La Justicia lo investiga; no la española, la argentina; la española no está en eso. Dos ajusticiamientos a garrote vil, cinco fusilados ante pelotones voluntarios de la muerte y cinco muertos por defender sus derechos laborales, tiroteados por una policía conformada por secuaces al servicio del fascismo de la época. Doce muertos heroicos, asesinatos inmisericordes, […]
La Justicia lo investiga; no la española, la argentina; la española no está en eso. Dos ajusticiamientos a garrote vil, cinco fusilados ante pelotones voluntarios de la muerte y cinco muertos por defender sus derechos laborales, tiroteados por una policía conformada por secuaces al servicio del fascismo de la época. Doce muertos heroicos, asesinatos inmisericordes, por el régimen franquista, que hoy, el gobierno español encubre, protege a sus responsables y se convierte en cómplice.
La jueza argentina María Servini, está siguiendo un procedimiento contra distintos dirigentes franquistas, que estuvieron implicados en acontecimientos, que pudieran estar considerados como crímenes de lesa humanidad. En concreto se les relaciona con la sentencia de muerte y posterior ejecución de Salvador Puig Antich en 1974; con los cinco últimos fusilamientos del régimen de Franco en 1975; y con la represión, en una concentración en Vitoria en 1976, en la que fueron asesinados cinco trabajadores.
Como consecuencia de todo, la Interpol ha cursado orden de arresto contra 20 dirigentes franquistas, algunos vinculados a la Transición. El gobierno de Rajoy ha adelantado, que la oficina de la Interpol en España, vinculada a la Dirección General de la Policía del Ministerio del Interior -del catolicísimo Fernández- no va a cumplir la orden. El gobierno, de forma vergonzante, ha presentado una queja ante la Interpol en Lyon, consiguiendo se paralice la orden, hasta que se aclare el caso. El régimen comenzó matando y terminó matando y el gobierno del Partido Popular encubriéndolo.
Siete ex ministros, jueces y miembros de las fuerzas de seguridad del Estado figuran en la lista de «buscados» por la Organización Internacional de Policía Criminal. El Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, considera crimen contra la humanidad o de lesa humanidad, las conductas tipificadas como asesinato, exterminio, deportación o desplazamiento forzoso, tortura, violación y encarcelación o persecución por motivos políticos, religiosos, ideológicos, raciales, étnicos o de orientación sexual. Se les acusa de colaboradores necesarios de asesinato premeditado, torturas y sustracción de menores. Perseguidos por la Justicia de Argentina, el gobierno de España protege, convirtiéndose en cómplice de crímenes que no prescriben, al haberse cometido contra los Derechos Humanos.
El abogado Carlos Slepoy, de Víctimas del franquismo, señala que la jueza Servini «debería pedir la extradición», para que el gobierno y la Audiencia Nacional se pronuncien. Los crímenes que se persiguen no son «amnistiables», dice el ex juez Baltasar Garzón, considerando que la investigación debería «abordarse desde España, como lo reclama la ONU». La Ley -preconstitucional- de Amnistía de 1977 que se alega, para proteger a los presuntos criminales, no cubre los crímenes contra la humanidad, aunque algunos consideran que es una «ley de punto final», por la que se renunció a revisar penalmente el pasado y exigir responsabilidades generadas durante la dictadura. Para otros fue la instauración de la impunidad, que nos llega hasta hoy.
El Estado español incumple los compromisos surgidos por los tratados internacionales suscritos, al no detener a los acusados de crímenes contra la humanidad, amparándose en la ley de amnistía de 1977, dice el ministro de Justicia Rafael Catalá, así como en la prescripción de los delitos cometidos. En cualquier lugar del mundo «son criminales con las manos manchadas de sangre, que deben ser puestos a disposición inmediata de la justicia», manifiestan desde la Coordinadora estatal de apoyo a la Querella Argentina.
Por la Ley de Amnistía, quedaban amnistiados todos los actos de intencionalidad política, cualquiera que fuese su resultado, tipificados como delitos y faltas, realizados con anterioridad al 15 de junio de 1977. Esta ley señala que, en todo caso, están comprendidos en la amnistía: los delitos de rebelión y sedición, así como los delitos y faltas cometidos con ocasión o motivo de ellos; la objeción de conciencia a la prestación del servido militar, por motivos éticos o religiosos; los actos de expresión de opinión, realizados a través de prensa, imprenta o cualquier otro medio de comunicación; los delitos y faltas que pudieran haber cometido las autoridades, funcionarios y agentes del orden público, con motivo u ocasión de la investigación y persecución de los actos incluidos en esta Ley; y los delitos cometidos por los funcionarios y agentes del orden público contra el ejercicio de los derechos de las personas.
Tendrían que haber aparecido expresamente, de entre los delitos que se amnistiaban, las ejecuciones sumarias, las desapariciones forzosas, las ejecuciones clandestinas, los enterramientos ilegales en las cunetas o las torturas hasta la muerte. No se atrevieron con tanto detalle, y lo que no se dice no queda dicho. Las leyes internacionales los consideran imprescriptibles. Las organizaciones Human Rights Watch y Amnistía Internacional han solicitado al gobierno de España, la derogación de la ley de Amnistía, al considerarla incompatible con el Derecho Internacional, al impedir que se juzguen los delitos que no prescriben, como los cometidos contra la humanidad, genocidio y desaparición forzada, cometidos durante la guerra civil española y el franquismo. En el año 2012, el representante de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, pidió formalmente a España la derogación de la ley, argumentando que incumplía la normativa internacional sobre Derechos Humanos.
