La costumbre de la clase dominante de apropiarse de lo público, de no distinguir entre lo público y lo privado viene de muy atrás. Al fortalecerse la democracia capitalista, a comienzos del siglo diecinueve, ocupar el Estado era la tendencia natural de los ricos que, incluso, cuando el resultado de unas elecciones no les gustaba, […]
La costumbre de la clase dominante de apropiarse de lo público, de no distinguir entre lo público y lo privado viene de muy atrás. Al fortalecerse la democracia capitalista, a comienzos del siglo diecinueve, ocupar el Estado era la tendencia natural de los ricos que, incluso, cuando el resultado de unas elecciones no les gustaba, recurrían a los militares para anularlas. Lo vimos en España en 1936. La clase dominante ha hecho gala de dominar al Ejército, a la Judicatura, a los políticos, además del sistema financiero que les pertenece por derecho propio. En el sistema europeo, los ricos tienden a ser empresarios pero también políticos. En el americano, se conforman con controlar a los políticos mediante la financiación de las elecciones. A ningún americano rico le apetece ser político, actúan por interposición.
Las alianzas para hacer dinero, para controlar lo público empiezan muy pronto en cada generación, en el colegio. Los pupitres adosados de Aznar y Villalonga en el colegio madrileño del Pilar se repitieron, años más tarde, en las aulas del Opus en Somosaguas con Agag y su cuadrilla. E inmediatamente en las alianzas matrimoniales. Los chicos se casan con chicas de su clase. Una hija de banquero con un abogado del Estado, dos hijos de políticos entre sí. La clase es factor determinante del amor.
La naturalidad con la que la clase dominante actúa en política en su propio beneficio es asombrosa. Un compañero mío, que fue ministro con la UCD, tenía cinco coches oficiales a la vez al servicio de su familia. Pero esto es sólo una anécdota. La clase dominante urde alianzas utilizando las oportunidades políticas. El caso ejemplar es la fracasada inversión inmobiliaria. Ayuntamientos autorizando la construcción donde no corresponde, autorizando alturas y otras formas de burlar la ley han sido la norma en la actual corrupción. Y los contratos administrativos que ejemplifican cómo una empresa del grupo Correa recibía la organización de los actos del Partido Popular por consigna del partido. Entre otras muchas chapuzas, hoy bajo el foco y la atención de la justicia. Tampoco el PSOE se libra. Los socialistas se han incorporado a la corrupción de otra manera, con menor intensidad, pero han terminado haciendo lo mismo, especialmente, en el caso Filesa, para compensar un sistema de financiación electoral que favorece a los partidos de los ricos. Tampoco es que el gobierno Zapatero sea muy socialista, todo lo más socialdemócrata, amigo de los bancos, de un Botín cuyo apellido lo dice todo y que se libró de la justicia en su día por tener buenos abogados. Hasta hay un abogado formado en el Opus, que se especializa en defender sinvergüenzas.
Yo entiendo que la trama Correa no se reduce a dar comisiones a los políticos, en comprar favores a cambio de regalos y de dinero. Yo creo que también implica el mismo modo de financiación que representó Filesa. Y por ello se hace necesario una reforma del sistema electoral, a la europea, que lo impida y que, de paso, impida que partidos como Izquierda Unida necesiten tres veces más votantes que el PP o el PSOE para conseguir un diputado.
La presente crisis económica, urdida por los errores y la avaricia de los dueños del poder financiero, está produciendo una deslegitimación de esa forma de operar. Las gentes corrientes se van dando cuenta de que no basta votar para consolidar y perfeccionar la democracia. El sistema vigente nos quiere más consumidores que ciudadanos, más audiencia televisiva que actores políticos. Pero la dificultad para consumir y la necesidad de buscar trabajo nos está haciendo cambiar, nos está impulsando a no dejar las cosas en manos de los poderosos, como hacíamos hasta ahora mismo.
Alberto Moncada es sociólogo