Asesinatos y desapariciones forzadas presentadas como bajas en combate por agentes del Estado colombiano; en otros términos, eliminación de supuestos guerrilleros que no lo eran; Es el caso 03 de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) de Colombia, relacionada con los llamados falsos positivos: 6.402 personas eliminadas -principalmente por militares- entre 2002 y 2008, concentradas en estos siete años y, especialmente, en departamentos como Antioquía.
Se da la circunstancia que, durante la mayor parte del periodo -entre 2002 y 2010-, se desempeñó como presidente de Colombia el derechista Álvaro Uribe Vélez, también candidato del partido Centro Democrático en las elecciones de 2026.
El 17 de octubre tuvo lugar en el Congreso español el acto público de Reconocimiento Extrajudicial por los Hechos de Seguimientos Ilegales contra Defensores de Derechos Humanos y Víctimas Colombianas en el Exilio; estas acciones de espionaje, por las que el Estado de Colombia pide perdón, se produjeron también durante el mandato de Uribe Vélez.
A partir de las investigaciones de la Fiscalía colombiana sobre las actividades del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), la Coordinación Valenciana de Solidaridad con Colombia (CVSC) concluye que los servicios de inteligencia de este país “espiaron en Valencia a activistas y organizaciones que apoyan la defensa de los derechos humanos en Colombia, para tratar de desacreditarlos”.
El DAS fue el organismo del Estado encargado de las tareas de Inteligencia y Contrainteligencia durante más de 50 años, hasta su cierre en 2011; el motivo de la supresión del Departamento fue, precisamente, las operaciones de espionaje ilegal -reveladas en 2009, durante la presidencia de Uribe- a magistrados de la Corte Suprema, políticos de la oposición, integrantes de ONG o periodistas.
La CVSC es una de las organizaciones del Estado español, además de activistas, objeto de la persecución del DAS, a las que el gobierno progresista de Gustavo Petro pide perdón en nombre del Estado de Colombia; el acto del 17 de octubre en el Congreso español fue convocado por la Embajada de Colombia en España.
La nota informativa de la Coordinadora recuerda que, en el final de la presidencia de Uribe, se descubrieron archivos internos del DAS que evidenciaban la implantación de una red de inteligencia en el estado español, y otros países europeos, para desarrollar una labor de vigilancia y neutralización de actividades.
Las acciones de inteligencia y seguimiento se llevaron a cabo, por ejemplo, en el Foro Mundial sobre la Reforma Agraria organizado en Valencia, en 2004; o en la Cumbre Iberoamericana de Salamanca, de 2005; la CVSC detalla la infiltración en reuniones de personas exiliadas y actos en que se denunciaba las violaciones de los derechos humanos en Colombia; además de la “interceptación de comunicaciones y seguimientos a refugiados, activistas y ONG españolas”.
En los archivos del DAS, informa la Coordinadora, se menciona la realización de eventos en Valencia, a los que debería atender en 2004 el agente -delegado en Europa- Germán Villalba Chávez; este espía tuvo entre sus encargos el citado Foro agrario, organizado por el Centro de Estudios Rurales y de Agricultura Internacional (CERAI).
El Estado de Colombia ofreció disculpas públicas en el Congreso de los Diputados español, en la sala Clara Campoamor, a 25 personas y colectivos sociales -de España y Colombia- perseguidas por el DAS dentro de la campaña Operación Europa, desarrollada entre 2003 y 2009.
Durante los años del hostigamiento, formaban parte de la CVSC las siguientes organizaciones: Amnistía Internacional; Atelier de cooperación internacional; la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR); CEDSALA; CEPS; Colectivo SUR-CACARICA; OSPAAAL; SODEPAU-País Valencià; la asociación de migrantes colombianos en Valencia Entreiguales y ASPAZ.
Asimismo fue sometida a espionaje la Taula Catalana per Colòmbia, y algunos de sus colectivos integrantes, entre 2004 y 2005; Taula Colòmbia participó en la demanda presentada por las ONG en 2010 contra Álvaro Uribe; el exdirector del DAS, Jorge Nogueras, y el exsubdirector de Fuentes Humanas del DAS, Germán Villalba Chávez, por estas acciones de “guerra política”.
En 2022 vio la luz el informe de la Comisión de la Verdad sobre el caso Espionaje y operaciones ilegales del DAS en Europa; en estos operativos actuaron también distintas embajadas de Colombia en Europa.
El documento de la Comisión dedica un capítulo específico al estado español (2004-2005); detalla que Madrid, Valencia, Bilbao y Barcelona fueron las ciudades que registraron más incidentes; además, entre las víctimas figuraban, principalmente, las personas colombianas en el exilio (con estatus de protección internacional o sin él); “los casos de victimización en España hacían referencia a sectores de cooperación internacional y activismo político por Colombia”, expone el informe.
Además de la intercepción, infiltraciones y control de llamadas telefónicas y correos electrónicos, se produjeron persecuciones en espacios privados y públicos, así como la toma de registros fotográficos.
La Comisión apunta que algunas organizaciones sufrieron especialmente el acosamiento; por ejemplo, CEAR, que realizaba acompañamientos en las solicitudes de refugio y procesos de integración de las personas colombianas en España; este patrón de seguimiento ya se había dado en el país latinoamericano; en 2003, CEAR otorgó el Premio Juan María Bandrés al sacerdote jesuita colombiano y defensor de los derechos humanos, Javier Giraldo.
La Comisión de la Verdad recoge el testimonio de un periodista de nacionalidad española, miembro de la CVSC, que expone cómo los servicios secretos colombianos enviaron a siete de sus agentes al estado español; llegaron para supuestamente ayudar a los nacionales colombianos en la realización de sus trámites, durante el proceso de regularización de personas migrantes en España ocurrido en 2005.
Pero se trataba, realmente, de “desprestigiar a las ONG colombianas frente a sus contrapartes españolas diciendo que eran fachadas de la guerrilla, y captar colombianas o colombianos que fueran dispuestos a ser informantes en España para el DAS”, concluye el periodista a partir de los documentos de la Fiscalía interceptados al servicio de inteligencia.
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