Septiembre arranca con concentraciones para exigir la reforma del reglamento de extranjería dirigido a menores y ex-tutelados que Interior paralizó.
Domingo 5 de septiembre, decenas de personas se concentran frente a la delegación de gobierno en Barcelona para exigir que se materialice la reforma del reglamento de extranjería. La convocatoria, liderada en esta ciudad por la coordinadora Obrim fronteras es una cita más de las previstas en varias ciudades del estado, como la que ya tuvo lugar en Cádiz el pasado viernes ante la subdelegación del gobierno, o la que culminará el ciclo de protesta, el viernes 10 en Madrid ante el Ministerio de Interior. Quienes las convocan exigen que se cumplan los derechos de menores migrantes y ex-tutelados. Junto a este reclamo, otra demanda central: que cesen las devoluciones de menores.
“Escrivá ultima una reforma para permitir trabajar a los menores migrantes”, rezaba un titular del diario Público del 2 de noviembre de 2020. Desde que se anunciara la reforma del reglamento ha sido constante la dilación del proceso, paralizado finalmente den agosto por el Ministerio de Interior, hecho que motivó la publicación del “manifiesto por la reforma del reglamento de extranjería ya!”, al que se adherieron más de 190 organizaciones. “Esta reforma del Reglamento de Extranjería es una respuesta de justicia social a la situación de indefensión en la que se encuentran miles de jóvenes sin apoyo familiar y social que al cumplir la mayoría de edad no han podido regularizar su situación administrativa por las trabas que impone el actual Reglamento, impidiendo su integración social, educativa y laboral”, denuncia el documento. En base a esta realidad los colectivos firmantes pedían se acelerase la aprobación del reglamento, instando a que se votara en el Consejo de Ministros el 24 de agosto, y anunciaban la manifestación del próximo viernes 10 de septiembre para presionar en ese sentido.
“Cada día que pasa tiene consecuencias nefastas en la vida de estos y estas jóvenes que desean estudiar o trabajar y no se les permite con la actual normativa”, señalaba el manifiesto. Una realidad que genera hartazgo y desesperación en el colectivo. En palabras de Iman, integrante de la asociación Ex-Menas, quien denuncia la ausencia de cambios en políticas migratorias a pesar de “las promesas de siempre, que luego no se cumplen”, “cada promesa no cumplida es un paso atrás en la lucha por el cumplimiento de los derechos de los menores no migrantes, es cerrar una puerta a un chico que necesita respuesta en ese momento, una respuesta real e inmediata, a un chico que está en una situación muy vulnerable no le vale que una promesa se posponga”.
La promesa contiene cambios importantes, según resumía la Organización Servicio Jesuíta Migrante, la reforma supondría la reducción a 15 días del plazo máximo para iniciar la autorización de residencia de un menor titulado (actualmente son 9 meses), racionalizaría la duración de los permisos de residencia, con una autorización inicial de dos años, prorrogable cinco años con la renovación (ahora cuentan con residencias anuales que han de renovar cada año), se crearía un régimen propio de residencia que se adaptara mejor a sus circunstancias, y por último, garantizaría su derecho a trabajar, algo que la normativa actual no permite —excepcionalmente sí pueden hacerlo los menores, en las mismas circunstancias que los nativos, pero al cumplir los 18 años pierden ese derecho.
Un agosto caliente
Mientras el Ministerio de Interior obstaculizaba la ampliación de derechos de los menores y extutelados el pasado mes, se apuraba por materializar otro objetivo, la expulsión de más de 700 chicos a Marruecos. Un plan frustrado por organizaciones sitas en la ciudad autónoma (Maakum, Elin, No Name Kitchen, Andalucía Acoge) en coordinación con la Fundación Raíces, y la Coordinadora de Barrios, cuyas abogadas consiguieron paralizar el plan de Grande-Marlaska al tercer intento, cuando 48 menores habían sido expulsados del país sin garantía.
“Creo que su estrategia era hacerlo en medio de agosto, en un fin de semana, cuando la gente está de vacaciones, ‘aquí no va haber nadie, no se van a enterar, y al menos nos dará tiempo a echar a todos los menores de los centros’. Lo que ellos no sabían es que aquí hay gente y los chavales son muy espabilados, conocen —hasta cierto punto, pues en las instituciones no se los explican— sus derechos. No contaban con que iban a alzar la voz, con que se negaran”, explica Mar, de No Name Kitchen (NNK), que resalta sin embargo que fuera de las organizaciones la población no parecía reaccionar, y que tal vez desde el Ministerio se contara con la connivencia de la gente que piensa que algo así “era la mejor solución”.
Alba Diez, coordinadora del proyecto de NNK en Ceuta, entiende que la pretensión de Marlaska enlaza con “ la cuestión de excepcionalidad de Melilla. Como dice aquí mucha gente, el derecho no cruza el Estrecho”. Facilitar la expulsión de menores y ex tutelados parece ser el objetivo, “en Ceuta y Melilla, los chavales salen de los centros sin residencia, les quieren hacer fácilmente expulsables”. El pasado 13 de agosto esa pulsión de expulsar se materializó aterradoramente para los menores que estaban en los centros, según cuenta Joana Millán de Maakum: “ese fin de semana, los chicos ya empezaban a fugarse, y no solo de Santa Amelia, sino también de Piniers con un pánico que cualquier ruido que escuchaban estaban alerta, dormían con la ropa puesta”.
Ahora, señalan las activistas, se han retomado las redadas con el fin de recoger a los menores de la calle y llevarlos a Santa Amelia, muchos escapan del centro, otros se quedan confiados en que no se retomen las expulsiones, explica Millán. Esta activista cree que el trabajo en coordinación que se hizo en aquel momento, y el hecho de haber ganado (temporalmente al menos) esta batalla ha insuflado a colectivos y organizaciones ganas de organizarse y de seguir haciendo fuerza.
De hecho decenas de colectivos iniciaron una campaña masiva para exigir la dimisión de Marlaska. Ahora la atención está puesta en los próximos movimientos de su Ministerio. “Las últimas declaraciones del presidente de gobierno, y del presidente de aquí en Ceuta apuntan a seguir con las repatriaciones, es un poco el objetivo, estamos pendientes. Lo bueno es que están en el punto de mira. En otro momento podrían haber hecho cosas en la máxima impunidad pero ahora en seguida la prensa se le echa encima, las organizaciones se les echan de encima”, celebra Millán.
Ensañamiento con los menores
Por los días de las devoluciones de agosto, Mar registró un cambio en la estrategia de los menores migrantes motivada por el miedo: los mismos chicos que anteriormente, frente a una redada recordaban su condición de menores pensando que esto les supondría un plus de protección, empezaron a sentirse más seguros diciendo que eran mayores de edad. El hecho de que el Ministerio fuera a por los menores sorprendió a las organizaciones, que veían como algo más pausible que se devolvieran mayores, política frecuente con previsiblemente aún menos repercusiones.
Hay formas de deshacerse de los menores menos visibles, una es no concederles la residencia aunque sea su derecho. “Así, les estás abocando también a no poder salir de Ceuta y de Melilla y que tengan que hacer el Risky, y estás también motivando a que los menores no confíen en el sistema porque te dicen, para qué me voy a meter en un centro tantos meses donde no tengo libertad, donde me van a pegar, donde las condiciones son unas condiciones de mierda para luego salir y estar igual, entonces deciden no estar en el centro y hacer el Risky”, explica Alba. La activista denuncia que se trata de una política sistemática: “se llevan muchos así, no dos o tres, nosotras tenemos informes de diciembre a marzo, de más de cien chavales que por sistema y norma, salían sin la residencia”.
Para Marita Zambrana, de SOS Racismo Madrid, si se puede dar este trato a los menores migrantes es porque hay un trasfondo que lo avala. “Este es un ejemplo clarísimo de cómo el racismo sistémico estructural permea las instituciones y a su vez a sus políticas, reglamentos, leyes, que lo que hacen es legalizar e ilegalizar ciertas nacionalidades, orígenes, algo ligado a la historia colonial de España y de Europa”. Una deshumanización, explica la activista, que implica que la vida de las personas racializadas no importe tanto”. Zambrana reconoce que si bien ha habido respuesta e indignación ante los hechos de Ceuta, esta indignación se ha quedado en un espacio reducido: “se ha hablado de las expulsiones, se ha hablado de esa vulneración de derechos pero siempre en los mismos círculos, no es una indignación generalizada”.
Facilitar la expulsión de las personas menores migrantes, y ex tuteladas, presentándolas como una emergencia que supera al sistema, una población que desafía a las capacidades del estado, es una forma de legitimar la vulneración de derechos que además choca con la realidad, argumenta Imán. “Este no es un problema, un asunto que no pueda asumir el estado, menores y jóvenes siempre ha habido bajo la tutela de las comunidades, no han venido los menores a extranjeros a crear esta categoría, lo menores ya estaban. Se trata simplemente de ampliar las garantías y los derechos que cubren la infancia y ampliarlos a los menores que llegan indocumentados, una infancia migrante, que tiene que estar protegida”. La activista recuerda que los menores migrantes tienen derecho a buscar una vida mejor: “Hay gente que intenta buscarse una buena vida cuando están en una edad adulta, personas que en España no encuentran su sitio y deciden emigrar a otro país de Europa, y hay niños que deciden hacerlo desde una edad temprana, niños que no ven su futuro en los países del Sur, de países donde no se les garantiza, desde el derecho más básico que es el derecho a la existencia hasta el derecho a la educación, o a la sanidad pública”.
Señalados por unos y defraudados por otros, Zambrana considera que son los menores migrantes los que deben ser protagonistas, aunque la movilización de la sociedad sea necesaria, y la empatía algo que celebrar. Desde Ceuta, ante la tensión de la situación, han tenido que renunciar a una mayor visibilización en modo de protesta en la calle, por miedo a que los chicos se expongan a ser enviados a los centros, o incluso exportados. “Sin embargo, claro que nos sumamos a la denuncia por la necesidad de cambiar este reglamento, que en sitios como Ceuta sería la única manera para los menores de poder ir a península, de poder continuar con sus vidas”, explica Mar de NNK.
Por ahora Marlaska no ha dimitido y ha impuesto su voluntad sobre la propuesta de Migraciones. Para muchos su figura supone un anatema de políticas agresivas en materia de migraciones, sujetas al paradigma de la seguridad “este personaje encarna ese sistema racista y esas políticas racistas de gobierno, da igual que seas de izquierda o de derecha, cuando se trata de políticas exteriores y cuando están de por medio la vida de las personas migrantes, lo del progresismo y la igualdad queda siempre muy atrás. ¿Por qué Marlaska sigue ahí?, porque es una persona que ejecuta unas políticas que están totalmente amparadas por el mismo gobierno y el mismo estado”.
Fuente: https://www.elsaltodiario.com/migracion/pulso-derechos-menores-migrantes-ministerio-interior