Desde el pasado diciembre, cuando fueron asesinadas 11 mujeres, hasta este enero de 2023, en el que cinco hombres han matado a cinco mujeres, las preguntas sobre qué está fallando a pesar de los avances legislativos se han incrementado en todas las esferas.
El ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha propuesto la posibilidad de informar a las víctimas de los posibles antecedentes que pueda tener su maltratador debido a que, en algunos de los últimos casos, se ha dado esta circunstancia. No suele ser lo más habitual, de todas maneras, según las estadísticas. Como tampoco son excepcionales los picos de asesinatos en algunos meses del año ni el aumento en determinadas zonas. La Fiscalía ya ha dicho, de momento, que informar de los antecedentes no se puede hacer de manera automática, es decir, habría que analizar caso por caso.
En PorTodas, el proyecto de investigación sobre crímenes machistas impulsado por La Marea, que documenta los 55 casos registrados en el año 2014, observamos, por ejemplo, que tres de los asesinos habían hecho previamente cursos de reeducación. ¿Se ha valorado lo suficiente este extremo entre los posibles fallos que pueden llevar a cometer un feminicidio? ¿Cómo funcionan esas formaciones? ¿Se está valorando realmente la magnitud del problema? ¿Se están poniendo los recursos necesarios? ¿Se olvidarán estos “meses trágicos” o “negros” como se olvidaron los anteriores?
El trabajo desarrollado en PorTodas hasta el momento nos ha permitido detectar algunas cuestiones que no funcionan y que, en muchos casos, continúan reproduciéndose hoy, ocho años después. Comenzamos, por ejemplo, con los antecedentes y violencias previas. En la historia que documentó Isabel Muntané en Vilanova i la Geltrú (Barcelona), el asesino, después de una primera condena en 2011 –que fue suspendida condicionada a recibir un curso de reeducación–, continuó maltratando a Núria y, finalmente, la mató.
No la creyeron: formación especializada
Cuando se analiza el procedimiento posterior al asesinato, observamos fallos garrafales como en la historia de Hannan, asesinada en Melilla junto a un hombre que la estaba ayudando a encontrar trabajo. Aquí, el principal riesgo de la víctima fue que la Policía no la creyó. Un agente admite, en el reportaje que firma Patricia Simón, que era tan buen actor que les hacía dudar de que fuese ella la que estaba diciendo la verdad. No es que ella siguiera viéndole, es que él no la dejaba. ¿Se está, por tanto, poniendo énfasis en la formación en violencia de género de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado?
En el caso contrario, fue la Administración, los diferentes gobiernos, quienes no hicieron caso durante años a la solicitud de la Policía. Ocurrió en Chiclana (Cádiz), donde en 2014 fue asesinada Josefa, una mujer octogenaria. Su marido se suicidó. De Chiclana era también Eva, la mujer que acaba de ser asesinada en El Puerto de Santa María. Y en Chiclana se puso recientemente una calle en homenaje a Ana Orantes. En este municipio costero, había un problema con las dispensas de los policías especializados, que se pasaron años pidiendo no llevar uniformes. Llevarlos desprotegía a las víctimas y alertaba al agresor, argumentaban los agentes.
Esta unidad, denominada Minerva, llevó su reclamación a la Subdelegación del Gobierno de Cádiz y a los sucesivos alcaldes (PSOE y PP). La reivindicación llegó incluso a una petición en change.org, donde se explicaba que el uso del uniforme “victimiza injusta e innecesariamente a las mujeres que sufren malos tratos y a su familia”, es perfectamente visible para el agresor, que puede evadir así la acción policial y, en muchos casos, aumenta el riesgo de las usuarias. Las dispensas para todos los agentes fueron conseguidas finalmente en 2017, con el PSOE en el gobierno municipal.
Juzgados sobrecargados
En la isla de Tenerife, en Arona, fue asesinada María Zulay en 2014. Este enero de 2023, en Adeje, fue asesinada otra mujer y su hijo resultó herido al intentar defenderla del agresor. El ministro Marlaska aseguró en una rueda de prensa que desde el juzgado [de Arona] no se adoptaron medidas de protección, pero la Policía siguió haciendo la valoración de riesgo alto en el sistema VioGén.
