La clave de la situación de la sanidad pública catalana son las declaraciones, anónimas por supuesto, como si estuviéramos en tiempos de silencio y represión, de un alto funcionario del departament de Salut: «Domina [en Salud] una aversión casi visceral hacia lo público. Todo lo que suena a funcionarización, a control sobre los gestores, es […]
La clave de la situación de la sanidad pública catalana son las declaraciones, anónimas por supuesto, como si estuviéramos en tiempos de silencio y represión, de un alto funcionario del departament de Salut: «Domina [en Salud] una aversión casi visceral hacia lo público. Todo lo que suena a funcionarización, a control sobre los gestores, es visto como un obstáculo a la agilidad y autonomía de gestión, defendida como valor supremo. Y el ICS [Institut Català de la Salut] es el paradigma de todo lo negativo. Los controles previos, cierta rigidez en el gasto… Todo él es visto como un bunker a demoler». ¿Está clara la perspectiva? Como el agua cristalina.
Ríen en ocasiones, intentan caer simpáticos, suelen ir muy arreglados, pero, desde un punto de vista social, recuerdan los peores y más temibles monstruos privatizadores de nuestros sueños. Oriol Güell ha dado alguna pista sobre ellos en un reciente artículo [1].
El primero de ellos, el consejero de Salud, don Boi Ruiz, el de la salud no es un derecho ciudadano y el de ¡por fin la sanidad no está en manos de la ciudadanía sino de los grupos de interés! Don Boi aprovechó una comparecencia en el Parlament antes de las vacaciones de 2011 para anunciar de tapadillo una medida que iba a cambiar las reglas del juego: los ciudadanos catalanes «perdían la garantía de 180 días que, desde 2007, tenían como espera máxima para ser operados de las 14 dolencias más comunes en los hospitales de la red pública, la XHUP». No fue, por supuesto, su primera agresión a la sanidad pública. Se sumaba a la paralización de siete nuevos hospitales, al recorte del 10% del presupuesto, al cierre de servicios de urgencias y a numerosas medidas y agresiones afines.
Güell señala un punto de enorme importancia que sigue vivo para los tiempos futuros -y que resucitará con seguridad cuando el movimiento ciudadano de defensa de la sanidad pública se tome algún respiro o caiga en el error de tomarse un descanso-, guardado en algún cajón cerrado a cal y canto. Por esas mismas fechas, verano de 2011, circulaban por despachos de responsables políticos del departamento dos documentos. «Uno de ellos proponía dividir el Instituto Catalán de la salud (ICS) -que gestiona ocho grandes hospitales públicos y cerca de 300 centros de atención primaria (CAP)- en una veintena de empresas». Las nuevas empresas deberían «someterse a las reglas del mercado y serían abiertas al capital privado». ¡Es el fanatismo mercantilismo que inunda toda -no sólo la sanitaria- la administración catalana! El segundo, elaborado por la consultora PricewaterhouseCoopers (PWC), «propone vender una decena de entidades y empresas públicas y entregar a la gestión privada 18 hospitales y 45 CAP, entre otros centros». ¡18 hospitales públicos! De hecho, como se recuerda, algunos CAP de la zona de l’Escala en Girona están a punto de ser gestionados o ya están gestionados por Eulen, una corporación de limpieza y seguridad, a la que el gobierno de la Generalitat trata por máxima exquisitez. ¿Por qué será? ¿No es una empresa «española»?
El gobierno de la Generalitat ha optado por desmarcarse públicamente del segundo monstruo, del plan privatizador generalizador. El portavoz, don Francesc Homs, con esa inmensa retórica vacía a la que nos tiene acostumbrados y con su ajustado rostro de cemento armado, negó que la Generalitat «haya encargado ningún informe». Se puso chulo además: retó a buscarlo en el DOGC, donde «están los que cuestan más de 3.000 euros». Vale, muy bien, ¡qué listo don Quico! ¿Habrá incumplido el govern su propia normativa al solicitar informes secretos no registrados? Empero, señala también Oriol Güell, el texto de PWC recoge que «este informe se ha realizado (…) para y solo para el Departamento de Salud y según los términos de nuestra carta de contratación». ¿Qué pasa aquí? ¿Una conselleria del gobierno no forma parte del gobierno? ¿La carta de contratación señalará ausencia de transparencia? ¡No me lo puedo creer!
