Cuando en abril fue nombrado Ángel Gabilondo ministro de Educación le faltó tiempo para prometer «impulsar Bolonia con mano firme», criticar las «movilizaciones violentas» de los estudiantes anti Bolonia, apelar al diálogo y la «legitimidad de los órganos universitarios de representación», al mismo tiempo que declaraba: » no se puede parar Bolonia» y «Creo en […]
Cuando en abril fue nombrado Ángel Gabilondo ministro de Educación le faltó tiempo para prometer «impulsar Bolonia con mano firme», criticar las «movilizaciones violentas» de los estudiantes anti Bolonia, apelar al diálogo y la «legitimidad de los órganos universitarios de representación», al mismo tiempo que declaraba: » no se puede parar Bolonia» y «Creo en el valor público de la educación», creo «en las políticas públicas»1. No hace falta ser filósofo para intuir ciertas contradicciones o paradojas en sus palabras, la primera entre la «mano firme» y la apelación al diálogo, la segunda, algo menos evidente, entre la inevitabilidad del proceso de liberalización y la creencia en lo público.
Decía el sociólogo Jesús Ibáñez que para vender una mercancía como el zumo de naranja envasado, que todo el mundo sabe que tiene de todo menos zumo de naranja, era necesario que la publicidad recalcara una y otra vez la pureza del zumo que contenía. Así es como los gestores de lo público han de vender mejor los bienes que gestionan, declarando una y otra vez que son defensores de lo público, que su leiv motiv es el diálogo y que son ellos los que detentan la legitimidad necesaria para actuar en nuestro nombre y, en su caso, suavizar los efectos devastadores de los cambios necesarios, por ejemplo, pidiendo más recursos económicos al Gobierno de turno. Así, el problema del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) queda reducido a un problema económico. Hasta los profesores críticos acaban asumiendo, frente a la inevitabilidad de los hechos consumados, que es un problema de recursos lo que dificulta la correcta aplicación de la «filosofía de Bolonia». Ante el parapeto de la economía todos nos paralizamos, ¿qué podemos hacer? ¿si no hay más recursos? Ni siquiera se entra a discutir sobre la asignación de recursos -problema que no parece afectar a otras instituciones como, por ejemplo, el ejército-.
De la misma forma que ocurrió con la reconversión industrial de España, que sólo podía llevar a cabo un gobierno socialdemócrata dada la amenaza desestabilizadora que hubiera supuesto un gobierno de derechas identificado fácilmente con el régimen anterior, así, nadie mejor que un ministro bien situado entre los intelectuales de izquierda, que ganó dos veces las elecciones a rector, que presidió la Conferencia de Rectores y que para colmo es filósofo (campo en el que el proceso de convergencia despierta las más duras críticas) para apagar el fuego de Bolonia e imponer un destino manifiesto a la universidad pública española.
Lo cierto es que la primera batalla ha sido perdida por la comunidad universitaria desde el momento en que se asumió la «inevitabilidad» del proceso -por suerte no ha sido esta una asunción generalizada entre los estudiantes-. Sin embargo, el hecho de que hubiera que desplegar la engrasada maquinaria mediática para etiquetar de»violentas» «irracionales y atemporales» las movilizaciones contra el plan, o para «explicar Bolonia»2, y se pusiera a la cabeza del ministerio a un «excelente comunicador y gestor», sólo puede verse como síntoma de un proceso todavía sin cerrar.
Como dijera Pierre Bourdieu «mientras la ley es ignorada, el resultado del laisser faire, cómplice de lo probable, aparece como un destino; cuando ella es conocida, éste aparece como una violencia»3 Conocer por qué y cómo nos han convencido de que lo que era sólo una probabilidad, la reconversión de la Universidad Pública Española, se haya convertido en destino, es un ejercicio teórico y práctico fundamental para revertir el proceso, es decir, para construir la posibilidad de echar el freno a la reconversión; o cuanto menos, hacer visible la violencia con la que se nos impone.
