En un ambiente de secretismo, el Senado de Chile se prepara para aprobar un proyecto de ley denominado «Derechos de Obtentores Vegetales» (boletín Nº6355-01) que implicará, según organizaciones ambientalistas y de productores-consumidores orgánicos, la contaminación genética de especies vegetales; pondrá en peligro la semilla nativa, colocará en riesgo la agricultura orgánica y la competitividad de […]
En un ambiente de secretismo, el Senado de Chile se prepara para aprobar un proyecto de ley denominado «Derechos de Obtentores Vegetales» (boletín Nº6355-01) que implicará, según organizaciones ambientalistas y de productores-consumidores orgánicos, la contaminación genética de especies vegetales; pondrá en peligro la semilla nativa, colocará en riesgo la agricultura orgánica y la competitividad de las exportaciones de este sector; aumentará dramáticamente la dependencia de los agricultores a las transnacionales agroquímicas y elevará el precio de los alimentos.
Organizaciones de agricultores, sociales, ambientales y de consumidores se declaran en estado de alerta y movilización, porque mientras se legisla para mitigar los efectos del terremoto, el Gobierno está dando pasos para cumplir uno de los compromisos electorales del Presidente Piñera: la liberación de los transgénicos al mercado.
Avanza por vías paralelas, con proyectos que se tramitan en el Senado y a través de la nueva institucionalidad ambiental que ahora contempla incorporar los transgénicos al sistema de evaluación de impacto ambiental.
LA ESTRATEGIA OFICIAL
El Senado se prepara para aprobar a espaldas de la ciudadanía un proyecto de ley denominado «Derechos de Obtentores Vegetales» (boletín Nº6355-01) que implicará la contaminación genética de especies vegetales, pondrá en peligro la semilla nativa, pondrá en riesgo la agricultura orgánica y la competitividad de las exportaciones de este sector, aumentará dramáticamente la dependencia de los agricultores a las transnacionales agroquímicas, y elevará el precio de los alimentos.
Paralelamente, el ministro de Agricultura, José Antonio Galilea anunció que en junio y julio se presentarían las indicaciones al proyecto «Bioseguridad de Vegetales Genéticamente Modificados» (Boletín 4690-01) cuya tramitación se encontraba detenida en el Senado desde 2008, orientado a la liberación de los transgénicos.
Y al mismo tiempo, el gobierno y el SAG se disponen a elaborar un reglamento de la nueva Ley de Medio Ambiente (Ley 20.417) negociada por la Concertación con la derecha actualmente en el gobierno, que asegura la liberación al mercado de los transgénicos, por la vía de declararlos libres de impacto ambiental o ingresarlos al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA). La experiencia de la ciudadanía respecto de la institucionalidad ambiental y la participación en los procesos de EIA indica claramente que así las transnacionales lograrán la liberación de los transgénicos.
NUEVO COLONIALISMO
La urgencia por liberar sus semillas transgénicas al ambiente, tanto aquí como en América Latina se debe a que Europa ha cerrado las puertas a los cultivos transgénicos, aplicando políticas protectoras de la salud y el ambiente. El intento de liberar los cultivos transgénicos en Chile vía diversas «regulaciones» responde a los intereses y presiones de las corporaciones agrobiotecnológicas que no pueden utilizar el territorio de Europa para sus fines e inician así una nueva forma de colonialismo.
Los cultivos transgénicos son dañinos para la flora y fauna, el suelo y la salud humana. Hasta ahora ninguna empresa biotecnológica ha presentado estudios que comprueben la inocuidad de los transgénicos en la salud humana y animal. Por el contrario, cada vez se suman más estudios que demuestran que son una gran amenaza para la salud y el ambiente, lo que genera gran incertidumbre y medidas precautorias en todo el mundo. Pero las autoridades no atienden esas razones ni están interesadas en resguardar los cultivos orgánicos y tradicionales de los productores, no obstante su reconocida calidad a nivel internacional.
LA AMENAZA INMEDIATA
El proyecto de ley sobre «Derechos de Obtentores Vegetales» que tras su nombre oculta la privatización de la semilla nativa, cumple en demasía las nefastas condiciones impuestas por el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos.
Esta iniciativa es un requisito previo para la firma de un convenio internacional llamado UPOV 91 sobre propiedad intelectual de plantas. Abre las puertas a la expropiación y a la privatización de la biodiversidad agrícola y silvestre de Chile al posibilitar que haya derechos de propiedad intelectual sobre todas las especies vegetales, que podrán ser registradas por las compañías transnacionales por más de 25 años en el caso de árboles y vides, por ejemplo.
