan por su cierre definitivo, temían antes o después su reactivación, la reapertura en plena segunda ola, ha causado mucha inquietud. Así lo cuenta Adrián Vives  portavoz de la Campaña por el Cierre de los Centros de Internamiento para Extranjeros y el fin de las deportacionesde CIE no, desde Valencia. Donde se halla justo el único CIE que sigue inactivo a la espera de que concluyan unas obras. 

Vives recuerda la nota de la policía que anunciaba que “se podía internar a marroquíes y argelinos que llegaron en patera y a subsaharianos que llegaran desde Mauritania a Canarias. En esta nota se indicaba que se abrían todos los CIE de la península y de las islas”. Casi meses después, comenta Vives, hay internos en casi todos los Centros. En Algeciras, se está construyendo un enorme recinto. El internamiento, recuerda, está provocando numerosos problemas relacionados con la seguridad ante la pandemia, problemas que ya han motivado protestas como las huelgas de hambre en Madrid. “Los internos no están dispuestos a asumir riesgos para su salud y la de su familia, sobre todo teniendo en cuenta que luego se les pretende encima deportar”.

En Canarias, el hermano del cuñado de Djibi no está en un CIE sino en un hotel, un limbo al que fue enviado por la Cruz Roja tras llegar al archipiélago y del que no sabe cómo saldrá. “Me contó por teléfono que ya ha pasado el tiempo que tienen que estar ahí pero el gobierno parece que no sabe qué hacer con ellos”. La última vez que hablaron, el recién llegado le dijo que les habían comentado que quienes tuviesen familiares en la península podrían viajar. Pero cómo hacerlo sin los documentos necesarios para comprar un billete de avión, se preguntaba. “Cada día lo ponen más difícil. Por ahora están bien, no están encerrados. Hay muchísimos chavales que no son conscientes todavía de lo que está pasando. Toman fotos de dónde están, y las mandan a Senegal animando más a los que están ahí. No saben lo que les espera”. Desde la península Djibi se preocupa también por ver qué hace con otro familiar, que está en Tenerife.

En el afán por impedir las llegadas a las costas canarias, se va a involucrar la agencia Frontex —recientemente acusada, por parte de Human Rights Watch, de cometer prácticas ilegales en la ruta entre Turquía y Grecia. “Parece que se van a mandar unos efectivos de tierra, que van a retomar o profundizar la vigilancia en la costa africana”, informa Santana. “Todo ello con la opacidad habitual de Frontex, que no llegamos a entender cuáles son sus procedimientos para disuadir a las personas”. Hasta ahora, explica el activista, la agencia no ha tenido una gran implicación en la ruta atlántica.

Para hablar de las deportaciones, Frontex, o la industria migratoria. la organización Irídia, presentó junto a Novact, hace algo más de un mes, el informe Vulneraciones de los derechos humanos en las deportaciones, en el que daba cuenta del alcance de estas políticas y los intereses de todo tipo que mueven. Andrés García Berrio, codirector de Irídia, explica por qué estas políticas consituyen una tendencia imperturbable incluso en el contexto de pandemia global. “Hay una cuestión muy clave a nivel de análisis que es que la principal fuerza en materia migratoria dentro del gobierno y además de una manera muy cerrada, muy difícil de salir de ahí, la tiene el ministerio de Interior con un ministro totalmente conservador”.

Vives comparte este diagnóstico: “me preocupa la actitud del gobierno con las políticas migratorias pero particularmente la actitud del ministro del Interior: parece que tenga una obsesión con deportar y, en ese marco, está haciendo estas cosa que no tienen absolutamente ningún sentido como llegar a acuerdos bilaterales de readmisión con otros países que además pueden comprometerse hoy a una cosa y si la situación empeora pueden dejar de comprometerse”.

¿Cómo ha podido pasar esto en un gobierno de coalición en el que uno de los socios apostaba abiertamente por el cierre de los CIE y una política migratoria radicalmente distinta a la actual en su programa electoral de hace solo un año? “Todas las competencias que tienen que ver con migración están en Ministerios adscritos al partido socialista, y el PSOE ya sabemos que políticas lleva haciendo desde hace muchos años: políticas migratorias iguales que las del PP, las de la Europa Fortaleza”. Para este activista quizás es demasiado tarde para solucionar esta ausencia de contrapesos internos. “A lo mejor esa parte del gobierno que sí que está por el cierre de los CIE y lo ha dicho públicamente tendrían que haber negociado en su momento para asumir algún tipo de competencias en migraciones”. Vives deduce que si esto no se puso sobre la mesa entonces, es que no era prioritario para la formación.

