Controversia en torno a la Objeción Fiscal al Gasto Militar

En abril de 2006 se publicó un texto sobre la Objeción Fiscal al Gasto Militar -OFGM- a petición del periódico Diagonal, titulado «La Objeción Fiscal a debate». 1

La propuesta de esta publicación brindó la posibilidad de elevar a público algunas ideas sobre este asunto. Por aquel entonces no fueron bien avenidas entre algunos sectores del movimiento antimilitarista. Se argumentaba que se habían realizado en plena campaña de Objeción Fiscal -perjudicándola- y que se habían hecho públicas antes de haber sido conocidas dentro.

En Enero de 2007 los contenidos de esta reflexión fueron expuestos y defendidos en la asamblea estatal de Alternativa Antimilitarista-MOC. Tras ello se difundió el texto que aparece a continuación en la lista Infomoc (la lista de AA-MOC) pretendiendo con ello mantener el debate dentro del cenáculo antimilitarista, con la idea de aclarar pormenores, incorporar otras reflexiones, y poder así afrontar serenamente el debate.

Sin embargo, hemos notado un vacío unánime a las ideas aquí expuestas, vacío que interpretamos al ver que dos de las páginas antimilitaristas más activas no se han hecho eco de lo que aquí se expone: nos referimos a Insumissia y Tortuga.

Si dentro del movimiento no se quieren debatir estas cuestiones quizá sea oportuno hacerlo fuera.

Las reflexiones que aquí aparecen están hechas desde dentro del antimilitarismo, con el deseo de mejorar nuestras herramientas de lucha.

Lo que en adelante se defiende es que la actual campaña de OFGM se inscribe dentro de un concepto constrictivo de lo que se conoce como Desobediencia Civil -DC.

Esto no implica necesariamente que lo que ahora se hace no deba hacerse o que deba atenerse a lo que de forma más estricta se debería considerar como DC. No debemos renunciar a transgredir las normas con las herramientas que estén a nuestro alcance, pues es una evidencia que los derechos fundamentales, incluso para quienes los reconocen formalmente -nominalmente-, no se aplican de forma efectiva.

Sí implica, sin embargo, que llamemos a las cosas por su nombre, y que desde la honestidad política se asuman las limitaciones de ciertas actuaciones para que no se presenten como algo que no son.

Entresacamos de la declaración de la Asamblea estatal de OF lo siguiente:

«La OF a los gastos militares es un movimiento de desobediencia civil que se plasma en la disposición a no colaborar económicamente con el Estado y con los impuestos que nos obligan a contribuir al gasto militar.

Técnicamente, hacer OF consiste en dejar de pagar la parte de nuestros impuestos que corresponde al gasto militar, según los presupuestos generales del estado. Ese dinero lo desviamos a otros destinos que consideramos socialmente útiles.

Asumimos así nuestro protagonismo a la hora de decidir sobre los temas de Defensa: qué, cómo y de quién queremos defendernos, y en definitiva decidimos sobre qué tipo de sociedad queremos construir.

¿Cuáles son nuestros objetivos? Seguir impulsando, con el dinero desviado del gasto militar, proyectos que impulsan una transformación desmilitarizadora.

La objeción fiscal no ha sido todavía reconocida legalmente: llevarla a cabo puede implicar pequeños problemas con Hacienda. Pero es una de las pocas formas de oponerse a un sistema que prioriza la inversión en muerte, y que descuida o impide la inversión en Justicia.»

Aunque esta declaración no es reciente, sí lo es esta de 2006 que dice: «La OBJECIÓN FISCAL AL GASTO MILITAR, facilísima de hacer, es una campaña pública y noviolenta de DESOBEDIENCIA CIVIL que tiene lugar en multitud de países desde hace décadas. Gracias a ella podemos dejar de colaborar con los ejércitos y evitar que se financien las guerras con nuestros impuestos.» 2

Es una temeridad y una imprudencia decir que de ciertas acciones se siguen determinadas consecuencias cuando esto no ocurre. Además, nuestro crédito político se ve seriamente dañado cuando tras un discurso radical se esconde una práctica no tan radical (aunque no por eso peor, en los tiempos que corren).

Veamos los supuestos en que se desarrolla actualmente la OFGM.