Este proyecto ya fue aprobado en la cámara baja el pasado 9 de enero, justo un día antes que asumieran los nuevos integrantes de la Cámara de Diputados. Las prevenciones de agricultores orgánicos, organizaciones campesinas, sociales y ambientalistas ante la Comisión de Agricultura fueron desechadas por los parlamentarios. Ellos empeoraron aún más el proyecto al extender también a 25 años los derechos de «protección» para árboles y vides ya inscritos de acuerdo a la ley anterior (Nº 19.342), que hasta ahora sólo eran válidos por siete años.
El registro que se abrirá con la nueva ley incluirá tanto las variedades nativas como las híbridas y transgénicas obtenidas a través de la biotecnología, resguardando los intereses de las empresas transnacionales exportadoras de semillas, entre ellas Monsanto y Syngenta junto a sus socios locales.
Abusando de este tipo de leyes, Monsanto hoy está pidiendo en Estados Unidos patentar la carne de cerdo criado con alimento transgénico, como si la carne fuera un descubrimiento de su propiedad. Al asegurar en Chile esos derechos, se expandirá aun más el negocio de los transgénicos, hoy todavía limitado a la exportación de semillas. Eso afectará los cultivos orgánicos puesto que es imposible la coexistencia entre cultivos orgánicos y siembras de transgénicos.
La contaminación de los cultivos tradicionales a través de la polinización o por el transporte o los residuos es un grave problema que afecta a toda la comunidad nacional e internacional: cada año se presentan nuevos casos de contaminación genética por transgénicos. En el 2007 se presentaron 39 nuevos casos de contaminación en 23 países. Hasta ahora en Chile no hay ninguna regulación que obligue a la industria biotecnológica a informar los daños y las pérdidas financieras que causan los transgénicos.
La aprobación de esta ley despojaría a los campesinos de su derecho a disponer libremente de su cosecha. Los cultivos de los agricultores orgánicos podrán contaminarse con transgénicos, y el precio de los alimentos subirá impactando finalmente a todos los consumidores. También habrá impactos negativos en la salud y el ambiente, ya que los cultivos transgénicos están asociados a un aumento en el uso de plaguicidas y a efectos en la salud de las personas y daños a la biodiversidad.
TRANSPARENCIA CERO
La expansión de los cultivos transgénicos para exportación, autorizados por el Servicio Agrícola y Ganadero, SAG, ha estado caracterizada por el secretismo y la falta de protección, ya que esta entidad se niega históricamente a dar a conocer los sitios exactos de localización de los cultivos y el Consejo para la Transparencia lleva un año sin responder el recurso de amparo planteado por RAP-AL contra el SAG por este tema.
El gobierno actual no ha entregado información sobre la temporada 2009/2010. De acuerdo a datos oficiales proporcionados para 2008/2009, los cultivos de semillas transgénicas para exportación alcanzaron un total de 30.447,04 hectáreas de maíz, soya, y canola (raps) que son los más extendidos, seguidos por cartamo, remolacha, vid, cebada, tomate, zapallo y alfalfa, en este orden.
Respecto de la temporada anterior (2007), el crecimiento fue de un 24,5%, totalizándose 5.982,9 hectáreas más de este tipo de cultivos, donde el maíz ocupa el primer lugar.
La región del Maule, con 15.049 hectáreas encabeza el ranking, seguida por la región de O’Higgins -donde ya se copó la superficie de siembra – con 7.888,89- y la Metropolitana, con 2.949,11 hectáreas. En regiones como Arica y Parinacota, y Coquimbo, que no tenían antes cultivos transgénicos, en la temporada informada por SAG se sembraron 52,91 y 156,20 hectáreas respectivamente. En la sureña región de Los Ríos también irrumpieron los transgénicos ocupando 758 hectáreas, mientras en la Araucanía la cifra se eleva ahora a 2.192 hectáreas.
La desprotección frente a esta expansión sin protección para la agricultura orgánica, se agudizará si se aprueba la ley de privatización de la semilla. Toda especie nativa que actualmente es parte de nuestro patrimonio y nuestra biodiversidad, y por tanto se puede reproducir y usar libremente, podrá tener un dueño y ser por tanto propiedad intelectual -propiedad privada- de empresas nacionales o extranjeras. Para los efectos prácticos, el resultado es muy similar al generado por una patente.
