«Un espía en el congreso» es el nombre de la página y el siguiente texto es pare de la carta de presentación del editor: «Soy corresponsal parlamentario y trabajo en el Parlamento de uno de los países más corruptos de Europa. Es mi propósito contarles simplemente lo que veo y oigo aquí». A menudo, asegura […]
«Un espía en el congreso» es el nombre de la página y el siguiente texto es pare de la carta de presentación del editor: «Soy corresponsal parlamentario y trabajo en el Parlamento de uno de los países más corruptos de Europa. Es mi propósito contarles simplemente lo que veo y oigo aquí». A menudo, asegura este editor, no lo encuentra reflejado en los medios de comunicación. «¿Por qué? Probablemente porque junto a la «clase» política anida también esta otra «clase» dependiente de ella que debe agradecer con silencios y loas las migajas que se desprenden del mantel para no caer en la indigencia económica. Ya lo dijo Larra y poco ha cambiado: en España una cosa es lo que se dice, otra lo que se escribe y otra lo que sale publicado».
No todas las otras referencias son del mismo interés y algunas, es fácil comprobarlo, son más que sospechosas: una abigarrada y heterogénea mezcla de ideas con fuerte presencia conservadora.
Sea como fuere, una información recientemente publicada sobre un asunto que sigue sin aclararse, y de indudable importancia ciudadana, probable corolario lateral de la sofisticada estrategia de la trama Urdangarin-Torres-Borbón, merece no pasar desapercibida [1]
Un funcionario de la sede central de la Agencia Estatal de Administración Tributaria se negó a validar en su día el informe que atribuía al DNI 14-Z [el de doña Cristiana, la Infanta no imputada], la venta de 13 fincas con lo que se pretendía justificar su incremento patrimonial y dar «cobertura a la fortuna de su matrimonio formado con Iñaki Urdangarín». Así lo han relatado al menos dos grupos parlamentarios -desconozco qué grupos- a fuentes sindicales de la Agencia cuyo nombre también ignoro. Tuvo que ser la propia directora de la Agencia Tributaria, doña Beatriz Viana, la que firmara finalmente el informe falso. ¿Y no pasa nada con esa falsa firma?
Funcionarios de Hacienda han denunciado además la «sobreprotección» de los miembros de la Casa Real en materia tributaria. Lo han hecho, según parece, de la mejor forma que pueden hacerse esas cosas: aportando «documentos que afectan igualmente al DNI número 10, cuyo propietario es Juan Carlos Borbón y Borbón, en relación con una curiosa importación cuyas obligaciones tributarias todavía no han sido satisfechas».
Según esas mismas fuentes y según la página que seguimos, «el informe sobre los incrementos patrimoniales del DNI 14-Z fue pergeñado por dos inspectores fiscales de la máxima confianza de Beatriz Viana». El texto justificaba el incremento de renta de 1,4 millones de euros por la venta entre 2004 y 2005 de las 13 fincas [2]. Como ha sido señalado, un error de estas características -¡en 13 registros!- es prácticamente «imposible». Todo apunta, pues, a maquillajes interesados y planificados. Según algunos inspectores de Hacienda, hay de nuevo una arista coincidente entre el dictador criminal Franco (DNI 1) y la primera autoridad del actual Estado (DNI 10): fiscalmente son iguales, es decir, impunes. Tal vez se haya pretendido o se dé por supuesto que la impunidad alcance a la familia más próxima. El lado oscuro de la fuerza se extienda.
El inspector José María Peláez, nada sospechoso de izquierdismo, ha calificado de «bochornoso y lamentable» lo ocurrido: si una de las funciones esenciales del notario es dar fe de las partes que intervienen en un contrato de compraventa, ¿cómo creer en un error de estas características si el DNI de la realeza borbónica (y de sus antecesores) es un número tan peculiar? Peláez ha añadido: «También habría que explicar por qué en los cruces de información que se efectuaron en los años siguientes a la hipotéticas ventas no se detectaron las correspondientes a estos inmuebles, de elevado importe total y efectuados por la misma persona, cuando lo normal era lo contrario, ya que todo parece indicar que no se incluyeron en sus declaraciones del IRPF. Si las ventas y su falta de declaración fueron detectadas y no se efectuó el pertinente requerimiento a la interesada, habría que explicar por qué no se la llamó». ¿No se nos dijo (borbónicamente) que todos éramos iguales ante la Ley?
Hay que tener la máxima cautela por supuesto. Y todo sigue siendo por supuesto. Pero la cosa está lejos de estar cerrada y el olor a podrido sigue proviniendo de territorios no daneses. Por lo demás, y el punto sigue siendo básico, don Miquel Roca i Junyent, el gran padre constitucional amigo del Rey borbón, sigue diciendo que no pasa nada, que ya está, que no hay nada que reclamar y que podemos ir al concierto del sábado próximo en el Camp Nou o seguir los partidos de La Roja en televisión.
Notas:
[2] Salvo error por mi parte, ubicadas en Alicante, Ciudad Real y Barcelona, fueron registradas en Alicante, Almagro, Arenys de Mar y Pilar de la Horadada
Salvador López Arnal es miembro del Frente Cívico Somos Mayoría y del CEMS (Centre d’Estudis sobre els Movimients Socials de la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona; director Jordi Mir Garcia)
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