La Confederación General del Trabajo dio a conocer ayer en rueda de prensa su intención de querellarse contra el gobierno de la Comunidad de Madrid a raíz de la difusión de un vídeo en el que se divulgaba la filiación sindical y categoría profesional de dos de sus afiliados. El sindicato entiende que esto constituye […]
La Confederación General del Trabajo dio a conocer ayer en rueda de prensa su intención de querellarse contra el gobierno de la Comunidad de Madrid a raíz de la difusión de un vídeo en el que se divulgaba la filiación sindical y categoría profesional de dos de sus afiliados. El sindicato entiende que esto constituye una clara vulneración de los derechos de intimidad y libertad sindical, motivo por el cual presentará esta querella la próxima semana.
El Secretario de Acción Sindical de CGT, Ángel Luís García, ha manifestado que la actuación de estos dos afiliados, registrada durante una movilización en el nuevo Hospital Puerta de Hierro, se ha enmarcado dentro de la campaña que este sindicato lleva manteniendo desde hace unos meses en defensa de los servicios públicos. La idea de base de dicha campaña parte de que la privatización «es un ataque al derecho de todos los ciudadanos a disponer de unos servicios públicos de calidad. Los políticos de todos los colores pactan día a día en contra de este derecho, convirtiendo lo público en moneda de cambio al servicio del beneficio empresarial». El Secretario de Acción Sindical exigió en su intervención el cese de este proceso privatizador «de lo que nos pertenece a todos», así como un aumento del gasto y empleo públicos para que estos servicios, y por lo tanto la cobertura efectiva de las necesidades de la ciudadanía, sean garantizados. García terminó su turno anunciando que la Confederación actuará también contra todos aquellos que hayan colaborado en la producción y edición del mencionado vídeo.
Raúl Soto, Secretario General de la Sección Sindical de CGT en el hospital y uno de los identificados en el vídeo, declaró haberse sentido amenazado tras la difusión del mismo, pese a lo cual manifestó su firme resolución y la de sus compañeros a «continuar realizando nuestra labor sindical, pese a quien pese». Para Soto, la diferencia entre los sindicalistas y los políticos en este asunto estriba en que «nosotros tenemos un compromiso social con la sociedad, mientras que ellos tienen un compromiso económico: el de embolsarse dinero a su costa».
Alfredo Díaz-Cardiel, Secretario de Organización del Sindicato de Sanidad de CGT Madrid y otro de los sindicalistas identificados, dibujó el panorama actual de la sanidad pública madrileña en su intervención. La Comunidad de Madrid, según Díaz-Cardiel, pagará 6.000 millones de euros en 30 años a las constructoras de los ocho hospitales nuevos. El proceso de privatización de la sanidad se ve desde la Comunidad como una oportunidad de hacer negocio y desplazar dinero público a empresas privadas, en lugar de invertirlo en la mejora del servicio público. Para Díaz-Cardiel, «la Consejería de Sanidad del gobierno Aguirre está creando una cortina de humo con su respuesta a nuestras movilizaciones para que no trascienda lo que hay detrás». «Esto no sólo va a ocurrir con los hospitales -vaticinó Díaz-Cardiel-. También lo van a hacer con la atención primaria»