La gestión sanitaria de la Xunta de Galicia destaca por su carácter privatizador, que pone los intereses de las empresas por encima de los pacientes. El colapso en la atención primaria y en las urgencias son resultado de una privatización implacable que favorece el lucro de gigantes empresariales como Medtronic.
Un multimillonario dueño de una farmacéutica dona parte de su patrimonio a un hospital tras perder a su padre, enfermo de Alzheimer. Para el hospital, esta noticia increíble permite mejorar las instalaciones, haciéndolas más eficientes y, lo más importante, sin dar nada a cambio. Solo un médico ve algo raro detrás de una donación tan generosa y aparentemente altruísta. ¿Cómo es posible que un empresario multimillonario regale su dinero? No se equivoca. Al tiempo, todas las decisiones tienen que pasar por el millonario, decidiendo a quién curar según los gastos que implique, exigiendo que se prueben los medicamentos de su farmacéutica y despidiendo a las trabajadoras -entre ellas a este médico- por no estar de acuerdo con la búsqueda del máximo beneficio en lugar de velar por los enfermos.
El multimillonario Edward Vogler y el doctor Gregory House son dos personajes de la conocida serie House M.D. Sin embargo, en Galicia ocurre algo no muy diferente y que no tiene nada de ficción. Estamos siendo testigos de una privatización lenta -pero implacable – de la sanidad pública que podría acabar con décadas de lucha por una sanidad universal.
La historia de la sanidad en Galicia
La sanidad pública en el estado español no tiene ni medio siglo de existencia. Sin embargo, en este tiempo llegó a ser una de las mejores del mundo. En 1986, la Ley General de Sanidad y el Sistema Nacional de Salud (SNS) modernizaron unos hospitales obsoletos, fruto de la dictadura, y mejoraron la atención con la creación de los centros de salud y de la atención primaria.
En Galicia, con la llegada del PP a la Xunta en los años 90, la sanidad universal y gratuita empezó su declive, siendo atacada desde el poder con la excusa de no ser sustentable, con medidas de corte privatizador. En el blog Pavillón de Repouso, Pablo Vaamonde, médico y fundador de la revista Cadernos de Atención Primaria, denuncia este ataque. «Hay una estrategia internacional para convertir la sanidad en una parcela de negocio. Desde el FMI, el BCE o el poderoso Club Bilderberg, los poderes económicos tienen la mirada puesta sobre el SNS y maniobran para hacerse con él. En el Estado hay plataformas (FAES, SEDISA, Club Gertech) que repiten las falacias neoliberales (recogidas en el Informe Abril en 1992): que la sanidad pública es insotenible, que la gestión privada es más eficiente y que la financiación debe ser pública pero la provisión de los servicios debe ser privada».
Con todo, la sanidad pública es sostenible y, para muchas, el problema son los recortes y el mal uso del presupuesto que se hace desde muchos gobiernos. El PP de Núñez Feijóo es de los que parecen creer en esa falsa falta de solvencia, a pesar de erigirse como defensor del sistema público y de culpar de la situación a «críticos destructivos de la izquierda». Feijóo fue responsable del Sergas en los 90, cuando se lleva a cabo uno de los primeros intentos privatizadores -las fundaciones- que acabaron sendo ‘rescatadas’ con dinero público.
Desde su llegada a la presidencia de la Xunta, Feijóo está contribuyendo a un constante deterioro del sistema, legislando a favor de los intereses privados. Un ejemplo es la nueva Lei Galega de Saúde, que supone para muchas un retroceso implacable, pero no el único. Son ejemplos de esto la paralización de hospitales públicos como el de Vigo, transformado en un hospital semiprivado gestionado por la multinacional Concessia; la paralización del Plan de Mellora de Atención Primaria, que acabo también con la autonomía en la gestión en esta especialidad; o la Instrución 1/2018, que deriva pacientes a hospitales privados y castiga a quien se niega.
Reducción presupuestaria, recortes de personal, desaparición de áreas sanitarias -que acentúa el problema demográfico-, colapsos en urgencias provocados por el deterioro de la atención primaria… Ni rastro de una política sanitaria a favor de los pacientes, que sufren de mayores listas de espera y de una peor calidad en su atención. Los PAC de diferentes áreas sanitarias llevan meses de protestas ante la falta de personal, causa de la muerte de una persona en el PAC de A Estrada en agosto.