Pocos meses después de la muerte del dictador, el 3 de marzo de 1976, ocurrieron los sucesos de Vitoria. Había comenzado la Transición, pero no había terminado la dictadura. Durante una huelga, la Policía Armada lanzó gases lacrimógenos para desalojar a los trabajadores reunidos en una iglesia. Todavía oigo los gritos y los disparos contra los compañeros que salían huyendo. Pedro Martínez, Francisco Aznar, Romualdo Barroso, José Castillo y Bienvenido Pereda, murieron asesinados y más de 150 fueron heridos de bala. Mal comienzo para la democracia. «-Si hay gente ¡a por ellos!… -¡Buen servicio! -Dile a Salinas, que hemos contribuido a la paliza más grande de la historia. -Aquí ha habido una masacre. Cambio. -De acuerdo, de acuerdo. -Pero de verdad una masacre» Se oía por las emisoras de la policía. Cómo sería, que la Coordinación Democrática, la Platajunta -fusión de la Junta Democrática y la Plataforma de Convergencia-, exigió amnistía, libertad sindical, democracia y rechazo de las leyes reformistas, acelerándose con ello el fin del franquismo. Algo se consiguió, a costa del silencio y dejación de la búsqueda de responsabilidades. Luego ocurrió que, quienes defendían la ruptura, reformaron.
No fue hasta el año 2008, cuando el Parlamento Vasco, consideró responsables políticos de aquellos sucesos, a los «titulares de los ministerios actuantes»: Fraga Iribarne de Gobernación, Martín Villa de Relaciones Sindicales y Alfonso Osorio de Presidencia. La jueza Servini, considera a Martín Villa, responsable último de la represión, sancionable con la «pena de reclusión o prisión perpetua», en referencia al delito de homicidio, con el agravante de haber sido cometido de forma premeditada. Los delitos de Martín Villa y del resto de los imputados constituyen crímenes de lesa humanidad, sujetos a persecución por el principio de Justicia Universal. La jueza imputa también responsabilidades a Alfonso Osorio, que «junto a Adolfo Suárez y Martín Villa decidió que el operativo fuese dirigido por un mando único para que coordinase y mandase a todas las fuerzas de orden público». También se pide la detención y extradición de Jesús Quintana, capitán de la Policía Armada al mando de las fuerzas que asaltaron la iglesia.
Salvador Puig Antich, fue ejecutado, a los 26 años, el 2 de marzo de 1974, condenado «por la muerte de un funcionario público por razones políticas». Militaba en el Movimiento Ibérico de Liberación, que realizaba acciones armadas y robos de bancos para fomentar la lucha obrera. Huelo el ambiente de aquella mañana, fría y siniestra, que anunciaba la primavera y oigo el crac, crac, del tornillo asesino, que quitó la vida a Salvador. Fue, tristemente, el último preso ejecutado en España a garrote vil. Colectivos de derechos humanos y mandatarios extranjeros, como el Vaticano o el canciller alemán Willy Brandt, pidieron su indulto. El mismo día y por el mismo método, fue ejecutado en Tarragona «Heinz Chez». Con ello, se pretendía distraer la atención hacia otra muerte, por otras razones, pero con la misma crueldad. Ahora, la jueza Servini, instructora de la causa penal contra el franquismo, basándose en el principio de Justicia Universal, imputa a los ministros de Franco: Carro Martínez, Utrera Molina y Licinio de la Fuente; por ser colaboradores necesarios y firmar la sentencia de muerte de Salvador.
Las últimas ejecuciones por fusilamiento del franquismo se produjeron el 27 de septiembre de 1975. Desde la altura de un risco y al amanecer, en la soledad del paredón y ante los pelotones de guardias civiles, policías y militares voluntarios, vi su ejecución. En Barcelona, Juan Paredes de 21 años y en Burgos, Ángel Otaegui de 33. En Hoyo de Manzanares fueron fusilados, José Luis Sánchez de 22 años, Ramón García de 27, y José Humberto Baena de 24. Hubo protestas y todos los intentos posibles para evitarlo, pero ni el Papa Pablo VI, junto con numerosos estadistas del mundo entero lo consiguieron. Todo fue en vano, no hubo clemencia. Obispos y cardenales, que habían llevado bajo palió a Franco intervinieron para evitarlo, pero no se inmutó. Incluso el presidente de México pidió que España fuese expulsada de la ONU. Le quedaban dos escasos meses de vida y pese al «parkinson», no le tembló la mano. Murió entubado y fusilando, defendiendo los estertores de su dictadura cruel.
Por razones de trabajo, que nada tenía que ver con la política o el gobierno, me encontraba en el palacete de Castellana, 3, donde se reunía el Consejo de Ministros, presidido por Arias Navarro, el viernes 26 de septiembre. Ministros con caras serias, firmes e impertérritas. En unos instantes iban a conceder el indulto a seis de los condenados a muerte, conmutando sus penas por la de prisión y dar el «enterado» a las cinco sentencias de muerte, que fueron ejecutadas al «Alba».
Momentos inolvidables, en los que el futuro, en libertad y democracia, estaba pendiente de un hilo y en esas estamos. Algunos protagonistas, políticamente responsables, están localizados. El gobierno no solo protege a los presuntos criminales, sino que lo hace por defender un régimen, del que se siente heredero, una cruenta dictadura, en la que la represión política fue su bandera y el sufrimiento humano su alimento.
@caval100
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