Hace tres semanas, el presidente de Colombia confirmaba la noticia: «El juez Baltasar Garzón tiene una gran experiencia en muchos frentes donde para nosotros podría ser muy útil su asesoría». [2] Así, el hecho de que Baltasar Garzón se proponga como asesor del gobierno de Colombia en materia de derechos humanos, con el apoyo del […]
Hace tres semanas, el presidente de Colombia confirmaba la noticia: «El juez Baltasar Garzón tiene una gran experiencia en muchos frentes donde para nosotros podría ser muy útil su asesoría». [1] De este modo, Juan Manuel Santos daba por bueno lo publicado por el diario ABC, según el cual «la ministra de Asuntos Exteriores, Trinidad Jiménez, habría aprovechado su participación en la Cumbre Iberoamericana del pasado mes de diciembre en Mar del Plata para sondear a su colega colombiana, María Ángela Holguín, sobre la posibilidad de facilitar a Garzón un cargo de asesor del gobierno de Juan Manuel Santos». [2] Así, el hecho de que Baltasar Garzón se proponga como asesor del gobierno de Colombia en materia de derechos humanos, con el apoyo del ejecutivo español, plantea múltiples interrogantes y, a la vez, hace aflorar diferentes contradicciones. Veamos.
La realidad de los derechos humanos en Colombia
Desde hace medio siglo, Colombia vive un drama histórico caracterizado por el sistemático recurso a la violencia como forma de resolución de los conflictos sociales, económicos y políticos. Hoy, en el país persiste el conflicto armado más antiguo de América Latina, a la vez que se mantienen y reproducen enormes desigualdades sociales. Más de cuatro millones de personas sufren el desplazamiento forzado y se producen innumerables violaciones de los derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario que afectan a la vida, la integridad, la libertad y los derechos económicos, sociales y culturales de la mayoría de la población.
Los avances democráticos que se han registrado en América Latina y en otras partes del mundo durante las últimas décadas, caracterizados en la región latinoamericana por el fin de las dictaduras militares y la consolidación de Estados de Derecho con un mayor carácter social en muchos de estos países, pareciera que no han tenido en Colombia el impacto necesario para acabar con las desigualdades sociales, políticas y económicas que constituyen las causas del conflicto. De este modo, los actuales indicadores sociales, económicos y de respeto a los derechos humanos en Colombia difícilmente pueden homologarse con los registrados en los países de su entorno.
Si se analizan las particularidades del conflicto colombiano, atendiendo a las estadísticas elaboradas anualmente por organismos nacionales e internacionales que velan por el cumplimiento de los derechos humanos, puede comprobarse que, cuantitativamente, es el propio Estado el agente que más ha incumplido el Derecho Internacional Humanitario, seguido de diferentes organizaciones paramilitares de extrema derecha -creadas y mantenidas con la clara connivencia y complicidad de los aparatos del Estado- y de los grupos insurgentes -como las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el Ejército de Liberación Nacional (ELN)-.
Por otro lado, que el mayor número de violaciones a los derechos humanos sea responsabilidad de agentes del Estado, le haría cuestionarse a cualquier observador imparcial que en Colombia funcionen los mecanismos y garantías de un Estado de Derecho. La última de las modalidades conocidas de violación de derechos humanos por parte de actores del Estado son las ejecuciones extrajudiciales llevadas a cabo de manera sistemática por la fuerza pública y reconocidas por el propio gobierno: ha sido mundialmente notorio el caso de los llamados «falsos positivos», muchachos que el ejército colombiano sacó de sus regiones, llevó a otras partes del país y asesinó para luego presentarlos como guerrilleros muertos en combate. Fuentes de las familias cifran en 1.500 personas los casos de falsos positivos.
