El 70% de las cárceles de menores están en manos de fundaciones privadas «sin ánimo de lucro» que reciben cada día entre 300 y 500 euros por menor. «El cumplimiento de la condena y la rehabilitación de una persona condenada, siendo mayor y naturalmente siendo menor, no puede dejarse en manos privadas, porque detrás de […]
El 70% de las cárceles de menores están en manos de fundaciones privadas «sin ánimo de lucro» que reciben cada día entre 300 y 500 euros por menor.
«El cumplimiento de la condena y la rehabilitación de una persona condenada, siendo mayor y naturalmente siendo menor, no puede dejarse en manos privadas, porque detrás de la privatización hay un negocio. Y no se trata de ONG sin ánimo de lucro, sino, como decía un amigo, ‘sinónimo de lucro'», afirma Félix Pantoja, fiscal del Tribunal Supremo que participó en la redacción de la Ley de Responsabilidad del Menor en referencia al progresivo proceso de privatización de las cárceles de menores. Pantoja recuerda haber leído en 2001, año de entrada en vigor de la ley, un anuncio en prensa que rezaba «Empresa en expansión necesita educadores». Diez años después, esas empresas en expansión controlan en torno al 70% de las cárceles de menores.
El negocio de las cárceles de menores -al igual que ocurre con los centros de protección- no ha dejado de crecer desde entonces. Ningún estudio ha comprobado la eficacia de este modelo pivotado sobre fundaciones «sin ánimo de lucro» que reciben entre 300 y 500 euros por niño/ a y día. Transferida la competencia para el cumplimiento de las penas a las Comunidades Autónomas, la inmensa mayoría de ellas subrogan esta función a entidades privadas. Sólo Cataluña y el País Vasco mantienen cárceles exclusivamente públicas.
«La atención a los chicos se ve comprometida», señala Patuca Fernández, abogada de la Coordinadora de Barrios de Madrid con una extensa experiencia en el tema, «porque se establecen criterios económicos en el tratamiento de menores». En primer lugar, la diversidad de tratamientos es abrumadora. En segundo lugar, la calidad de vida de los menores, en un contexto de negocio, puede verse afectada. Pero ante todo, para Fernández, la privatización aleja la posibilidad de control que en el caso de las cárceles es esencial, «pues la ejecución de una medida de prisión implica un ejercicio de contención. Toda nuestra configuración legal está prevista para que las personas que están privadas de libertad dispongan de mecanismos de protección como es la posibilidad de denunciar torturas o rigor innecesario». Esto, a su juicio, «no se puede garantizar cuando los centros son privados».
Son muchas las voces que, como Jorge del Cura, de la Coordinadora para la Prevención de la Tortura (CPT), advierten de que «la privatización de la privación de libertad es aberrante» pues «cuando se trata de gestión privada la opacidad aumenta de forma exponencial y en un contexto de negocio«. La CPT recoge en su informe anual algunos de los casos de tortura sufridos por menores en cárceles. Se trata de casos muy difíciles de documentar, pues el secretismo de los centros, el miedo a la represión, la imposibilidad de acceso de la sociedad civil a las cárceles -es más difícil que acceder a cárceles de adultos – y la vaguedad con la que los chavales refieren los casos lo dificulta. «Nos encontramos a menudo con cartas que escriben losmenores en las que se narran atrocidades, pero es siempre muy vago, porque son chavales de 14 a 16 años».
En las cárceles de menores se producen torturas que Del Cura clasifica en tres tipos: la «humillación permanente» -desde insultarles, que es constante, a las de tipo sexual, obligándoles a desnudarse-, «sanciones arbitrarias» -en demasiadas ocasiones por conductas normales a estas edades como distraerse en clase, tirarse bolitas de pan o hablar cuando no se debe-, incluyendo el aislamiento, y «agresiones físicas puras y duras, lo cual incluye golpes, patadas, puñetazos, porrazos».
