Ferviente apoyo, críticas y hasta indiferencia suscita en Cuba el próximo debate público sobre el Código de las Familias, una de las más esperadas y polémicas leyes que desarrollará derechos humanos amparados por la Constitución.
“En mi vecindario todavía no se escucha mucho sobre el Código ni la consulta popular a partir de febrero”, indicó a IPS el teólogo y profesor Adiel González Maimó, residente en la ciudad de Matanzas, 87 kilómetros al este de La Habana.
El también activista por la defensa de los derechos de las personas lesbianas, gays, bi, trans e interesexuales y queer (LGBTIQ+) aspira a que, “a medida que avance el proceso, la ciudadanía se envuelva en la dinámica del debate y se interese más”.
La Constitución vigente desde 2019 dispuso que el Código de las Familias, con rango de ley, fuera sometida a consulta popular y posterior referendo, similar a lo ocurrido en 1975 con la norma que se busca sustituir.
Será la única ley que transite ese camino de las 27 que el cronograma legislativo contempla para aprobarse este año, parte de ellas derivadas de artículos de la Constitución y otras destinadas a sustituir normas anteriores, algunas especialmente transcendentes, como el proyectado nuevo Código Penal.
Integrantes de la comunidad LGBTIQ+ y otras voces ciudadanas cuestionan tal decisión y argumentan que “los derechos no se plebiscitan”.
Funcionarios del Ministerio de Justicia insisten en que no se llevarán a referendo los derechos de un grupo en específico, sino que se quiere escuchar y tener en cuenta la mayor cantidad de criterios para tener una norma lo más inclusiva posible, dada su trascendencia.
El Código se sustenta en los principios, valores y reglas de la Constitución que ampara el derecho de toda persona a fundar una familia.
Además de los principios de igualdad y no discriminación en el ejercicio y goce de los derechos de las personas, el texto constitucional subraya que el Estado reconoce y protege a las familias, “cualquiera sea su forma de organización, como célula fundamental de la sociedad”.
Propuesta avanzada
El proyecto de Código de las Familias aprobado en diciembre por la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP), el unicameral parlamento cubano, propone cambios que algunos califican de revolucionarios, al abrir las puertas al matrimonio igualitario, la adopción para parejas del mismo género y la gestación solidaria.
También fija en 18 años la edad mínima para el casamiento y propone modificar el concepto de patria potestad por el de responsabilidad parental, en una nación de arraigada cultura heteropatriarcal.
Para integrantes de la comunidad LGBTIQ, la incorporación de tales asuntos es el resultado de la lucha durante décadas del activismo independiente, sin desconocer las acciones para fomentar una política de Estado de amparo y reconocimiento hacia las minorías desde el estatal Centro Nacional de Educación Sexual (Cenesex), su red de activistas y otras instituciones.
A través de comunicaciones públicas, iglesias como la católica y algunas denominaciones evangélicas se han pronunciado en contra de dichos temas, a lo cual se suman personas con posturas antiderechos y fundamentalistas que llaman a rechazar la norma.
En muchos casos se esgrime un supuesto impacto negativo en el bienestar de niñas, niños y adolescentes.
Más allá de estos temas que concentran el foco mediático, el texto sobre el cual debatirá la población sintoniza con convenciones internacionales suscritas por el Estado cubano sobre la prevención de la violencia y discriminación por motivos de género, así como las de protección de menores, adultos mayores y personas con discapacidad.
“Todo lo regulado en el proyecto es novedoso con respecto al vigente Código. (También lo es) si lo analizamos desde el Derecho Comparado, es decir, en relación con las normas de otros Estados”, explicó a IPS el jurista Rodolfo Echevarría, residente en La Habana.
El experto significó que “la norma jurídica en formación dedica un título específico a la violencia en el espacio familiar y prevé que los asuntos en los que se presente serán de tutela judicial urgente para cualquier autoridad, incluidas las estructuras judiciales”.
Con ello, razonó, el texto conecta con una de las metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de Naciones Unidas, dirigida a propiciar espacios libre de violencia, y prevenir y combatir el fenómeno.
