Invertir en Bolsa parte del Fondo de Reserva de las Pensiones, fomentar pensiones privadas o buscar financiación privada para la Seguridad Social… son algunos de los puntos más polémicos promovidos el 18 de noviembre en la última comisión parlamentaria del Pacto de Toledo. Acordado en 1995 entre el Gobierno y los agentes sociales, el Pacto […]
Invertir en Bolsa parte del Fondo de Reserva de las Pensiones, fomentar pensiones privadas o buscar financiación privada para la Seguridad Social… son algunos de los puntos más polémicos promovidos el 18 de noviembre en la última comisión parlamentaria del Pacto de Toledo. Acordado en 1995 entre el Gobierno y los agentes sociales, el Pacto busca hacer viable la supuesta insostenibilidad de la Seguridad Social con fórmulas que diluyen su función de protección. José Luis Carretero, autor de El bienestar malherido, analiza en este texto las últimas sugerencias lanzadas desde el Pacto de las pensiones.
En 1995, los partidos parlamentarios acordaban el llamado Pacto de Toledo. Se trata de un acuerdo general conformado por 15 puntos sobre el siempre delicado tema de las pensiones. El acuerdo fue el fruto de una idea que se ha vuelto recurrente: la de que el sistema de Seguridad Social español (basado en el sistema de reparto, de solidaridad interpersonal e intergeneracional) es insostenible a largo plazo ante la transformación demográfica provocada por el descenso de la natalidad y la mortalidad.
Así, el Pacto de Toledo nació con la voluntad declarada de salvaguardar dicho sistema, operando las reformas imprescindibles en el mismo que garanticen su viabilidad futura. Sin embargo, bajo su paraguas, y en base a algunos de sus puntos, lo que se ha venido realmente produciendo es un asalto directo a la concepción misma de una Seguridad Social pública, suficiente y basada en la solidaridad.
Este Pacto de Toledo ha sido desarrollado por tres grandes acuerdos sucesivos entre los interlocutores sociales (Gobierno, sindicatos y patronal), que han modificado la legislación de Seguridad Social en la dirección marcada por las recomendaciones del Pacto (entre las que se encuentran cosas como la «instrumentación de las cotizaciones como medida de política de empleo» -Recomendación 8ª- o la «potenciación del sistema complementario de pensiones», o sea, las pensiones privadas -Recomendación 14ª-).
Las reformas practicadas realmente desde la firma del Pacto, al amparo de la ofensiva ideológica neoliberal, se han sustentado en tres estrategias fundamentales, que explicita la misma Comisión Europea: aumentar la edad real de jubilación (se ha hablado de llegar hasta los 70 años); disminuir la cuantía de las prestaciones (lo que se ha implantado, sin prisa pero sin pausa, mediante una multiplicidad de normas); y fomentar (al amparo del punto 14 del Pacto de Toledo) las pensiones privadas, basadas en el llamado sistema de capitalización.
La viabilidad de estas tres estrategias fundamentales puede testarse sobre la base de las propuestas presentadas en la última reunión, el 18 de noviembre, de la Comisión parlamentaria de seguimiento del Pacto: aunque no se habló de aumentar de inmediato la edad de jubilación, se hizo hincapié en que las iniciativas tomadas en esa dirección hasta la fecha no han dado los frutos que se esperaban y quizás habría que buscar nuevas formas para obtener el objetivo. Así mismo, parece ser que los partidos mayoritarios propusieran la ampliación progresiva de 15 a 20 años del período de cálculo de las pensiones de jubilación, lo que implicaría una reducción de al menos el 5%, unos 60 euros cada mes respecto de la pensión media, de su cuantía. Por último, aunque ante la crisis financiera generalizada no sea el momento de venderle a nadie la participación en los fondos de pensiones que ceban la maquinaria de la especulación, se habló nuevamente de intentar hacer partícipes de los mismos a nuevos sectores sociales, objetivo fundamental para cualquier futuro sorpasso que permitiese introducir a la protección social en el cada vez más desencantado mundo del mercado y los negocios privados, lo que permitiría la apertura de nuevos ámbitos de acumulación a unos capitales globalizados sobreabundantes.
La trampa de la viabilidad
Tan es así, que incluso el propio Gobierno ya propuso, a principios de año, que al menos el 10 % de las reservas públicas del sistema de Seguridad Social se pudiesen invertir en renta variable en Bolsa. Finalmente, en octubre de 2008 se informaba de que «la práctica totalidad» del Fondo de Reserva está invertido en activos financieros públicos y la cartera está distribuida en un 54% de activos emitidos por el Reino de España y un 46% de la deuda de Alemania, Francia y Países Bajos.
En definitiva, cuando se habla de la insostenibilidad del sistema de Seguridad Social lo que se realiza es un delicado silogismo: si esto no funcionará mañana, dádmelo ahora a mí. Pero lo que no termina de estar claro, tras cualquier tipo de hipótesis de futuro, por pesimista que sea, es por qué la Seguridad Social contributiva ha de financiarse a sí misma (sin ayuda del gasto público general) y no así muchos otros gastos estatales, como la existencia de la misma institución de la Corona.
Y no debemos olvidar que, si las estrategias mencionadas de desmantelamiento del sistema público de Seguridad Social no han tenido un éxito total hasta la fecha, ha sido, principalmente, por esa inesperada resistencia, difusa pero real, que el Estado del Bienestar lleva oponiendo a la deriva neoliberal los últimos decenios. En ello estamos.
José Luis Carretero Miramar, profesor y autor de El bienestar malherido.