En primer lugar hay que comenzar diciendo que la OF no sirve para lo que se propone tal cual está concebida en sus «objetivos técnicos», esto es, si pensamos que realizando la OFGM detraemos recursos del GM.

Imaginemos a alguien que va a hacer la declaración de la renta y decide hacer OFGM.

Primer supuesto: Hacienda lo ignora. Tanto si la declaración de la renta es a favor (te devuelven) como si es en contra (pagas) el estado abonará (primer caso) o dejará de ingresar (segundo) una cantidad equis que recibirá una entidad particular que, según criterio, constituye una alternativa de gasto mejor que el GM.

Esto podría generar la ilusión de que lo hecho ha servido y que, efectivamente, se han trasvasado recursos de lo militar a lo no militar.

Pero si rascamos un poco vemos que esto NUNCA sucede. El estado no deja de comprar un tanque Leopard -pongamos por caso- tras contabilizar el dinero que las personas contribuyentes han detraído al fisco por motivos de conciencia (tanto si el estado pagó de más como si dejó de ingresar). Si los objetivos técnicos de la OF son detraer recursos al militarismo negándose a pagar impuestos para la guerra o su preparación, esto nunca ocurre. Diría más: la experiencia nos demuestra que año tras año, el estado no sólo gasta lo que originalmente prevé sino cantidades muy superiores -lo que puede verse en las oportunas liquidaciones de los PGE año tras año.

Lo que sí ocurre, SIEMPRE que se realiza la OFGM, es que el estado recibe menos ingresos de los previstos -sean las declaraciones positivas o negativas. Si aceptamos que no descuenta ni un euro su previsión de GM sino que incluso lo aumenta, tenemos que:

• o reduce gastos en partidas de segundo o tercer rango (podría ser, por qué no, aquellas que siempre sufren recortes, como las vinculadas a asuntos sociales, genéricamente hablando -educación, sanidad, medio ambiente)

• o incrementa los impuestos para cumplir los compromisos de gasto adquiridos a través de los PGE.

Segundo supuesto: Hacienda no hace la vista gorda y obliga a la persona declarante, mediante una declaración paralela, a someterse a los cauces que marca la administración. En este segundo supuesto encontramos al menos dos formas de enfrentar la situación en función de la actitud de la persona declarante:

a) Se evita un enfrentamiento con el fisco y se paga conforme a la declaración paralela de Hacienda. Cuando esto ocurre, el gesto de quien ha realizado la OFGM se queda en agua de borrajas: no sólo no detrajo recursos al militarismo (ya se ha señalado), sino que, además, pagó por dos veces: una, a la entidad particular que eligió como alternativa, y otra, como efecto de la reclamación. Sin entrar a valorar las situaciones personales que cada cual tenga a la hora de adoptar esta medida, no podemos pasar por alto que aquí, la desobediencia es poco más que una declaración de intenciones y no la intención misma. Hay datos para pensar que mucha gente que realiza la OFGM se encuentra en este supuesto: espera no ser reclamada por Hacienda y que, si esto ocurre, su periplo termine en la declaración paralela que efectúa la administración.

b) Cuando Hacienda reclama, la persona que ha hecho OFGM mantiene su postura. Por esta vía los frutos son escasos -con la estrategia actual- pues además de no abundar en ejemplos -se conocen dos- las sentencias suelen ser a favor del fisco. Salvo un caso concreto -el objetor catalán que comentaremos más adelante- se acaba pagando lo que el fisco reclama más los intereses de demora (a veces incluso las costas procesales si se llega a la vía judicial y la sentencia es negativa). Que se cobran es seguro, independientemente de la vía que elijan: adeudo en cuenta corriente, embargo o descuento en declaraciones posteriores… Que nadie o casi nadie se adentre en las turbulentas aguas de la justicia pone en entredicho su carácter colectivo y desobediente. Hasta el momento sólo ha habido un caso en que el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya dictó una sentencia a favor de un OF en la que insta al Tribunal Económico Administrativo Regional a retirar y dejar sin efecto la sanción que le habían impuesto, si bien la sentencia niega tajantemente el derecho a la objeción de conciencia fiscal y confirma que el recurrente tiene que pagar a Hacienda la cuota que dejó de abonar para destinarla a objeción fiscal. Tan solo entiende que no hubo «ánimo defraudatorio» procediendo a anular la multa que se le había impuesto.

Esta rara avis nos sirve para cuestionar algunas ideas centrales de la estrategia de la OFGM.

