Un dato de fondo… y de largo alcance: en los últimos tres años, el gasto en sanidad en España ha caído un 10,6%. Unos 6.700 millones de euros menos en los presupuestos destinados a la salud. Algunas consecuencias: Lo ha denunciado recientemente Vicente Lahera, catedrático de Fisiología, del Departamento de Fisiología Humana, Facultad de Medicina […]
Un dato de fondo… y de largo alcance: en los últimos tres años, el gasto en sanidad en España ha caído un 10,6%. Unos 6.700 millones de euros menos en los presupuestos destinados a la salud.
Algunas consecuencias:
Lo ha denunciado recientemente Vicente Lahera, catedrático de Fisiología, del Departamento de Fisiología Humana, Facultad de Medicina de la Universidad Complutense de Madrid (UCM).
Cara A: recortes antiobreros y anticiudadanos. El centro de investigación Príncipe Felipe (Valencia) ha despedido a 108 trabajadores de los 258 empleados con los que contaba; 79 son científicos. Los que se quedan sufrirán una reducción inmediata de salario. Se han cerrado 14 líneas de investigación. Algunas de ellas: sobre el cáncer, el parkinson o el alzheimer.
Cara B: El gobierno de la comunidad valenciana se ha gastado 3 millones de euros organizando un campeonato de golf de un fin de semana en Castellón,. 15 millones de euros en unas torres de Calatrava que al final no se van a construir. Han comprado «por un precio simbólico» la empresa Valmor Sports, encargada de la organización de la Fórmula 1, pero se hacen cargo de los 30 millones de euros de deuda pendiente.
Vicente Lahera añadía: «El viernes [14 de junio] es el día mundial del Cáncer. Te agradecería que lo reenviaras. ¡¡¡Ah!!! La única petición es que mantengas esto circulando, aunque solo sea a una persona más. Por la memoria de alguien que conozcas que ha sido vencido por el cáncer o que aún vive con él». Por su memoria. ¡Háganlo circular!
Pero España no es sólo eso, es también reino europeo de los transgénicos
Una información publicada por Investigative Reporting Denmark señala que Monsanto aplicará una excepción a la retirada de sus OMGs de Europa [1]: la de aquellos países en los que cuente con el apoyo de los agricultores o con respaldo político explícito. Tres son los «mercados» en los que la multinacional mantendrá y expandirá su actividad: República Checa, Portugal y España. Nuestro país centra actualmente el 90% -¡el noventa!- de la producción de maíz transgénico en Europa. No existen precedentes de una concentración así. A pesar de los recelos existentes (de campesinos y consumidores principalmente), «el respaldo concedido a estos cultivos desde estamentos políticos y los intereses económicos han propiciado su expansión».
España., por supuesto, aún sigue siendo algo más que todo eso.
Los recortes en sanidad ponen vidas en riesgo. Un informe del British Medical Journal [BMJ] alerta que la austeridad tendrá (está teniendo ya de hecho) un coste en aumento de suicidios, sida o tuberculosis [2]. «Los recortes, el aumento del copago farmacéutico y la exclusión sanitaria pueden tener efectos demoledores en la salud de los españoles». Es la conclusión y la llamada a la alerta de un artículo publicado en el BMJ que «duda, además, de que esas medidas de ahorro están basadas en evidencias probadas».
El trabajo es un trabajo, realizado por investigadores de la London School of Hygiene & Tropical Medicine de Reino Unido en el que se analiza el tijeretazo en los presupuestos sanitarios -150 euros per cápita desde 2010- que ha tenido un «impacto desproporcionadamente alto» en personal y políticas de salud pública. «¿Por qué hay que cambiar un sistema como el español, con buenos indicadores y de los más baratos, cuando en época de crisis la evidencia muestra que habría que protegerlo porque las enfermedades crecen?», pregunta Helena Leguido-Quigley, investigadora principal del artículo publicado en el BMJ.
Excelente pregunta. España sigue siendo algo más que todo esto.
«España retrasa la autorización de los nuevos antitumorales. La crisis y los precios de los fármacos postergan hasta 18 meses su entrada. Las negociaciones entre el ministerio y los laboratorios se alargan», lo señalaba Jaime Prats [3] en un artículo publicado en el global-imperial-antichavista.