¿Y de dónde toda esta abyecta cosmovisión? Pues de la trayectoria de la troika dirigente del departamento. Proviene de la patronal sanitaria, la Unió Catalana de Hospitals (UCH). Boi Ruiz era la cabeza visible. De su mano, recuerda OG, llegaron también «Roser Fernández -entonces directora general de UCH, ahora secretaria general del departamento- y Josep Maria Padrosa, actual director del CatSalut y proveniente de un potente grupo sociosanitario privado». Tres en uno y con la misma gestada y cansina melodía neoliberal.
A ellos se unió, Josep Prat, «uno de los hombres más respetados (y temidos) de la sanidad catalana. Máximo responsable de la empresa municipal Innova, Prat fue elegido por Mas como miembro de su consejo asesor y nombrado presidente del ICS». Varias fuentes le consideran el impulsor del plan para desmembrar el ICS. Vams, ¡un alma bendita del cielo! Curiosamente, el senyor Prat tuvo que dimitir el pasado julio de 2012. ¿Por qué? Está «acorralado por los escándalos sanitarios y está imputado por pagos irregulares desde Reus al ex director del CatSalut, Carles Manté». La sombra de la corrupción es muy pero que muy alargada en la administración catalana y en sus alrededores: negocios, empresas, bancos, redes de élites. Y no afecta desde luego sólo al dueto principal, a Convergencia y Unió.
Ni que decir tiene que fue el presidente de la Generalitat, don Artur Mas, quien los eligió para dirigir la sanidad pública en tiempos de recortes y hachazos. Ya en su primer gobierno y ahora, tras el fuerte correctivo electoral de noviembre de 2012, con el acuerdo o, cuanto menos, no protesta pública de ERC, el sostén parlamentario del actual gobierno de los más temibles y odiosos privatizadores.
En fin, el Dios mercantil los crea y los negocios y las ilimitadas ansias de poder los junta. No es imposible que estos dirigentes «públicos» sanitarios estén incorporados a núcleos o redes próximas a las organizaciones creadas en torno a la «Transición Nacional» y al ejercicio del «derecho a decidir». ¿Qué decisiones podemos esperar de gentes así?
Si sus planes, si algunos de sus planes no se han ejecutado en su totalidad, es obvio que la explicación se ubica en el importante movimiento ciudadano que se ha levantado desde hace un par de años a favor de la sanidad pública catalana. La senda que debemos seguir abonando. Este domingo, a las 12 del mediodía, en la Plaza Universidad, todas y todos estamos llamados a apoyar este esencial movimiento ciudadano a favor de lo público, de la justicia, de la equidad y contra los monstruos privatizadores dispuestos a desmantelar conquistas sociales que han costado décadas de lucha, organización y sacrificios. ¡Sin que les tiemble el pulso… a no ser que nosotras y nosotros les demos un buen susto!
PS: En sede parlamentaria, ese Atila de lo público apoyado por el rey Artur-la-voluntatd’un-poble afirmó el pasado miércoles, 13 de febrero. 1. No haber encargado el informe de la consultora PW sobre la venta de empresas públicas y la privatización de hospitales. 2. Que la consultora lo realizó por iniciativa propia. Así de generosos y emprendedores. 3. Que la consultora, por propia iniciativa (las confianzas dan asco) lo envío al departamento sin cobrar nada ello. 4. Que asumiría responsabilidades políticas si se demostrara lo contrario. 5. Añadió que no piensa aplicar las recomendaciones del informe.
Tomemos notas de todo ello y no perdamos detalles. El futuro nos dará más de una sorpresa.
Eso si, la Generalitat pagó a PwC más de 714 mil euros el año pasado (en concepto de auditoría de proyectos financiados por la Unión Europea). ¿En momentos de austeridad más de 110 millones de las antiguas y añoradas peseras? ¿Quién se está forrando a costa de la ciudadanía? ¿Quién saca tajada blanca o negra con ello?
Daniel Fernández apuntó un detalle central: en la plantilla de la consultora está el ex consejero de Presidencia de la etapa de Pujol, el intocable, don Joaquim Triadú. ¡Qué cosas! ¡Todo queda en casa! ¿Hay o no hay connivencia del gobierno privatizador con esta generosa empresa?
Nota:
[1] http://ccaa.elpais.com/ccaa/2013/02/13/catalunya/1360714264_940796.html
Salvador López Arnal es miembro del Frente Cívico Somos Mayoría
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