En cuanto a los complejos hospitalarios, el Complejo Hospitalario Universitario de Santiago (CHUS), bajo la gerencia de Eloina Núñez -prima de Feijóo- desde el año pasado, es un ejemplo de lo que está pasando en la sanidad gallega: tanto por la infiltración de empresas como por verse afectado por las políticas del PP.
Medtronic, con voz y voto en el CHUS
Medtronic, empresa estadounidense de tecnología, servicios y soluciones médicas, es una de las mayores empresas dedicadas a este ámbito. Según el libro La salud como negocio, coordinado por Vaamonde y con la participación del portavoz de SOS Sanidade Pública de Galicia, Manuel Martín, Medtronic está «vinculada al capital riesgo, a la industria farmacéutica y a la industria de la alimentación». Además, el libro recoge que forman parte del consejo de administración de Medtronic el gerente del grupo estadounidense Apollo -beneficiado por Feijoo con la adjudicación de EVO Banco (Novagalicia)- y el Director General de Trexton, empresa mundial de aeronaves -incluyendo aviones de guerra-. Por otra parte, es socia de la Sociedad Española de Cardiología.
Medtronic entró con éxito en bolsa en 1985, sin embargo en 2008 tenía pérdidas millonarias. Según una investigación del Consorcio Internacional de Periodistas (ICIJ), «tuvo que pagar 6700 millones de dólares para resolver querellas judiciales de 20.000 pacientes entre 2008 y 2017» ya que sus productos «están relacionados con la muerte de 9300 personas y con las lesiones de 292.000». De hecho, en el estado español, una bomba de insulina de esta multinacional, la Minimed 640G, fue retirada del mercado tras un aviso de mal funcionamiento de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios.
En 2014, los autores de La salud como negocio ya advertían que Medtronic llavaba años interesada en entrar en la sanidad del Estado español, concretamente en el área cardiovascular, por estrategia empresarial. A pesar de su historial de errores y mala praxis entró en la sanidad catalana en el 2015, y en el año 2016 logró un convenio con el Sergas, precisamente en el área cardiovascular. Sin embargo, a diferencia del caso catalán, la Xunta ocultó las cláusulas del acuerdo. A pesar de su historial de errores y mala praxis entró en la sanidad catalana en el 2015, y en el año 2016 logró un convenio con el Sergas, precisamente en el área cardiovascular.
«Solicitamos ver el acuerdo y la Consellería de Sanidade lo rechazó alegando que había secretos ‘ vinculados a la propiedad industrial'», denuncia Fernando Abraldes, de la Asociación de Pacientes del CHUS. «Hicimos un recurso ante la Valedora do Pobo y nos dio la razón. Medtronic contestó que no tenía ningún problema y tuvieron que darnos la información. La Xunta fue más opaca que la propia empresa». Abraldes dice que la Xunta no quería revelar el contenido de esos convenios por el alcance que tiene la intervención sobre la sanidad pública por parte del sector privado y de las multinacionales de instrumentos y software sanitarios.
Finalmente, los trabajadores del CHUS tuvieron acceso al convenio, pero la información es poco precisa. Para Fernando Abraldes, el peligro está en darle tanto poder a una empresa privada dentro de un hospital público. «Sorprende que la administración pública le de tal capacidad de intervención a una multinacional americana a través de convenios que no requieren de concurrencia ni ningún requisito previo, ni acreditación de competencias, ni solvencia económica o profesional… nada. Si los elementos que forman parte del convenio se hicieran mediante un procedimiento público en el que se permitiera concurrencia, los problemas de Medtronic en el pasado podrían ser motivo de exclusión del procedimiento de contratación».
Por otra parte, el acuerdo de «colaboración», sin intercambio económico (0 euros), evidencia que la empresa obtendrá algún otro tipo de beneficio con el acuerdo. «En el convenio Medtronic deja claro cual es su objetivo para el futuro: que los productos que ofrezcan al mercado tengan un valor añadido al estar avalados por hospitales públicos. No es lo mismo tener un instrumento de control remoto para personas con dificultades cardíacas, testado en un hospital público que diga que funciona perfectamente, a no tenerlo. Con ese aval, ganas una posición predominante en el mercado», denuncia Abraldes. Se produce, además, «una dependencia tecnológica hacia esta empresa, que implica que cuando el hospital precise cualquier componente, a quien tiene que recurrir es a Medtronic». Abraldes recuerda también que Medtronic está utilizando patrimonio público, los medios técnicos del CHUS, el personal del Sergas y a los pacientes para testar los productos con libertad.
