El juicio contra cinco activistas que se manifestaron en el entorno de las Cortes Valencianas el 9 de junio de 2011, día de la investidura del expresidente de la Generalitat Valenciana, Francisco Camps, concluyó ayer con la petición por parte de la Fiscalía de penas de prisión que oscilan entre los 6 meses y los […]
El juicio contra cinco activistas que se manifestaron en el entorno de las Cortes Valencianas el 9 de junio de 2011, día de la investidura del expresidente de la Generalitat Valenciana, Francisco Camps, concluyó ayer con la petición por parte de la Fiscalía de penas de prisión que oscilan entre los 6 meses y los cuatro años, por supuesto atentado contra agente de la autoridad y falta de lesiones, además de presunto delito de resistencia (en uno de los acusados). Los letrados de las personas encausadas pidieron su absolución.
Mientras se celebraba ayer la vista oral en el Juzgado de lo Penal número 6 de Valencia, organizaciones sociales como la Plataforma de Afectados por las Hipotecas (PAH) y el colectivo de Yayoflautas protestaban a las puertas de la Ciudad de la Justicia (donde se enjuiciaba a los cinco activistas) contra la «ley mordaza» y para pedir la libertad de los procesados.
Los hechos que han dado lugar al juicio ocurrieron hace cuatro años en las calles adyacentes a la sede de las Cortes Valencianas, cuando dos grupos de aproximadamente un centenar de personas protestaban contra la corrupción (en el momento de la toma de posesión como presidente del Gobierno Valenciano, Francisco Camps permanecía imputado). La convocatoria de la protesta apelaba a que los manifestantes asistieran trajeados y con bocadillos de chorizo.
Durante la segunda y definitiva sesión de la vista oral (la primera tuvo lugar el 23 de abril), los cinco acusados y sus abogados han tratado de probar, mediante diferentes vídeos, la incoherencia y la falsedad de las versiones policiales. También han señalado la ausencia de material probatorio por parte de la acusación, que únicamente ha aportado los testimonios de los policías. «Los agentes agredieron a una mujer y para justificar este hecho, después de un tumulto detuvieron a cinco personas; la policía ha cambiado tres veces de versión: en el atestado, en la vista previa y en el juicio oral; finalmente han ido ajustando su versión de los hechos a los vídeos presentados por la defensa», afirma en un receso del juicio M.P., uno de los activistas (miembro del 15-M) sentados en el banquillo. En su declaración final ante la jueza, M.P. ha señalado las «contradicciones» de la acusación.
También ha apelado al contenido de los vídeos P.T., quien asegura que su detención se produjo sólo por afirmar -ante un requerimiento policial- que no llevaba encima el DNI y que en ese momento debía desplazarse a su lugar de trabajo. «En ningún caso hubo resistencia ni forcejeos», añade. El testimonio de M.G. es el más largo y rotundo: «Que se haga justicia; todo esto forma parte de un abuso por parte de la policía; además de una gran mentira, se trata de una acción previamente programada para evitar que algunos medios informaran de la protesta contra la investidura de Camps». Uno de los testigos de la defensa señala que a M.G. «la policía se la llevó a rastras de una manera brutal y la inmovilizó en el suelo» (el mismo testigo asegura que la mayoría de los agentes no llevaba el día de los hechos el identificativo en la placa).
J.C. vuelve a las inconsistencias en las versiones de la acusación, a partir de los cinco audiovisuales expuestos en el juicio. «El agente que afirma que le he producido una lesión en los dedos es el que se lleva a M.G., mientras dos policías con casco me detienen; sabemos que éste es el modo de operar de la policía (en los vídeos aparece un infiltrado con un polo rojo». El último en declarar, J.V., ha afirmado que el de los detenidos el 9 de junio de 2011 «no es un caso aislado; se nos juzga por tratar de participar en la democracia, pero es con la justicia y la razón como se hacen las revoluciones».
Después de desmentir que J.V. tuviera relación con el lanzamiento de unas tijeras, su abogado recuerda que los testigos de la defensa «han acreditado la brutalidad policial». De hecho, «el origen de todo lo ocurrido es una carga brutal, excesiva, en la que se produjeron las detenciones». El letrado apunta asimismo el criterio sesgado de los testigos policiales: «No vieron a una señora en el suelo apaleada ni a un joven ensangrentado con camiseta verde, pero sí hipotéticos golpes y escupitajos a la policía».
Por otra parte, el abogado de M.P. y J.C. subraya que la acusación únicamente ha aportado las testificales de los agentes, «que son a la vez denunciantes y parte interesada». Así pues, «no han aportado ninguna prueba». Fueron además los agentes policiales, según el letrado, «quienes se saltaron su propio cordón y el vallado para meterse en la manifestación». A M.P., añade, «un policía le golpea y le tira al suelo; en uno de los vídeos aparece M.P. diciéndole a un agente por qué ha golpeado a una mujer y detenido a un compañero». En cuanto a J.C., «se le detiene por la espalda sin que esté haciendo nada». Sólo grita: «¿Por qué se me detiene?» y «¿De qué se me acusa?». El abogado ha concluido preguntándose por qué no se dispensa a personas como Rodrigo Rato el mismo trato que a quienes se manifiestan (como los cinco enjuiciados) contra la corrupción.
La defensora de M.G. sostiene que a ésta se le ha utilizado como «cabeza de turco», después que la policía golpeara a una mujer y se precipitaran las cargas. En cuanto a los testigos de la acusación, sostiene que quienes han declarado son subordinados del policía que acusa a M.G. «No hay ninguna prueba», reitera, en la misma línea que el resto de los letrados. Se pregunta, además, ¿cómo una joven de 1,50 metros y 50 kilogramos (cuando se produjeron las detenciones) puede agredir y causar una cojera a un policía corpulento de aproximadamente 1,85 metros? Por último, la abogada de P.T. niega que éste no quisiera identificarse ante los agentes; lo que dijo el activista, aclara su abogada, es que no portaba la documentación en ese momento y que se iba a trabajar. La detención se produjo sin resistencia y «de manera pacífica», según la defensora, quien califica de «mentira» las supuestas agresiones denunciadas por la policía.
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