De entrada hay que decir que en cualquier parte del mundo imperialista, sobre todo en los países oprimidos, se da el fenómeno del control social y la represión policial al servicio de las distintas burguesías nacionales y del sistema capitalista imperialista, siendo en algunos países más brutal y descarnada que en otros. Nos vamos a […]
De entrada hay que decir que en cualquier parte del mundo imperialista, sobre todo en los países oprimidos, se da el fenómeno del control social y la represión policial al servicio de las distintas burguesías nacionales y del sistema capitalista imperialista, siendo en algunos países más brutal y descarnada que en otros. Nos vamos a centrar en este artículo en la represión en la nación catalana, Alemania con motivo de la reunión del G-8, y en la capital histórica de Euskal Herria, Iruñea, que bien sabe de esta cuestión.
En Catalunya hemos visto estos días como los Mossos de Escuadra, al servicio de la oligarquía española coaligada con la burguesía nacional catalana, han maltratado en comisarías a diversas personas inmigrantes y marginales. Pero más allá de estos hechos graves, que han sido grabados y han dado la vuelta por todo el Estado español a través de sus medios de comunicación, hay que decir que se observa en los últimos tiempos un recorte del derecho de manifestación y de la libertad de expresión. Esta situación ya ha sido denunciada por distintas organizaciones de derechos humanos, vecinales y sindicales, y la ha padecido, sobre todo, el movimiento okupa y sectores próximos a posiciones anarquistas. Lo último que ha colmado el vaso es el uso del «kubotán», un arma no reglamentaria por parte de los Mossos, como denunciaron desde la Assemblea d»okupas de Barcelona tras la manifestación del pasado 19 de mayo en defensa de los espacios liberados, en el que la policía rodeó a los manifestantes y los inmovilizó durante una hora.
Una de las actuaciones que ha generado mayor inquietud entre los movimientos sociales catalanes ha sido el encarcelamiento de Núria Pórtulos, anarquista de Girona detenida el 7 de febrero bajo la acusación de constituir una organización «terrorista» de apoyo a los anarquistas italianos encarcelados. Lleva tres meses y medio encarcelada sin pruebas.
En Alemania se ha celebrado la reunión del G8. Con motivo de dicha reunión se ha militarizado el país para hacer frente a las protestas de los grupos altermundialistas. Previamente a la reunión se tomaron medidas represivas y de control social como es el caso de las detenciones preventivas de «sospechosos». El objetivo del G8 es mantener la hegemonía imperialista en el mundo, principalmente del imperialismo yankee y sus aliados.
Por otra parte, en Iruñea, desde que la alcaldesa ultraderechista de UPN-PP. Yolanda Barcina, accedió al cargo y nombró a Simón Santamaría jefe de la policía municipal, han sido constantes las denuncias de violencia policial desmesurada contra el movimiento popular. Sobre todo contra la juventud progresista organizada y el movimiento de los gaztetxes, como es el caso del Euskal Jai. Desde que este señor manda en la policía municipal, no ha tenido reparos en colaborar con las policías forales y nacionales en la represión, como ha quedado demostrado en el reciente informe sobre abusos policiales.
Por último, en Bilbao, el alcalde del PNV Iñaki Azkuna, que bien podría ser del PP y de hecho es votado por los sectores más reaccionarios y fascistas de la ciudad, se caracteriza por sus declaraciones impactantes y de llamada al orden y control social, como por ejemplo lo de la «guerra al navajero». No hay más que ver el uniforme que viste la policía municipal de Bilbo, semejante al de un ejercito o al de los antidisturbios.
Este control social y policial no es casual, es inherente al sistema capitalista imperialista que, o bien cuando se tambalea o bien cuando necesita acallar la sensación de inseguridad, crea «alarma social» y se vuelve militarista y reaccionario, sobre todo contra los sectores «marginales», más dinámicos y combativos de la sociedad. Este control social y policial se ha visto incrementado a raíz de los atentados del 11-S y el 11-M. Ahora, cualquier persona sospechosa de ser musulmana, combativa o «marginal» puede ser una persona a liquidar por el sistema en nombre de la democracia burguesa y la seguridad.
Ante esta situación, el pueblo en general y sobre todo los movimientos organizados de masas debemos de estar alerta y unidos frente a la represión. Se ve necesario dar el salto en la dirección de constituir vanguardias revolucionarias en los distintos lugares del mundo, poniéndose al frente de la lucha en el camino hacia una nueva sociedad, hacia el Socialismo y el Comunismo, para acabar con esta situación que es producto de la lucha de clases en el que la burguesía imperialista tiene los resortes de poder y que hay que arrebatárselos para que el pueblo tome las riendas de la futura sociedad.