Desde la Coordinadora estatal de apoyo a la Querella Argentina contra los crímenes del franquismo señalan que echan de menos medidas por parte del Ejecutivo que permitan la investigación de los crímenes del franquismo.
La modificación de la Ley de Amnistía, introducir de legalidad universal en el Código Penal español e instar a los fiscales para que no se opongan de plano, en sus informe previos, a la admisión a trámite a las querellas interpuestas en relación a crímenes del franquismo. Son algunas de las medidas citadas por desde la Coordinadora estatal de apoyo a la Querella Argentina contra Crímenes del Franquismo (Ceaqua), medidas que, según lamentan, siguen sin estar sobre la mesa de las próximas actuaciones del Ejecutivo de Pedro Sánchez.
Ceaqua recuerda que se han anunciado diferentes medidas en relación al franquismo desde la moción de censura que le dio la presidencia del Gobierno al PSOE, aunque todas orientadas a políticas públicas de memoria. «Se está atendiendo, según lo que se ha anunciado, al derecho a la verdad, reparación y garantías de no repetición, pero se olvidan del derecho a la justicia», ha explicado hoy Jacinto Lara, uno de los abogados de la Coordinadora, durante un desayuno informativo en la sede de CC OO en Madrid. «No es un olvido casual, evidentemente esto se ha mantenido por parte de la formación política que sostiene al actual gobierno desde hace muchos años».
Entre las medidas anunciadas por el Ejecutivo actual están la reforma integral de la Ley de Memoria Histórica de 2007, la declaración de nulidad de los tribunales de excepción franquista y de las sentencias dictadas por estos, impulsar desde lo público la exhumación de fosas comunes, crear una comisión de verdad, resignificar el Valle de los Caídos, retirar la simbología franquista y aprobar un régimen sancionado cuando esto se incumpla, la apertura de una oficina de atención a las víctimas -la anterior fue cerrada en 2011- y el estudio de la posible ilegalización de instituciones y organizaciones que hagan apología del franquismo.
«Está claro que las políticas públicas de memoria anunciadas son un avance respecto a lo actual, que es una situación desastrosa, pero, cuando nos encontramos ante un sistema integral de derecho reconocido internacionalmente para las víctimas de violaciones de derechos humanos, no se puede ignorar una de las patas que sustenta ese sistema integral», continúa Lara.
Ante la negativa a la extradición, la juez argentina María Servini cursó comisiones rogatorias para intentar tomarles declaración aquí en España por medio de los propios jueces españoles y en su presencia. Cuando llegan estas comisiones rogatorias a cada juzgado territorial, la Fiscalía General se activa e instruye una circular, emitida el 30 de septiembre de 2016, para que los fiscales territoriales se opongan a la ejecución de estas comisiones rogatorias en sus informes previos. En esta circular, además se les recordaba el caso del juez Baltasar Garzón.
«Esta circular es una auténtica aberración, no solamente está tratando de influir de una forma totalmente disconforme a derecho, sino que además violenta gravísimamente los principios más básicos de derecho penal internacional», apunta el abogado de Ceaqua.
A día de hoy, con las rogatorias devueltas, en Ceaqua están a la espera de que Servini curse nuevas comisiones rogatorias. «Se insistirá en esta vía para la toma de declaraciones». Además, Lara explica que, a raíz de que la Cámara Federal argentina haya contemplado ampliar el periodo temporal recogido en la querella inicial contra los crímenes del franquismo, se van a incorporar a la misma nuevos crímenes cometidos después de 1976 y nuevos imputados y órdenes internacionales de detención.
Las otras cuatro querellas han sido interpuestas por ayuntamientos o corporaciones locales. La primera de ella, sobre la matanza en Vitoria en marzo de 1976, e interpuesta por e Ayuntamiento de Vitoria, las Juntas Generales y la Diputación Foral, ha sido inadmitida a trámite. Los recursos y demandas de amparo posteriores ante la Audiencia Provincial de Álava y ante el Tribunal Constitucional también han sido rechazados. «Ahora mismo, la causa está agotada, porque las instituciones públicas carecen de legitimación para interponer demanda ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, pero se van a abrir nuevas causas sobre esta matanza y este tema va a seguir en los tribunales», explica Lara.
La segunda de estas querellas fue presentada por el Ayuntamiento de Pamplona, y en la que también se denuncian crímenes de tortura, represión y desaparición forzada de personas. La querella también fue inadmitida a trámite y, a día de hoy, Ceaqua está pendiente de la resolución de la Audiencia Provincial sobre el recurso interpuesto.
Las otras dos querellas son sobre crímenes durante el franquismo en Elgeta y Mondragón (Guipúzcoa). La de Elegeta fue inicialmente admitida a trámite, pero por una juez sustituta que posteriormente fue sustituida. El nuevo juez que tomó posesión archivó el archivo, a pesar de que la juez anterior ya había citado a declarar a víctimas de este caso. El recurso sobre el archivo está aún pendiente de resolución por parte de la Audiencia Provincial. En el caso de la querella presentada por el Ayuntamiento de Mondragón, también fue inadmitida por parte de los juzgados de Bergara y el recurso sobre el archivo rechazado por parte de la Audiencia Provincial. El siguiente paso será interponer una demanda de amparo ante el Tribunal Constitucional.
Por último, están las querellas interpuestas sobre los bombardeos sufridos durante la Guerra Civil en Barcelona -en trámite desde 2013- y Durango, primero admitida a trámite y después, según afirma Lara, «inadmitida de plano y sin ningún tipo de motivación por parte del juzgado». También se ha interpuesto un recurso de apelación, pendiente actualmente de resolución.
Desde Ceaqua anuncian que, además de las citadas, en la actualidad tienen en fase de preparación querellas por torturas y crímenes contra la humanidad que se van a interponer en Madrid, Coruña, Valencia y otras partes del Estado. También se están planteando la posibilidad de presentar una querella por los hechos de Sanfermines de 1978 y en relación a los casos de bebés robados. Además, en los próximos meses esperan presentar dos querellas por parte de los ayuntamientos de Rivas-Vaciamadrid y Zaragoza.
El abogado también apunta la introducción en el Código Penal del principio de Legalidad Internacional, actualmente en tramitación. «A ver si desde el PSOE se da cobertura a esta tramitación y se tiene en consideración, o se asume como propia y se reconvierte en un proyecto de ley impulsado por el Ejecutivo», continúa.