¿Cómo puede medirse la importancia del trabajo que desarrollan los socorristas acuáticos? Por ejemplo, con los datos del Informe Nacional de Ahogamientos (INA), publicado por la Federación Española de Salvamento y Socorrismo: 92 personas muertas en el pasado mes de julio, por ahogamiento, en los medios acuáticos del estado español; desde enero hasta finales de julio, la cifra de víctimas mortales se elevaba a 303.
En el balance anual, la mayor parte de las muertes se produjeron en las playas (150); a continuación los ríos (62) y las piscinas (31).
El País Valenciano es -junto a Canarias- la autonomía con más muertes acumuladas por ahogamiento entre enero y julio: 39 personas fallecidas (por encima de Cataluña, con 36 defunciones).
La CGT ha denunciado ante la Inspección de Trabajo la circunstancias en las que se desempeñan los socorristas de las playas de Valencia; formulada la denuncia, la Inspección ha requerido al Ayuntamiento de Valencia y a Cruz Roja para que se regularicen “las condiciones de las postas sanitarias en las que los socorristas de las playas de Valencia realizan su trabajo”, informó el sindicato en un comunicado el 8 de agosto.
La organización anarcosindicalista ha señalado “la precariedad que resulta de la subcontratación del servicio que debería ofrecer la Administración pública, en este caso el Ayuntamiento de Valencia”.
El pasado 25 de julio, la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social de Valencia hizo un requerimiento por escrito a Cruz Roja Española, en relación con las postas sanitarias en las playas de la ciudad de Valencia; previamente, durante tres días, la Inspección había visitado las postas de cuatro playas: El Perellonet, El Saler, Pinedo, Cabanyal y la Malva-rosa.
La titularidad de las ocho postas visitadas corresponde al Ayuntamiento de Valencia, que ha subcontratado con Cruz Roja -durante el verano de 2025- la prestación de los servicios de vigilancia, salvamento, socorrismo, asistencia sanitaria o ayuda al baño de personas con diferente capacidad.
El Inspector de Trabajo considera en el requerimiento que existen deficiencias en materia de prevención de riesgos laborales; y pide, en consecuencia, que se adopten medidas correctoras (el incumplimiento de éstas puede dar lugar a un acta de infracción).
Frente a las deficiencias halladas, una de las iniciativas que demanda la Inspección es la evaluación de riesgos en las postas sanitarias -consideradas centros de trabajo-, a lo que debe seguir una planificación de las acciones preventivas; el plazo establecido para la medida es de un mes.
El segundo punto demandado es la realización de un estudio con la medición de la temperatura en verano, junto a la evaluación de estrés térmico por calor; el objetivo es calibrar las condiciones de trabajo en las postas “y de aquellos otros puestos con mayor exposición al riesgo de estrés térmico”; el plazo es de 15 días, al que seguirá la aplicación de medidas de prevención. Si la evaluación determina que hay algún puesto de trabajo con riesgo, tendrá que realizarse un estudio de sobrecarga térmica, además de establecer las pausas en la actividad.
“Todas las postas visitadas carecían de agua refrigerada; son los propios trabajadores/as los que se traen de casa en bolsas térmicas el agua y/o la enfrían en pequeños frigoríficos costeados por ellos”, señala la Inspección en el escrito.
En consecuencia, el requerimiento señala que la empresa tiene la obligación de poner a disposición de los trabajadores agua refrigerada (suficiente) para su hidratación; esto es “crucial para ayudar a mantener la temperatura corporal dentro de límites seguros”; la medida tendrá que hacerse efectiva en un plazo no superior a cinco días.
El último aspecto en que hace hincapié el Inspector es la formación específica; así, el personal de las postas sanitarias tendrá que recibir información (y formación) sobre los riesgos y efectos del calor, así como de las medidas de prevención y protección necesarias (plazo de un mes).
¿En quién recae la responsabilidad de la precariedad laboral de los socorristas? CGT recuerda los términos destacados por la Inspección de Trabajo sobre las condiciones de la subcontratación: corresponde al Ayuntamiento de Valencia poner en funcionamiento y mantener en verano las postas sanitarias (fijas y móviles) de las playas.
Y respecto a Cruz Roja, subraya el sindicato, “deben ofrecer unas condiciones de trabajo dignas para sus trabajadores, después cuando ocurren fatalidades se echan las manos a la cabeza”.
Actualmente, uno de los conflictos laborales más relevantes es el protagonizado por los socorristas de Barcelona; con la consigna Barcelona s’ofega!, la CGT ha convocado una huelga indefinida que se inició el 1 de agosto, con el fin de denunciar la precarización, los incumplimientos y la “no escucha” tanto del Ayuntamiento de Barcelona -con el socialista Jaume Collboni en la alcaldía- como de la multinacional concesionaria, el grupo FCC, que obtuvo en 2024 un beneficio neto de 430 millones de euros.
El área de Salvamento y Socorrismo de CGT en las playas de Barcelona recuerda antecedentes como la huelga de 2023, que tuvo como origen -entre otras razones – la falta de plantilla; y a los paros se suman las rondas de conversaciones con el Ayuntamiento; este proceso de lucha y negociación no se ha traducido en una mejora de las condiciones laborales, critica el sindicato, “sino que estas se han agravado”.
La “precariedad absoluta” afecta a socorristas, técnicos sanitarios, enfermeros, tripulantes y patrones de embarcación.
Asimismo las deficiencias estructurales detectadas, afirma el sindicato libertario, son atribuibles a la institución municipal, “que ha optado por desentenderse de un servicio esencial, externalizado pero público, poniendo en riesgo la seguridad de las miles de personas que visitan las playas cada año”.
En esta coyuntura, cumplidos 14 días de huelga y sin que las reuniones concluyan en acuerdo, la CGT continúa reivindicando -ante los responsables municipales y de FCC- “un ajuste de la temporalidad y de la plantilla” para garantizar un servicio adecuado; además, el diálogo para alcanzar un convenio propio y actualizado; y la implicación municipal en la gestión del servicio, también en el cumplimiento de mejoras y acuerdos pactados en años anteriores.
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