Las paradojas del discurso del ministro encierran las claves para desvelar la estrategia del gobierno respecto a los Estudios Superiores y fueron expuestas ampliamente por el propio Gabilondo en un artículo publicado el 8 de diciembre de 20084. La coartada se resume de la siguiente forma: La universidad no puede permanecer al margen de la sociedad.
Veamos lo que significa ese adaptarse a los nuevos tiempos. Propongo hacerlo a través de una vieja obra, de modo que veamos que no es tan novedoso eso de hormar el conocimiento y adaptarlo a los nuevos tiempos. Se trata de la obra de teatro de Bertol Brecht La vida de Galileo. En ella Brecht disecciona funcionamiento del poder en su pretensión de encarrilar el conocimiento. En ese momento la ciencia aparece sometida a un doble poder, el del papado que a través de la inquisición ajusta cuentas con todo aquello que socave la autoridad terrenal de la Iglesia y el de la burguesía veneciana que determina, con el poder del dinero, aquello que puede o no puede ser investigado según su utilidad para el mercado. Cuando Galileo, que trata de fundamentar las teorías de Copérnico sobre la rotación de la tierra, solicita al sr. Priuli, secretario de la Universidad de Padua, recursos económicos para poder vivir, éste le responde que dé clases particulares para sacar dinero o que cambie de ciencia ya que la Astronomía a la que él se dedica hace tiempo que dejó de ser de interés para las doctrinas de la Iglesia y que tampoco aporta beneficios a la república. El secretario le suelta a bocajarro que no olvide que aunque la república paga poco tiene la libertad de investigar y no se entrega a la inquisición a los investigadores, a lo que Galilei le responde:
G. «Y de qué sirve la investigación libre sin tiempo libre para investigar? ¿Qué pasa con los resultados? Quizás le muestre alguna vez a los consejeros de su señoría estas investigaciones sobre las leyes de la gravitación (señala un paquete de manuscritos), y les pregunte, ¿si eso acaso no vale un par de escudos?
El Secretario: Tienen un valor infinitamente mayor, señor Galilei.
G. No tienen un valor infinitamente mayor, sino simplemente quinientos escudos más, señor.
El secretario: Sólo vale escudos lo que aporta escudos. Si quiere tener dinero, entonces tiene que mostrar otra cosa. Por la ciencia que vende sólo puede exigir aquello que aporta al que la compra. Por ejemplo, la filosofía, que vende el señor Colombe en Florencia, le aporta al príncipe por lo menos diez mil escudos al año. Es cierto que sus leyes de la gravitación levantaron mucho polvo. Se le aplaude en París y en Praga. Pero los señores que aplauden allá no le pagan a la Universidad de Padua lo que usted le cuesta a ella. Su desgracia es su materia, señor Galilei.
G. Comprendo: comercio libre, investigación libre. Comercio libre con la investigación, ¿verdad?»
Este texto de Brecht nos sirve para ilustrar el significado de los cambios de la universidad pública española, los que van destinados a adaptarla a la sociedad -como repetía insistentemente la ministra Mercedes Cabrera y lo continuaba repitiendo el señor Gabilondo y ahora ya lo repiten, lo repetimos todos, hasta las paredes de nuestras facultades-, sin explicitar en ningún caso las características de esa sociedad a la que debe adaptarse la universidad. También nos sirve, para plantear la tensión entre una institución con rasgos medievales, -con un sistema de castas, endogámico, donde predomina el principio de autoridad sobre los valores y el conocimiento científico-, y la sociedad española ya terriblemente mercantilizada (por el tren del progreso, léase consumo) en la que la acumulación de capital marca el perímetro de la libertad científica.
Los análisis coyunturales sobre los problemas de la Universidad pública suelen olvidar este mar de fondo y además hacen difícil enfrentar el discurso de las autoridades académicas, especialmente cuando éstas son gobernadas por rectores que se dicen y son dichos de izquierda.