La primera duda atiende a su consideración de «colectiva». Que algunos miles de personas la realicen (algunas estimaciones hablan de 5.000) la convierte en una campaña colectiva sólo cuantitativamente, pero no cualitativamente. El caso del OF catalán es paradigmático: es él y no un «movimiento» quien se enfrenta «al poder» manteniendo un gesto.

Nadie o casi nadie decide llevar hasta sus últimas consecuencias el asunto que nos ocupa. ¿Será que tras el gesto no hay ninguna estructura que mantenga el enfrentamiento con el estado más allá de la retórica?

La inmensa mayoría de las personas que realizan la OFGM lo hacen desde la más absoluta individualidad, a veces sin saber que llevando su coherencia hasta las últimas consecuencias, no se asegurarán más apoyo de quienes impulsan esta campaña que el de su «solidaridad».

La cuestión es clara: alguien que hoy decidiera «llegar hasta el final» ¿podría contar con defensa legal por parte del «movimiento»? Si finalmente le obligaran a pagar, sea cual sea la cantidad, ¿contaría con el soporte económico de una «estructura» que garantizase su arriesgada apuesta, por ejemplo, con una caja de resistencia o similar? Si por impago -voluntario o forzoso- acabase con sus huesos en la cárcel -cosa nada probable-, ¿tendría sentido, colectivamente hablando, una situación de esta magnitud? ¿Podría, si contara con un grupo de apoyo, tener una coordinación fluida con alguien -valga decir «otros grupos», «otras personas que hubiesen realizado la OF», el «movimiento»- para dar sentido público, político, a su acción?

Antes de avanzar más es necesario insistir en lo siguiente:

• La OFGM no sirve para lo que se propone en su dimensión técnica: evitar que mediante nuestros impuestos se financie el militarismo.

• Que apenas hay un caso de claro enfrentamiento con el estado por realizar la OFGM pone de manifiesto que no es una campaña colectiva ni de desobediencia civil.

Si la campaña de OFGM no evita que con los impuestos se siga financiando la guerra, yerra en sus propósitos o no ha pensado convenientemente su imagen pública. Honestamente, ¿qué le estamos contando a la gente que se decide a realizarla? ¿No estaremos manipulando de forma inconsciente (por no pensar en lo que hacemos) a quienes, por motivos de conciencia, deciden realizar la OFGM?

Quizá sea la falta de claridad del asunto y la inexistencia de una completa estrategia lo que termina agotando las sensibilidades de quienes una vez decidieron contribuir a lo que pensaban era una alternativa y ven en su acción una absoluta inoperancia.

Utilizar el momento de realizar la declaración para hacer una cierta pedagogía social se puede valorar muy positivamente, o lo contrario: debería preocuparnos que un tema tan sangrante como este -como tantos otros- sólo merezca nuestra atención tres mes al año y que los 9 meses restantes permanezca bastante olvidado.

Basar toda una campaña en el supuesto de que «se recupera la conciencia de que hacienda somos todos, que aquí el que manda es el pueblo, que podemos desobedecer las leyes o normas injustas, podemos no cumplirlas y hacerlo con la cabeza bien alta, burlarse de hacienda, que todo el mundo se entere de que puede ser desobediente y no pagar tanques y misiles que no sirven para nada, para festejar la diversidad y la extensión que está teniendo esta forma de desobediencia civil tan netamente antimilitarista, pues implica una toma de conciencia sobre el grave problema de la militarización social, dejar de colaborar con los ejércitos y evitar que se financien las guerras con nuestros impuestos» (extraído de páginas del movimiento antimilitarista) no deja de ser pura poesía, un acto de sofística.

En el caso que nos ocupa, nos encontramos ante una iniciativa política que acepta el sistema fiscal que denuncia con la apariencia de quebrantarlo. La aparente desobediencia es una obediencia debida. Se desobedece cuando la acción se lleva hasta las últimas consecuencias.

La ilusión de que se viola la ley se desvanece con sólo considerar la forma de actuar del estado. Desde el momento en que el estado se encuentra ante la violación de una ley se ve obligado a adoptar una decisión jurídico-institucional, pero nada de esto ocurre.

