Ante la aprobación, los próximos días 21 y 22 de marzo, de los presupuestos 2017, el Movimiento Ibérico Antinuclear en Cataluña (MIA Cat) entrega a todos los diputados y todas las diputadas del Parlamento un mensaje con un listado con las 1.040 personas y entidades que han apoyado el MANIFIESTO: NOS OPONEMOS A LA LEGALIZACIÓN […]
Ante la aprobación, los próximos días 21 y 22 de marzo, de los presupuestos 2017, el Movimiento Ibérico Antinuclear en Cataluña (MIA Cat) entrega a todos los diputados y todas las diputadas del Parlamento un mensaje con un listado con las 1.040 personas y entidades que han apoyado el MANIFIESTO: NOS OPONEMOS A LA LEGALIZACIÓN DE LA CONTAMINACIÓN RADIACTIVA.
El MIA Cat se ha dirigido personalmente a cada integrante de los grupos parlamentarios del PP, Ciudadanos, CUP, PDECAT, ERC, PSC y CSQEP recordándole que consideran que el Capítulo séptimo de la Ley de Presupuestos 2017 supone, al mismo tiempo, el reconocimiento oficial de la contaminación radiotóxico y una regularización de sus impactos sobre la salud mediante un «impuesto».
Siempre se ha manifestado desde la industria nuclear que las llamadas «bajas dosis», eran inofensivas. Todos los estudios realizados desde las instituciones han llegado a la conclusión de que no había relación entre las centrales nucleares y la salud de la población.
El aspecto positivo del Capítulo séptimo, reconociendo el carácter perjudicial de las radiaciones que emiten los reactores en su funcionamiento rutinario, queda anulado desde el momento en que una actividad considerada peligrosa para las personas, no es objeto de estudio, prohibición, o eliminación progresiva. La regulación de los impactos de salud de la contaminación radiactiva con un «impuesto», tiene efectos perversos, ya que a mayor radiactividad más ingresos para el gobierno; además se trata de un «impuesto» insignificante desde el punto de vista económico, una cantidad de dinero que se ha calculado como equivalente a tres semanas de funcionamiento de los reactores, y que puede ser recuperada por las compañías eléctricas en el curso de las negociaciones tarifarias con el gobierno. La ciudadanía terminaría pagando el derecho de estas compañías a envenenar el entorno con radiactividad.
Debido a las limitaciones de tiempo impuesto por la dinámica parlamentaria, y el mecanismo institucional de tramitación y aprobación de los presupuestos, desde el MIA Cat no hemos podido explorar vías de intervención directa de la ciudadanía en todo este proceso. Lo que hicimos fue promover, desde el pasado 15 de enero, un Manifiesto explicando los motivos de la oposición al Capítulo séptimo. Los diputados y diputadas han recibido un mensaje con un archivo en PDF que incluye los datos genéricos de las 1.040 personas y entidades que le han apoyado, desde personas anónimas, preocupadas por la radiactividad, a colectivos y profesionales de reconocida importancia en el campo de la salud, la investigación y la docencia universitaria que comparten su preocupación.
Desde el MIA Cat nos hubiera gustado que un tema de esta importancia para la salud y la calidad de vida de la población, hubiera sido objeto del debate público y social que merece. Por desgracia no ha sido así, y todo ha quedado reducido a un trámite administrativo e institucional.
En el texto dirigido a los grupos parlamentarios hacemos un llamamiento para que estos 1.040 apoyos les hagan reflexionar, y no voten a favor del Capítulo séptimo del Proyecto de Ley.