El retraso en la incorporación de nuevos fármacos contra el cáncer en el Sistema Nacional de Salud (SNS) está alargándose por encima del año (en algún caso, puede llegar a rebasar los 24 meses). «La negociación entre el Gobierno y los laboratorios para acordar el precio e indicaciones para los pacientes de la red pública es cada vez más larga por las tensiones presupuestarias y el elevado precio de los fármacos». El problema no acaba aquí, como no se cansan de denunciar los oncólogos y las asociaciones de pacientes: «Salvado este primer escollo, una vez autorizado el medicamento, las reevaluaciones que acometen las comunidades autónomas y las limitaciones que introducen algunos hospitales pueden retrasar aún más el acceso a estos fármacos (o frenar su uso) y romper la equidad en el acceso a tratamientos incluso en una misma comunidad». Hace dos años el plazo era de 9 meses (Europa obliga a seis como máximo). En estos momentos hay esperas de 12 y hasta de 18 meses según señala el presidente de la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM), Juan Jesús Cruz. En cinco años, en sólo cinco años, España ha pasado de estar en cabeza junto a Austria en la incorporación de fármacos oncológicos (no se discute que no pudieran haber excesos e intereses espurios en algunos casos) a situarse a la cola, junto a Portugal o Grecia [4].
La Fundación para la Excelencia y la Calidad de la Oncología, 27 jefes de servicio de hospitales españoles están en ella, ha advertido que de «seguir existiendo tardanza en la incorporación de nuevos fármacos y diferencias territoriales en el acceso a un mismo medicamento lo conseguido hasta ahora en oncología en términos de supervivencia y calidad de vida en España puede sufrir un retroceso importante».
Sobre la calidad de vida vale la pena recoger este caso:
M. González, 77 años, comenta Elena G. Sevillano [5], lleva cuatro conviviendo con un cáncer de próstata. Su padre y otro hermano se enfrentaron en su momento al mismo diagnóstico. En estos años sus médicos lo han tratado con medicación y se ha sometido a radioterapia. Se ha sentido siempre muy bien atendido. Nada que objetar. Hasta hace un mes.
La enfermedad avanzaba. La especialista encargada de su caso recomendó un nuevo tratamiento: acetato de abiraterona [6]. González fue a recogerlo a la farmacia del hospital de La Paz. Pero no se lo dieron. ¿Por qué? Porque era caro.
González relata que pasó un mes «muy nervioso». Su hijo envió quejas a la Consejería de Sanidad madrileña. No le ha contestado. También escribió al Ministerio de Sanidad. El círculo se cerró: le remitió a la consejería y le dijo que no podía «interferir» al carecer de competencias. González escribió también al Defensor del Pueblo.
La semana pasada consiguieron reunirse con una responsable. Les aseguró que su caso no era urgente. Le dio una medicación alternativa hasta que el ministerio fije el precio del Zytiga. Confianza, esperanza, paciencia,… arguyeron.
Estas son algunas derivadas de la suicida política científico-sanitaria que se está abonando desde la Administración y muchas comunidades con el apoyo explícito (y los aplausos entusiastas) de «Bruselas». Entre esas comunidades, por supuesto la catalana. Tiene a su cabeza, con fuerte apoyo del molt honorable, uno de los consejeros más ultraneoliberales que se conocen por estos lares: Boi Ruiz, el de la salud no es ningún derecho, el gestor de mano de hierro y alma sin mariposas.
Notas:
[2] http://sociedad.elpais.com/sociedad/2013/06/13/actualidad/1371120738_219035.html
[3] http://sociedad.elpais.com/sociedad/2013/06/14/actualidad/1371239161_979237.html
[4] «La ecuación es muy compleja de resolver en un delicado escenario de intereses cruzados», señala J. Prats. Los nuevos medicamentos antitumorales son cada vez más caros y las ventajas que aportan puedan ser limitadas. La industria presiona para maximizar la inversión realizada; la Administración, en principio, para rebajar el precio; los oncólogos quieren dar a sus pacientes la mejor molécula que hay en el mercado y los enfermos reclaman acceder a los compuestos en el menor tiempo posible para parar el avance de la enfermedad o prolongar su expectativa de vida.
[5] http://sociedad.elpais.com/sociedad/2013/06/14/actualidad/1371239020_459221.html
[6] El tratamiento con acetato de abiraterona (marca comercial: Zytiga), señala Elena G. Sevillano, cuesta entre 50.000 y 80.000 euros. En un primer momento se aprobó para una indicación muy concreta: pacientes con cáncer avanzado que ya habían pasado por quimioterapia. Hay otra indicación ya aprobada por la Agencia Europea del Medicamento: «el cáncer de próstata metastásico en el que han fracasado otros tratamientos (deprivación de andrógenos) y en los que aún no está indicada la quimioterapia. Exactamente el caso de González. Y de otros centenares de pacientes en toda España».
Salvador López Arnal es miembro del Frente Cívico Somos Mayoría y del CEMS (Centre d’Estudis sobre els Movimients Socials de la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona; director Jordi Mir Garcia)
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