En el último minuto, tras tres meses de negociaciones, las fuerzas soberanistas catalanas han llegado a un acuerdo para investir al nuevo Presidente de la Generalitat, el alcalde convergente de Gerona, Carles Puigdemont. Este acuerdo permite estabilizar la frágil situación política en Cataluña, con consecuencias decisivas en el Estado español; es por tanto una buena […]
En el último minuto, tras tres meses de negociaciones, las fuerzas soberanistas catalanas han llegado a un acuerdo para investir al nuevo Presidente de la Generalitat, el alcalde convergente de Gerona, Carles Puigdemont. Este acuerdo permite estabilizar la frágil situación política en Cataluña, con consecuencias decisivas en el Estado español; es por tanto una buena noticia para la izquierda, que hubiera tenido dificultades para repetir sus resultados de las últimas elecciones, caso que las autonómicas tuvieran que repetirse, arrastrando probablemente a las elecciones generales en el Estado español.
Es además una buena noticia para la democracia, porque demuestra la capacidad de diálogo de las fuerzas políticas presentes en Cataluña, y se refuerza el proyecto soberanista como un proceso democrático con participación popular. El objetivo del nuevo gobierno catalán es alcanzar un nuevo orden político, la República de Cataluña, a través de un proceso de recuperación de la soberanía nacional, perdida en la Guerra de Sucesión en los principios del siglo XVIII.
El acuerdo catalán llega en un momento de extrema debilidad del Estado monárquico, tocado por la crisis económica y la corrupción política, y condiciona el panorama político en el Reino de España. Por tanto, tiene consecuencias inmediatas en las decisiones políticas que tomará la oligarquía española y los partidos que la representan: PP, PSOE y Ciudadanos, están obligados a pactar, presentando un frente españolista para interrumpir el proceso de desconexión de Cataluña. Al mismo tiempo, imposibilita un acuerdo entre PSOE y Podemos que relativice los derechos de autodeterminación de los pueblos peninsulares, como sucedió en la transición del franquismo al juancarlismo en los años 70 del siglo pasado.
Por otra parte, ese acuerdo parece necesario para conseguir una cierta estabilidad política en un momento de ascenso de la extrema derecha en toda Europa. Frente a esas corrientes autoritarias y xenófobas, las Candidaturas d’Unitat Popular (CUP, una fuerza anticapitalista de izquierda republicana), han demostrado una profunda coherencia democrática. En primer lugar, al prolongar el debate interno y someter la decisión política a la opinión de los militantes expresadas en las asambleas; en segundo lugar, siendo consecuentes con sus promesas electorales de combatir la corrupción del Estado, encarnada en Cataluña por el partido de la burguesía (Convergència Democràtica de Catalunya, CDC) y especialmente por sus cuadros dirigentes ligados a la familia Pujol.
El coste político de ese acuerdo para las CUP ha sido varios: a) la división interna que puede generar peligrosas luchas intestinas; b) la cesión de autonomía e independencia, ya que las decisiones de la fuerza anticapitalista pasarán a depender del pacto soberanista; c) la pérdida de algunos dirigentes, que parecen haberse quemado en el proceso, y otros que tendrán que abandonar sus puestos ante el pacto con los soberanistas. Estos costes no serán graves obstáculos, si se saben manejar.
Cierto que ese debate interno ha generado crispaciones y enfrentamientos, y especialmente han aparecido dos líneas contrapuestas que priorizan respectivamente la transformación social de las estructuras económicas liberales, los primeros, y la ruptura política con el Estado capitalista español, los segundos. Las dos son complementarias y eso explica la unidad de las dos corrientes en una sola fuerza política; es de esperar que esa sintonía prevalezca sobre las tendencias centrífugas que descompondrían la organización. Pero ahora se trataba de saber cuál de las dos líneas había de prevalecer en la actual coyuntura política. El punto de equilibrio se situó en la aceptación del pacto con CDC y ER (Esquerra Republicana), a cambio de nombrar otro Presidente de la Generalitat.
La cesión de autonomía es natural en los compromisos políticos que son necesarios para el gobierno de una sociedad. Pero una fuerza anticapitalista debe saber que solo la hegemonía de la clase trabajadora consciente en el bloque histórico, puede hacer posible la transición hacia otro modelo de sociedad. Estamos muy lejos en Europa de alcanzar esa hegemonía obrera; por el contrario, a través de las fuertes corrientes de extrema derecha que se desarrollan en el panorama político europeo y mundial, se afianza una peligrosa hegemonía de la oligarquía financiera capitalista. Por tanto, se debe reflexionar cuidadosa y colectivamente la mejor forma de combatir el fascismo y avanzar hacia la hegemonía de las clases populares. La experiencia histórica del siglo XX nos muestra que los Frentes Populares son el mejor medio para luchar contra las corrientes reaccionarias; es decir, se debe buscar la alianza con las fuerzas democráticas de la sociedad, pertenecientes a la pequeña y mediana burguesía.
Respecto del tercer aspecto de los costes, el recambio de dirigentes políticos es algo normal en una democracia participativa, si bien estamos acostumbrados a entender la democracia en sentido liberal, donde la política es una profesión de especialistas entrenados para el gobierno sin consultar al pueblo. Justamente lo que está en juego en Cataluña es la posibilidad de superar una democracia de baja calidad como es el Reino de España, con numerosos agujeros legales por donde se cuela la corrupción, y con frecuentes tics autoritarios por parte de los poderes constituidos, consentidos por la propia ciudadanía acostumbrada a las estructuras políticas clientelistas.
Alcanzar un nuevo orden económico socialista exige tener instrumentos políticos democráticos para la ordenación social; se hace necesario un sistema de poderes con carácter republicano, donde la participación política sea la regla y no la excepción. Con esto se hace evidente que la República de Cataluña es un primer paso necesario para el afianzamiento de la hegemonía socialista en todo el Estado español. Esperemos que cunda el ejemplo.
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