Ceuta y Melilla, ansiedad ante unas fronteras que están por abrir

El 13 de marzo se cumplía un año desde que Marruecos cerrara sus fronteras, incluyendo las fronteras terrestres de Ceuta y Melilla. La medida supuso un quiebre en la vida de las ciudades autónomas y las áreas marroquíes fronterizas: separando familias, dejando bloqueadas a miles de personas a ambos lados de las fronteras, y comprometiendo ulteriormente las vías de supervivencia de miles de personas que transitaban diariamente las fronteras para trabajar.

Un año después, la expectación por una eventual reapertura de las fronteras terrestres atravesaba los enclaves, no solo para quienes desean volver a transitar sino para quienes temen que con la reapertura las devoluciones se reactiven. Las fechas bailan, la delegada del gobierno en Ceuta afirmaba el pasado 15 de abril que la operación estrecho y la reapertura estaba en stand-by. Por su parte, el ejecutivo marroquí hablaba de la reapertura de las fronteras aéreas para el 21 de mayo, una fecha que no parece incluir a las fronteras terrestres, y en el BOE del pasado 30 de abril, es el 31 de mayo la fecha que aparece para el fin del cierre de las fronteras de Ceuta y Melilla.

Mientras se hace esperar la reapertura de los pasos, el movimiento no cesa. Durante la última semana de abril fueron decenas las personas que llegaron a nado, a pesar del temporal, a las playas ceutís. La devolución exprés de la mayoría de ellas pocos días después no ha impedido que cejen los intentos. Este mismo martes eran una veintena las personas que lograban alcanzar Ceuta. En Melilla, organizaciones de la sociedad civil señalan cómo se incrementan las propuestas de orden de expulsión, en lo que algunos interpretan como un intento para agilizar las devoluciones una vez se reabra la frontera.

Desde el pasado verano se han ido reforzando de hecho las fronteras terrestres. Tras la promesa de retirar las concertinas, el Ministerio de Interior, dirigido por Fernando Grande-Marlaska, está disponiendo un nuevo muro con vallas que alcanzan los 10 metros de altura. En un informe publicado en enero de 2021 sobre las vulneraciones de los derechos humanos en la frontera sur, la organización de defensa de los derechos humanos, Iridia, denuncia: “En la parte superior de la llave se sustituirá el alambre de cuchillas por un cilindro antitrepado.Asimismo, y de manera concertada con el Gobierno español, se han introducido diferentes elementos lesivos en el lado del vallado marroquí”.

Melilla

Blindarse contra las entradas y continuar con las devoluciones sigue siendo la estrategia. “El pasado 22 de abril de 2021, a las 8 de la mañana, la Policía Nacional entró en el centro de acogida temporal de la Plaza de Toros de Melilla, habilitado en marzo del pasado año como recurso de emergencia frente a la pandemia del covid-19. Llegaron en tres furgones”, documenta una carta al Defensor del Pueblo presentada el pasado 24 de abril por las organizaciones Solidarity Wheels y No Name Kitchen el pasado 24 de abril. En el comunicado se denuncia que los agentes entraron en el recinto equipados con material antidisturbios mientras la gente dormía. Afirman también que no hubo previo aviso a los trabajadores del centro por parte de la polícia, y reporta que una vez dentro los agentes, cerraron todos los accesos.

Tras despertarlos y forzarlos a bajar al ruedo, recoge el documento, las personas residentes fueron llamadas de una en una, en base a una lista con sus nombres. A medida que eran llamadas, reportan, “les escribían un número en la mano con bolígrafo, como si fuera esta su identificación en ese momento. Los testigos aseguran que habría alrededor de 80 chicos (todos ellos hombres)”.

Muchos de ellos saldrían de ahí esposados, hacinados en furgones, directos a comisaría, donde, según denuncian las organizaciones, fueron forzados a firmar cartas de expulsión, sin la asistencia letrada obligatoria y presuntamente engañados por el intérprete. La organización denuncia que entre los detenidos se encontraban al menos dos soliciantes de asilo, un menor de edad, y personas con pasaporte de Nador.

Mientras esta acción ocurría, durante la misma mañana se intentaba desalojar el Hotel Nacional a residentes del Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI), previamente trasladados allí por su vulnerabilidad, intento que se frustró aquel día pero que se repitió con éxito la mañana después, devolviendo a estas personas al CETI sin tener en cuenta sus circunstancias, denuncian las organizaciones en el mismo documento.

Alba Díez forma parte de Solidary Wheels: “Tiene pinta de ser una acción intimidatoria para cerrar Plaza de Toros, porque se vienen hablando de este recurso muchísimos meses, lo que pasa es que no hay nada claro, ni cuál va a ser la alternativa ni nada”. La activista sospecha así mismo que la eventual proximidad de una apertura de la frontera podría estar al origen de estos movimientos, rumores de un cambio que, en el momento en el que conversa con El Salto, nadie sabe a ciencia cierta cuándo y cómo se va a producir. Pese a ello entienden que “llevan meses y meses poniendo órdenes de expulsión a todas las personas posibles para que, cuando la frontera abra, poder expulsarles directamente”. Con la acción del 22 de marzo, son muchas las personas que temen usar el controvertido recurso temporal de acogida ante la amenaza de una orden de expulsión.

Si bien juzgan como muy graves las escenas narradas en la carta el Defensor del Pueblo, desde la organización denuncian que la situación no es peor que la que sufren chavales que están en las calles, y que también reportan en las entrevistas: cómo a menudo la policía tira abajo sus precarias construcciones o les despoja de sus materiales, antes de dejarles con una propuesta de orden de expulsión. Muchas de estas personas presentan alegaciones a través de abogados de oficio.

