«Los dos presidentes de FGC [Ferrocarriles de la Generalitat] condenados a 54 meses de prisión salen a los 48 días». Enric Roig y Antoni Herce, los dos ex presidentes en cuestión, malversaron 2,7 millones al crear un fondo de pensiones ilegal. Hasta el momento, los ex directivos solo han devuelto una cuarta parte del dinero […]
«Los dos presidentes de FGC [Ferrocarriles de la Generalitat] condenados a 54 meses de prisión salen a los 48 días». Enric Roig y Antoni Herce, los dos ex presidentes en cuestión, malversaron 2,7 millones al crear un fondo de pensiones ilegal. Hasta el momento, los ex directivos solo han devuelto una cuarta parte del dinero que se llevaron. Son los titulares de algunas crónicas de Pere Ríos y otros periodistas de El País [1] en las que tomo pie.
El Departamento de Justicia de la Generalitat les ha otorgado el tercer grado penitenciario. Enric Roig, recuerdo brevemente, fue presidente de Ferrocarrils de la Generalitat entre 1993 y 1999; le sucedió un año en el cargo Antonio Herce. El presidente de la Generalitat era entonces el muy pero que muy intocable Jordi Pujol.
48 días en prisión, 13 días más que aquellos tres jóvenes estudiantes que fueron acusados, sin pruebas, de mover contenedores de basura en una huelga general contra las contrarreformas laborales y sociales. ¿Está clara la equidad de la justicia realmente existente? Como el agua tóxica.
El tercer grado supone la aplicación del régimen abierto para ambos presos. El pasado martes, 16 de julio, abandonaron la cárcel. A partir de ahora «solo tendrán la obligación de acudir para pernoctar de lunes a jueves». Ni siquiera hará falta que lo hagan en Quatre Camins, una prisión ubicada fuera de la ciudad. Podrán acudir «a un centro de régimen abierto que tiene la Generalitat en la prisión Modelo», en el centro de la millor botiga del món, en la izquierda del Eixample, para evitarse desplazamientos. Podrán llegar en metro aunque, según todos los indicios, no es ese su medio de transporte preferido.
El tercer grado fue acordado de manera unánime por la junta de tratamiento. «La junta la preside el director de Quatre Camins, José Custodio». Forman parte de ella el jurista de QC y diversos «profesionales». «Ninguno realizó objeciones al régimen abierto para los dos presos -¡ninguno!- y se valoró que eran delincuentes primarios», con voluntad de poder… perdón, perdón, con voluntad de devolver lo que se llevaron y, no se pierdan este añadido sustativo, «con un entorno social y familiar estable». ¡Toma cicuta doña Artura! ¡Las redes, definitivamente, son las redes la respuesta del millón de euros!
Recordemos el pasado que siempre vale la pena: los dos presos- delincuentes-primarios, «habían intentado evitar su ingreso en la cárcel con la petición del indulto al Gobierno». Les fue denegado, algo falló en los contactos. Duran i Lleida no tuvo suerte -o fuerza oscura- esta vez. La Audiencia de Barcelona, una instancia no controlada por la Generalitat, ordenó el encarcelamiento. La sentencia relata que en 1991 nuestros dos angelitos-grado-terciario «constituyeron un fondo de pensiones ilegal para directivos de espaldas a la Administración y sin control oficial». Al final, según consta en la sentencia, quince de esos directivos se repartieron los 2,7 millones. Una propinita, unos ahorrillos para la vejez. La pela és la pela.
Por este mismo caso, también fue juzgado Albert Vilalta, consejero de Medio Ambiente de la Generalitat con don Jordi y secretario de Estado de Infraestructuras con don José María. Los polos (aparentes) se unen armoniosamente. Los jueces sentenciaron que prevaricó como los demás, exactamente como los demás, «aunque él no cobrase ningún dinero». Fue absuelto. ¿Por qué? Porque el delito había prescrito. Pero, en todo caso, fue un delincuente. ¡Y todo un consejero, todo un secretario de Estado!
¿La decisión de la Generalitat se ajusta a la legalidad? Por supuesto, no son tan estúpidos. Pero supone, y este es el punto, «un trato de favor respecto a lo que es la práctica habitual con el resto de presos y a la aplicación de la legislación penitenciaria». Las clases sociales existen, ¿alguien lo había olvidado? De hecho, el Departamento de Justicia de la Generalitat dictó no hace mucho «la circular 2/12 en la que se asegura que el criterio general para la concesión del tercer grado penitenciario es haber cumplido la mitad de la condena». En el caso que nos ocupa, en el caso de los señores molt honorables Roig y Herce, serían 27 meses, más de 800 días. Han estado 48, el 6%. ¡Toma el frasco don Carrasco! ¿Para qué están las normas? Efectivamente: para trasgredirlas.
Además, por si faltara algo en el diseño global, el tercer grado implica «la concesión de 48 días de permiso al año». Don Roig y don Herce podrán empezar a disfrutar de este premio de manera inmediata. De esta forma, ¡la libertad condicional estaría a la vuelta de la esquina! A tocar!
