Los intentos sin precedentes del gobierno del presidente George W. Bush de silenciar y suprimir resultados de investigaciones que no le gustan están poniendo en peligro la ciencia en Estados Unidos, denuncian especialistas. El caso de James Hansen, experto en cambio climático de la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA) quien reveló en […]
Los intentos sin precedentes del gobierno del presidente George W. Bush de silenciar y suprimir resultados de investigaciones que no le gustan están poniendo en peligro la ciencia en Estados Unidos, denuncian especialistas.
El caso de James Hansen, experto en cambio climático de la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA) quien reveló en enero que fue censurado por el gobierno, es la más reciente evidencia de la incomodidad de la Casa Blanca con científicos que discrepan de sus posturas en temas ambientales.
Ya en 2004 un prominente grupo de científicos, que incluyó 20 premios Nobel y 19 galardonados con la Medalla Nacional de la Ciencia, firmaron una carta abierta que acusó al gobierno de Bush de tergiversar deliberadamente hechos científicos con «fines político-partidarios».
La prestigiosa Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos también exigió en 2004 dejar de preguntar a los especialistas si apoyan a Bush cuando son entrevistados para integrar comités de asesoramiento científico.
En 2002, el biólogo Mike Kelly, del Servicio Nacional de Pesquerías Marinas, dimitió tras las presiones que recibió para habilitar un mayor bombeo de agua para irrigación desde el río Klamath, en el estado de Washington, que beneficiaría a los partidarios locales de Bush y a contribuyentes de agronegocios.
El análisis de Kelly mostró claramente que reducir el agua del río dañaría al amenazado salmón coho (Oncorhynchus kisutch), protegido por las leyes estadounidenses. «Querían que hiciera algo ilegal y renuncié», dijo Kelly a Tierramérica.
Figuras políticas, entre ellas el consejero político de la Casa Blanca Karl Rove, reemplazaron el análisis de Kelly y el agua fue desviada del río. Al año siguiente, más de 30.000 salmones coho adultos y cientos de miles jóvenes murieron a causa de los bajos niveles del agua, según el especialista.
«Cuando el gobierno de Bush obtiene una respuesta científica que no le gusta, la elimina o la cambia», aseguró Kelly, quien trabajó 10 años en la dependencia pesquera de la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmósférica (NOAA, son sus siglas en inglés).
«Hay un intento sistemático y obsesivo de controlar información, sin importar lo que la ciencia encuentre», afirmó Jeff Ruch, director ejecutivo de Public Employees for Environmental Responsibility (Empleados Públicos para la Responsabilidad Ambiental).
«Cientos de importantes estudios científicos e informes de campo locales son cuestionados por razones extra-científicas», como cuando los hallazgos científicos contradicen intereses políticos o corporativo-empresariales, dijo Ruch a Tierramérica.
Los torpes intentos del gobierno de Bush por eliminar las evidencias científicas en torno al cambio climático, provocado por el calentamiento global, son los más conocidos.
En septiembre de 2002, funcionarios políticos, incluyendo a figuras que antes presionaron a favor de compañías petroleras, eliminaron una sección sobre calentamiento global del informe anual de la Agencia de Protección Ambiental (EPA).
En junio de 2003, las demandas de cambios extensivos en una sección sobre calentamiento global de otro informe de la EPA obligaron a esa agencia a suprimir la sección completa.
En el otoño (boreal) pasado, funcionarios del gobierno ordenaron al prominente especialista James Hansen, de la NASA, que eliminara datos de Internet que sugerían que 2005 podría ser el año más cálido del que se tuviera registro.
Pronto se demostró que Hansen tenía razón y acudió en enero a los medios de comunicación para denunciar los muchos intentos de impedirle hablar sobre el cambio climático.
«A Hansen no se le permitía hablar con periodistas sin permiso, y el permiso le fue denegado varias veces», afirmó Tom Devine, director legal del no gubernamental Government Accountability Project (GAP, Proyecto para la Responsabilidad del Gobierno).
«Y cuando se le permitía hablar, se suponía que debía presentar la otra cara (del asunto) o enfrentar severas consecuencias», dijo Devine a Tierramérica. «Es una intimidación sin precedentes y diferente a todo (lo que he visto) en mis 27 años en el GAP». También es ilegal bajo las leyes estadounidenses que protegen a denunciantes de prácticas corruptas dentro de su organización e impiden que los gobiernos silencien a sus empleados. Sin embargo, la mayoría de los científicos no conocen las leyes y rara vez luchan contra los intentos de amordazarlos, dijo.
«Nunca vi nada que se acercara al grado de control sobre la información que fluye de los científicos al público como el que hay ahora», afirmó recientemente Hansen, que ahora es uno de los clientes de GAP.
Las consecuencias de este abuso son funestas, según Michael Halpern, quien preside el Programa de Integridad Científica de la estadounidense Union of Concerned Scientists (Unión de Científicos Comprometidos). «Esta tergiversación de la ciencia está debilitando lo que ha sido una parte enorme del éxito económico de Estados Unidos», dijo Halpern a Tierramérica.
Esto también está generando muertes innecesarias, dijo. Funcionarios políticos de la EPA, a menudo provenientes del mundo de la industria, han ignorado recomendaciones formuladas por científicos al establecer nuevas reglas de contaminación del aire en relación a emisiones de mercurio y hollín.
También en la Administración de Drogas y Alimentos de los Estados Unidos (FDA), empleados eliminaron investigaciones que revelaban que el popular analgésico Vioxx estaba vinculado a 139.000 ataques cardiacos y derrames cerebrales.
Funcionarios designados por Bush no sólo han implementado reglas favorables a los negocios, sino que también las elaboraron con base en su conservadurismo religioso, aseguró Halpern.
En la FDA invalidaron comisiones científicas y denegaron el acceso público a un anticonceptivo de emergencia llamado «Plan B». Y en el gubernamental Instituto Nacional del Cáncer han sugerido que existen vínculos entre el aborto y el cáncer de mama, pese a que no hay una conexión científica, afirmó..
«Los políticos necesitan acceder a información científica precisa e imparcial», opinó Halpern. «Estamos enfrentando un problema sin precedentes que amenaza a la democracia estadounidense», puntualizó.
* El autor es colaborador de Tierramérica. Este artículo fue publicado originalmente el 22 de abril por la red latinoamericana de Tierramérica.