Llegados a este punto, García Berrio considera que la única manera de incidir sobre el gobierno es generando presión social para. Para el integrante de Irídia este sería un buen momento para que los partidos que están negociando los presupuestos generales hiciesen presión: “Hay una cuestión de fondo, que es que si no hay representatividad suficiente de las comunidades racializadas y migrantes en los propios partidos políticos y los propios gobiernos, esta siempre va a ser una cuestión secundaria”. El activista señala cómo hay cuestiones que son “bandera” de la parte más progresista de este gobierno, pero “entendemos que la migración más allá de algunos comunicados concretos no lo está siendo”. Ese, plantea, es un ámbito sobre el que incidir.

Edith Espinola, portavoz de #RegularizaciónYa, puede dar buena cuenta de ello. Tras el rechazo de la PNL para la regularización de personas en situación irregular, el mismo día que se anunciaba la reactivación de CIE y deportaciones, la plataforma sigue negociando con los partidos para proteger a un colectivo que puede crecer como consecuencia de la crisis económica y que ahora, con el Ministerio poniendo a punto su máquina de deportación, se ve amenazado.

“Yo como persona migrante indocumentada tengo terror, en cada boca de metro hay policía de paisano, si yo estoy sin mis papeles, ellos me pueden detener y me van a detener, ¿qué hacemos ante eso cuando el gobierno de coalición, el más progresista, el que tendría que apoyarnos, dice una cosa y hace otra?”. Espinola afirma que no le queda otra que seguir luchando por la regularización, una cuestión de voluntad política. Y advierte que no vale cualquier propuesta. “España tenía la oportunidad histórica de decir que es un estado de derecho, y no quiso hacerlo y sin embargo ahora van saliendo pistas. El ministro Escrivá el otro día dijo que iba a tener que regularizar a los migrantes ¿pero en qué condiciones y bajo qué figura?”, la activista sostiene que hay condiciones imposibles de sostener, como exigir contratos indefinidos a tiempo completo. Y en general recela de la falta de información y compromiso. “Todo está en papel mojado y no sabemos qué va a pasar”.

Políticas que agitan el racismo 

Asuma la política que asuma el gobierno, hay algo que sí es muy probable que pase, las personas van a seguir llegando. “En Senegal lo están pasando mal, los recursos que tenían los jóvenes para sobrevivir se los ha cargado el gobierno”, acusa Djibi. “Lo más fácil era comer pescado todos los días y lo difícil era comer carne, ahora es más fácil comer carne que comer pescado, era un recurso que teníamos, pero este gobierno que tenemos ha vendido el mar a los extranjeros que vienen con sus barcos”. Con el mar arrasado la gente se queda sin recursos, subraya.

“Sabemos que en África cuando se pasa hambre pues esas cosas pasan, los jóvenes hacen lo que sea para entrar en Europa esperando que les cambie la vida. Eso es lo que está pasando hoy en día en Senegal”. Y por mucho mensaje disuasorio por parte de quienes ya están, por mucho Frontex o mucho acuerdo bilateral, no hay quien pare eso: “No es que no sean conscientes del peligro que hay en el mar. Hay gente que lo ha intentado y no lo ha conseguido, y lo ha vuelto a intentar. Si nunca lo has intentado no sabes lo que hay, pero si lo has intentado una, dos, o tres veces es que te da igual ya lo que te pueda pasar”.

Senegaleses, entre otros migrantes, acaban por llegar a una Frontera Sur que tiene sus propios problemas: una pandemia que ha dinamitado una de las principales formas de subsistencia de las islas, el turismo. Abarrotados en el muelle, o alojados provisionalmente en equipamientos turísticos, en la isla se generan tensiones: “Muchos chicos que han llegado están en hoteles, eso implica un mal ambiente entre inmigrantes y españoles, que lo están pasando mal, y ven a grupos de gente que llegan y son alojados en hoteles, mientras se extienden los desahucios en el país. Eso también puede generar odio, aunque quienes llegan no tengan la culpa”, reflexiona Djibi.

Una tendencia que preocupa a Santana: “ante la sensación de incertidumbre con respecto al propio futuro, en Canarias se suma la llegada de migrantes”. Entre las respuestas a esto: “hay una corriente de opinión antimigratoria que hablan de invasión, que afirma que vienen solamente hombres para crear un ejército, que habla de yihadismo. Todos estos elementos mezclados sumados a la gestión deficitaria del gobierno están haciendo que sea un caldo de cultivo estupendo para quien quiere captar voluntades políticas”.

Santana piensa que a veces cuesta entender, desde afuera, la psicología insular respecto a la migración: “Somos un territorio aislado a donde llegan personas, nosotros las recibimos inicialmente, pero necesitamos contar con el apoyo del continente que es donde quieren llegar las personas, sino la soledad de la isla es difícil de gestionar”.

