El Consejo Económico y Social se muestra ambiguo en cuanto a derechos de sindicación. El texto propone endurecer algunos aspectos del anteproyecto de reforma. La reforma se justifica por el «contexto económico». Desapercibido, el dictamen del Consejo Económico y Social (CES) sobre el anteproyecto de reforma de la Ley de Extranjería, dio el visto bueno, […]
El Consejo Económico y Social se muestra ambiguo en cuanto a derechos de sindicación. El texto propone endurecer algunos aspectos del anteproyecto de reforma. La reforma se justifica por el «contexto económico».
Desapercibido, el dictamen del Consejo Económico y Social (CES) sobre el anteproyecto de reforma de la Ley de Extranjería, dio el visto bueno, el 11 de enero, a las medidas propuestas por el Gobierno, y ahondó en la concepción utilitarista de la migración, según denuncian diversas asociaciones por la defensa de los derechos de inmigrantes y sin papeles.
El CES está compuesto por la CEOE, la patronal de las pequeñas y medianas empresas (Cepyme), sindicatos agrarios y regionales, así como las dos grandes centrales sindicales: CC OO y UGT. En declaraciones a este periódico, Mikel Mazkarian, de SOS Racismo, señala que, a pesar de la composición variada del Consejo, ambos sindicatos tienen un peso importante en el mismo, lo que señala que las centrales «muestran al menos un cierto acuerdo con el Gobierno». Para Mazkarian, «si bien era previsible que las organizaciones empresariales estuvieran de acuerdo en los términos en los que se plantea la reforma, sí preocupa que los sindicatos mayoritarios hayan apoyado el dictamen en los términos en que ha salido». Luis de los Santos, de la sociedad andaluza de juristas para la defensa de los derechos humanos, Grupo 17 de marzo, valora para DIAGONAL esta reforma, a la que considera «hija de la Directiva europea de Retorno».
Para este abogado, el dictamen no discute el monopolio de la violencia por parte del Estado: «No sólo contra los inmigrantes sino contra los colectivos de apoyo a los mismos. Tendremos que estar atentos a cómo se interpreta el artículo 53.2 c) [que controla el llamado «empadronamiento solidario»], ya que puede suponer una vuelta de tuerca a la criminalización de las redes de apoyo al inmigrante».
El porqué de la reforma
La abogada Amanda Romero recuerda que, en los últimos años, los sindicatos «no se están decantando precisamente por cambios importantes que redunden en beneficio de los trabajadores inmigrantes». No obstante, considera que en este informe se han señalado las dificultades que encuentran los ‘sin papeles’ a la hora de ejercer el derecho de asociación que reconoció el Tribunal Constitucional. «Lo que no tiene mucho sentido es plantear la libertad sindical como derecho reconocido a personas que no tienen papeles y que luego se considere una infracción grave el estar trabajando sin la autorización preceptiva, porque con eso se dificulta el ejercicio de ese derecho», señala Romero. Según Mazkarian, el CES cuestiona este derecho en lo que concierne a personas en situación irregular. La redacción del dictamen, que reconoce las dificultades «que en la práctica puede entrañar el ejercicio de este derecho», abre un abanico de interpretaciones que los actores que componen el CES no se han mostrado dispuestos a clarificar en el texto que han hecho público.
En otros puntos, sin embargo, el Consejo no ha empleado la misma cautela. Así, ha tomado los criterios más duros de la Directiva europea de Retorno a la hora de recomendar al Gobierno que amplíe hasta diez años el plazo de entrada en territorio español a los expulsados cuando supongan no sólo un riesgo de orden público o de seguridad nacional, sino también «una amenaza para la salud pública».
En opinión de Mazkarian, el Gobierno ha cogido «la interpretación más extrema y dura de la Directiva». No considera justificado el beneplácito de CC OO y UGT: «Haciendo una lectura atenta del dictamen, se llega a la conclusión de que han pasado por la derecha al Gobierno. Le han indicado los puntos en los que tiene que ser más duro».
