Marchemos el viernes 24 de noviembre, 17:30 hs, de Congreso a Plaza de Mayo
La violencia se ejerce sobre las mujeres de diferentes maneras y en los ámbitos más diversos. Pero el Estado capitalista, mediante sus poderes, funciones y órganos de represión garantiza que esto siga ocurriendo en la mayor impunidad, lo encubre y, en algunos casos, es quien perpetra la violencia directamente, descargándola particularmente contra las mujeres trabajadoras y de los sectores populares, las mujeres más pobres.
Romina Tejerina fue víctima de una violación, pero también de un Estado que no garantiza el acceso a la anticoncepción de emergencia ni el derecho al aborto, y de una justicia que deja libre al violador mientras a ella la mantiene presa en Jujuy.
En el caso de Romina, esta justicia para ricos actuó como en Río Negro, donde un poderoso empresario fue absuelto, a pesar de estar acusado de prostituir a una niña de doce años; o como en Neuquén, donde un «prestigioso» médico violaba adolescentes y, sin embargo, fue protegido por la Iglesia cuando arreciaron las denuncias en su contra.
Mientras tanto, proliferan las noticias sobre redes de trata de mujeres que secuestran a niñas y jóvenes de distintas provincias, las esclavizan y torturan, obligándolas a prostituirse. Estas redes tienen profundos vínculos con las fuerzas policiales: sin su complicidad sería imposible mantener el «negocio»que, además, los tiene como «clientes» privilegiados. Un caso reciente es el de las santafecinas Cristina Ojeda y Romina Gamarra, liberadas por el padre de ésta, que denunciaron a sus captores y sus vínculos con la policía, tras lo cual fueron amedrentadas al punto que se vieron obligadas a retractarse y luego desaparecieron. Hace pocas semanas, un ex suboficial de la Armada y un agente retirado del Servicio Penitenciario fueron acusados de prostituir a menores de edad en la localidad de San Miguel; mientras en Catamarca, un policía era acusado por la violación y asesinato de la adolescente Rocío Ubillo, rememorando al tristemente célebre caso de María Soledad Morales, otra adolescente en cuyo asesinato estuvieron vinculados hijos de poderosas y ricas familias de funcionarios provinciales.
En nuestro país se calcula que se perpetran ocho mil violaciones por año. Sin embargo, la mayoría de las mujeres no hacen la denuncia por temor, por vergüenza y por la certeza de que no serán escuchadas. ¿Ante quién denunciar una violación si son las fuerzas represivas y el sistema judicial quienes violan sistemáticamente los derechos más elementales, actuando con impunidad?
En el testimonio que Jorge Julio López brindó en el juicio contra el genocida Etchecolatz dejó bien claro que en los centros clandestinos de detención -entre otras terribles torturas- las mujeres eran sometidas a múltiples violaciones y abusos. Hoy, si él se encuentra nuevamente desaparecido es porque el 95% de los genocidas siguen impunes y, muchos de ellos, siguen formando parte de las fuerzas represivas del Estado bajo el gobierno de Kirchner.
Pero nadie puede esperar que sea este gobierno, ni esta justicia quienes acaben con la impunidad -salvo como consecuencia de grandes acciones en las calles que pongan la cuestión de la impunidad en el centro de la agenda política nacional- porque el Estado y sus instituciones no sólo están al servicio de garantizar monumentales ganancias a los empresarios y poderosos, sino que su pilar fundamental son las fuerzas represivas que actúan como guardianes de su propiedad privada, manteniendo bajo estricto control el descontento de las clases trabajadoras y los sectores populares hundidos en la miseria. Por eso no depositamos ninguna expectativa en la Corte ni en el gobierno y luchamos por el desmantelamiento del aparato represivo.
Repudiemos la violencia que se ejerce contra las mujeres. Exijamos la libertad ya de Romina Tejerina y su absolución definitiva.