En las últimas tres décadas, la Comunidad de Madrid se ha convertido en el laboratorio de pruebas de la privatización sanitaria española.
Cuando en 1986 se aprobó la Ley General de Sanidad, aún en vigor, el legislador no alcanzó a prever hasta qué punto iba a pervertirse el espíritu de esta normativa que, si bien abrió la puerta a los conciertos para la prestación de servicios sanitarios con medios ajenos, dejaba muy claro en su artículo 90 los límites de los mismos.
En efecto, los puntos 1 y 2 del citado artículo recogen la apertura a los conciertos con entidades privadas, siempre y cuando las administraciones públicas prioricen “la utilización optima de sus recursos sanitarios propios” y “cuando existan análogas condiciones de eficacia, calidad y costes, a los establecimientos, centros y servicios sanitarios de los que sean titulares entidades que tengan carácter no lucrativo”.
Pues bien, en las últimas tres décadas, la Comunidad de Madrid se ha convertido en el laboratorio de pruebas de la privatización sanitaria española y ni la racionalización del gasto, ni la eficacia, ni la eficiencia, han justificado el modelo neoliberal impulsado por la derecha en la región, salpicado incluso con episodios de corrupción que han extendido un halo de sospecha por presuntos casos de cohecho y prevaricación.
Así se expone en el informe elaborado por UGT Madrid “La privatización de la gestión y provisión de los servicios sanitarios en la Comunidad de Madrid” que analiza los distintos modelos de gestión privada implantados por los gobiernos de Gallardón, Aguirre y ahora Díaz-Ayuso, a cuyo mandato se suma la terrible crisis provocada por la pandemia de coronavirus.
Pero en Madrid, la colaboración en el ámbito sanitario entre empresas privadas y el sector público se inició incluso mucho antes, hace más de 65 años, cuando en 1955, el Instituto Nacional de Previsión, gestor por aquel entonces de las prestaciones de la Seguridad Social, firmó un concierto con la recién inaugurada Clínica de la Concepción para la prestación de atención sanitaria a los beneficiarios de la Seguridad Social. En 1963 la Clínica de la Concepción se convertiría en la Fundación Jiménez Díaz y en el año 2002, después de ser adquirida por IDC-Grupo Capio Salud, en una Unión Temporal de Empresas. Actualmente pertenece a la multinacional Fresenius Hellios.
Durante la década de los 80, los hospitales públicos de Madrid eran de gestión directa y todo su personal era también público. Pero, al poco, empezaron a externalizarse parte de los servicios no sanitarios como la cocina, limpieza, mantenimiento y vigilancia -refleja UGT en su informe-, abriéndose así la veda a lo que vino después en una carrera por la privatización que fue despejada por el Gobierno de Aznar.
Aznar, Beccaría y Feijoó sientan las bases
En 1996, pocos meses después de llegar a La Moncloa, el Gobierno de Aznar, con José María Romay Beccaría como ministro de Sanidad y Alberto Núñez Feijoó a cargo del INSALUD, aprobó el Decreto 10/1996, de 17 de octubre, que sentó las bases del modelo de gestión sanitaria en España (privada, claro). Dicho decreto fue reforzado por la ley 15/97, de 25 de abril, sobre habilitación de nuevas formas de gestión del SNS, cuyo reglamento, Real Decreto 29/2000, se aprobó 3 años después.
Con el respaldo de esta base legal estatal, la Comunidad de Madrid estrenó a lo grande la asunción de las transferencias sanitarias que se hicieron efectivas en 2002. Con el entonces Gobierno de Alberto Ruiz-Gallardón, y con José Ignacio Echániz, “ideólogo de las privatizaciones del PP”, afirma UGT en su informe, se aprobó la LOSCAM, Ley 12/2001 de 21 de diciembre, de Ordenación Sanitaria de la Comunidad de Madrid, que posibilitó la integración en la red pública de proveedores privados. Es decir, el dinero era público pero la provisión era privada.
Al amparo de la ley estatal de 1997, la Comunidad de Madrid habilitó dos hospitales con personalidad jurídica y patrimonial propia, la Fundación Hospital de Alcorcón y la Empresa Pública Hospital de Fuenlabrada.
Con la llegada de Esperanza Aguirre en 2003 a la presidencia de la Comunidad arrancó la primera gran ola de privatizaciones (2003-2008). Fue la época de los hospitales de concesión de obra pública, el modelo conocido como PFI. Siete son los hospitales con este modelo de gestión: Hospital Infanta Sofía, Hospital Infanta Leonor, Hospital Puerta de Hierro-Majadahonda, Hospital Infanta Cristina, Hospital del Sureste y Hospital del Tajo.
Esta privatización corrió a cargo del consejero de Sanidad, Manuel Lamela, conocido por la persecución de los médicos del hospital Severo Ochoa (entre ellos, el doctor Luis Montes) y el encargado de adjudicar estos contratos. Posteriormente, en 2010 entró a formar parte del Consejo de Administración de una de las empresas adjudicatarias de estos contratos, el Hospital del Tajo, cuyo propietario estuvo además investigado por la Gürtel.
Actualmente Lamela, como Aguirre, están siendo investigados en el ‘caso Púnica’ por financiación ilegal del PP de Madrid. Además, COFELY SA, una de las empresas que forman parte de la Sociedad Concesionaria del Hospital Infanta Sofía, otro de los contratos adjudicados durante este mandato, también está siendo investigada en esta misma causa.
La concesión de obra pública para la construcción de hospitales se llevó a cabo gracias al Plan de Infraestructuras Sanitarias (2004-2007) aprobado por el gobierno regional. “En esta forma de gestión se encomendaba a una empresa privada (o UTEs) la construcción del hospital a cambio de un canon, mediante el que se abonaba la amortización del coste de construcción, así como los servicios complementarios prestados (asistencia no sanitaria del hospital) y se cedía la explotación de los espacios comerciales mediante una concesión realizada por 30 años”, refleja UGT en su informe.
Los costes de este modelo sanitario fueron superiores a los del resto de formas de gestión directa. El canon anual de los siete hospitales en el año 2008 ascendió a 113 millones de euros, en 2017 ese canon se había incrementado un 23%.
En 2006 se crean las empresas que van a gestionar las prestaciones sanitarias de seis de los siete hospitales con concesión de obra pública.
Las Uniones Temporales de empresas (UTEs) fueron inicialmente constituidas por constructoras, inmobiliarias, empresas privadas de gestión sanitaria y entidades bancarias. A lo largo de los años, estas empresas han ido vendiendo sus activos o siendo absorbidas por otras empresas.
Entran en escena Güemes, Lasquetty y Burgueño
En 2007, Juan José Güemes sucede en el cargo a Manuel Lamela, y como él, acabará en un consejo de administración de una de las empresas beneficiadas por la privatización sanitaria en Madrid. Güemes también esta siendo investigado por la Púnica.
Comienza la segunda ola de privatizaciones (2007-2011) con la concesión de servicios públicos sanitarios y la aprobación del nuevo Plan de Infraestructuras Sanitarias 2007-2011.
Ese mismo año, se nombra a Antonio Burgueño como Director General de Hospitales de la Comunidad de Madrid. Antes “había sido Director Asistencial de ADESLAS, precursor del modelo Alzira en la Comunidad Valenciana, responsable del proyecto del Hospital de la Ribera desde su gestación hasta su apertura (Ribera Salud); y asociado a la empresa sueca CAPIO con la que colaboró en la apertura del Hospital Infanta Elena en la Comunidad de Madrid”, recoge el sindicato en su informe.
Durante el mandato de Burgueño, todas las adjudicaciones de concesiones de servicios en hospitales que se realizan se adjudican a empresas vinculadas a su trayectoria profesional (IDC, CAPIO, UNILABS, perteneciente a Ribera Salud…).
Tras la marcha de Aguirre en 2012, su sucesor Ignacio González (imputado en Lezo) mantiene a Fernández-Lasquetty en la consejería de Sanidad. En 2013, bajo su mandato, se aprueba el Plan de Medidas de Garantía de la Sostenibilidad del Sistema Sanitario Público, por el que el Gobierno de la Comunidad de Madrid, “quiere dar un paso definitivo en la privatización de la asistencia sanitaria”, con la vista puesta en los centros de salud y en medidas como el copago farmacéutico.
Es la gota que colma el vaso y que origina la ‘Marea Blanca’, una etapa de protestas y movilizaciones ciudadanas impulsadas por decenas de organizaciones y colectivos del ámbito sanitario, la misma que ha vuelto a resurgir con nuevas protestas en las calles en la precampaña a las elecciones del próximo 4 de mayo en Madrid.
Se suceden las demandas judiciales, pero el Gobierno del PP mantiene su calendario de acción con convocatorias para la concesión de servicios de asistencia sanitaria pública a los hospitales PFI y adjudicaciones a las sociedades concesionarias.
No es hasta septiembre de 2013 cuando el Tribunal Superior de Justicia de Madrid suspende el proceso de licitación y privatización de parte de la sanidad pública madrileña.
Los reveses judiciales y las continuas movilizaciones fuerzan la dimisión de Fernández-Lasquetty en enero de 2014. El dirigente popular regresaría después a la sede de la Comunidad de Madrid con la actual presidenta Isabel Díaz Ayuso.
El siguiente en caer será Antonio Burgueño, al que Díaz-Ayuso vuelve a rescatar como asesor en los primeros meses de la pandemia en 2020, y cuya hija protagonizará el escándalo en la gestión de la medicalización de las Residencias.
En abril de 2014 se pone fin al procedimiento de la concesión de servicios públicos de la asistencia sanitaria de los PFI, dando lugar a una demanda a judicial por parte de las empresas adjudicatarias por los perjuicios ocasionados que será estimada en parte por los tribunales.
A finales de ese año, se destituye por la gestión del ébola a Francisco Javier Rodríguez, el sucesor de Lasquetty al frente de la consejería de Sanidad, que queda a cargo de Javier Maldonado, a su vez destituido seis meses más tarde por Jesús Sánchez Martos.
“Por tanto, este intento de la privatización de la asistencia sanitaria madrileña va a concluir en la peor crisis de Gobierno de la Comunidad de Madrid, en la que en poco más de un año van a ser nombrados y/o cesados cuatro consejeros de sanidad y un presidente autonómico”, señala UGT.
Una sentencia del TC de 2015 y la ley 9/2015 deriva en 2016 con la extinción de las empresas públicas creadas para la gestión sanitaria de los hospitales PFI.
En los dos siguientes años, la estabilidad política en el Gobierno de la Comunidad de Madrid continúa. Dimite Sánchez Martos y le sucede el actual responsable de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero. En la Presidencia se van a suceder Cristina Cifuentes, Ángel Garrido y Díaz-Ayuso.
Comienza la etapa de oligopolio de la asistencia sanitaria con un fondo de inversión holandés (multinacionales CETENE y DIF).
Privatizaciones en pandemia
Lo que ha pasado después ya lo tenemos más reciente. En 2020, bajo el Gobierno de Ayuso, estalla la pandemia. Los recortes de años anteriores se hacen sentir. Se contratan con urgencia recursos sanitarios “a dedo”. Caos y drama en las residencias de mayores, con la hija de Burgueño, asesor a su vez de la presidenta madrileña, como responsable de la adjudicación de los servicios de una empresa de ambulancias.
Caos en la desescalada, falta de rastreadores suficientes, una atención primaria bajo mínimos… Llamada de urgencia a otro operador privado, el Grupo Quirón Salud, para la contratación de rastreadores.
Se adjudica a Indra y Telefónica el seguimiento de los contactos de la COVID (rastreo) y el estudio de la seroprevalencia (4.500 llamadas diarias a 2,9 euros cada una).
Construcción del hospital de pandemias Isabel Zendal con un coste que triplicaba al presupuesto inicial y sin personal propio.
La llegada de las primeras vacunas puso de nuevo en el ojo del huracán la gestión de Ayuso: no había suficientes profesionales. De nuevo, llamada a Cruz Roja y contrato de 800.000 euros para la vacunación, y otros 1,1 millones a Telefónica e Indra para las citas de las vacunas.
A día de hoy, siguen cerradas las urgencias de los centros de salud, un cierre decretado en marzo de 2020. UGT se teme que “la Comunidad de Madrid podría estar fraguando el cierre definitivo de estos centros para sustituirlos por una nueva privatización, sustituyéndolo por alguna contrata de transporte sanitario”.
En suma, 24 años de ‘negocio’ sanitario en Madrid, que seguirá avanzando si no se cambian las actuales políticas puestas en marcha por la derecha.