“Pero también da cumplimiento a un mandato constitucional donde se establece que la violencia, en cualquiera de sus manifestaciones, es destructiva de las familias y debe ser objeto de punición (sanción)”, añadió.
El proyecto abre las puertas al reconocimiento de la filiación socioafectiva, mediante el aval judicial, de lo que pueden derivarse situaciones de multiparentalidad, “tema novedoso, al menos en el ámbito iberoamericano”, resaltó Echevarría.
Cómo será la consulta
La consulta ciudadana sobre el proyecto de Código de las Familias se extenderá del 1 de febrero al 30 de abril en los barrios y comunidades de los 168 municipios de este país insular caribeño de 11,2 millones de habitantes.
Al igual que hace tres años con el proceso para aprobar la Constitución, en las reuniones se opinará, propondrán cambios y solicitarán aclaraciones sobre la norma conformada por 471 artículos, disposiciones transitorias y un glosario con un centenar de términos.
También participarán los más de 1,3 millones de cubanos residentes en más de 120 países, según cifras oficiales, quienes podrán emitir criterios a través de un sitio web gestionado por el Ministerio de Relaciones Exteriores.
Tanto el Ministerio de Justicia como la ANPP habilitaron correos electrónicos para enviar sugerencias sobre el texto, mientras en octubre y noviembre se efectuaron consultas especializadas entre instituciones del sector jurídico y del estado, a fin de conformar la versión del proyecto aprobado por la ANPP.
Acompañará al proceso una campaña de comunicación social, si bien desde hace meses iniciativas de la sociedad civil socializan audiovisuales, distribuyen a lo largo del país pegatinas y afiches y promueven acciones de educación ciudadana, respeto a la diversidad y sobre la necesidad de respaldar el Código.
Aunque fue publicado el 12 de enero en la página de la Gaceta Oficial, y se encuentra disponible en sitios digitales y aplicaciones informáticas, ciudadanos consultados por IPS pidieron hacer más accesible el contenido del proyecto a personas de la tercera edad o con discapacidades.
“Conozco del Código por las informaciones de la prensa y unos spot que pasan por la televisión, pero quisiera tenerlo impreso para saber bien qué dice, pues se me dificulta la lectura digital”, dijo a IPS la jubilada Aida Peña residente en la ciudad de Holguín, 685 kilómetros al este de La Habana.
De acuerdo con las autoridades electorales, la organización de la consulta popular involucra a más de 900 000 personas, incluidos quienes integran los grupos auxiliares de procesamiento de la información y más de 15 000 juristas y estudiantes de Derecho encargados de conducir los debates y aclarar dudas.
La información procesada se entregará en mayo a la ANPP y en julio, según el cronograma, las y los diputados aprobarán el nuevo proyecto de ley enriquecido con las propuestas de la ciudadanía, el cual será sometido a referendo en una fecha aún por definir del segundo semestre.
Sigue sin precisarse si además de emitir criterios, los cubanos residentes en otras naciones podrán votar la norma, como sí lo hará el personal de las embajadas de la isla y profesionales en programas de colaboración en el exterior.
“Para nadie es un secreto que los temas relacionados con la diversidad sexual y de género centrarán los debates de la mayoría de las reuniones populares”, apuntó González Maimó.
A su juicio, pese a la persistencia de una cultura machista, homofóbica y transfóbica, “durante los últimos años hemos visto en la sociedad cubana un cambio progresivo y avance hacia la comprensión positiva de estas temáticas”.
Por ello, la consulta sobre el proyecto de Código de las Familias “será un buen momento para el debate, para confrontar ideas, desmontar mitos y prejuicios en torno a temas como el respeto a la diversidad, la niñez, la abuelidad, la violencia de género”, sostuvo el activista.
Asimismo, remarcó, “será un excelente momento educativo y también un tiempo de defensa, de posicionarse frente a lo que es justo, ante las opiniones o tendencias que pretenden limitar derechos y obstaculizar este proceso. Y lo justo es defender todos los derechos para todas las personas sin discriminación de ningún tipo”.