Otro ejemplo de la realidad actual de los derechos humanos en Colombia la constituye la desaparición forzada de personas: el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (MOVICE) contabiliza al menos 15.000 desaparecidos por los grupos paramilitares, mientras la propia Fiscalía de la Nación eleva la cifra a 28.900 y el Informe «Rompiendo el silencio» del gobierno de EE.UU habla de 51.000 desapariciones hasta la actualidad. [3] Y qué decir de los niveles récord de desplazamiento forzado interno: en 2006, el representante del secretario general de Naciones Unidas para los derechos humanos de las personas desplazadas estimó en más de tres millones el número de desplazados dentro del país; la violencia contra las mujeres: como parte de las dinámicas del conflicto armado, las mujeres sufren violencia física, psicológica y sexual en la lógica de «lesionar al enemigo»; la persistencia del paramilitarismo y de las relaciones entre políticos y grupos paramilitares: actuales y pasados congresistas, gobernadores, alcaldes y concejales están siendo investigados, y en muchos casos han sido detenidos, por sus vínculos con las estructuras paramilitares.
Y todo ello en un contexto de impunidad sin precedentes, tanto por limitaciones del poder judicial como a consecuencia de una legislación -como el caso de la famosa ley 975, conocida como de «Justicia y Paz»- que, en la práctica, ha impedido imputar en las instancias judiciales a los responsables de graves crímenes contra la humanidad.
Por su parte, el Estado se dedica a deslegitimar y criminalizar a cualquier voz que clame por el respeto a los derechos humanos, la humanización del conflicto o la resolución política del mismo. Y es que, para el Estado colombiano, todo aquel que no muestre su total adhesión a sus postulados se convierte automáticamente en aliado de la insurgencia y, como tal, en enemigo a batir. Si el crimen y la violación de los derechos humanos han sido la práctica habitual durante los últimos cincuenta años en Colombia, hay que constatar que desde 2002 se produjo un salto cualitativo en esa forma de actuar: la apertura por parte del gobierno de Álvaro Uribe de un denominado «frente de guerra jurídica» supuso la puesta en marcha de una campaña de criminalización y de represión con aún mayor intensidad, tanto contra dirigentes sociales, en general, como contra defensores de los derechos humanos, en particular. Y Colombia sigue siendo el país del mundo donde son asesinados más sindicalistas cada año por el simple ejercicio de sus actividades de representación sindical.
En los últimos años se han venido dando, además, preocupantes casos de criminalización y persecución a la oposición política, a instituciones del Estado como la Corte Suprema de Justicia y a numerosas organizaciones de derechos humanos. Las escuchas ilegales -conocidas en Colombia como «chuzadas»- de comunicaciones privadas, los seguimientos, las amenazas a las y los defensores de derechos humanos y a sus familias, la entrega de información sobre su seguridad personal a miembros de los grupos paramilitares, acciones todas ellas realizadas de forma generalizada y prolongada por el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), nos ponen ante la evidencia de actuaciones en el aparato del Estado colombiano que son propias de organizaciones criminales. Y han sido hechos que no sólo se realizaron en Colombia, sino también en Europa, como lo atestiguan los recientes documentos encontrados en el DAS que han llevado a la interposición de una querella contra el expresidente Álvaro Uribe en la Audiencia Nacional española. [4]
En enero del año pasado, una misión internacional de observación compuesta por diputados y senadores del Estado español concluyó, tras efectuar una visita sobre el terreno al país, que es necesario «instar al gobierno colombiano a reconocer públicamente la existencia de un conflicto armado interno, a cumplir con su obligación de observar y defender la ley, de respetar, proteger y hacer realidad los derechos humanos y a garantizar a todas las víctimas la justicia y la reparación», y que por ello se debe «vincular la firma del Tratado de Libre Comercio entre Colombia y la Unión Europea al respeto de los derechos humanos en este país». [5]
El apoyo internacional al gobierno colombiano
