En su intervención en los desayunos informativos de Europa Press, Conde-Pumpido opinó ayer que hay dos tipos de concepciones en relación con la Ley de Partidos, una que se atiene a lo que dice el texto legal y otra que considera que los 150.000 votantes de la izquierda abertzale no pueden votar y que son […]
En su intervención en los desayunos informativos de Europa Press, Conde-Pumpido opinó ayer que hay dos tipos de concepciones en relación con la Ley de Partidos, una que se atiene a lo que dice el texto legal y otra que considera que los 150.000 votantes de la izquierda abertzale no pueden votar y que son partidarios de crear una especie de «Guantánamo electoral».
«Es posible que nos hayamos pasado, pero ha colado», admitió el fiscal general tras afirmar que hay pueblos en los que prácticamente no existen candidaturas y «lugares donde no hemos dejado mucha salida».
A pesar de ello, defendió que la izquierda abertzale «no tiene privado su derecho al voto» y se ha mostrado «enormemente orgulloso» de la actuación del Ministerio Público y de la Justicia en este asunto.
Según su particular interpretación, en el proceso de apartar a la izquierda abertzale de la lista electoral «ha funcionado el bisturí, no el garrote. Hemos extirpado el cáncer sin hacer daño al paciente».
Advertencia
No obstante, el fiscal general español advirtió de que la Fiscalía se mantendrá «vigilante» para instar la ilegalización de ANV si aparecen otras circunstancias «jurídicamente relevantes».
Sin embargo, Conde-Pumpido se negó a precisar cuáles serían estas circunstancias ya que, según él, «lo que puede ser un indicio inmediatamente se presenta como una exigencia».
El fiscal, por otro lado, consideró que el llamamiento de la izquierda abertzale para otorgar el voto a ANV «no puede ser una causa de ilegalización» de esta formación.
La Fiscalía General, junto con la Abogacía del Estado, solicitó al Tribunal Supremo español la anulación de todas las candidaturas de electores de la izquierda abertzale y de 133 presentadas por ANV. Días después, tanto el Tribunal Supremo como el Constitucional dieron luz verde a las peticiones realizadas por los dos órganos estatales.