Trascendiendo el ámbito canario, Espinola coincide con la preocupación de Santana: “Hay discursos que canalizan el odio o la frustración que la gente tiene, porque ya es tan difícil la vida, hay tantísimas personas que se quedaron sin trabajo, que no saben cómo llegar a fin de mes, sean de la nacionalidad que sean… cada vez el problema se hace más grande mientras el gobierno sigue hablando y en la realidad no te llega ninguna medida, ninguna ayuda”.

García Berrio considera que quizás un contradiscurso a esa reacción, debería enfocarse en cuestionar el ellos y el nosotros poniendo sobre la mesa “qué significa una comunidad local, es decir, cómo tejer esas redes comunitarias desde abajo donde se visibilicen los vínculos que ya existen y se amplifiquen. Y, de alguna manera, haya una correlación entre la realidad social que ahora mismo hay en España y los imaginarios colectivos”. Dicho de otro modo: pensar más allá de la frontera y cambiar de una lógica de migraciones a una lógica de derechos civiles. “Creo que la propia movilización migrante que se está dando a través de #RegularizaciónYa, así como otros colectivos que cada vez tienen más fuerza, si se enraizan y de alguna manera se conectan con los movimientos de barrio, puede activar una lógica diferente, aunque va a ser una cuestión de años”.

Se trata, concluye, de “visibilizar lo que es realmente existente, contar con una mayor representatividad de las comunidades racializadas migrantes, y, de alguna manera, aumentar la presión desde esas lógicas”. Es imprescindible, admite el activista de Irídia, abordar la cuestión de una manera “actualizada, no como se miraba hace cinco años, estamos en otro momento y se ha de hacer de una manera totalmente anclada en el antirracismo y lo comunitario”.

Resistencias posibles

Para Espinola, que el gobierno no deje salir a las personas de las islas Canarias “Es una muestra más del rechazo y del corralito que quieren crear sobre las personas migrantes para poder potenciar estas noticias de que necesitamos reforzar las fronteras”. Una política que no se corresponde con la realidad “sabemos que por donde más entran personas migrantes es por avión” y que, según la activista, sirve para mantener bien alimentado un sector económico que se nutre del negocio del internamiento y la vigilancia.

“He leído que las expulsiones solo deberían hacerse en circunstancias muy agravantes, es una sentencia del Tribunal Europeo que avala lo que decía el tribunal de acá de España”. Una sentencia que Espinola duda de que el Ministerio de Interior aplique.  En este sentido García Berrio piensa que hay margen normativo para una política más garantista. Por ejemplo,  en consonancia con la sentencia citada por Espinola, poniendo multas en lugar de deportando a las personas que se hayan en situación irregular. “El análisis en el que estamos trabajando es en saber cómo conflictuar la deportación como uno de los momentos más duros y brutales de toda la política migratoria”. 

Un proceso difícil de contestar en el momento: “muchas de las deportaciones se producen sin pasar por un CIE y las que se producen pasando por el CIE no dejan demasiado espacio a los movimientos sociales para permitir construir una  oposición parecida a las que se hacen con los desahucios: prácticas de desobediencia civil que conflictúen de alguna manera el hecho de que se están deportando a nuestros vecinos y vecinas, a nuestra familia, a nuestros amigos”. Esta desobediencia civil podría activarse tanto frente a las empresas implicadas en la industria migratoria como frente al gobierno: “esta lógica de que si tu vas a deportar a esta persona nosotros no nos vamos a ir de la oficina de x empresa hasta que no se pare la deportación sería una manera de visibilizar que se están separando familias, y rompiendo proyectos vitales”.

Aún lejos de ese horizonte, Vives piensa que de alguna forma el parón de meses en las deportaciones puede haber contribuido a desnaturalizarlas. Además, el hecho de que la primera deportación —retransmitida por los medios— fuera hacia Mauritania, a dónde se devuelven ciudadanos de terceros países susceptibles de optar a refugio como es el caso de los malienses, puede movilizar a capas de la población que desconocían estas prácticas. 

Por su parte Santana se pregunta cómo puede la Unión Europea obviar las causas de la movilización masiva de personas. “¿Por que no se valora una situación humanitaria extraordinaria para quienes se están viendo desplazados por motivos económicos derivados de la pandemia?” El activista recuerda que algo parecido se hizo con Venezuela. Y que en esta contexto, son miles las personas que se están desplazando ante la incapacidad de reunir los ingresos suficientes para sus familias. “La pandemia ha generado una situación humanitaria que no está siendo puesta sobre la mesa. Creo que Europa tiene que ser consciente que si a ella le está afectando, a los países del Sur les está afectando más. Con un marco de protección social menor, y economías más frágiles, no pueden sostener la situación. Esos países van a preferir que sus nacionales salgan a que permanezcan en el país y que se arme un conflicto interno”.

Fuente: https://www.elsaltodiario.com/migracion/canarias-epicentro-de-la-europa-fortaleza-marca-espana

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