Realizar una OFGM consecuente debería pasar por plantearse obligar al estado a ser un interlocutor, imponiendo el cumplimiento de los objetivos que la campaña anuncia, vale decir, negar que con los impuestos que se pagan se financien las guerras y se depauperen los gastos socialmente útiles. Si el estado no interviene, y dado que nada de lo que hacemos sirve (salvo para dejar nuestras conciencias tranquilas, en el mejor de los casos), es menester obligarle a intervenir, porque si no, nuestro gesto no va a ningún lado: una cosa es predicar y otra dar trigo.

Obligar al estado a intervenir nos sitúa en otra problemática no menos peliaguda. Podemos obligarle a intervenir ¿aceptando las reglas del juego o rompiendo la baraja?

Romper la baraja significa no sólo no aceptar las reglas del juego, sino el juego mismo. Romper la baraja implica salirse, irse, extrañarse, abandonar, desertar. Pretender vivir fuera del sistema implica rechazarlo todo: trabajar para otros a cambio de un salario, tener dinero, consumir (incluso lo más básico).

Sólo una autogestión llevada al extremo se permitiría romper la baraja y mantener un discurso radical. Cada vez que compramos una barra de pan, una cajetilla de tabaco, montamos en el transporte público o en el coche, vemos la tele o vamos al cine, por hablar de cualesquiera cosas que hagamos un día corriente de nuestra vida, coadyuvamos con los impuestos que los gravan a un determinado estado de cosas. Podemos robar, pero incluso el robo está repercutido, adelantadamente, en el precio del producto.

Es lo que tiene ser radical: es muy difícil explicarse. Si no se quiere una legislación sobre los «impuestos por la paz» porque las leyes «se dictan siempre a favor de quienes las redactan» (AA-MOC define así su posición al respecto de una «ley de impuestos por la paz» aunque dentro del mismo movimiento hay quien recomienda que se interpele a los parlamentarios para que se legisle en este tema, lo que demuestra que no hay postura común), hay que salirse del mundo, a todos los efectos, y tirar al niño con el agua sucia. La pureza no existe (¡menos mal!), y querer mantener una burbuja pura e inmaculada en un mundo contaminado es poco menos que anhelar la cuadratura del círculo.

La postura inmaculada hace juego sucio: defiende el gesto más radical pero sólo se queda en la pose. Si de verdad nos creemos lo que decimos, hagámoslo. Si no, aceptemos que el mundo sea menos perfecto, menos redondo y menos radical, y que, poquito a poco se den pasos que ahora no se dan.

Debemos ser consecuentes: o desarrollamos radicalmente nuestra propuesta o participamos de otras opciones. Es muy fácil colocarse tras el discurso radical y tildar al resto de «reformistas». Quizá sea importante aclarar qué entendemos por reformista: quienes buscan modificar coyunturalmente algunos aspectos de nuestra democracia militar de mercado abandonando de antemano la posibilidad de transformar el conjunto de la sociedad y sus condiciones de existencia.

Una vez aceptado el actual sistema fiscal como forma de organizar nuestra existencia (pedimos que nuestros impuestos no se utilicen para lo militar, no que nos neguemos a pagar impuestos), igual de eficiente sería una ley que convirtiera la OFGM en un derecho reconocido legalmente. Para «concienciar» (tremenda palabra esta) a la sociedad (¡uff!) con los valores que defiende el antimilitarismo, también servirían otras iniciativas. Para sumar cuantitativamente, es posible que también una ley sirva, puesto que la gente, en general, si toma posiciones prefiere que no reporten mucho sufrimiento, desgaste, etc.

¿Cómo actuar ante las leyes injustas? ¿Nos contentamos con obedecerlas? ¿Tratamos de corregirlas y seguimos obedeciendo hasta que lo consigamos? ¿Las transgredimos?

Plantear una posible «legalización» de la OFGM (que sí se reivindica, p. ej. para consumir drogas, o mediante una ILP para conseguir la RB) nos obliga a detenernos en la cuestión de los derechos.