A pesar de este cuadro desolador en cuanto a la situación de los derechos humanos, la comunidad internacional ha apoyado en los últimos años al gobierno colombiano, que ha logrado así firmar diferentes acuerdos comerciales y obtener el reconocimiento por su «incansable lucha por la paz». En este sentido, el expresidente Álvaro Uribe recibió en 2009 el «Premio a la Libertad Cortes de Cádiz», otorgado por el ayuntamiento de Cádiz, por su contribución «a la erradicación de esta lacra del terrorismo con constancia y corazón grande», un argumento similar al que le sirvió para obtener en 2010 el premio «La puerta del recuerdo», concedido por la Fundación Universitaria San Pablo CEU. Además, en 2010 Uribe fue premiado como personaje del año por la embajada española en Colombia -en un galardón patrocinado por las empresas Planeta y BBVA-, porque, según se dice en el comunicado oficial, «desde la firma del Acuerdo de Asociación Estratégica, en el 2008, los dos países mantienen relaciones privilegiadas, como lo demuestra el creciente volumen de inversión española y el flujo de intercambios entre sus sociedades». [6]
La llegada de Juan Manuel Santos a la presidencia del gobierno en agosto de 2010 suscitó esperanzas en parte de la población colombiana, de la clase política española y europea y de sectores «progresistas» de la sociedad. Muchos recibieron a este gobierno y sus buenas palabras, así como a su nuevo talante a la hora de afrontar las cuestiones relativas a los derechos humanos, con la esperanza de un cambio tanto en cuanto a su garantía como para su fomento y protección. Sin embargo, hay que reseñar que las políticas de «Seguridad democrática» impulsadas por el gobierno de Uribe, bajo las cuales se produjeron las citadas violaciones a los derechos humanos, se desarrollaron con Santos como integrante fundamental del ejecutivo: el ahora presidente fue ministro de Defensa con Uribe entre 2006 y 2009. Vale la pena recordar que hace tres años un juez de Ecuador dictó una orden de captura en su contra por su responsabilidad en la llamada «Operación Fénix», el ataque de las fuerzas armadas y la incursión en territorio ecuatoriano que, entre otras personas, dio muerte a Raúl Reyes, comandante de las FARC.
A día de hoy, podemos afirmar, en base a los hechos, que poco o nada se ha hecho para revertir efectivamente la situación de los derechos humanos en el país. Y es que, hasta el momento, pareciera que el cambio prometido en Colombia se queda en meras palabras y en el hecho de nombrar a un exsindicalista como vicepresidente de la República. De este modo, se trata más de una modificación cosmética -nombramientos, discurso, talante- que de un cambio de fondo estructural y profundo, que sería lo que las distintas misiones internacionales, observadores, relatores de Naciones Unidas, ONG y sectores sociales plantean como necesidad para revertir la situación de derechos humanos.
A finales de octubre de 2010, el Grupo Interdisciplinario por los Derechos Humanos (GIDH) y otras organizaciones presentaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) el informe «Las palabras y los hechos. Los primeros 75 días del Gobierno de Juan Manuel Santos y la situación de los derechos humanos». En dicho documento, que fue elaborado por la Coordinación Colombia Europa Estados Unidos (CCEEEU) -una plataforma que agrupa a 200 organizaciones pro derechos humanos-, se señala que 22 activistas, un periodista y un juez murieron durante los primeros dos meses y medio del mandato de Santos. En vista de estos hechos, María Victoria Fallon, del GIDH, afirmó que existe una «continuidad con otro lenguaje» entre el gobierno actual y el anterior en lo que se refiere a la realidad de los derechos humanos en el país. [7]
El proyecto de restitución de tierras ha generado la violenta reacción de las estructuras que, al amparo del Estado, se enriquecieron con las políticas mafiosas y usurparon las tierras de los campesinos: esto se refleja en el asesinato de al menos ocho hombres y mujeres líderes en materia de restitución de tierras, así como amenazas a más de veinte personas y 69 organizaciones por parte del «Bloque Central de las Águilas Negras» (grupo paramilitar) el pasado 10 de octubre de 2010. Además, más de cien indígenas fueron asesinados a lo largo de todo el pasado año, ante la pasividad de las autoridades del gobierno actual. Y, desde la llegada de Santos al gobierno se siguen produciendo numerosos hostigamientos, amenazas y ataques a defensores y defensoras de derechos humanos, dirigentes sociales y sindicalistas que denuncian ejecuciones extrajudiciales cometidas por la fuerza pública. Varios líderes sociales y de derechos humanos han sido encarcelados y judicializados en el mandato de este gobierno, en un marco de montajes judiciales y faltas al debido proceso. Y no deja de ser preocupante la salida del país de personas vinculadas al Departamento Administrativo de Seguridad y a la «parapolítica». Estos hechos pueden ser interpretados, por tanto, como actuaciones que favorecen la impunidad en el país.
