En el país no hay una política articulada para el control y uso del mercurio. Así lo concluyó una auditoría de cumplimiento adelantada por la Contraloría a través de su Delegada para el Medio Ambiente.
El estudio de la Contraloría General de la República indicó que los ministerios y entidades evaluadas fueron Agricultura, Salud y Protección Social, Trabajo, Minas y Energía, Comercio, Industria y Turismo, Ambiente y Desarrollo Sostenible, y Transporte, además de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla) y el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam).
Como resultado de la auditoría, la Contraloría explicó que se tienen 24 hallazgos administrativos de los cuales 6 tienen presunta incidencia disciplinaria y 2 presunta incidencia penal y con relación al cumplimiento del Plan Único Nacional de Mercurio se evidenció que no hay un establecimiento de quién estará a cargo de su liderazgo o coordinación.
Para el ente de control, a pesar de que el plan incluye una relación de actividades que se deben ejecutar, no se ha establecido los responsables a cargo ni los tiempos de consecución de las metas establecidas y tampoco cuenta con una estrategia de articulación para el desarrollo de las actividades.
«Las entidades han venido asumiendo y haciendo lo que consideran deben hacer según sus competencias, situación que afecta el desarrollo de todo el plan y termina afectando el objetivo final de la Ley 1658 de 2013 que es «proteger y salvaguardar la salud humana y preservar los recursos naturales renovables y el ambiente» frente a los riesgos del mercurio en el territorio nacional«, explicó el informe.
Para la Contraloría, la ausencia de direccionamiento genera falta de articulación y armonización de las distintas entidades para alcanzar la meta del Plan Único de Mercurio que es reducir y eliminar progresivamente su uso en todo el territorio nacional, en la minería a julio de 2018 y en todos los procesos industriales y productivos a julio de 2023.
Por otro lado, el organismo encontró que las CAR con jurisdicción en zonas de minería aurífera como son: Corantioquia, Corpourabá, Cornare; Corponariño y Codechocó, no realizan monitoreo de emisiones de mercurio por lo tanto no cuentan con un inventario de fuentes activas y pasivas de mercurio, tampoco tienen identificadas las zonas afectadas por emisiones y liberaciones de este mineral.
Con relación al registro único de usuarios de mercurio RUM que deben adelantar las Corporaciones, se observaron porcentajes de inscripción bajos frente al número de usuarios en cada jurisdicción y la obligación de implementación del RUM por parte de las Corporaciones entró en vigencia desde el 8 de abril de 2016. (Corantioquia 1,82%, Corponariño 11,86%, Corpourabá 0% y Codechocó 29%).
Al respecto, la Contraloría señaló que es necesario un adecuado direccionamiento del Plan Único Nacional de mercurio y procesos de articulación y armonización de los esfuerzos de las entidades involucradas, si lo que se busca es proteger y salvaguardar la salud humana y preservar los recursos naturales renovables y el ambiente frente a los riesgos del mercurio en el territorio nacional.
Control de asbesto
La Contraloría afirmó que en Colombia existe solo una mina legal de asbesto en el municipio de Campamento en Antioquia, de la cual se extraen en promedio 2.400 toneladas al año, con reservas probadas de 94.920 toneladas y reservas posibles de 801.500 toneladas, dentro del título minero a cargo de la Secretaría de Minas de la Gobernación de Antioquia.
La Contraloría Delegada para el Medio Ambiente realizó una visita de campo a la mina Las Brisas de Colombia, en la que evidenció que existe un manejo técnico irregular del asbesto, tanto en lo minero, como en lo ambiental.
«Se evidenció inadecuado perfilamiento y mantenimiento de taludes en los botaderos de desechos y colas, cunetas inexistentes, no hay manejo de aguas de escorrentía, sin sedimentadores o trampas de arenas«, citó el documento del ente de control.
La entidad aseguró que se presenta incumplimiento de las medidas impuestas por Corantioquia, así como de los requerimientos realizados por dicha autoridad en sus seguimientos, lo que puede generar la formación de un pasivo ambiental, adicional al ya existente, más aún ante la perspectiva de un cese de las actividades por parte del titular del proyecto.
Entre tanto, el estudio aseveró que el proyecto no contaba con instrumento de control ambiental, salvo los permisivos (concesión, vertimientos y emisiones), hasta la imposición de medidas de manejo en febrero del año 2016.
Además, que se verificó en la visita realizada por la Contraloría, que la mina no está en explotación y existen afectaciones ambientales que la corporación ha identificado. Sin embargo, según el organismo de control, no existe un plan de cierre y abandono formalizado y las medidas impuestas por Corantioquia se dieron para recuperación de pasivos generados con anterioridad.
Los actos administrativos proferidos por Corantioquia muestran que cursa un proceso sancionatorio desde el 23 de marzo de 2017, por presuntas afectaciones ambientales al recurso agua ocasionada por la falta de cobertura vegetal en la franja de retiro, debido a la disposición inadecuada de material estéril en el depósito El Guaje. No obstante, según la Contraloría, no existe proceso sancionatorio por los demás incumplimientos observados por la corporación respecto de las medidas de manejo ambiental impuestas desde el 12 de febrero de 2016.