Recordad los debates sobre la Renta Básica. Como es sabido, la propuesta más radical ubicada en nuestro mundo, era aquella que planteaba que ésta (la RB) debería ser un derecho ciudadano y no un subsidio; que fuera individual y no familiar; que fuera incondicional (esto es, no dependiente de otros ingresos) y suficiente (capaz de satisfacer unas mínimas necesidades básicas). De hecho, convertirla en incondicional suponía que pudiera ser concedida a todo el mundo, incluso a quien no la necesitara (como el rey o un banquero), pero se valoraba como un accidente, un «mal menor» que así fuera, pues implicaba un bien superior, no sólo por las condiciones materiales que venía a cubrir, sino por la potencia de impugnación del orden constituido. La RB se proponía no como la solución (la que, dicho de paso, nadie tiene, porque entre otras cosas, no la hay) sino como una propuesta que caminaba aventurando otro mundo posible.

¿Por qué sí aceptar -digamos- una RB y no una ley que obligara al estado a que cada euro que la OFGM derivase se descontara realmente del dispendio militar? ¿Acaso esta propuesta no permitiría hacer efectivo el discurso que la «campaña» lleva haciendo durante décadas con más pena que gloria? ¿Acaso no sería, de momento, más efectiva en todos los órdenes (incluido, por qué no, el de «generar conciencia») que la actual campaña de verdades a medias? ¿Regular siempre es malo?

Las leyes, desde el momento en que se constituyen como objetos ideales, pueden convertirse en algo tan paralizante como práxicamente perverso, pero eso no debe obligarnos a renunciar a otros mundos posibles. Ciertamente, el «derecho a la libertad, al medio ambiente, a la vivienda», etc., en cuanto derechos, no constituyen de ningún modo contenido real alguno. Si contemplamos únicamente como objetivo la garantía de estos derechos, de todos los derechos, entonces no apuntamos a la libertad. Los derechos no se mendigan, no se escriben: se conquistan. Pero quizá estemos en un momento en el que resistir ya sea una proeza, un momento en que estar asistido por derechos no sea lo peor.

El reconocimiento legal no evita que se sigan haciendo otras cosas, ni canaliza la disidencia amoldándola al establecimiento. A quienes hacemos o hemos hecho cosas contra las cárceles mucho nos gustaría abolirlas, pero de momento, nos conformaríamos con que el régimen penitenciario no se incumpliera: la vida de muchas personas presas mejoraría y también la de sus familiares.

La existencia de una ley que reconociera la OFGM, lejos de implicar que el gasto continúe incuestionado, podría posibilitar que su cuestionamiento se generalizase en la medida en que la gente entienda que es un gasto inútil y que no contribuye en nada al bienestar social (bueno, ¡al de unos cuantos sí!).

No debería significar una renuncia a otras utopías en las que «creemos». La profesionalización del ejército no ha evitado que sigamos clamando por su abolición y que lo sigamos denunciando desde todas las palestras posibles.

De hecho nos parece un exceso por nuestra parte fijar el carácter colectivo de la OFGM en lo que tiene que ver, exclusivamente, con un enfrentamiento radical con el estado, o lo que es lo mismo, aseverar que, si no hay juicios, ni embargos, ni gente que va a la cárcel, no hay «campaña colectiva».

Afirmar el deseo de que así fuese y la necesidad de una campaña de DC coherente -lo que ahora no se da- no invalida pensar en cualesquiera otras formas de lucha social, colectiva, política, noviolenta, etc. pero honestas.

Cuidado: sí sabemos que no nos gusta la propuesta de ERC por las siguientes razones:

• La razón de peso y principal es que esta ley no enuncia algo esencial, como es que la OF, de servir para algo, debe subvertir la orientación del gasto, de manera que la deducción que la gente haga mediante su declaración de la renta determine de forma inmediata el gasto en armamento, esto es, que lo deducido no sea un plus, sino que se detraiga del gasto militar de forma efectiva.

• Para seguir, el título se refiere al reconocimiento al derecho a la OF a la parte porcentual del IRPF asignado al Mº de Defensa, y no al gasto militar, que ellos conocen porque me he encargado de hacérselo llegar.

• La propuesta plantea, para gestionar esta OF light, la creación de una Oficina, otra más (aunque se llame «por la Paz y la Solidaridad»), que gestionarían el Mº de Asuntos Exteriores y la CONGD y ya sabemos cómo de militarizadas están las relaciones exteriores y en algunos casos la «ayuda al desarrollo».

La propuesta de ERC es un claro exponente de cómo los profesionales de la Política, incluso los que muestran una sensibilidad no al uso, pueden subsumir los planteamientos sociales y amoldarlos, ahormarlos, a la lógica del establecimiento. Esta es la manera en que la Política desconectada de la política, es en apariencia díscola con el sistema mientras lo refuerza… (como a veces nos ocurre al resto).

