Una manera de ver la relación entre Cataluña y España (de la cual Cataluña forma parte) es analizar qué ha ido ocurriendo con el gasto público social que afecta, en gran manera, a la calidad de vida de las poblaciones de Cataluña y de España. Tanto para una como para la otra, la dictadura fascista […]
Una manera de ver la relación entre Cataluña y España (de la cual Cataluña forma parte) es analizar qué ha ido ocurriendo con el gasto público social que afecta, en gran manera, a la calidad de vida de las poblaciones de Cataluña y de España. Tanto para una como para la otra, la dictadura fascista (y sí, creo que debe definirse como fascista a aquella dictadura, por las razones que he explicado en Franquismo o Fascismo . Público, 28.05.09) fue muy negativa. El gasto público social cuando el dictador murió era el más bajo de Europa. El sistema de contabilidad del estado español de entonces (no existía todavía la Generalitat) no permitía conocer el gasto público social en Cataluña. Pero si el de toda España. Era un 14% del PIB, un poco más que la mitad del promedio de los países que más tarde formarían la Unión Europea de los Quince (UE-15). El déficit social heredado de la dictadura era enorme.
La democracia permitió que tal déficit de gasto público social con el promedio de la UE-15 fuera corrigiéndose, aunque esta corrección fue distinta en Cataluña que en España. En Cataluña, el establecimiento del gobierno de la Generalitat y la descentralización en la gestión del gasto público, que ocurrió durante el periodo democrático, hizo que las prioridades de gasto de los fondos recibidos del Estado Central fueran decididas, en gran medida, a nivel de Cataluña. Lo que el Estado Central decidía (pactado en parte con las CCAA) era el gasto público por habitante (que en Cataluña era inferior al promedio de España, entre otras razones por no contabilizarse correctamente la población real de Cataluña, tal como ha reconocido el gobierno español). De ahí que Cataluña recibiera menos fondos de los que le correspondían. Este déficit fue motivo de movilización popular por parte de CIU, la coalición liberal-cristiano demócrata que gobernó Cataluña en la mayoría del periodo democrático hasta 2004. CIU subrayó constantemente que el déficit del Estado del Bienestar (Sanidad, Educación, Servicios Sociales, etc.) se debía a «Madrid» (el término que la derecha catalana utiliza para definir al gobierno español). De ahí, la expresión de los nacionalistas españolistas de que CIU jugaba la «carta victimista», la cual utilizaba intensamente durante las campañas electorales a fin de movilizar a su electorado. El hecho de que tal victimismo estuviese basado en un hecho real dio gran fuerza a este mensaje.
El retraso del Estado del Bienestar catalán, sin embargo, se debía también a otra circunstancia, nunca citada por CIU ni por los medios públicos de información, tales como la televisión y radio pública catalana ( TV3 y Catalunya Radio ), que controlaban e instrumentalizaban. El Pujolismo y la coalición que le apoyaba eran, como su ADN político indicaba, liberalismo con acento cristianodemócrata, todo ello cohesionado por su nacionalismo de carácter esencialista y orientación clasista, que favoreció a los servicios privados a costa de los servicios públicos. El subsidio a la escuela privada (concertada), gestionada por la Iglesia, era el más elevado de la UE-15, mientras que el gasto público por alumno era de los más bajos de la UE-15, perpetuándose el sistema escolar más polarizado por clase social que existía en nuestro continente (ver mi artículo «El sistema educatiu classista a Catalunya». Sección Política Catalana, en www.vnavarro.org). El nacionalismo conservador catalán siempre ha tenido una concepción clasista de lo que es Cataluña.
La situación cambió en 2004, con el cambio de gobierno catalán, pasando a gobernar una coalición de izquierdas, que tenía en común un proyecto socialdemócrata, claramente reflejado en su pacto de gobierno. El gobierno español había creído que lo que llamaba «victimismo» desaparecería con la elección del nuevo gobierno, y ello fue particularmente acentuado cuando ganó el PSOE, dada la pertenencia a una misma familia política que el PSC (partido mayoritario en tal coalición tripartita). Se creyó así en la dirección del PSOE que se diluirían las tensiones Cataluña-España. La gran sorpresa por parte de tal dirección fue que las tensiones no desaparecieron. Se dijo, por parte de algunos dirigentes del PSOE, que las izquierdas catalanas «estaban contaminadas de pujolismo». Muchos de los dirigentes del PSOE (y muy en particular varios barones regionales) no habían percibido dos hechos de gran importancia: uno era que no fueron las derechas sino las izquierdas las que lideraron en Cataluña la lucha por la identidad catalana durante la dictadura. Con la única excepción de Jordi Pujol, la gran mayoría de la dirección de CIU no participó en la lucha antifranquista. Artur Mas, su actual dirigente, estaba preparando sus oposiciones durante la dictadura, tal como había hecho José Mª Aznar. Pascual Maragall, José Montilla, Joan Saura y Josep Lluis Carod-Rovira, sin embargo, habían participado todos ellos (así como los partidos que lideraron) en la lucha antifranquista, habiendo sido un componente esencial de esta lucha la recuperación de la identidad nacional catalana. La lucha por tal identidad no disminuyó con la llegada del tripartito, tal como gran número de dirigentes del socialismo español había esperado y deseado. Zapatero había sido una excepción (y una clara esperanza en Cataluña) y su definición de España como un estado plurinacional (la España plural) reflejaba esta percepción, que se aceptó lentamente y a nivel retórico por el resto de la dirección del PSOE. La realidad es que había muchos intereses que estaban en contra de esta redefinición de España.
El otro hecho clave que explica las tensiones entre el tripartito y el gobierno español fue que las izquierdas representaban a las clases populares, que eran las que habían sufrido más la discriminación en contra de Cataluña y las prioridades establecidas por el gobierno CIU, durante los años que gobernó Cataluña. El gobierno conservador había gastado menos en los servicios públicos del Estado del Bienestar que la mayoría de CCAA, y ello se debía a que, recibiendo un gasto público menor del que le correspondía, dedicó menos fondos a los servicios públicos, en parte debido a que dio gran hincapié al gasto en inversiones identitarias (la televisión y la radiodifusión catalanas y los Mossos d’Esquadra), y también como consecuencia de favorecer a los servicios privados. De ahí que el gasto público social recibido por un trabajador en Cataluña para sus servicios era menor que el recibido por un trabajador andaluz y/o extremeño en su CCAA. Se explica así que el Govern de la Generalitat haya sido incluso más beligerante que CIU en su confrontación con el gobierno central, para corregir su déficit de gasto público procedente del Estado. Tal gobierno tripartito ha cambiado las prioridades del gasto público favoreciendo claramente los servicios públicos, pero el gasto público per capita continúa siendo insuficiente para desarrollar el estado del bienestar catalán al que Cataluña aspira y cree que se merece dado el nivel de desarrollo económico que tiene.
La imposibilidad de algunos sectores del socialismo español de entender esta realidad es una fuente de frustración e indignación en Cataluña, de la cual, paradójicamente, se está beneficiando la fuerza que ha sido siempre más acomodaticia con el gobierno central, es decir CIU. La derecha catalana, frecuentemente, ha puesto sus intereses de clase por encima de sus intereses identitarios. El último ejemplo es que Convergencia i Unió escogió integrarse en el grupo liberal europeo (que había votado en contra del reconocimiento del idioma catalán en la UE), que representa mejor sus intereses de clase (tal grupo votó a favor de la expansión del tiempo de trabajo a 65 horas).
Las tensiones existentes entre el tripartito y el gobierno socialista están debilitando enormemente a ambos. Existe en España una resistencia (heredada de la dictadura anterior) a aceptar la plurinacionalidad de España y reconocer que Cataluña tiene razón en su petición de corrección de agravios (como otras CCAA han visto sus agravios corregidos). Esta resistencia está liderada en España por el PP y el Partido de Rosa Díez, partidos que desean convertir Cataluña en una región de España, tal como la Cataluña francesa se ha convertido en una región de Francia, con la práctica desaparición de la identidad catalana en aquel país (la gran mayoría de catalanes en Francia no hablan ni saben hablar en catalán, la lengua de sus antecesores). El portavoz del PP en el Parlamento Europeo, el Sr. Mayor Oreja, ha defendido la «placidez» de aquella dictadura y ha celebrado que su abuelo prohibiera en su casa la utilización del euskera. Si hubiera vivido en Cataluña, habría prohibido el catalán. Indicar que el castellano está perseguido en Cataluña (donde la mayoría de los medios están escritos en castellano) y donde los estudiantes de las escuelas públicas tienen un conocimiento del castellano superior al promedio de España, es de una malevolencia extrema, carente de escrúpulos, en una campaña anti-Cataluña que el PP y el partido de Rosa Díez intentan movilizar en el resto de España.
Mientras, en Cataluña, tal tensión se agrava cuando se la acusa (injusta y maliciosamente) de insolidaria. Por desgracia, vamos a ver la catalanofobia estimulada por la derecha, en que algunas voces de la familia socialista van a añadir su voz, causando un daño enorme. Criticarán al gobierno socialista de Zapatero «por ceder demasiado a Cataluña». Estas mismas voces, por cierto, permanecieron calladas cuando el Sr. Solbes proponía cantidades claramente insuficientes para resolver el enorme déficit de financiación autonómica de todas las CCAA. La voz del Conseller d’Hisenda de la Generalitat de Catalunya, el Sr. Antoni Castells, pidiendo una cantidad a distribuir entre las CCAA mucho mayor de la que Solbes estaba dispuesto a aceptar, fue escasamente apoyada por muchas voces que sacaban pecho defendiendo la unidad de España, unidad que muy pocos cuestionaban o cuestionan. Tal déficit de gasto público de las CCAA (y 12.000 millones continúan siendo muy insuficientes para resolverlo) afectará a todas ellas. Es ahí donde aquellas voces debieran haber sacado pecho y criticado al gobierno. Pero no lo hicieron. El déficit de gasto público social de las CCAA (es decir, la cantidad que España debiera gastarse en su estado del bienestar por el nivel de desarrollo económico que tiene) es de 52.000 millones. De ahí que las CCAA, en lugar de pelearse por las migajas de la pobre tarta, tendrían que haber presionado al gobierno central a que aumentara el tamaño de la tarta. Como siempre ocurre en nuestro país, los temas nacionales y territoriales se han utilizado para ocultar los problemas de clase que continúan existiendo en España. Y uno de ellos es el bajo gasto público, que afecta negativamente el bienestar y calidad de vida de las clases populares de todas las CCAA.
Vicenç Navarro. Catedrático de Políticas Públicas. Universidad Pompeu Fabra. Ex catedrático de Economía. Universidad de Barcelona