Todo ello parece ser ignorado por el gobierno español, que, de la misma manera que cerró los ojos ante las innumerables violaciones a los derechos humanos cometidas bajo el mandato del expresidente Uribe, pretende ir en la misma línea con el actual mandatario colombiano. Así, uno de sus portavoces más representativos en política exterior, el eurodiputado Emilio Menéndez del Valle, afirma que «una parte de la sociedad civil organizada y significativos sectores sindicales continúan responsabilizando al Poder Ejecutivo y a los servicios de inteligencia (DAS) de un cierto tipo de terrorismo. Pero están anclados en el pasado. Un pasado reciente, pero pasado». [8] Asimismo, habla de la protección y garantía de los derechos humanos individuales y de las comunidades indígenas. Al afirmar esto parece desconocer los señalamientos que numerosas organizaciones sociales, sindicales y de derechos humanos colombianas han señalado en este sentido.
El europarlamentario del PSOE hace mención a dos hechos significativos. En primer lugar, se refiere a las declaraciones del presidente Santos durante la IX Asamblea del Tribunal Penal Internacional: «Vengo a proclamar nuestra decisión de combatir la impunidad […] Y a expresarles la voluntad del gobierno de Colombia de reconocer y hacer efectivos los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación». Es una pena que tan hermosas palabras no se reflejen en los hechos diarios que vive la sociedad colombiana y que, a pesar de los aplausos prematuros de los gobiernos europeos, con el español a la cabeza, esta actitud no deje de ser un discurso para la «comunidad internacional». En segundo lugar, destaca de forma sobresaliente la ley de víctimas como el instrumento que resarcirá a las mismas del despojo de sus bienes. Eso sí, no señala, como sí lo hacen las asociaciones de víctimas colombianas, que es una ley insuficiente para una política integral de reparación, entre otras cosas, porque no reconoce que en el país se vive un conflicto armado interno y porque no da garantías de protección a las víctimas para poder reclamar sus tierras, viviendas, ganado, etc.
Garzón, ¿asesor del gobierno colombiano sobre derechos humanos?
En este contexto, el juez Baltasar Garzón ha sido propuesto, con el apoyo del ejecutivo español, para ser asesor del actual gobierno colombiano en materia de derechos humanos. Como es conocido, Baltasar Garzón fue suspendido cautelarmente en sus funciones por el Consejo General del Poder Judicial en mayo del año pasado -tras declararse competente para investigar los crímenes del franquismo y llevar la instrucción de la «trama Gürtel», una presunta red de corrupción política vinculada al Partido Popular-, y en la actualidad ejerce como consultor externo de la fiscalía del Tribunal Penal Internacional de La Haya. «Estamos en conversaciones, sí, para que él nos preste una asesoría en materia de derechos humanos», afirmaba el presidente Santos hace unos días, y añadía que «Garzón tiene una gran experiencia en muchos frentes donde para nosotros podría ser muy útil su asesoría».
Ante todo ello, como mínimo se plantean interrogantes como los siguientes: ¿por qué el actual gobierno no defendió que Garzón pudiera seguir instruyendo el caso de la memoria histórica en el Estado español?, ¿por qué el juez estaba dispuesto a esclarecer los crímenes de la dictadura franquista pero ahora va a asesorar a un gobierno con graves antecedentes de violaciones de los derechos humanos? De hecho, se hace difícil de entender que un juez que, desde hace años, conoce la realidad de los crímenes y abusos cometidos con el apoyo o la aquiescencia del gobierno colombiano, y que asimismo se ha venido relacionando con las organizaciones indígenas del departamento del Cauca -recientemente, animó al Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) a no cesar su lucha contra la impunidad y se brindó a acompañarles en diferentes procesos que tienen pendientes con el gobierno- ahora vaya a asesorar a un gobierno que no respeta los derechos de los pueblos indígenas y bajo cuyo mandato han asesinado ya a varios de sus líderes.