Otro debate no menos interesante apunta a qué ocurriría si estas propuestas abrieran la puerta a tener unos «impuestos a la carta».

Nos encontraríamos con sensibilidades muy acordes a las nuestras (a las de quienes escribimos el texto). Podríamos objetar el presupuesto de Fomento desde una perspectiva antidesarrollista o ecologista. Podríamos objetar el presupuesto de las cárceles, los centros de exterminio de menores…., y nos parecería bueno. Podríamos, por supuesto, negar su dispendio al rey y mandarle al paro (aunque le concediéramos la RB).

Pero de todo hay en la viña del señor; también, por supuesto, otras sensibilidades. ¿Y si los grupos antiabortistas, nutridos, dinámicos, con apoyo mediático y financiero objetaran fiscalmente al mantenimiento de clínicas que practican el aborto -no entro en supuestos- subvencionadas por el estado? ¿Y si los liberales -conservadores, que la terminología es muy lábil y puede llevar a engaño- objetaran los gastos sociales por considerar que los pobres están a la sopa boba y que lo que se debe hacer es obligarles a trabajar? Estaremos de acuerdo o en desacuerdo con muchas de estas posturas, pero no se puede negar que la OF abre múltiples escenarios posibles y los significados -afortunadamente- no son sólo propiedad de unas cuantas personas.

Esto podría suponer un acontecimiento singular. La gente intervendría, mediante el pago de sus impuestos, en la política. Defendería con esta o aquella objeción cómo gastar el dinero. Si los militaristas se llevasen el gato al agua, tendríamos gastos militares hasta la obscenidad. Si los antidesarrollistas consiguieran convencer a mucha gente, Teruel seguiría sin existir -¡no saben lo que tienen! ¡les mandábamos a Gallardón un par de meses!). ¿No es esto la Democracia? Como decía Bertrand Russell la «democracia, aun cuando menos proclive a los abusos que la dictadura, no es de ningún modo inmune a los abusos de poder por parte de las autoridades o de corruptos intereses».

Ahora toca resistir y resistir es seguir produciendo sentido. La posibilidad de la política aparece cuando se rompe la clausura del significado, cuando eso que sea «lo político» aparece como nuestra verdadera obra y que, por tanto, está sujeta a cambios, modificaciones, aquello que puede ser cuestionado y respondido de muchas maneras, cuando pensar es una forma de intervenir en la realidad. Si las respuestas están prefijadas, no caben las preguntas.

Experimentar sin perder los otros horizontes sobre los que proyectamos cómo nos gustaría que fuesen las cosas debe ser una condición. Lo social debería estar en cambio permanente, ser un programa que no tiene término. No hay contrato social que pueda ser fijado por programa científico alguno. Ante la dificultad de encontrar registros en los que tener seguridades y en los que saber que nuestros gestos conducen a algún sitio, la autonomía -de pensar, de interrogarse, de aventurar, de complicar, de remover el suelo firme, de trastocar ciertas seguridades…- nos permite seguir produciendo sentidos, visiones poliédricas del mundo. Ante la clausura del significado nos queda la opción de inventar otros significados para alimentarnos y alimentar el «imaginario social».

Cuando se inicia una acción sólo sabemos que ponemos sus resultados en el futuro. Pero el futuro no lo conocemos. El estatus de estos resultados conforma un abanico de posibilidades sin configuración precisa. Una acción es puesta en marcha desde un-mundo-ya-hecho para desencadenar un-mundo-haciéndose. Para que esta acción se transforme es necesario que encuentre espacios donde retroalimentarse, donde puedan desplegarse sus potencialidades. Y aunque es cierto que la incertidumbre también podría conducir a efectos indeseados -clausura de significados, ausencia de lugares donde germinar, …- no podemos renunciar a poner en movimiento gestos, acciones, significados. Si los experimentos no salen hay que tener la suficiente flexibilidad y libertad para cambiarlos, para proponer otros que se adapten mejor al momento en que se insertan. No debemos valorar la incertidumbre como algo negativo, sino como pura potencia, como permanente recreación de inquietudes.

No tengamos miedo a deshacernos de rémoras o al menos a modificarlas, desde la honestidad, para que nos sirvan de forma adecuada.

Notas: