Desde febrero pasado las trabajadoras de los centros de acogida a mujeres maltratadas gestionados por AGISE (Andaluza de Gestión Integral de Servicios Especializados), están en huelga como medida de presión y protesta, por el empeoramiento paulatino de las condiciones de trabajo, los despidos y las medidas arbitrarias contra las trabajadoras desde 1999, y el creciente […]
Desde febrero pasado las trabajadoras de los centros de acogida a mujeres maltratadas gestionados por AGISE (Andaluza de Gestión Integral de Servicios Especializados), están en huelga como medida de presión y protesta, por el empeoramiento paulatino de las condiciones de trabajo, los despidos y las medidas arbitrarias contra las trabajadoras desde 1999, y el creciente acoso moral ejercido por parte de la empresa en los últimos dos años. AGISE es la última de una sucesión de entidades (Solidaridad Democrática, CAVE, AIS y SEGRAMAAL), de las que siempre ha sido titular Alberto Arnaldo Arnaldo. Hoy, es la contrata responsable en toda la geografía andaluza de los centros de acogida a mujeres maltratadas, y como si se tratara de una sátira sobre las políticas institucionales, los servicios públicos y las empresas de «lo social», es el escenario de una situación de acoso y precariedad de trabajadoras responsables de la asistencia a mujeres víctimas de maltratos.
Según Agise, en una carta remitida a distintos colectivos de mujeres para contrarrestar las movilizaciones, estas no buscan más que «una negociación que concedería unas condiciones especiales para las trabajadoras de Granada, discriminando al resto de la plantilla». La misma carta afirma el reconocimiento de la antigüedad desde el año 98 para «+ del 40% de la plantilla», y define el actual Convenio Colectivo como «pionero y progresista… que reduce la jornada -sin reducción económica- de 40 a 37 horas semanales y de 37 a 35 horas semanales para 2005; amplía los permisos y licencias… recogiendo la novedad de conceder 20 días de permiso retribuido en el supuesto de matrimonio o inscripción como pareja de hecho; establece 40 horas anuales retribuidas para dedicarlas a formación y reciclaje profesional…». Por su parte las huelguistas denuncian tanto el Convenio que no fue firmado por la delegada de Granada, como su posterior imposición con sistemática mala fe: «turnos imposibles de realizar, que contravienen los principios mínimos de conciliación de la vida familiar y laboral; Negativa a la concesión de días de asuntos propios; Impiden los cambios de turnos; Se niega la formación; Cambia la dinámica de trabajo, desaparecen las reuniones de equipo, las decisiones son tomadas unilateralmente por la Dirección del Equipo; La dirección trata de poner a las mujeres acogidas en contra de las trabajadoras, haciéndoles firmar escritos por el que manifiestan lo malas profesionales que son y el mal trato recibido; Cambios de despachos con el fin de aislar a las trabajadoras; Persecución sindical, en connivencia con las delegadas de algunas provincias y de UGT, convocan nuevas elecciones para quitar a la actual delegada de CCOO».
Aunque hace pocos meses que se ha hecho visible, el conflicto realmente está abierto desde febrero del año pasado, cuando las trabajadoras hacen llegar a la empresa sus quejas y reivindicaciones, recibiendo un no rotundo por parte de la dirección, que lejos de abordar las cuestiones puestas sobre la mesa responde jerarquizando al máximo la organización del trabajo y endureciendo su posición. Hasta aquí, con casi 100 días de movilizaciones a la espalda, y a las huelguistas les ha dado tiempo de hacer un recorrido casi completo por el sistema de relaciones públicas por el que se rigen las instituciones, los partidos y los intereses privados en torno al negocio de lo social. La privatización de un servicio público, la precarización de las trabajadoras, la connivencia entre los intereses políticos, institucionales y empresariales, y la miseria moral de María Teresa Jiménez (directora del IAM) o de un José Chamizo incapaz siquiera de hacer una declaración pública en apoyo a las trabajadoras, son una clase práctica de como funcionan las cosas.
– ¿De que manera funcionan ahora mismo los centros de acogida?
Desde hace mas de un año que empezó el conflicto con la empresa, las reuniones de equipo desaparecieron, con lo cual lo que es el trabajo en equipo pues ya no se hace. Son todo ordenes unidireccionales, vienen a través de la directora, la que nos trasladaron en el mes de octubre. Y esta mujer lo que hace es que impone las decisiones sobre como se tiene que trabajar con las mujeres.
