Las personas católicas progresistas están de fiesta: la organización Católicas por el Derecho a Decidir, A.C. festeja su décimo aniversario. Con oficinas en seis países de América Latina (Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia y México), en dos de Europa (España y Francia), en Canadá y en Estados Unidos, esta organización internacional manda un mensaje claro: […]
Las personas católicas progresistas están de fiesta: la organización Católicas por el Derecho a Decidir, A.C. festeja su décimo aniversario. Con oficinas en seis países de América Latina (Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia y México), en dos de Europa (España y Francia), en Canadá y en Estados Unidos, esta organización internacional manda un mensaje claro: hay personas católicas que no están de acuerdo con los planteamientos de El Vaticano relativos al lugar de las mujeres en la Iglesia y a las prohibiciones en materia de sexualidad, reproducción y aborto.
Desde que las leyes relativas al aborto se liberalizaron en los países occidentales, la jerarquía de la Iglesia católica empezó a impulsar los llamados comités «pro-vida», en un intento de frenar la tendencia a la legalización de esa práctica. La oposición de la Iglesia católica a todo aquello que suponga una intervención en los procesos de la vida nace del dogma religioso de que la mujer y el hombre no dan la vida, sino que son depositarios de la voluntad divina. De ahí que la religión católica considere que desde el momento de la fecundación, el ser humano en formación tiene plena autonomía de la mujer, cuyo cuerpo es un «mero instrumento divino»; y por eso cree también que, desde ese mismo momento, el producto en formación es alguien absolutamente equiparable al ser humano nacido, pues desde el primer instante tiene «alma». Convencido de que hay que prohibir los abortos, El Vaticano ha emprendido una especie de «cruzada» para «salvar» a «almas inocentes» (aunque después se desentienda del sostenimiento material y emocional de esas vidas). Esta «guerra santa» ha derivado en acciones terroristas (como matar a médicos y bombardear clínicas que practican abortos legales) y ante tal horror un número creciente de católicos practicantes, inclusive monjas, teólogos y sacerdotes, está manifestando públicamente su discrepancia con la jerarquía católica.
Y como la consigna de El Vaticano de aceptar «todos los hijos que Dios mande» no está respaldada con recursos materiales por ninguna instancia de la Iglesia católica, y como ningún Estado garantiza tampoco las condiciones básicas para una vida digna a esos hijos, las personas actúan en concordancia: si tener hijos es una responsabilidad privada, también no tenerlos lo es. Al enfrentarse a la cerrazón vaticana, la argumentación de estos grupos católicos progresistas en relación con el derecho a elegir de acuerdo con la propia conciencia ha abierto un camino de esperanza para millones de mujeres creyentes que usan anticonceptivos y han abortado, y también para los hombres de fe que las han apoyado, y que continuarán haciéndolo.
No es posible formular la complejidad de las cuestiones asociadas con la interrupción voluntaria del embarazo en un maniqueo posicionamiento de «a favor» o «en contra». ¿Quién puede estar «a favor» del aborto? Todas las personas coincidimos en el deseo de que nunca más una mujer tenga que abortar.
Nadie en su sano juicio puede estar «a favor», así, en abstracto. Por otro lado, ¿qué significa estar «en contra»? ¿Acaso se pretende impedir que las mujeres violadas aborten, que las que tienen embriones con patologías graves tengan que llevar a término sus embarazos o que las embarazadas en peligro de morir sean sacrificadas por la llegada de una nueva vida? Millones de mujeres se preguntan: «¿quién sabe mejor que yo si debo seguir este embarazo, si puedo emocionalmente, si hay condiciones en la familia, si hay recursos?» ¿Quién puede decidir por ellas?
Tener la posibilidad de ser congruente con las propias creencias, sin que la carencia de recursos económicos o informativos se convierta en una causa de enfermedad, de riesgo de muerte o de extorsión económica, introduce la cuestión de la justicia social. En nuestro país, no todas las mujeres tienen igualdad de oportunidades para interrumpir un embarazo no deseado, y esto se agrava si lo hacen de manera ilegal. En contraste con quienes sí tienen medios o información para acceder a abortos ilegales en óptimas condiciones, la gran mayoría de quienes recurren a manos clandestinas se arriesga y es maltratada psicológicamente, además de que paga sumas totalmente desproporcionadas. El sector más pobre sufre las complicaciones y la fatalidad de los abortos mal practicados, mientras la jerarquía de la Iglesia católica presiona y chantajea a legisladores y gobernantes, y de esta manera favorece una política del «avestruz», con las muertes y tragedias concomitantes.
Desde una verdadera postura cristiana, Católicas por el Derecho a Decidir trabaja para que las mujeres más vulnerables del país encuentren una salida a sus conflictos religiosos, sexuales y reproductivos. Con fundamento informa sobre las distorsiones políticas que los jerarcas vaticanos han introducido en el discurso oficial e intenta recuperar el sentido último del mensaje católico: la primacía de la propia conciencia.
En México, el grupo Católicas por el Derecho a Decidir recibió en abril del 2002 el décimo premio anual Obispo Méndez Arceo, otorgado a luchadores en Derechos Humanos por un conjunto de 42 grupos católicos. Esto es, a todas luces, un signo alentador de que la postura sobre los derechos sexuales y reproductivos de esta organización es compartida por muchas otras organizaciones católicas en nuestro país. ¡Felicidades compañeras!
* Antropóloga, directora de la revista Debate Feminista, y profesora en el ITAM.