Las últimas centenarias y robustas caobas están cayendo a golpe de motosierra en los confines de la selva peruana. Con ellas, las comunidades indígenas aisladas del mundo y varias especies animales en peligro de extinción. Las causas, muchas y variadas, pero sobre todo una: la demanda en los mercados occidentales estimula a los madereros ilegales […]
Las últimas centenarias y robustas caobas están cayendo a golpe de motosierra en los confines de la selva peruana. Con ellas, las comunidades indígenas aisladas del mundo y varias especies animales en peligro de extinción. Las causas, muchas y variadas, pero sobre todo una: la demanda en los mercados occidentales estimula a los madereros ilegales a esquilmar la más importante selva del mundo por un puñado de árboles.
La asociación ecologista Greenpeace ha documentado en los últimos años casos flagrantes de tráfico ilegal de madera tropical en el Amazonas. El último en un reciente informe donde investiga cómo se realiza la compraventa de un cargamento en un Estado de Brasil con la complicidad de las autoridades medioambientales.
Se trata por lo general de historias negras plagadas de destrucción, corrupción, explotación y sangre. Y en ellas la caoba amazónica aparece como protagonista. Conocida como ‘oro rojo’ por su gran valor en el mercado, se encuentra en fase terminal y las autoridades medioambientales de Naciones Unidas decidieron incluirla en la lista CITES de especies amenazadas, junto a otras 30.000 clases de flora y fauna del planeta tierra.
En Perú, país que ha cogido el relevo de Brasil en la exportación de caoba, la organización WWF/Adena alertó hace unos meses de que al ritmo actual de explotación no le quedan ni diez años de vida. Y en esta lenta agonía, Estados Unidos, Canadá y España, principales importadores de caoba peruana por este orden, tienen mucho que decir; todo por satisfacer la demanda de esta especie roja tirando a rosácea expuesta en cualquiera mueblería, marqueterías, incrustaciones, acabados de coches de gran clase o mástiles de guitarras.
Panorama delatador
En la reserva nacional Pacaya-Samiria, en plena selva amazónica peruana, el panorama es delatador. Balsas de caoba ilegales navegan a plena luz del día; aserraderos repletos de troncos colorean el entorno; grandes cargas se apiñan en las laderas; y la ausencia de la autoridad muestra que no existe voluntad para cambiar la situación.
«Menuda impotencia, es un final anunciado», clama Luis Salas, voluntario de la reserva, mientras fija la vista en una balsa ilegal de caoba que cruza cerca de un barco de la marina peruana sin que nada ocurra.
La organización del tráfico de caoba se basa en un ancestral sistema conocido como de ‘habilitación’. Una poderosa mafia maderera adelanta dinero a pequeñas bandas de leñadores equipadas con motosierras que se encargan de talar las caobas selva adentro. Tras hacer el trabajo sucio, potentes tractores abren vías de hasta 50 metros de ancho para que penetren camiones y extraigan los troncos, con el consiguiente daño forestal que provoca: desaparición de masa arbórea, daño del hábitat de animales terrestres y alteración de los cursos de agua, con «gran impacto» para peces e invertebrados.
Una vez almacenados los troncos en barcos de transporte o recreo, muchas veces escondidos entre la carga, se trasladan hasta los aserraderos. En otras ocasiones, cuando la tala requiere menos esfuerzo, se ensamblan formando balsas y esperan la crecida del río para navegar hasta los aserraderos. Allí se ‘blanquean’ en tablas y se envían a depósitos situados en los centros urbanos de Perú.
A España llegan en grandes barcos que atracan en los puertos de Algeciras, Valencia, Santander o La Coruña, donde ‘trailers’ las transportan a algunas de las centenares de industrias manufactureras que se dedican al comercio del ‘oro rojo’ en ese país.
Negocio redondo
Para los madereros limeños esta práctica es muy productiva. José Álvarez, un biólogo del Instituto de Estudios Amazónicos, explica el rendimiento de una caoba desde que sale del bosque hasta que llega al mercado internacional en forma de tablas. «De una caoba normal de 120 centímetros de grosor los nativos reciben entre 5 y 50 euros, cuando no la intercambian por bienes de consumo. Esta pieza se paga en el mercado peruano a unos 30.000 euros; en el mercado internacional se multiplica por tres o cuatro; y transformada en muebles de lujo, por 10 ó 20».
Luis Salas, de la reserva Pacaya-Samiria, donde operan entre 300 y 500 madereros, expone otro ejemplo: «Cada comunidad indígena recibe 10 céntimos de euro por cada pie tablar de caoba (de cada árbol se extraen entre 10.000 y 15.000 pies tablares) y en Europa se compra a unos 5 euros, lo que supone un rendimiento del 5.000%». Una cifra que aumenta cuando se convierte en mueble: una mesa de comedor en una tienda consultada en la que se han utilizado unos 34 pies tablares de caoba cuesta 1.500 euros frente a 830 de otra de similar tamaño de haya.
El negocio, por lo tanto, es evidente. Pero, ¿quién paga los pasivos, ambientales y sociales, creados por la actividad? ¿Quién es el culpable del latrocinio? Para Álvarez «sólo las grandes mafias, que con agentes de distinto nivel comercian y exportan caoba ‘legal’ luego de haber falsificado los permisos forestales y las cifras del inventario».
El biólogo critica la blandura de la ley peruana y pide una decisión política que declare la caoba en veda temporal hasta que la situación varíe, además de que se establezcan «mecanismos limpios» de certificación forestal, como el sello de calidad FSC en la compra de productos de madera, hoy sólo implantado en 43 de las 1.300 empresas españolas del sector. ¿Y el consumidor? «Que al menos mire la procedencia de la madera que compra», señala.
Mateo Balín
Agencia de Información Solidaria