Fue un 14 de noviembre de 1975, cinco días antes de la muerte del dictador, cuando en Madrid se firmaron los Acuerdos Tripartitos, por los cuales el Reino de España entregaba unilateralmente la administración del Sáhara Occidental a una administración tripartita formada por España, Marruecos y Mauritania. Se consumaba la traición al pueblo saharaui y […]
Fue un 14 de noviembre de 1975, cinco días antes de la muerte del dictador, cuando en Madrid se firmaron los Acuerdos Tripartitos, por los cuales el Reino de España entregaba unilateralmente la administración del Sáhara Occidental a una administración tripartita formada por España, Marruecos y Mauritania. Se consumaba la traición al pueblo saharaui y se abría una de las páginas más negra de la política exterior española.
España tenía obligaciones como metrópolis que según el derecho internacional no cumplió. La actitud de España supuso una traición para el pueblo del Sáhara que hoy sigue sufriendo con la ocupación y el exilio. El 31 de octubre de 1975, regimientos de tanques y blindados del ejército marroquí invadieron el Sáhara Occidental, destruyendo, matando y secuestrando a la población. Desvió la atención de la invasión con la Marcha Verde, que alcanzaba el puesto fronterizo de Tah el 6 de noviembre del 1975.
El entonces príncipe, en funciones de Jefe del Estado, acordó el repliegue de las tropas y la entrada de 50 marroquíes en El Aaiún. Documentos desclasificados de la CIA, arrojan luz sobre algunos de los episodios más significativos de la historia reciente de España. Las revelaciones apuntan al papel que Juan Carlos de Borbón jugó en la Marcha Verde, movimiento en el que España perdió el territorio del Sáhara, que quedó repartido entre Marruecos y Mauritania. (El Español, 21 de enero de 2017).
Los hechos tuvieron lugar entre el 6 y 9 de noviembre de 1975. El príncipe Juan Carlos asumía en funciones la jefatura de Estado, ante la debilidad física de Francisco Franco; las reivindicaciones que llegaban desde el Sáhara requerían la intervención de la máxima autoridad nacional. El rey Hassan II de Marruecos había diseñado una invasión sobre el territorio, que pretendía la anexión a su país, a la que bautizó con el nombre de la Marcha Verde. «Se hará cuanto sea necesario para que nuestro Ejército conserve intacto su prestigio y su honor», afirmó el príncipe Juan Carlos en una visita a El Aaiún.
Pero los papeles de la CIA detallan que el papel del emérito hoy, no se limitó a mediar para resolver un conflicto que terminó con la retirada del Sáhara del Ejército español: «Madrid y Rabat han acordado que los manifestantes sólo entrarán unas pocas millas en el Sáhara español y que permanecerán un corto periodo de tiempo en la frontera, donde ya no hay tropas españolas». El informe de la Agencia de Inteligencia también detalla los pactos secretos para celebrar la Marcha Verde: «la delegación representativa de unos 50 marroquíes tendrán permitido entrar en la capital territorial de El Aaiún».
En Madrid, el 14 de noviembre de 1975, reunidas las delegaciones que legítimamente representaban a los Gobiernos de España, Marruecos y Mauritania, suscribieron los Acuerdos Tripartitos (Ley 40/1975, de 19 de noviembre, sobre descolonización del Sahara). España ratificaba su resolución «de descolonizar el territorio del Sahara occidental poniendo término a las responsabilidades y poderes que tiene sobre dicho territorio como Potencia Administradora». España se comprometía a instituir una Administración temporal en el territorio «en la que participarán Marruecos y Mauritania en colaboración con la Yemaá y a la cual serán transmitidas las responsabilidades y poderes». Se pactaba que la terminación de la presencia española en el territorio se llevaría a efecto, antes del 28 de febrero de 1976.
Solemnemente, las partes declaraban que sería «respetada la opinión de la población saharaui, expresada a través de la Yemaá». Los tres países informarían al Secretario General de las Naciones Unidas de lo acordado en las negociaciones celebradas, de conformidad con el artículo 33 de la Carta de las Naciones Unidas. Declaraban que los tres países habían llegado a las conclusiones con el mejor espíritu de comprensión, hermandad y respeto a los principios de la Carta, y como la mejor contribución al mantenimiento de la paz y la seguridad internacional. Por parte de España, firmaba los Acuerdos, el Presidente del Gobierno Carlos Arias Navarro.