Decía Gabilondo en su artículo «Al menos todos estamos de acuerdo en que la universidad necesita una profunda transformación». Desde el punto de vista del análisis de discurso tenemos aquí un lenguaje claramente manipulador. Se da por supuesto que todos partimos de una generalidad, un lugar común, algo evidente, sin hablar en ningún caso de los contenidos de esa «profunda transformación» con la que todos estamos de acuerdo. La universidad pública no nos gusta a nadie ¿verdad?, es una universidad jerarquizada, endogámica, mala, en definitiva. Sumémosle que todos buscamos una universidad de calidad ¿verdad?, todos buscamos la excelencia. Entonces ¿si todos estamos de acuerdo en lo esencial qué nos diferencia?, ¿Qué diferencia a esos alumnos díscolos que se oponen al plan de Bolonia y a esos «trasnochados» profesores que se niegan a evolucionar? La conclusión es paradójica: aunque digamos lo contrario todos estamos de acuerdo -la diferencia está en el cómo no en el qué-. La mesa está servida.
Ese cómo significa cómo implantar Bolonia. Ya tenemos lo que nos une. Tenemos pues la tarea en la que todos unidos, dominantes y dominados, autoridades académicas, gerentes, docentes, dicentes, personal administrativo, administrados, educadores y educandos… trabajaremos por un objetivo común: la correcta aplicación y en las mejores condiciones posibles del plan Bolonia.
Una vez implantados los grados convirtámonos en exigentes vigilantes del proceso. Los profesores cumpliendo fielmente con la búsqueda de la excelencia ante la amenaza siempre latente de una evaluación negativa, los estudiantes vigilando y delatando a los profesores que no cumplan y, por supuesto, reivindicando más fondos para la Universidad pública, y las autoridades universitarias no escatimarán esfuerzos para conseguir: un mejor modelo de financiación de la Universidad pública. Lo demás, será una cuestión de inadaptación o de estar en contra del progreso, o de querer conservar los privilegios. Esto se puso de manifiesto después de las dos reuniones que tuvieron los profesores de la Plataforma de Asambleas de Universidades Públicas con el Secretario de Universidades, Sr. Rubiralta y posteriormente con el ministro Gabilondo.
Nos lo dijo Gabilondo, y nos lo dice todos los días Berzosa cuando tratan de dirigir las movilizaciones hacia el problema de los recursos de la universidad pública: Discutamos sobre los recursos porque todos estamos de acuerdo en la bondad del espíritu de Bolonia, como si el cuerpo de Bolonia no estuviera indisolublemente unido a ese espíritu que se nos vende como igualdad de oportunidades -síntesis perfecta del discurso liberal y la filosofía del mercado-. De hecho, los rectores de las Universidades públicas, y la mayor parte de los docentes y personal administrativo, tendemos a movilizarnos fácilmente cuando surgen los recortes presupuestarios de las comunidades autónomas, en concreto de la Comunidad Autónoma de Madrid (CAM). Mientras, el problema de la movilización estudiantil requiere siempre «mejorar la comunicación», es decir, la propaganda.
Pero volvamos al principio ¿Cómo es la sociedad española, cómo es esa sociedad de la que la universidad se está quedando aislada, anticuada o descolgada? Efectivamente la sociedad española ha sufrido profundas transformaciones, especialmente desde mediados de los años 80 – cuando nuestro país se incorpora al mercado común europeo (Unión Europea), y a la estructura militar (OTAN), todo ello de mano de gobiernos «de izquierda».
