Ecuador ha cerrado dos grandes operaciones de cambio deuda pública por protección de la biodiversidad, pero algunas organizaciones locales denuncian que los mecanismos y los procesos empleados dificultan que sean realmente efectivas.
Mejorar la gestión de 4,6 millones de hectáreas protegidas de selva amazónica, preservar otros 1,8 millones de hectáreas de bosques y humedales y reforzar la protección de 18.000 kilómetros de ríos. Todo a cambio de algo más de 1.500 millones de dólares de deuda pública, un nuevo crédito y el compromiso de destinar 400 millones de dólares a un nuevo instrumento financiero, el Fondo Biocorredor Amazónico. Esos son los detalles de la última operación de canje de deuda por naturaleza que acaba de hacer oficial Ecuador con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo, el Bank of America, la Corporación Financiera Internacional para el Desarrollo de Estados Unidos y la ONG The Nature Conservancy.
Sobre el papel, suena como un movimiento financiero en el que el país y la biodiversidad salen ganando. El nuevo biocorredor beneficiará a cerca de un millón de personas y miles de especies de mamíferos, aves y peces de una de las regiones más biodiversas del planeta. Sin embargo, algunas organizaciones denuncian que este tipo de acciones se hacen de espaldas a las comunidades locales e indígenas, no terminan de concretarse en una mejora de la conservación ni alivian de forma significativa la situación económica del país endeudado.
Deuda por naturaleza: el caso de Galápagos
Los canjes de deuda por naturaleza fueron planteados por primera vez en 1982 por Thomas Lovejoy, entonces vicepresidente de WWF. Sin embargo, no ha sido hasta los últimos años que parecen haber ganado impulso como una herramienta financiera para mejorar la conservación de la biodiversidad en aquellos países fuertemente endeudados. Aunque no existe una base de datos única con todas las operaciones, un informe de Carbon Brief apunta a que se han firmado cerca de 150 proyectos de este tipo en todo el mundo (aunque la mayoría se concentran en América Latina y el Caribe) que han contribuido a canjes de deuda por valor de 2.400 millones de dólares.
La de la Amazonia no es la primera operación de este tipo que cierra Ecuador. En abril de 2023, el país firmó un acuerdo mediante el que intercambiar 1.630 millones de dólares de deuda pública por un nuevo préstamo de 656 millones de dólares a cambio de comprometerse a destinar unos 450 millones de dólares a proyectos de conservación en las islas Galápagos y en la reserva marina Hermandad. Han pasado dos años desde la firma del que se anunció como el canje de deuda por conservación de la naturaleza más grande del mundo y se creó el fondo Galápagos Life Fund, pero los resultados no acaban de concretarse.
“No ha existido un alivio significativo de la deuda pública y el supuesto ahorro se está redirigiendo a pagos anuales comprometidos con el nuevo fondo de conservación. Además, los recursos aún no se han traducido en beneficios tangibles para las islas”, explica Eva Martínez-Acosta, coordinadora de proyecto en el Centro de Derechos Económicos y Sociales (CDES), una organización ecuatoriana en defensa de los derechos humanos y la justicia social y económica. De hecho, la primera convocatoria de subvenciones y la primera entrega de fondos no se han producido hasta hace poco.
Por otro lado, tras analizar el caso de Galápagos en un informe publicado el año pasado junto a la Red Latinoamericana y del Caribe por Justicia Económica, Social y Climática, el CDES concluyó que la operación tenía otros grandes puntos débiles: falta de transparencia, exclusión de las comunidades locales y gobernanza externalizada. Puntos débiles que, aseguran, vuelven a estar presentes en el nuevo canje de deuda por naturaleza firmado para el Amazonia.
“Ni el gobierno ni el fondo de las Galápagos han brindado información pública suficiente sobre los detalles financieros ni sobre el impacto de la operación, lo que alimenta las dudas sobre su verdadera eficacia. Los acuerdos se han canalizado a través de empresas privadas y fideicomisos en el extranjero, fuera del escrutinio público. Además, muchos de los términos de la operación son confidenciales”, añade Martínez-Acosta. En este sentido, el CDES y otras organizaciones han presionado al Banco Interamericano de Desarrollo y al Gobierno de Ecuador para que solvente esta falta de transparencia, y el Ministerio de Ambiente ha acabado comprometiéndose a que el fondo de las Galápagos publique más información.
El informe también señala que la operación de canje de deuda se diseñó sin la participación de la población local que vive y depende del territorio, que las decisiones del Galápagos Life Fund están dominadas por organizaciones privadas extranjeras (y que el Gobierno y los habitantes de la isla tienen una participación minoritaria) y que la arquitectura financiera es tan compleja que los costes reales y los riesgos difíciles de entender.
“Las consecuencias de estos puntos débiles pueden ser serias tanto para Galápagos como para el país. Las islas podrían no obtener los beneficios esperados en conservación y desarrollo sostenible, y Ecuador podría terminar con un compromiso financiero oneroso y menos control sobre su propio patrimonio natural. Este modelo mal implementado puede socavar la confianza de la gente en las iniciativas de conservación, que paradójicamente son cruciales para el futuro del país”, señala Martínez-Acosta.
La organización ecuatoriana también ha denunciado que, por lo que se conoce hasta ahora, el nuevo canje de deuda por naturaleza anunciado para la Amazonia tiene muchas similitudes con el caso de Galápagos. Los objetivos de conservación son ambiciosos y las cifras económicas son muy importantes, pero la ausencia de participación local, la falta de transparencia y la imposición de una estructura financiera controlada por organizaciones privadas de fuera del país siguen presentes.
“A la luz del caso de Ecuador, los canjes de deuda por naturaleza, tal como están actualmente planteados, difícilmente pueden constituirse en una herramienta eficaz a nivel mundial, ni para aliviar significativamente el problema del endeudamiento de los países ni para garantizar una protección efectiva de la biodiversidad”, concluye Martínez-Acosta.
“Estas iniciativas, aunque atractivas en el discurso, representan soluciones parciales, dependientes del sector privado o de agendas específicas de acreedores externos, en lugar de responder a prioridades soberanas o a obligaciones directas del Estado. La protección efectiva de la biodiversidad y la sostenibilidad financiera de los países requieren transformaciones profundas en los modelos económicos y financieros globales, más allá de instrumentos como los canjes de deuda por naturaleza”, añade.
Fuente: https://climatica.coop/canje-deuda-por-naturaleza-herramienta-util-o-timo-capitalista/