Cuando la periodista Lidia Rodríguez documentó el caso de María Zulay, el fiscal delegado de Violencia de Género en la provincia de Tenerife, José Luis Sánchez Jáuregui, avisaba de que estos juzgados están especialmente sobrecargados. “Existen carencias generales. En Canarias todavía no hay oficina de víctimas, no se han implantado las unidades médicas o las unidades forenses de valoración de las víctimas de violencia de género, con lo cual no se realiza una valoración, no solo médica sino psicológica o psiquiátrica, del riesgo de la situación. Arona es un juzgado sobrecargado, brutalmente sobrecargado. Quizás lo que habría que pedir es otro juzgado, es algo que yo llevo pidiendo mucho tiempo, dado el volumen de trabajo que hay en los juzgados de violencia de género y que se pudieran atender bien todas las circunstancias”, explicó el fiscal para PorTodas.
Estos días también ha vuelto al debate público el caso de Romina, la primera víctima registrada en 2019. La mujer fue descuartizada por su marido en Lanzarote y las dilaciones en el proceso pueden acabar con que el agresor, que nunca ha confesado que la asesinó sino que se asustó al encontrarla muerta, salga de prisión provisional por no haber fecha aún para el juicio. Según publican diversos medios, los retrasos se deben a los constantes recursos del acusado. También en PorTodas hemos documentado alguna historia en la que el agresor usa este tipo de fórmula para aplazar las vistas.
Como muestra este estudio periodístico centrado en 2014, no hay que buscar los fallos en otro planeta, no son cuestiones extrañas ni sobrevenidas. El diagnóstico está. Y muchas veces son consecuencia del mal funcionamiento del sistema. Hay veces que la familia no entiende tampoco, después del asesinato, por qué se hacen rebajas en las condenas con atenuantes como la reparación del daño.
“En muchos casos, las sentencias ni siquiera explican bien los hechos hasta tal punto que cuando las víctimas escuchan los hechos probados no se sienten reconocidas. Y, por otro lado, tampoco explican bien las categorías jurídicas. La justicia, que debería ser cercana, no lo es”, analizaba la abogada especializada en violencia de género Amparo Díaz sobre el caso de Antonia, otro crimen de 2014. «Es una vergüenza que exista ese atenuante», aseguraba. Ella insistía, además, en el choque brutal entre los servicios especializados en atender a las mujeres y el sistema judicial, que genera más confusión en las víctimas: “Los primeros te dicen que denuncies, que pidas protección, y el sistema judicial te dice verbalmente o con las acciones: ¿Y usted para qué ha denunciado? Es desquiciante y hay, por otra parte, mucha normativa que no se aplica”.
En ocasiones, se atribuye la falta de diligencia a la inexistencia de denuncias. Pero vemos, también en este otro caso de 2014, que no siempre es así. Rosa fue asesinada en el municipio mallorquín de Sóller y es un ejemplo de la descoordinación institucional y el abandono o la soledad a la que se enfrentan las víctimas.
¿Qué hacer cuando no hay denuncia?
El 9 de junio de 2014, el mismo día en que fue asesinada, Rosa avisó a la Guardia Civil de que tenía miedo de su marido, pero no llegó a denunciar por temor a que este se pusiera más nervioso. En aquel momento, tampoco se le ofreció ningún tipo de asistencia y ella acabó dirigiéndose a la finca en la que vivían antes de separarse y donde él la había citado. Rosa Cursach, directora insular de Igualdad del Consell de Mallorca desde 2019, explicaba en la entrevista que le hizo Alba Marea para documentar la historia lo siguiente: “Se acercó a la Guardia Civil pero no puso denuncia. ¿Qué significa acercarse? Si una mujer va a un cuartel a las 7 de la mañana hay que hacer algo aunque no denuncie”.
