La violencia familiar, ejercida en la mayoría de los casos por los compañeros o cónyuges, es un hecho cotidiano en la vida de las mujeres migrantes de Centro y Sudamérica, a la que se suman otros tipos de violencia que padecen por su condición irregular en México, sostiene un estudio realizado por la organización Sin […]
La violencia familiar, ejercida en la mayoría de los casos por los compañeros o cónyuges, es un hecho cotidiano en la vida de las mujeres migrantes de Centro y Sudamérica, a la que se suman otros tipos de violencia que padecen por su condición irregular en México, sostiene un estudio realizado por la organización Sin Fronteras.
En conferencia de prensa, la directora de Sin Fronteras, Fabienne Venet, indicó que las migrantes son objeto de violencia ejercida en su entorno familiar cotidiano y por autoridades de migración, ejército, policía, empleadores y ladrones ocasionales en su trayecto migratorio, más aún cuando se trasladan solas.
El estudio concluye que la normatividad y la práctica migratoria en México favorecen la vulnerabilidad de las mujeres migrantes, ya que su documentación, determinada por la dependencia económica de su pareja o cónyuge, es un obstáculo para el acceso a la justicia.
Ante esta situación, la directora de Sin Fronteras afirmó que en México es prioritario el diseño y la aplicación de campañas de sensibilización para el personal de las estaciones migratorias, así como un marco de protección para las migrantes víctimas de violencia familiar.
LOS NÚMEROS
Al presentar los resultados, explicó que el estudio realizado entre 2003 y 2004, a través de talleres y entrevistas a 65 mujeres de Centro y Sudamérica en la estación migratoria de la Ciudad de México, un albergue de Río Blanco, Veracruz, y un local de Tapachula, Chiapas, detectó que la violencia en sus diferentes formas está presente en todo el proceso migratorio.
Respecto al destino de las migrantes, explicó que el 57 por ciento se dirigían a Estados Unidos y 43 por ciento señaló México como destino. Las entrevistas se realizaron a mujeres procedentes de Ecuador, El Salvador, Guatemala, Cuba, Venezuela, Colombia, Argentina, Honduras y Perú.
El estudio mostró que 46 por ciento de las entrevistadas (30 mujeres) dijo haber sido objeto de algún tipo de violencia, ya sea por parte de las autoridades, familia o personas desconocidas durante el proceso migratorio.
De este universo, 23 por ciento declaró que la violencia se ejerció por las autoridades migratorias; 10 por ciento por la Policía Federal Preventiva y con el mismo porcentaje, la Policía Judicial y las municipales.
Las entrevistadas identificaron como fuente de violencia al Ejército en 6.6 por ciento de los casos, a las policías estatales y bomberos en 3.3 por ciento cada uno; mientras que 33.3 por ciento dijo no poder identificar a sus agresores.
Sobre las formas institucionales, 30 por ciento declaró haber sido objeto de violencia física; una cantidad similar enfrentó agresiones psicológicas; 16.6 por ciento económica (en forma de extorsión), 10 por ciento sufrió algún tipo de violencia sexual y 13. 3 no la especificaron.
Relacionado con el mismo universo, las referencias al maltrato en el entorno familiar arrojaron que 24 por ciento de las entrevistadas sufrieron este tipo de violencia, mientras que 36 por ciento negaron este hecho y el 40 por ciento restante no proporcionaron datos.
Fabienne Venet manifestó que este último porcentaje se debe probablemente a la dificultad de las migrantes de reportar e identificar la violencia familiar; así como por el entorno en el que se hicieron las entrevistas.
BAJO LA PERMANENTE AMENAZA
Asimismo, explicó que la violencia doméstica se ejerce mayormente por los hombres con los que viven o vivieron las migrantes, quienes amenazan con denunciar su situación irregular ente las autoridades migratorias.
En este sentido, la investigación, apoyada por el Instituto Nacional de las Mujeres y la Fundación Ford, presenta los casos de tres mujeres migrantes establecidas en México que fueron amenazadas por sus parejas.
Paula, nacida en Guatemala ingresó al país en 1985 y tuvo tres hijos de padre mexicano. Luego, obtuvo una forma migratoria que le autorizó permanecer en el país al lado y bajo la dependencia económica de Leonel, su pareja.
A pesar de ser víctima violencia familiar, Paula sufrió las consecuencias de su situación migratoria pues su pareja le negó el apoyo para renovar anualmente su documentación. Paula desistió de un juicio penal y dos de sus hijos permanecen con Leonel, quien le restringe las visitas.
Respecto a la violencia contra las migrantes cuando se encuentran en tránsito por México, 48.2 por ciento de las entrevistadas manifestaron haber sufrido violencia sexual, física o psicológica.