Además, Medtronic tiene presencia física en las áreas de cardiología de estos hospitales y en el digestivo de Lugo, con asesores que controlan lo que pasa en el hospital y el cumplimiento del acuerdo. Para Fernando Abraldes «este es el verdadero caballo de Troya de la sanidad; hay otras formas de privatizar pero esto tiene una implicación de tal calibre que estamos muy alarmados. Incluso se prevé que los planes de formación de personal -sobre todo médicos residentes- corran a cargo de Medtronic, y también la utilización de sus elementos técnicos. Es increíble».
La privatización desde abajo
La pérdida de personal en los Puntos de Atención Continuada (PAC) y la falta de recursos en la atención primaria por los recortes deterioraron la atención a los pacientes, llegando a las 60 consultas al día, según denunciaron varios profesionales. Ante una atención primaria masificada, mucha gente acaba buscando respuesta en las urgencias.
«Hay listas de espera de diez días. La gente busca la atención donde se la puedan proporcionar en el momento» afirma María Míguez, de la Asociación Galega de Médicos y médica del PAC de Santiago, para quien la situación es insostenible. «Si la atención primaria tuviera los medios y el personal precisos, muchas urgencias y domicilios que cubrimos los PAC, serían resueltos en la atención ordinaria y reducirían la carga de trabajo».
As traballadoras dos PAC reivindican desde hai meses á Consellería once melloras nas súas condicións. «Es un chiste, nos concedieron la menos importante de las reivindicaciones que teníamos», dice Marisé López, también médica del PAC. «Es una burla hacia nuestro trabajo. Ni siquiera convocaron al comité de huelga». María Míguez añade: «Dicen que los centros están suficientemente dotados y que no lo consideran importante, pero tendrían que verse ellos en el momento de una urgencia con una persona sola para atenderla. El otro día en Vigo, una médica estaba sola y tuvo que pedir ayuda a las personas que estaban en la sala de espera. Este sábado en Santiago, por ejemplo, entraron casi 50 personas en una hora».
Marisé y María coinciden en que la intención es privatizar alegando que la sanidad pública no cumple y que la privada es mejor. «En nuestro PAC privatizaron el almacén y ahora es un desastre. Las gasas, por ejemplo, son de un material malísimo, o los guantes, que se gastan muchísimo y no hacen su función. Muchas veces deciden ellos lo que hace y no hace falta… Por ejemplo con el Urbason -que es un corticoide básico en muchos tratamientos- nos encontramos con que casi no hay porque en el almacén dicen que no es necesario o que gastamos mucho».
Al colapso en los PAC se le suma la falta de personal en las urgencias de los hospitales, haciendo que la situación sea aún peor. «Desde 2010 a 2019 en Urgencias hubo que ampliar espacios con camillas, boxes o cubículos sin aumentar el personal. Estamos reclamando personal para atender esos espacios», dice Camilo Agulleiro, de la Comisión de Centro del CHUS. «No reclamamos una subida retributiva, reclamamos más personal para tratar a los pacientes con celeridad, para no saturar Urgencias».
Ante la situación desesperada en las urgencias, la Xunta y el Sergas alegan que no hay personal suficiente para cubrir las bajas y las jubilaciones, diciendo además que la gente joven prefiere marcharse a quedarse en Galicia. «Esto es mentira», denuncia Agulleiro. «Cuando se convoca una OPE en Galicia para plazas estables, se presenta muchísima gente e incluso viene gente de otras comunidades. Ahora los médicos cuando acaban el MIR están con contratos día a día cambiando de centro, por lo que terminan yéndose a otro sitio con mayor estabilidad».
Fernando Abraldes cree que el problema es «querer incrementar la produtividad con el mismo volumen de personal, que no es posible. Al final, los pacientes son las víctimas, viendo su salud deteriorada y permaneciendo en los pasillos y después muriendo a última hora en un cubículo porque no te atendieron antes», en referencia a las dos personas muertas en las Urgencias del CHUS en enero. La situación está llegando al punto de cuestionar la universalidad y gratuidad de la sanidad pública. Con todo, y parafraseando a la Doctora Cuddy -de la serie House M.D.-, la solución está en nuestras manos. «Si hacéis todo lo que Vogler dice porque tenéis miedo de que se vaya con su dinero, entonces él tiene razón, es vuestro dueño. Pero aún podéis escoger. Y probablemente sea la última vez que podréis hacerlo».
Fuente: http://www.elsaltodiario.com/sanidad-publica/colapso-intencionado-sanidad-publica-gallega