En cerca de 7 de cada 10 feminicidios del año 2014 no hubo denuncias previas. Como explica Meritxell Rigol al documentar el caso de Zunilda, asesinada en Barcelona, la minoría de mujeres asesinadas ese año que habían interpuesto denuncia contra quien llegaría a matarlas lo hicieron por violencia física, por amenazas, acoso, violencia verbal, retención forzada, quebrantamiento de medidas penales, por ser echadas de casa sin las llaves, violencia sexual, impedir el acceso al dinero y destruir propiedades de la mujer. “Socialmente hay muchas señales de violencia que están normalizadas, y es difícil identificar que pueden acabar teniendo consecuencias mortales”, planteaba Bàrbara Roig, coordinadora de transversalidad de género en el Ayuntamiento de Barcelona.
«Nunca lo pude imaginar»
Virtudes, una mujer de 33 años asesinada en 2007 en El Campello (Alicante), sí había presentado denuncias. En el verano de 2014, Esperanza, de 87 años, fue asesinada a solo unas calles de distancia del anterior crimen machista. Unos meses antes, en el mismo pueblo, otro hombre asesinó a Alicia, una mujer de 58 años a la que había conocido poco antes. Y en 2017, en la misma urbanización frente al mar, un hombre de 86 años mató a Margaret, de 79, en la residencia de mayores en la que ambos vivían. Documenta estos casos la periodista Anna Gimeno, que incide en dos aspectos: en Alicante, una de las provincias con mayor número de asesinadas en cifras netas, el 15% eran mayores de 65 años y el 60%, extranjeras.
Las mujeres de más de 65 años, sometidas a una violencia normalizada durante años, no han recibido la atención ni ayuda necesaria. No fue hasta 2019 cuando el Gobierno publicó el primer estudio específico sobre este grupo de población, de especial vulnerabilidad por su invisibilidad. Sentirse solas, no escuchadas. Lo narraban ese 2019 en La Marea mujeres de la asociación Los Geranios de El Puerto de Santa María, que cantaban sus propias letras de carnaval: “Cuando creas que todo está chungo / cuando pienses que todo acabó / abre puertas y abre tus ventanas / verás contenta cómo sale el sol. / Y ve contándole a tus amigas / que ellas sí que saben escuchar / ya verás cómo todas te dicen: / de tó se sale, hija, de tó se sale”. Esas reuniones, contaban, les han devuelto –o simplemente les han dado– valor y autoestima. En buena parte de los casos, el entorno, la familia, las amistades, tampoco supieron ver señales de violencia. El “nunca lo pude imaginar” es una frase recurrente en las historias documentadas.
Sobre la circunstancia de que una mujer sea extranjera, los factores condicionantes estarían relacionados con“el miedo a ser expulsadas del país, el desconocimiento de los recursos y de sus derechos y muchas veces el desconocimiento del idioma –a veces son solo ellos los que hablan español en la familia– y no vienen al centro a no ser que les deriven desde el centro de salud o servicios sociales”, explicaba Mariola Navarro, psicóloga del recurso especializado de referencia en Alicante, el Centro Mujer 24 horas de la Generalitat Valenciana.
El error, otras veces, es consecuencia de considerar que una mujer culta, con estudios, con una vida independiente nunca puede ser maltratada. Ana María era la directora del Museo de Nerja. Fue asesinada en Torrox (Málaga) por su pareja en agosto de 2014. Nunca dijo nada a nadie, en su entorno no se activó ninguna alarma. Pero, como documentó la periodista Iria Comesaña, la autopsia sacó a la luz una realidad: además de las 131 puñaladas que acabaron con su vida, se descubrieron lesiones antiguas que demostraban malos tratos habituales.
Pocos meses antes, Ana María dijo que la había atacado un perro. Llegó al trabajo con un mordisco en la nariz que la hizo quedarse varios días en casa. Nadie lo puso en duda, tampoco el centro de salud activó ninguna alarma. Si los indicadores hubiesen sido efectivos y el sistema sanitario los hubiese aplicado, como explicaba la entonces directora del IAM Laura Fernández, habría habido alguna posibilidad de vigilar ese caso de cerca.
Fuente: https://www.lamarea.com/2023/01/13/crimenes-machistas-los-fallos-se-repiten-en-el-tiempo/