De forma un tanto simplificada, podemos resumir estos cambios como un nuevo ciclo de acumulación de capital en el que las corporaciones buscaron cada vez más presencia en todos los ámbitos. En la economía productiva, la desindustrialización llamada eufemísticamente reconversión industrial, fue puesta en marcha por el gobierno socialista al tiempo que se iniciaba la liberalización y privatización de empresas hasta ese momento de titularidad pública. Ese proceso continúa hasta hoy pero ya no son solo las empresas de titularidad pública sino que el capital busca nuevos campos de inversión en los que hasta los años 90 eran monopolizados por el Estado. Nos referimos a la salud y la educación superior. Con los gobiernos del PP se inició el camino de nutrir a las corporaciones privadas para que comenzaran a ver como rentables sectores hasta ese momento considerados poco atractivos pero ya los gobiernos del PSOE habían ido creando las condiciones de posibilidad alimentando la crisis del sistema sanitario y de la universidad pública.
Los argumentos con los que se ha vendido el proceso reconversor y se ha persuadiendo a los sectores más resistentes han sido dos: la eficacia y la modernización. Las empresas públicas eran poco rentables, no eran eficientes, no eran competitivas, nos estábamos descolgando del progreso y el bienestar europeo, estábamos perdiendo el tren. Hacia las corporaciones el discurso se centró en las oportunidades de negocio, se obtendrían importantes beneficios a medio plazo si se abrían a nuevos mercados.
Cuando A. Gabilondo nos dice que «no hay que satanizar ni descalificar los argumentos de quienes no piensan en este asunto como nosotros. Y que en el fondo la sociedad es mercantilista pero «nosotros formamos parte de ella» y «En todo caso, lejos de toda voluntad de mercantilización, es indispensable la vinculación de la universidad con la sociedad de la que forma parte»; y esto «en modo alguno se logrará aislándonos de nuestros entornos sociales, económicos y políticos», nos está diciendo que el papel de la universidad no es transformar la sociedad, cambiar un proceso de mercantilización que acrecienta la injusticia social (como muestran todos los datos relativos a la pobreza, la exclusión social, el fracaso escolar etc.). Nos dice que la universidad tiene que adaptarse, cambiar, porque tiene que «responder» a las demandas sociales ya que -esta es una de las frases más contundentes de su texto- «responder no es rendirse». Como le decía el secretario de la universidad de Padua a Galileo, el problema es que la ciencia que él hacía no daba respuestas a la sociedad de la época, no era útil a la burguesía veneciana que necesitaba respuestas a sus demandas para competir mejor o para hacer mejor la guerra.
Este responder a los requerimientos de la sociedad española actual significa, entre otras cosas, quebrar la posibilidad de una Universidad Pública que forme masivamente en los conocimientos universales que requiere el reto de transformar esta misma sociedad, es decir, asumir como inevitable un sistema injusto y desigual. La adaptación de la universidad pública a esta sociedad implica ser funcional a un sistema socialmente injusto, ecológicamente depredador y políticamente perverso. En resumen una universidad que se adapte al mercado.
Es verdad que nuestra universidad quedó anclada en las directrices franquistas, que no se democratizó, como tampoco lo hizo la sociedad, y que los viejos aparatos franquistas siguieron marcando el ritmo y los contenidos de la modernización económica y política. Pero no es menos cierto que, al no existir ni tradición ni recursos, para una universidad privada, el Estado tuvo en su mano la posibilidad de orientar el desarrollo del saber universitario como un recurso de igualación y derecho. A finales de los años 50, debido a la crisis del modelo económico autárquico, se inicia un ciclo desarrollista que demanda técnicos y profesionales cualificados para insertarse en el aparato productivo. En ese momento, al no existir un capital privado suficiente, la única posibilidad fue expandir y consolidar la universidad pública. Se amplía el grupo de las élites profesionalizadas que más tarde dirigirían el proceso de liberalización económica y de transición política5
Ese modelo siguió funcionando hasta finales de los 80, con el paréntesis de una segunda apertura de la universidad pública hacia las masas, a principios de los 80, pero ya estaba en marcha la lógica liberalizadora. El primer paso hacia el desmantelamiento de una universidad pública y de masas se dio con la LRU, después siguió con la LOU, con la sucesión de reformas y planes de estudios que afectaron a la mayor parte de las carreras, y ahora con este proceso de reconversión o Plan Bolonia se pretende cerrar el ciclo.