El objetivo de los Acuerdos fue legalizar la ocupación marroquí del Sáhara, una ocupación que ya estaba hecha. La Asamblea General de las Naciones Unidas rechazó de forma determinante los hechos y presentó una resolución en la que se exigía el respeto a la legalidad internacional y que reconocía el derecho del pueblo saharaui a la autodeterminación. Hasta la fecha nadie reconoce la soberanía de Marruecos sobre el Sáhara. Marruecos ni cumple con la legislación internacional ni reconoce las resoluciones de la ONU.
La ONU, el 1 de noviembre pasado, prorrogó por seis meses, en lugar de los doce tradicionales, su misión de paz en el Sahara Occidental, a través del organismo Minurso (Mission des Nations Unies pour l’Organisation d’un Référendum au Sahara Occidental), con el fin de seguir presionando a las partes para que negocien una solución. Con doce votos a favor y tres abstenciones, el Consejo de Seguridad dio el visto bueno a una propuesta de Estados Unidos, que fue objeto de discusión hasta el último momento, dado que países como Francia preferían un mandato de un año.
La Marcha Verde sirvió de pretexto y de cortina de humo para el giro de la política española y la conclusión de los acuerdos de Madrid. Unos acuerdos por los que Marruecos obtuvo la entrega del Sáhara con la participación de Mauritania que, exhausta por el conflicto con el Frente Polisario, se retiró en 1979 de la parte meridional del territorio que le había cedido Marruecos. Por difícil que fuera aquella coyuntura, había una fórmula válida y legal que hubiera salvaguardado el derecho inalienable del pueblo saharaui a la autodeterminación. España, que había abdicado de sus responsabilidades, podía haber traspasado la administración a la ONU, para organizar y supervisar el referéndum, como preveía el Plan Waldheim.
Con los acuerdos de Madrid se puso en marcha una efímera administración tripartita, se posibilitó la ocupación del Sáhara por los ejércitos marroquí y mauritano y el primero entró en El Aaiún el 11 de diciembre. Con el embarque de las últimas tropas españolas en Villa Cisneros el 12 de enero de 1976, y con la retirada de los últimos oficiales y administradores el 26 de febrero, se consumó la entrega. Nadie había previsto la resistencia encarnizada de un gran sector del pueblo saharaui, movilizado y encuadrado en el Frente Polisario ni la fuerte reacción de Argel. Cuarenta y tres años después de los Acuerdos de Madrid el conflicto del Sáhara Occidental sigue sin solución.
Según la ONG Por un Sáhara Libre, miles de personas permanecen en los campamentos de refugiados en Argelia, sobreviviendo a las duras condiciones climatológicas y humanitarias, pese a la ingente labor llevada a cabo por el Frente Polisario para hacer frente a las adversidades. Miles de personas padecen una ocupación militar violenta por parte del Reino de Marruecos en el propio Sahara Occidental, sufriendo violaciones sistemáticas de sus derechos más elementales. El Reino de Marruecos, que siempre ha mantenido una postura obstruccionista, últimamente ha endurecido la presión sobre Naciones Unidas, mostrando una vez más la arbitrariedad y el despotismo que le caracteriza, sin entender más idioma que el de las amenazas y obviando el derecho internacional como forma de entendimiento entre los pueblos del mundo.
Mientras el Frente Polisario apostó desde el año 1991 por la paz y la negociación como forma de resolver los conflictos, Marruecos continúa presumiendo de la imposición, la violencia y la sinrazón frente al derecho internacional, apostando por el conflicto directo como forma de resolver un problema que tiene su origen en la incapacidad de España para concluir el proceso de descolonización del Sahara Occidental, incapacidad que han presentado todos los gobiernos que se han sucedido en la Moncloa desde el año 1975. El Sahara Occidental sigue siendo la última colonia del continente africano. Los gobernantes españoles han demostrado su incapacidad y cobardía en el ámbito internacional, que no son capaces de cerrar el proceso de descolonización de este pueblo. La colonización fue considerada, desde la fundación de Naciones Unidas en 1948, una lacra histórica de la humanidad, que sólo produjo sufrimiento y retroceso en el progreso de la convivencia humana.
Por la Descolonización y la Independencia del Sáhara, es preciso que se emprendan nuevas acciones y medidas eficaces, de conformidad con el derecho internacional, para eliminar los obstáculos que impiden la plena realización del derecho a la libre determinación de los pueblos que viven bajo ocupación colonial y extranjera y que siguen afectando negativamente a su desarrollo económico y social.
@caval100
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