La Plaza de Toros ha estado en el centro de la crítica por sus malas condiciones: la gente de Solidary Wheels pudo visitar recientemente el lugar y reporta malas condiciones sanitarias. El espacio ha sido escenario de varios brotes de covid-19, propagados fácilmente por las características del lugar: hacinamiento, falta de agua, escasos aseos.  “Fue escalofriante pensar que este sitio está así, es una cárcel después de todo, se puede disfrazar de recurso, pero al final es un lugar donde tener a la gente controlada, con gente con un uniforme y una porra”, reflexiona Díez.

Las organizaciones llevan tiempo denunciado la opacidad de estos espacios: “Tratándose de dispositivos públicos y de cuya vigilancia se encarga una empresa privada, es absolutamente imprescindible que exista transparencia respecto a las medidas adoptadas, así como respecto al marco normativo en el que se enmarcan”, enunciaba Iridia en su informe, en el que mapeaba el colapso en los recursos de Melilla durante la pandemia, como consecuencia del bloqueo de migrantes en el enclave. Desde la masificación de CETI, que llevó a albergar a 1.600 personas aún teniendo capacidad para menos de la mitad, al denunciando y efímero recurso de V Pino. Mientras,  cientos de personas se han quedado en la calle.

La organización de Díez denuncia las consecuencias psicológicas de vivir en esta situación, sobre todo cuando se tiene una orden de expulsión en el bolsillo. Especialmente difícil es la situación de los ex tutelados. Said es uno de estos chicos: “Me siento frustrado, me siento mal conmigo mismo por la situación en la que estoy me encuentro en situación de calle sin documentación y con una propuesta de expulsión a un país al que no me gustaría volver”, explica por whatsapp desde Melilla. El joven estaba en la Plaza de Toros la mañana en que la que tuvieron lugar los hechos denunciados.

“Me siento con mucha impotencia de no poder hacer nada ante esta situación. Que la policía abuse de nuestros derechos como personas y como niños que somos, me da miedo que me devuelvan a Marruecos”. Said piensa que el estado español es inhumano y reivindica su derecho a ganarse un futuro y ser libres: “aquí en Melilla no somos libres, nos atosigan con todo, tanto en los trámite de documentación como en el trato que nos dan por ser de otro país”, lamenta.

Ceuta

Como Said, son muchos los jóvenes marroquíes que buscan “un futuro donde pueda trabajar legalmente donde pueda buscarme la vida limpiamente y sin que nadie abuse de mis derechos”. Decenas de ellos han protagonizado las últimas semanas un intento desesperado por llegar a nado a Ceuta. La mayoría han sido devueltos. Algunos no consiguieron llegar, serían ya dos los cuerpos sin vida hallados. El acuerdo por el que España y Marruecos han concretado la devolución de los adultos ha sido denunciado tanto por las organizaciones que lo han calificado como trato inhumano, como por Podemos, que lo considera ilegal.

“Aquí no hemos conocido a nadie que le hayan dado órdenes de expulsión salvo a las personas que se han devuelto este fin de semana, que estamos intentando investigar qué se ha hecho”. Quien habla es Irina Samy, de la organización No Name Kitchen. El clima en Ceuta era de shock ante un intento sin precedentes, y corre el rumor de que estas intentonas sean la respuesta a “un bulo en Marruecos sobre que empezaba a haber traslados a la península”, comenta Samy.

La sensación de ahogo es profunda en la vecina localidad de Castillejos (Fnideq) donde las manifestaciones vienen repitiéndose. Según medios locales, el pasado 22 de abril el ambiente fue especialmente tenso cuando más de 300 personas protestaban ante el incumplimiento de las promesa del gobierno de facilitar ayudas y crear empleos en una población devastada por los obstáculos para el comercio atípico (del que dependían muchas familias a través de las porteadoras) ya antes de la pandemia, y el cierre de la frontera.

Así, otra hipótesis, dice Samy, tras conversar con estos jóvenes, es que con las fronteras cerradas y sin medios de subsistencia, tirarse al mar a la desesperada tampoco suponga gran cosa. El bloqueo y el maltrato institucional agota a estos jóvenes a los que, refiere la activista, no siempre es fácil acercarse al principio. Ella y sus compañeras llevan meses en ese trabajo, con la ayuda de organizaciones de largo recorrido que facilitan la labor:  “nuestro proyecto es documentar la violencia verbal, los racismos, la violencia institucional, y poder hacer un poco de incidencia más en ese sentido, y además también acompañamientos legales”.

 Tampoco es fácil creer en la ley cuando las propias administraciones se la saltan: sucede con la obligación de dotar de la documentación necesaria a las niñas y niños que han estado bajo la tutela pública, sucede con las devoluciones en caliente. La polémica sentencia de noviembre de 2020 del Tribunal Constitucional no declara inconstitucional el rechazo en frontera si se cumplen las obligaciones internacionales en derechos humanos. El auto, criticado por no pronunciarse firmemente contra estas prácticas, sí habla de garantías que, denuncian las organizaciones, no se cumplen. Tampoco respeta el gobierno las sentencias del Tribunal Supremo que obligan a permitir el viaje a la península de las personas solicitantes de asilo.

Fuente: https://www.elsaltodiario.com/frontera-sur/ceuta-melilla-ansiedad-ante-fronteras-estan-por-abrir