La Universidad pública se «democratizaba» al tiempo que se creaban las condiciones para su liquidación. Los cambios de planes de estudios, no se hicieron en función de una evaluación de las carencias de contenidos de algunas licenciaturas sino para diversificar conocimientos, especializar y en cierta medida descualificar el saber universal propio de las distintas áreas científicas. Así, se impusieron asignaturas que surgían según las líneas de investigación de los profesores que las impartían y proliferaron las asignaturas optativas, de libre configuración etc. asignaturas a la carta que contribuyeron a fragmentar y compartimentar los conocimientos y los cerebros del alumnado, se abrió el mercado laboral docente a la precarización o la deslocalización con la multitud de figuras laborales nuevas (profesores asociados, ayudantes, colaboradores, contratados, interinos…) La división técnica y social del trabajo se trasladó a la universidad para continuar adaptándola al mercado.
Al tiempo que esto ocurría en las universidades públicas, se expandían las universidades privadas alimentadas desde las administraciones locales que pasaron a ser las controladoras de la financiación -la famosa autonomía universitaria se verá ninguneada por el criterio y signo político de la administración autonómica de la que dependa-. Además, en nuestro país la iglesia católica siempre encontró en la educación una vía de conservación y expansión de poder económico -también en otras áreas como la salud-, pero hasta los años 80 su fuerte había sido la educación primaria y secundaria con los colegios religiosos y los concertados y ahora necesitaba ampliar mercados. En el caso de la Comunidad de Madrid, este proceso dió lugar a una situación en la que, de las 14 universidades de la Comunidad, 6 son públicas y 8 son privadas -la mayoría controladas por la iglesia-. Sin embargo, a pesar de los empeños, y quizá debido a ese raquitismo de lo privado que siempre fue subsidiario de lo público, la mayor parte de los alumnos universitarios lo siguen siendo de las universidades públicas.
Decía el profesor Rolando García, que fuera decano de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires, cuando fue invitado a dar una conferencia, sobre la marcha de la Universidad pública en Argentina, que como resultado del deterioro de las universidades públicas y el desembarco de las empresas, la universidad, «en tanto que institución, está en peligro de extinción. Para defenderla, es necesario preguntarse, de nueva cuenta, qué significa una institución y qué tipo de institución universitaria es la que este país, en este momento histórico, necesita. Ese es el problema que debería estarse discutiendo» Creo que esta es la pregunta que debemos hacernos, que debemos obligar a que se hagan las autoridades académicas. Teniendo en cuenta además, como también decía el profesor Rolando que asumir que «las cosas son así», que no se puede hacer nada, lo que él llama «habituarnos a lo inaceptable» nos convierte en involuntarios sepultureros de nuestra Universidad pública.
Notas:
1 El Pais, 08.04.09, http://www.elpais.com/articulo/espana/Gabilondo/propone/gran/pacto/Educacion/elpepuesp/20090408elpepunac_1/Tes
2 Recordemos el documental «generación bolonia» emitido en TV2, o la página completa del diario El País contestando a las «preguntas más frecuentes», o los periódicos universitarios dedicando páginas y páginas a explicar el Plan.
3 Bourdieu, P. (2000) Poder, derecho y clases sociales; Desclée, Bilbao, p. 11
4 Gabilondo, A. «Universidades: con cuidado pero sin temor», Público, 8/12//08 . Es interesante resaltar que dicho artículo fue publicado por el diario Público, contribuyendo a reforzar la imagen de un, en ese momento rector, de izquierdas.
5 Este mismo modelo de desarrollo de los sectores públicos para resolver demandas que no podían ser resueltas desde lo privado lo vemos también en el caso de las políticas de vivienda, como ejemplo, la ley de alquileres franquista es sumamente proteccionista, luego sería liquidada y se inicia la liberalización de todo el sector por el decreto Boyer de 1985.
Rebelión ha publicado este artículo a petición expresa de la autora, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.