Derechos progresivos
SOS Racismo denuncia que «a la división entre personas que estuvieran en situación irregular y quienes estén regularizados, se añade un nuevo estatus, el de residente de larga duración, donde se concentran los mínimos de seguridad que son exigibles», explica Mazkarian, que añade que el CES no ha hecho objeciones a este tipo de ciudadanía de segunda categoría. Luis de los Santos considera que este Consejo pide en su dictamen que la residencia de larga duración dependa de las situaciones fluctuantes del empleo: «Esta recomendación va más lejos que la ley y está de acuerdo con los postulados que defienden CC OO, UGT y CEOE, en el sentido de vincular al extranjero al puesto de trabajo».
El anteproyecto contempla que sólo podrán optar a viviendas de protección oficial los residentes de larga duración, algo que en la práctica ya se ha establecido como requisito en los sorteos realizados por numerosos Gobiernos locales. Las personas extranjeras que no alcancen el permiso de larga duración, según Mazkarian, «van a ver cada vez más limitados sus derechos y sus garantías desde el punto de vista jurídico, de acceso a los derechos sociales, etc.». Este miembro de SOS Racismo considera que el anteproyecto introduce «con calzador» el debate sobre la bidireccionalidad de las migraciones y apuesta, en la práctica, por un modelo en el que es responsabilidad del extranjero adecuarse a las características del país.
Para Mazkarian, «se parte de la idea de una inmigración ordenada, cosa que en ningún país del mundo existe o ha existido». En este sentido, el CES no hace sino constatar el empeño de los Gobiernos europeos de cerrar puertas y acumular «grandes masas de sin papeles». Según las fuentes consultadas, el dictamen aprobado por los sindicatos justifica la aprobación de la reforma por el «nuevo contexto» laboral, lo que, a juicio de Mazkarian, constituye un error, ya que los plazos en que se mide una crisis económica no son tan dilatados como los que han de usarse para ponderar el fenómeno migratorio.
El silencio con el que se ha aprobado el dictamen contrasta con las reacciones que los sindicatos hicieron públicas con motivo de la aprobación de la Directiva de Retorno. En aquella ocasión, Comisiones emitió un comunicado en el que rechazaba dicha directiva porque «criminaliza la inmigración y supone un grave retroceso democrático».
Un silencio estrepitoso
Cualquier voto negativo habría quedado registrado en el texto aprobado por el Consejo. No ha sido así. Tampoco en el punto de ampliación a 60 días de los plazos de estancia en los Centros de Internamientos para Extranjeros, punto en el que se produjo el llamado «silencio positivo». El consenso ha alcanzado todo el articulado sancionador, que regula temas como el empadronamiento o el cambio de actividad. Otro aspecto que no ha provocado objeciones ha sido el espectacular aumento de las sanciones económicas.
¡Despenalización del top manta ya!
Más de mil personas marcharon el pasado 12 de febrero por Madrid para reivindicar que la venta de CD y DVD piratas deje de considerarse como delito en la reforma prevista del Código Penal. En la actualidad, el artículo 270 prevé de seis meses a dos años de prisión para quien reproduzca, plagie o distribuya obras «de autoría registrada». Como señalan los convocantes, hay 63 personas cumpliendo penas de prisión por vender en la calle, otros cientos tienen causas pendientes y sufren el acoso de los cuerpos de seguridad del Estado. Asociaciones y migrantes reclaman, entre otras cosas, la excarcelación de quienes se encuentren cumpliendo penas por este delito, el sobreseimiento de las causas y el derecho a una vida digna y en igualdad a todas las personas independientemente de su origen. Tres días después el Sindicato Unificado de Policía (SUP) denunciaba presiones de los mandos para que cumplan un cupo semanal de detención de sin papeles en Madrid. Según el SUP, se premia con días libres a quienes cumplan los objetivos y se «recomienda» la detención de marroquíes ya que los trámites de expulsión de estos son menos costosos.