La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía recogió en un informe elaborado en 2008 unas 70 quejas relativas a los centros de menores de Andalucía, gestionados por la Fundación Diagrama, Ginso y Adis Meridianos. Las denuncias referían una cotidianidad plagada de prohibiciones y sanciones, traducidas éstas últimas en encierros en una habitación hasta siete días (40 en algún caso) o la obligación de permanecer sentado en una silla mirando a la pared sin poder moverse lo más mínimo. En el lado de las torturas explícitas, los menores denunciaron la utilización de grilletes para atarles a los hierros de una cama sin colchón, a veces sin que pudieran ir al servicio durante varias horas. El «engrilletado» es una práctica denunciada en diferentes centros y comprobada cuando ya era demasiado tarde en casos como el de Philip García, muerto en el centro tinerfeño Nivaria, y que valió una acusación criminal a cinco miembros de la empresa Seguridad Integral Canaria y de una educadora de la empresa Ideo.
Para Daniel Jiménez, de la Asociación para el Seguimiento y Apoyo a presas y presos de Aragón (ASAPA), «las muertes por tortura no son excepciones sino ejemplos máximos de la manera de funcionar». Desde 2001, nueve chavales han muerto en cárceles. Casos como el de Philip, que apareció con una bolsa en la cabeza, el de Miguel, que se ahorcó en el centro Ilundain (Navarra) gestionado por Herritz Berri, o el de Ramón Barrios, que murió en extrañas circunstancias en el centro Teresa de Calcuta (Madrid) gestionado por Ginso.
ASAPA elaboró en 2008 un informe que denunciaba el empleo del aislamiento, la psiquiatrización de los casos y el empleo de psicofármacos en la cárcel de menores de Zaragoza, Juslibol -«una réplica a escala de la cárcel de Zuera»-. Desde que hicieron el informe, no han constatado cambios.A su juicio, «da igual si funciona en la línea dura como cuando se aprobó la ley del menor, o si se cambia un poco la estrategia con la medicación y la psiquiatrización y la anestesia» porque «el maltrato institucional tiene un proceso muy largo en el que las cárceles de niños son la culminación, un círculo vicioso con el que mucha gente está haciendo negocio».
SINÓNIMO DE LUCRO: Fundaciones que gestionan cárceles
GINSO, negocios redondos
«Asociación para la gestión de la integración social» (GINSO), es una fundación propiedad de Alfredo Santos García que gestiona varios centros en Madrid y Andalucía. Pero GINSO supone, además, un «paso más allá» en el modelo de negocio: tanto en Madrid como en Andalucía se ha encargado, a través de empresas de Santos o de sus socios, de construir los centros que después ha gestionado. Santos colabora, además, con gente como Javier Urra, antiguo defensor del Menor de la CAM y conocido tertuliano de Antena 3, que desarrolla en las mismas instalaciones de Brea del Tajo la actividad de su sociedad limitada, Urrainfancia, con un programa llamado Recurra de asistencia a familias con conflictos, destinado a los chavales que han acabado de cumplir las medidas.
GRUPO NORTE
Fundación Grupo Norte, ligada al grupo empresarial del mismo nombre, gestiona varios centros de menores en régimen abierto y semiabierto. Representa el modelo de negocio clásico en este ámbito, que mezcla la gestión de protección y la reforma de menores con una red de empresas de limpieza, seguridad, trabajo social, telemarketing y ETT. La fundación es una entidad «sin ánimo de lucro» creada en 2001, justo el año de entrada en vigor de la Ley del Menor, por distintas compañías mercantiles pertenecientes a Grupo Norte. Ha sido denunciada por malos tratos en Valladolid y en Madrid, en este último caso la denuncia fue efectuada por la Coordinadora de Barrios, al observar en un menor hematomas producidos por porras.
DIAGRAMA
Pese a las denuncias sobre su modelo de intervención y sus prácticas, Diagrama continúa gestionando centros en comunidades como Andalucía, Valencia, Murcia, Castilla La Mancha y la ciudad de Melilla. Las denuncias le han hecho perder algunos centros, com «Los Robles» en Madrid, pero el negocio sigue viento en popa. Además de cárceles, gestiona numerosos centros de protección.
Fuente: http://www.diagonalperiodico.net/Carceles-de-menores-el-Estado-se.html
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