Crímenes del 3 de marzo, ¡basta ya de impunidad!

Considera que no hay pruebas suficientes, ni para procesar ni para archivar la causa. Pide investigar: “si los hechos concretos por los que se imputó a Villa pueden o no ser enmarcados en el contexto de un ataque sistemático o generalizado contra parte de la población civil local”. Dice que sólo la acusación de “crímenes de lesa humanidad” puede prosperar en la JUSTICIA UNIVERSAL porque, a diferencia de los delitos comunes, no prescriben por el paso del tiempo. Rápidamente, con notable cinismo, MARTÍN VILLA ha declarado que, aunque aceptase alguna responsabilidad en los asesinatos, se le acusa de hechos ocurridos en la TRANSICIÓN, según él “desde la proclamación del Rey de España en 1975, pasando por las elecciones democráticas de 1977, hasta la aprobación de la CE en diciembre de 1978”, que fue un proceso hacia la democracia que considera “incompatible con un plan sistemático de exterminio o persecución de opositores”. 

Sin embargo, está documentado que hablar de democracia en ese periodo es una falsedad histórica. Las primeras elecciones por sufragio universal (1977) se convocaron desde el poder franquista, manteniendo intacta la estructura orgánica del régimen, imponiendo las reglas, y excluyendo del voto a millones de españoles, emigrantes y jóvenes entre 18 y 21 años. MARTÍN VILLA, como ministro de Gobernación, legalizó más de cien partidos de extrema derecha o conservadores en abril de ese año, como FUERZA NUEVA o FALANGE, mientras mantenía en la ilegalidad a otros tantos a la izquierda del PCE o republicanos, como ERC. Se prohibieron actos el 14 de abril o el 1 de mayo, la libertad sindical estaba ausente, y hubo un plan generalizado y sistemático de persecución de aquellos opositores que propugnaban la ruptura con el franquismo. Prohibición de actos de organizaciones de izquierdas, detenciones, torturas, encarcelamientos, y cerca de cien asesinatos en esos años, cometidos por policía, guardia civil, y bandas fascistas parapoliciales, tuteladas por agentes del servicio secreto SECED, con dinero e impunidad garantizados, y todo ello bajo la dirección de MARTÍN VILLA, exponente representativo de todos los gerifaltes franquistas reconvertidos a demócratas. Es una necesidad mantener vivo el combate sin cuartel para romper el muro de impunidad levantado por la cúpula judicial española, con la complicidad o inacción de los diferentes gobiernos, y con notorio desprecio del DERECHO INTERNACIONAL, de obligado cumplimiento, y de reiteradas resoluciones del COMITÉ DE DERECHOS HUMANOS de NACIONES UNIDAS exigiendo que se juzguen los crímenes del franquismo. 

Conviene recordar también, que MARTÍN VILLA ha sido y es, ante todo, genuino representante de los intereses del capital, durante el franquismo desde el “Movimiento Nacional” y en democracia en distintas empresas del IBEX 35. Fue presidente de ENDESA cuando se privatizó, y últimamente consejero en la SAREB, “banco malo”creado para socializar el fraude bancario que acaba de dejar al Estado una deuda de 35.000 millones de euros. Y si aprendimos algo, hace tantos años, cuando salimos a la calle para reclamar salarios y condiciones de vida y trabajo dignas, fue que no nos enfrentábamos a cada empresario sino a todos ellos como clase, y a todo un entramado policial, mediático, y jurídico institucional a su servicio. Por eso, cuestionar el capitalismo sigue siendo hoy más necesario que nunca, pero no es posible hacerlo sin presentar batalla, política, institucional, sindical y social. La última reforma laboral, resultado del «diálogo social», nos anuncia, igual que las anteriores, que beneficiará el empleo estable y con derechos, pero es conocido que el camino al infierno está empedrado de buenas intenciones. Por supuesto, habrá menos contratos temporales, dado que ahora se les llamará contratos fijos de obra o fijos discontinuos, pero los empleos seguirán siendo precarios, inseguros, e inestables, dado que se mantienen las facilidades para despedir, rápido, barato, y sin controles administrativos. Igualmente, se mantiene la subcontratación en cadena, la intermediación de las Empresas de Trabajo Temporal, la contratación a tiempo parcial, principal fuente de fraude a la SS, o que las empresas se puedan descolgar del convenio. Ni siquiera se ha conseguido que los cientos de miles de rescisiones por contratos en fraude de ley sean declarados nulos obligando a las empresas a su readmisión. Que se haya dejado intacto el artículo 41 Estatuto de los Trabajadores, principal instrumento de devaluación salarial y deterioro de la negociación colectiva, que permite a las empresas, unilateralmente y sin trabas administrativas, modificar sustancialmente las condiciones de trabajo, incluidos salarios, jornada, horarios, o movilidad, revela renuncias sindicales injustificables. 

De los casi diecisiete millones de asalariados, la mitad no están cubiertos por un convenio, y la otra mitad afronta una perdida generalizada de poder adquisitivo, muy por debajo de la inflación interanual del 6,5% en diciembre. Mientras los precios de bienes y servicios básicos se disparan, 12.5 millones de personas ingresan menos de mil euros netos mensuales, según la AGENCIA TRIBUTARIA. Y quienes se llevan la peor parte son la juventud, y especialmente las mujeres, nativas o emigrantes, con mayor tasa de paro que los hombres, un 24% menos de sueldo, y una pensión media un 37% inferior. La pandemia ha agravado la desigualdad y la pobreza, y la guerra en UCRANIA, injustificable, estimulada por intereses económicos y armamentísticos, encubiertos por el conflicto de seguridad militar entre RUSIA y la OTAN (EE.UU.), empeora aún más la situación para la mayoría en beneficio de muy pocos. Tenemos que empujar para garantizar el derecho a un techo y una pensión mínima, y un ingreso mínimo vital, suficientes para vivir dignamente. Hay que reforzar la negociación colectiva y el derecho de huelga, derogando íntegramente reformas laborales impuestas en 2010 y 2012, y medidas para combatir la especulación y la elusión fiscal de los que más tienen. Y, sobre todo, tenemos que defender lo público frente a las privatizaciones, como la que se pretende en el SISTEMA PÚBLICO DE PENSIONES. También en la BANCA o las EMPRESAS ENERGÉTICAS, y especialmente en el SISTEMA PÚBLICO DE SALUD, que exige más recursos públicos y condiciones de trabajo decentes para todo su personal. Impulsar y generalizar las luchas, coordinarlas, unificarlas, y darles una perspectiva política, entendiendo la acción diaria como una lucha más amplia por la transformación socialista de la sociedad, es una necesidad. En esa perspectiva, el 3 de marzo del 76 integra enseñanzas que tenemos que recuperar y nos convoca a seguir recordando a nuestros muertos y exigir justicia y el fin de la impunidad.   

José Arturo Val del Olmo. Miembro de las Comisiones Representativas (CCRR) del 3 de marzo de 1976. Autor del libro «3 de marzo, una lucha inacabada».

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