Una vez que nos pusimos de huelga, aquí en Granada, concretamente en el centro de acogida, todas las trabajadoras estamos en huelga. Solamente queda la directora. Y en el centro de emergencias despidieron a tres compañeras, con lo cual hay tres que entraron en su lugar, quedaron tres de las que había anteriormente, y una de ellas está en huelga.
– ¿Cómo afectan las condiciones de trabajo en que estáis vosotras al trato que luego se le da a las mujeres afectadas?
Las condiciones la verdad es que han ido empeorando. En Solidaridad se hacían contratos fijos, hacíamos 37 horas y medía, se cubrían las 24 horas del día de los 365 días del año, pero en otras condiciones. Había gente específica para los fines de semana y conforme hemos ido pasando de unas entidades a otras se nos han ido mermando derechos. Hay gente que llevamos trabajando 16 o 17 años, incluso 18 años algunas compañeras, y hemos tenido contratos de obra y servicio anuales y perdiendo derechos siempre. Las peores condiciones son las últimas.
Lógicamente si las trabajadoras no estamos en unas condiciones que no son las mas dignas ni las mejores tiene que repercutir sin mas remedio en las mujeres. Y por supuesto, si en un centro estamos en huelga todas, no entiendo como ese centro sigue funcionando, a no ser que se esté trasladando gente de otros sitios para hacer ese servicio. Si la trabajadora social no está, si la psicóloga no está, si la abogada no está quiere decir que ese tipo de asesoramiento no lo tienen, a no ser que se lo estén prestando otras personas. Y si estamos cinco educadoras y las cinco estamos en huelga, que me cuenten como se puede cubrir un servicio las 24 horas del día.
Cuando empezó la huelga, al día siguiente empezaron a trasladar mujeres, trasladaron tres a otros centros. Una estuvo presionada hasta el punto que tenia que operarse y no querían quedarse con los niños, y se volvió con su marido, una mujer que además iba a salir perfectamente de la situación. A otras se les contrató unos pisos de tutela y se les ha ido trasladando. Sabemos que en la casa últimamente lo que hay son tres o cuatro mujeres. Si la casa tiene capacidad para 24 personas y estamos hablando de que halla tres mujeres, lógicamente la casa está infrautilizada, y no es el caso de que hallan descendido los malos tratos.
Hay una cosa que ha cambiado respecto al principio del conflicto. La empresa siempre ha mantenido que los despidos son finalización de contrato. Ya no son finalizaciones de contrato, ya tenemos sentencias, ahora son despidos. ¿Y ahora que?. ¿Las instituciones van a seguir respaldándolos incluso no sirviendo los argumentos que ofrecen?
– ¿Qué papel han jugado las instituciones, la prensa, los sindicatos, el defensor del pueblo… en el proceso por el que estáis pasando ahora mismo?
– Hace un año, cuando comenzamos, lo primero que hicimos fue dirigirnos a la empresa. Una vez que la empresa nos cerró las puertas a cualquier tipo de negociación, al primer sitio al que nos dirigimos fue a la coordinadora provincial del Instituto de la Mujer aquí en Granada. Ella nos dijo que esto era un problema laboral y que no tenía nada que decir y nada que hacer, que si nosotras íbamos a los medios de comunicación que denunciáramos todo lo denunciable. Nosotras lo denunciamos todo en el mes de marzo del 2003 y después nos dirigimos al secretario general del PSOE de Granada y a la secretaria del área de la mujer, tres cuartos de lo mismo. Estábamos casi a comienzos de la campaña electoral del año pasado y nos pidieron tiempo. Les dijimos que después de la campaña, no queríamos tampoco que se hiciera de esto un tema político, pero después de la campaña nunca mas se supo. También estuvimos hablando con Mariano Gutiérrez Terrón (Delegado de Gobierno de la Junta en Granada), que es el único que después nos ha seguido recibiendo, es el único que ha sentado a las partes en una mesa, pero respuesta efectiva no ha habido..
Las instituciones que son las que realmente tienen que estar velando porque esto se solucione, en 90 días de huelga no han hecho nada. Ahora pensamos que quizás si fuéramos hombres no hubiéramos llegado a los 90 días, porque seguro que se nos hubiera tomado mucho mas en serio, seguro que incluso se hubiera pensado que nuestras familias dependen de nosotras, cuando en algunos casos es así.
Nosotras tenemos la esperanza de que por parte de la Consejería de Igualdad y Bienestar Social hay un cambio de talante, tanto que habla Zapatero, pues esperamos que efectivamente haya cambio de talante y sea aplicado por los de su partido y en este caso por la Junta de Andalucía.
En cuanto a los sindicatos, la empresa ya se encargo hace varios años de quitarse a los sindicatos de en medio. Nosotras lo que hicimos es que hace un año y pico, cuando empezó el conflicto, buscamos un asesor jurídico privado, que ha sido el que nos hizo la impugnación del convenio y después nos ha ido llevando los despidos. Ahora si tenemos respaldo de CGT y de Comisiones Obreras. Ahora mismo ellos están ahí, están organizando movilizaciones, nos están dando su apoyo. Luego hay otros sindicatos, como por ejemplo el de Estudiantes, asociaciones de mujeres, foros, organizaciones, entidades sin ánimo de lucro, parroquias. La gente de a pie, ahí si notamos el respaldo y el apoyo de la gente de la calle.
El Defensor del Pueblo, cuando nosotras acudimos le pedimos que mediase en este conflicto.
Nos remitió una carta, que había intentado intervenir pero que ante la postura tan férrea que mantenía la empresa de no a todas nuestras reivindicaciones, era imposible sentarse en una mesa de negociación.
– ¿Habéis sufrido presiones para dejar la huelga?
– La mayor presión la tuvimos el segundo día de huelga, cuando llegaron las mujeres llorándonos porque estaban trasladando a sus compañeras, fue de los peores momentos que hemos pasado en esta huelga. La empresa les dijo que no podían mantener el servicio, y estaban trasladando a gente a otros sitios. En cuestión de 24 horas trasladaron a tres familias. Pensamos que por ahí la empresa quizás ha intentado presionarnos, porque saben que para nosotras son muy importantes las mujeres. A través de los medios de comunicación también han sacado notas de prensa, utilizando a las mujeres, pidiendo a las trabajadoras que desconvocáramos la huelga porque ellas eran las mas perjudicadas. Aunque aún así la empresa sigue diciendo que la casa sigue funcionando con toda la normalidad del mundo.
La directora se encargó de hablar una por una, para decirles que nosotras éramos malísimas, que no nos hicieran caso, que cualquier queja que tuviesen nuestra se lo comunicasen, porque seria la única forma de poder despedirnos. Algunas entraron al juego, y otras por la relación de confianza nos lo contaron. De hecho lo que nos hizo lanzarnos a la calle, a parte de los despidos, es la manipulación que se estaba haciendo de las mujeres. Nosotras somos muy serias, muy escrupulosas en nuestra forma de trabajar, sabemos que trabajamos con personas, no son cajas de cerillas, no son muebles, y es algo que nosotras ya no podíamos soportar más.
Además tenemos que ser coherentes. Nosotras estamos diciéndoles todos los días, tenéis que denunciar las situaciones que estáis pasando, no permitáis que avasallen vuestros derechos, que os avasallen como personas… ¿Y cuando a nosotras nos tocan nos callamos la boca? ¿Cómo le voy a decir a una mujer que denuncie cuando yo no denuncio? ¿Con que cara se lo digo?. Tenemos que ser coherentes con nuestros principios.
– ¿Hay una contradicción entre el nivel de sensibilización social, de publicidad institucional y de aparición en los medios, y de la calidad de la asistencia y las condiciones de trabajo?
– Al instituto o a la administración lo que les importa son los números. En ese sentido nosotras entendemos que el trabajo que hemos estado desarrollando a lo largo de estos años, el proyecto que salió precisamente desde aquí (de las educadoras que algunas llevan ya trabajando hasta 18 años), ha ido mejorando con el paso de los años, hay mucha experiencia. En ese sentido, la prestación del servicio como un equipo multidisciplinar donde todas hemos podido participar en la toma de decisiones, evidentemente ha habido calidad en el servicio.
Desde hace un año a nosotras ya nos impiden participar en esa toma de decisiones. De hecho, el traslado de la directora nueva viene ha impedirnos la participación, negarnos información, quitarnos autoridad… No sabemos si eso ha podido influir en la calidad del servicio, entendemos que algo sí.
De todas formas una cosa es el servicio que se está prestando en las casas (nosotras podemos hablar del servicio que nosotras hemos prestado en Granada que puede ser mejorable pero es bastante aceptable) y otra cosa es con lo que las mujeres se encuentran antes y después de salir de las casas. Es una situación que no se puede atajar solamente pensando que las mujeres van a estar en las casas y se les va a solucionar el tema. Es una historia totalmente social. Mientras salgan en condiciones laborales pésimas, mientras no tengan una mínima preparación, mientras la sociedad siga amparando este tipo de maltrato, desde luego no vamos a llegar a ningún sitio. El cambio debe ser mucho más amplío y debe de abarcar muchos más ámbitos.
Es que además se encuentran con los mismos problemas que se puede encontrar cualquier madre de familia separada o madre soltera. Que no tienen guarderías, que los horarios de trabajo no se adaptan a los horarios de colegio, condiciones laborales precarias, mucha economía sumergida, acceso a la vivienda muy difícil. Se encuentran con los problemas que cualquier ciudadano de a pie puede tener. Esos temas, mientras están en la casa de acogida están prácticamente cubiertos.. Lo que se trabaja en la casa de acogida es la solidaridad entre ellas, para que cuando salgan, esos problemas que se van a encontrar lo puedan cubrir entre ellas.
Pero claro eso solo se da en casos concretos.
Un plan integral debería abarcar mucho mas, debería empezar por la educación, por no ser tan permisivos con determinados comportamientos, o por que los jueces apliquen las leyes como tienen que aplicarlas, o porque los maltratadores realmente cumplan sus penas… No creo que solamente el hecho de que existan las casas de acogida, por muy bien que trabajen, vaya a paliar el problema o vaya a hacer que el problema desaparezca.
– La postura del IAM ha sido mucho más de proteger sus intereses institucionales y de partido, antes de tomar una postura ética o una postura de género, de defensa de la situación de las mujeres trabajadoras y sobre todo de salvaguarda de las mujeres afectadas. ¿Hay una contradicción entre los intereses del feminismo institucional o de las instituciones que supuestamente defienden a las mujeres, y los verdaderos intereses de la mayoría de las mujeres trabajadoras, maltratadas… ?
– Si, la verdad es que ya con Paqui Vigueras que es la coordinadora provincial, y después con Teresa Jiménez en la entrevista que tuvimos con ella, vimos que había un apoyo total y absoluto a la empresa. Consideraban que era empresa suya. Hablaban de su empresa. Cuando fuimos ha hablar al Instituto de la Mujer por primera vez, pensábamos que íbamos a nuestra casa, con independencia de que el servicio público que prestamos depende de ellos, entendemos que somos mujeres con una problemática laboral concreta, y al menos deberíamos de encontrar ese respaldo. Y esa es la denuncia que nosotras hacemos, que no hay coherencia entre lo que predican y lo que practican, nos lo han manifestado también las asociaciones de mujeres con las que nos hemos reunido, en las que denuncian esa situación. Que son feministas de palabra pero no de obra.
– ¿Veis que hay alternativas a la tutela de instituciones con intereses políticos detrás y a empresas que al fin y al cabo ven la cuestión como un negocio?
– Si esto funciona con dinero público, lo mínimo que tendría que haber es, de alguna manera que las instituciones velaran porque el servicio tenga unas mínimas características. No se puede decir que yo doy un dinero y que la empresa lo utiliza como le da la gana, porque tu tienes una responsabilidad con respecto a que se está haciendo con ese dinero. Y creo que tendría que ser la administración pública la que tendría que ser garante de que el servicio fuera lo más escrupuloso posible, dentro de la legalidad al máximo, y esa fue nuestra máxima sorpresa cuando topamos con las instituciones. Si hay un dinero que es de todos, que está destinado a una cosa muy concreta, que menos que veles porque eso sea así. No se puede utilizar un dinero para maltratar a un colectivo de mujeres que en este caso somos nosotras, y para pagar caprichosamente los despidos. Porque los despidos han salido improcedentes y la empresa dice que va a indemnizar y aquí se termina todo. Y está «muy bien» que indemnices si eres empresario si el dinero es tuyo, pero si es un dinero que tu tienes que destinar a prestar un servicio público debes utilizarlo en eso, no en pagar tus caprichos, porque estas tres personas o seis personas despedidas no te gustan.
– Pero las instituciones al final dependen de partidos, y a parte intentan ahorrar lo más posible, terminan recurriendo a empresas como estas, y encima de todo se suelen mezclar. Yo le doy la concesión a la empresa que sé que es un tipo de mi partido porque sé que es con el que me voy a entender. Por eso pregunto si hay alguna alternativa a no depender de esos intereses que siempre van a estar ahí.
– Hombre, cuando tu das una adjudicación de un dinero público, se supone que no tendrías que dárselo a una persona que es de tu partido porque te vas a entender mejor con él. Tenemos que empezar por tener algún tipo de garantía, que para eso están las comisiones parlamentarias y para eso hay otra serie de cauces, para evitar ese tipo de cosas.
Luego, en el momento en que en el IAM te dicen que todo es restituible, entonces volvemos a la pregunta inicial de como se erradican los malos tratos. Si tu consideras que la dignidad de doce mujeres es restituible con dinero público, no estamos haciendo nada. Pensamos que la dignidad ni se compra ni se vende, pero la administración entiende que sí, que los derechos se restituyen. No entendemos como restituyes tú la dignidad. Te pueden restituir una casa que te quitan, un bolso que te roban, pero eso no. Si estuviéramos hablando de dinero pues a lo mejor seria restituible, pero como no estamos hablando de eso.
[AGISE] «A raíz de la constitución de esta mercantil, que permite una mayor agilidad en la gestión de las Casas de Acogida, la empresa realizó contratos fijos a 65 trabajadoras (+ de un 40% de la plantilla), reconociendo a las mismas una antigüedad desde 1988. El resto del personal, entre 153 y 200 trabajadores / as, se rige por contratos de obra o servicio… En febrero de 2003 se firmó el Convenio Colectivo… pionero en el sector en todo el país… Aunque en dicho convenio participaron las delegadas de personal de todas las provincias andaluzas… finalmente fue firmado por 7 de las 8 delegadas y ratificado por las respectivas Asambleas, al no comparecer Granada… El convenio es un acuerdo progresista que reduce la jornada -sin reducción económica- de 40 a 37 horas semanales y de 37 a 35 horas para 2005; amplía los permisos y licencias recogidas en el Estatuto en todos sus apartados, recogiendo la novedad de conceder 20 días de permiso retribuido en el supuesto de matrimonio o inscripción como pareja de hecho; 40 horas anuales retribuidas para dedicarlas a formación y reciclaje profesional; da la opción al trabajador/a de elegir la fecha del disfrute de 15 días de vacaciones -lo que refuerza la conciliación del trabajo familiar y laboral-; y establece, entre otras ventajas, un incremento anual del IPC real para los tres años de vigencia»
[Trabajadoras] Las condiciones la verdad es que han ido empeorando. En Solidaridad se hacían contratos fijos, hacíamos 37 horas y medía, se cubrían las 24 horas del día de los 365 días del año, pero en otras condiciones. Había gente específica para los fines de semana y conforme hemos ido pasando de unas entidades a otras se nos han ido mermando derechos. Hay gente que llevamos trabajando 16 o 17 años, incluso 18 años algunas compañeras, y hemos tenido contratos de obra y servicio anuales y perdiendo derechos siempre. Las peores condiciones son las últimas (Entrevista).
Cambios de horarios aplicando la normativa del Convenio, turnos por otra parte imposibles de realizar, que contravienen los principios mínimos de conciliación de la vida familiar y laboral; negativa a la concesión de días de asuntos propios; impiden los cambios de turnos; se niega la formación; cambia la dinámica de trabajo, desaparecen las reuniones de equipo, las decisiones son tomadas unilateralmente por la Dirección del Centro, impidiendo el trabajo multidisciplinar del Equipo; la direccióon trata de poner a las mujeres acogidas en contra de las trabajadoras, haciéndoles firmar escritos por el que manifiestan lo malas profesionales que son y el mal trato recibido; cambios de despachos con el fin de aislar a las trabajadoras; persecución sindical en connivencia con las delegadas de algunas provincias y de UGT, convocan nuevas elecciones para quitar a la actual delegada de CCOO (Información Básica)