En definitiva, ¿tendremos que darle la razón a los que piensan que todo queda en un intercambio de intereses a cambio de diversas contrapartidas? Porque el caso es que, de confirmarse que Garzón fuera nombrado asesor en materia de derechos humanos, el gobierno colombiano mejoraría su imagen internacional y Santos dispondría de un aliado en la Corte Penal Internacional ante la posibilidad de llevar a dicho tribunal al expresidente Uribe. Al mismo tiempo, ese lavado de cara haría que el gobierno español viera facilitada la firma del Tratado de Libre Comercio entre Colombia y la Unión Europea, mientras Garzón, a su vez, contaría con el ejecutivo español como aliado ante los procesos judiciales abiertos en su contra y que en breve tendrá que afrontar.
Llegados a este punto, donde parece que los diferentes actores involucrados en este asunto quedarían satisfechos, sólo nos asalta una pregunta: ¿en qué lugar quedan los derechos humanos y los derechos de las víctimas en Colombia? Al final, ¿serán estos planteamientos sólo un fruto de nuestra imaginación? En cualquier caso, parece que no tendremos que esperar mucho para tener la respuesta adecuada.
Luis Nieto, coordinador de la Asociación Paz con Dignidad, y Pedro Ramiro, investigador del Observatorio de Multinacionales en América latina (OMAL)-Paz con Dignidad.
Notas
[1] «Presidente Santos confirma contactos con juez Baltasar Garzón», El Espectador, 25 de enero de 2011.
[2] «El Gobierno ayuda a Garzón a buscar un puesto en Colombia», ABC, 24 de enero de 2011.
[3] Colombia no ratificó hasta el mes de octubre de 2010 la convención internacional para la protección contra las desapariciones forzadas.
[4] La querella, presentada por la Plataforma Justicia por Colombia el 27 de octubre de 2010 -la víspera de la visita de Uribe para recoger un galardón del Observatorio Internacional de Víctimas del Terrorismo de la Universidad San Pablo CEU, que premió también a José María Aznar-, se dirige contra Uribe, Jorge Aurelio Noguera (director del DAS entre 2002 y 2006) y Germán Villalba, y fue admitida a trámite a mediados de diciembre de 2010. (Fuente: «Una jueza española investigará la trama de espionaje de Uribe», Público, 18 de diciembre de 2010.)
[5] La misión de verificación de DDHH en Colombia estuvo compuesta por representantes de Convergència i Unió, Partit dels Socialistes de Catalunya, Esquerra Republicana de Catalunya, Entesa Catalana, Aralar, Izquierda Unida y Eivissa pel Canvi. El informe final de la misión puede consultarse aquí.
[6] Pedro Ramiro, «Multinacionales españolas en América Latina: Nuevas estrategias para extenderse a nuevos mercados», Pueblos, nº 43, julio de 2010.
[7] En concreto, el informe detalla la muerte de cinco activistas defensores de las tierras, siete líderes indígenas, una defensora de los derechos humanos, cinco sindicalistas, dos mujeres educadoras comunitarias y dos miembros de organizaciones de la comunidad lésbica, gay, bisexual y transexual (LGBT). Además, da cuenta del homicidio del juez Pedro Elias Ballesteros Rojas y el periodista Rodolfo Maya Aricape, corresponsal de una radio comunitaria indígena. Otro caso documentado es el asesinato de tres niños en el Municipio de Tame el 14 de octubre de 2010 que, según las organizaciones, fue perpetrado por miembros de un batallón adscrito a la Brigada Móvil nº 5 de la VIII división del ejército.
[8] Emilio Menéndez del Valle, «Colombia ante el desafío del cambio», El País, 9 de febrero de 2011.