El Código Penal establece, cosa más que razonable, «que para la concesión de la libertad condicional se valorará el resarcimiento del daño causado», el pago de la responsabilidad civil derivada del delito. Tampoco se da el requisito en el caso de nuestros delincuentes primarios: «solo han devuelto a la empresa pública unos 646.660 euros, lo que ni siquiera cubre una cuarta parte de los 2,7 millones que el Tribunal Supremo les condenó a pagar». Herce, hasta el momento, ha entregado a la entidad que presidió un total de 98.356 euros y «ha llegado a un acuerdo por el que ingresará 200 euros mensuales a su cuenta». ¡Doscientos euros mensuales! No se rían, es real como la vida y la injusticia mismas (la cantidad devuelta es muy inferior, desde luego, a los 276.465 euros que se embolsó en su día). Don Roig ha ofrecido dos fincas de su propiedad, unos 548.303 euros en total. La pensión que se llevó de manera ilegal superó el millón de euros, el doble aproximadamente. ¿Dónde estarán por cierto las cantidades restantes?.
La concesión del tercer grado que les ha concedido la junta de tratamiento puede ser recurrida, lo ha sido de hecho, por el fiscal ante el juzgado de vigilancia penitenciaria. El recurso, en todo caso, no paralizaría el régimen abierto del que ya disfrutan don Roig y don Herce. ¡No vengamos con tonterías!
Me olvidaba… Don Mas el soberanista, el president que se rió en sede parlamentario de los niños andaluces y gallegos, ha avalado que salgan de la cárcel los ex presidentes malversadores de FGC. Son de los suyos. Se amparó don Artur, como le vino en gana, en la «legalidad vigente» para defender el tercer grado. Durante su viaje oficial a Brasil, don Mas restó toda trascendencia a la medida de gracia que su Gobierno -insisto: su gobierno, el Departamento de Justicia- ha aplicado a los directivos: «Esto se hace siempre dentro de los marcos legales y, si las leyes lo permiten y lo hacen posible, pues se puede hacer… Todo esto se enmarca en la lógica de la legalidad … hay muchos otros precedentes» de concesiones de tercer grado penitenciario, que no especificó (la lista al final).
ICV-EUiA, incluso el PSC, han criticado la decisión de los servicios penitenciarios de la Generalitat. Han reclamado que el consejero acuda al Parlament «para dar explicaciones de la medida». Según parece, el resto (¿todo el resto?) de partidos guardaron silencio. ¿Fue así?
La fiscalía ve «absolutamente prematuro» que se haya concedido el tercer grado a Roig y Herce, que finalmente ahora solo acuden a dormir al centro abierto de la Trinitat de Barcelona (también se puede lega en metro). En su recurso contra esa decisión, el fiscal de vigilancia penitenciaria argumenta que el esfuerzo de los dos condenados por reparar el daño causado a las arcas públicas es «notoriamente insuficiente». ¡Menos mal! Ambos actuaron con «afán de lucro» y su función al frente de la empresa pública de la Generalitat «se enmarca en la llamada delincuencia de cuello blanco». ¡Claro como el agua no viciada! El supuesto arrepentimiento de los ex presidentes, prosigue el fiscal, «se debe más al temor al castigo que al rechazo de la actividad delictiva». El régimen de semilibertad carece de fundamento y finalidad y es excepcional. Más aún, las 8 horas que Herce y Roig pasan en la Trinitat (durmiendo) ofrecen «escasísimas posibilidades reales de tratamiento». Para reinsertarlos. ¡Qué risa doña Felisa!
El consejero de Justicia defendió ayer la decisión de la Generalitat. Sólo obedecía a criterios técnicos, no políticos, aseguró. Negó que existiera trato de favor. ¿No? Tomen nota: «fuentes penitenciarias explicaron que los días 21 y 22 de mayo, cuando Roig y Herce acudieron a Quatre Camins, lo hicieron acompañados de José Luis Valdivieso, subdirector general de Prisiones». ¿No es un hecho un pelín insólito?
PS: Hablando de antecedentes. No es la primera vez que la Generalitat concede el tercer grado a presos conocidos (aunque nunca había sido tan temprano), actuaciones que «casi siempre fueron anulados por los jueces». Algunos de los casos más célebres (¿se imaginan que no existieran esos controles y pudieran hacer lo que les sale del ombligo?:
Luis Pascual Estevill: tras cumplir más de dos años por una condena de nueve, el ex juez prevaricador obtuvo el tercer grado en 2008. El fiscal recurrió y el TSJC lo revocó.
Joan Piqué Vidal: el abogado de don Jordi Pujol en el caso de Banca Catalana obtuvo el tercer grado en diciembre de 2006 a los dos meses y medio de entrar para cumplir siete años. ¡Dos meses y medio! La justicia lo tumbó y logró la libertad a los tres años.
Javier de la Rosa: a los 26 días de entrar por el caso KIO para cumplir 20 meses (más de 600 días) le dieron el tercer grado con el aval judicial. En 2004 tardó 10 meses en lograr la misma medida por una pena de cinco años. Era amigo íntimo del suegro del yernísimo, el rey de España, el del por qué no te callas.
Josep Puigneró: el empresario se le concedió el tercer grado en 1997 a los dos meses de entrar… para cumplir cuatro años (48 meses). El juzgado lo revocó.
Carlos Navarro: el ex diputado socialista logró el régimen abierto en 1998 a los dos meses de entrar… para cumplir 11 años (132 meses) por el caso Filesa. La justicia se lo denegó.
Nota:
[1] He tomado pie en las siguientes informaciones:
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2013/07/09/catalunya/1373393919_838971.html
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2013/02/20/catalunya/1361393226_328950.html
Salvador López Arnal es miembro del Frente Cívico Somos Mayoría y del CEMS (Centre d’Estudis sobre els Movimients Socials de la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona; director Jordi Mir Garcia)
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