El requisito planteado por este proyecto a estas corporaciones es simplemente presentar un grupo de plantas relativamente homogéneas y que no estén registradas previamente. También deben ser «nuevas», pero la ley considera nueva toda especie no registrada antes. Así pueden apropiarse de un patrimonio colectivo que es fruto del trabajo de comunidades campesinas e indígenas, donde especialmente las mujeres han guardado, mejorado y reproducido la semilla por generaciones y generaciones. Así se desconoce que en definitiva, las semillas son nuestro patrimonio como país.
Las amenazas que enfrenta Chile como resultado del menor crecimiento económico, la cesantía y otros efectos del terremoto nos comprometen a intensificar nuestros esfuerzos para contribuir a asegurar la soberanía alimentaria de nuestro pueblo y defender la salud y calidad de vida de todos los chilenos.
Por tanto, las organizaciones ambientalistas y de agricultura orgánica declaran:
1) Rechazamos el avance del establecimiento de todas las disposiciones jurídicas que impliquen en forma abierta o encubierta la autorización de la liberación total de siembra de cultivos transgénicos en el país.
2) Apoyamos una moratoria total a la liberación de los transgénicos en Chile y el establecimiento de etiquetado para los productos finales importados que son transgénicos.
3) Impulsamos el establecimiento de un sistema de biomonitoreo, y de medidas para revertir la contaminación transgénica provocada por los actuales semilleros de exportación.
4) Apoyamos las demandas de las organizaciones regionales de los agricultores orgánicos tendientes a lograr la promoción y apoyo efectivo de una agricultura orgánica o realizada sobre bases agroecológicas, sana y segura, libre de plaguicidas y transgénicos.
5) Exigimos la revisión de la situación de los altos funcionarios públicos que evidencien conflicto de interés en materia de bioseguridad de transgénicos, y su destitución al probarse esos vínculos.
6) Exigimos que se consideren fondos públicos para financiar investigación independiente sobre los efectos de los transgénicos en la salud de los consumidores.
CAMPAÑA CONTRA LA LEY DE PRIVATIZACIÓN DE LA SEMILLA NATIVA
Hasta el 11 de diciembre de 2009, 950 personas han firmado en esta página, rechazando el proyecto de Ley de Derechos de Obtentores Vegetales (Boletín 6355-01) que está en discusión en el Parlamento, por exigencias del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos.
Rechazar el proyecto es actuar en defensa de los derechos ancestrales de los campesinos a disponer libremente de sus cosechas y de las semillas nativas.
Los impulsores de esta iniciativa son la Red de Acción en Plaguicidas (RAP-Chile), Asociación de Agricultores Orgánicos de Biobío, Agrupación de Agricultura Orgánica de Chile (AAOCH), Asociación de Agricultura Biológica-Dinámica AG, Agrupación de Consumidores Conscientes de Linares, Asociación Nacional de Mujeres Rurales e Indígenas (Anamuri), Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales (Olca), Fundación con Todos, Asociación de Agricultores Orgánicos de Chiloé (CETSUR) y Grain.
Estamos en contra de la liberación de los transgénicos y a favor de la agricultura orgánica y/o biológico-dinámica y de sus productos saludables. Rechazamos la privatización del conocimiento y de nuestro patrimonio en beneficio de las transnacionales.
La iniciativa permitiría la expansión de los cultivos transgénicos y los farmocultivos, lo que significará la contaminación de los cultivos convencionales y orgánicos, como ha ocurrido en otros países, y avalará la represión de campesinos por parte de la policía privada de las transnacionales. Pero eso no es todo, ni lo peor. También creará dependencia del agricultor respecto de semillas registradas por los obtentores, agravando la pérdida de la variedad de los alimentos.
Te invitamos a adherir con tu firma al rechazo del proyecto de ley de Derechos de Obtentores Vegetales que esta en discusion en el Parlamento de Chile por las exigencias del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. Defendemos asi los derechos ancestrales de los campesinos a disponer de sus cosechas y de las semillas nativas.
Habrá nuevas alzas del precio de los alimentos, porque toda la semilla registrada tendrá que ser comprada a las grandes empresas transnacionales y sus filiales locales que operan el mercado de semillas transgénicas y agroquímicos.
La iniciativa vulnera gravemente nuestra soberanía alimentaria, fomenta la pérdida de variedades de semillas, y la dependencia de empresas extranjeras propietarias de los derechos de obtentores, que controlaran la comercialización, la importación y la exportación de las semillas, esquejes y frutos.
Las semillas son la base de nuestra agricultura, del conocimiento y de la seguridad alimentaria, herencia de nuestros antepasados y derecho de las generaciones presentes y futuras. La vida no se patenta.
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