En la presente Legislatura se está produciendo una indeseable avalancha de reformas legislativas, impuestas por el Ministerio de Justicia en el ámbito de la Justicia. Dicha imposición se está realizando sin consenso con el resto de fuerzas políticas presentes en el Parlamento y despreciando los criterios técnicos de todas las organizaciones representativas directamente implicadas en […]
En la presente Legislatura se está produciendo una indeseable avalancha de reformas legislativas, impuestas por el Ministerio de Justicia en el ámbito de la Justicia. Dicha imposición se está realizando sin consenso con el resto de fuerzas políticas presentes en el Parlamento y despreciando los criterios técnicos de todas las organizaciones representativas directamente implicadas en el posterior desarrollo práctico de la reformas (jueces, fiscales, secretarios judiciales, abogados, procuradores y funcionarios). Por supuesto, despreciando los intereses más legítimos de los ciudadanos, que desconocen alcance social de las reformas puestas en marcha por el Ministerio de Justicia.
De esta forma, se disgusta a la ciudadanía, que cada vez se siente menos representada en las instancias que organizan la vida y la convivencia en el país y más alejada del Ministerio de Justicia, al que día a día viene valorando más negativamente. Pero al mismo tiempo, el Ministerio de Justicia, centrando su actuación en un mero ejercicio del poder por la vía de la imposición sin consenso y sin diálogo, olvida no ya la mejora efectiva del sistema que administra, sino también las condiciones de vida en general de los administrados y de todos los españoles.
La situación se ha agravado sensiblemente en los últimos meses, en los que el discurso oficial ha ido por cauces y derroteros divergentes con los problemas y sensibilidades sociales. En ningún momento se ha atisbado en el ministro responsable la más mínima intención de acercamiento al mundo real de la gente y al papel vital que la Administración de Justicia juega en la democracia y en la defensa de la libertad.
De hecho, el Ministerio de Justicia no ha conseguido organizar un programa de reformas capaz de sintonizar con la realidad social ni con la situación de la Justicia. Y, mucho menos, capaz de entusiasmar a la sociedad con propuestas veraces, transparentes y bien comunicadas para restablecer la estabilidad perdida, la confianza y el empuje necesario con el que superar la gravísima crisis económica, social y política en que está embarcada España. Una crisis que no es necesario describir de manera más prolija, pues está en la mente de todos y en todas las conversaciones.
El cuadro sintomático en materia de Justicia se resume, hasta el momento, en este conjunto de despropósitos:
– Intento de reforma del Consejo General del Poder Judicial, promovido por el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, con la finalidad de cercenar la división de poderes y de quebrantar la independencia judicial.
– Ley de tasas, con fijación de cuantías desproporcionadas, que atentan al derecho fundamental a la tutela judicial efectiva.
– Privatización de la justicia, reduciendo las competencias del marco judicial y traspasándolas a otros colectivos.
– Inexistencia de inversiones en materia de justicia, donde se mantienen ratios de población con jueces y fiscales en rangos ínfimos, equiparándolos a niveles de países de segundo orden.
– Ausencia de agilidad en las normas procesales.
– Endurecimiento innecesario del Código Penal, donde se introducen nuevos tipos penales, devenidos de asuntos puntuales con impacto en la opinión pública. Esta reforma sobresaturará las Fiscalías y los juzgados con competencias penales, con una reducción de los medios personales para poder afrontar dichos asuntos.
– Carencia de propuestas que solucionen las problemáticas mas acuciantes de los ciudadanos como serían los desahucios hipotecarios.
– Falta de modernización en la Administración de Justicia.
En relación con la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que cumplirá su tramitación legislativa el próximo martes 18 de diciembre en el Parlamento, denunciamos la falta de audiencia real que han tenido al respecto las asociaciones profesionales correspondientes, su inadecuación a las normativas europeas, su innecesaria tramitación por vía de urgencia y, en definitiva, su imposición mediante un ejercicio de fuerza sin escuchar a quienes, conocedores de primera mano de la situación, van a proceder a su aplicación. Se trata de una interpretación de la política que consideramos carente de sentido de Estado.
Ante la falta de respuesta a nuestros requerimientos por parte del Ministerio de Justicia, solicitamos el voto negativo o la abstención de los grupos parlamentarios en la votación correspondiente. Y anunciamos la promoción de todos los recursos y procedimientos disponibles en derecho para que sea derogada lo antes posible y sustituida por otra ley más razonable, más razonada y debidamente consensuada, en coherencia con nuestro compromiso con la Justicia y en defensa del interés general de la sociedad española.
Instamos tanto al Presidente del Gobierno como al Ejecutivo en pleno que asuman un compromiso real en defensa de la Administración de Justicia, para que esta pueda cumplir las elevadas funciones constitucionales que tiene asignadas. Los representantes de las asociaciones de jueces y de fiscales continuaremos reclamando soluciones para que nuestro sistema judicial pueda seguir garantizando los derechos fundamentales en el marco de nuestro Estado Constitucional.
Madrid, 17 de diciembre de 2012
ASOCIACIÓN PROFESIONAL DE LA MAGISTRATURA
ASOCIACIÓN JUDICIAL FRANCISCO DE VITORIA
JUECES PARA LA DEMOCRACIA
FORO JUDICIAL INDEPENDIENTE
ASOCIACIÓN DE FISCALES
UNIÓN PROGRESISTA DE FISCALES
ASOCIACIÓN PROFESIONAL INDEPENDIENTE DE FISCALES