La estrategia especulativa de las grandes eléctricas en el ‘boom’ de las energías renovables está dinamitando la convivencia en la España rural.
Aún faltan unos tres kilómetros para alcanzar la salida 101, que da acceso al municipio de Almadrones (Guadalajara), cuando la ventanilla derecha del coche muestra un cambio imposible de ignorar en el paisaje que atraviesa la autovía A-2 en dirección Zaragoza. El intenso verde primaveral que se extendía hasta el horizonte queda, de pronto, sustituido por un ejército de cientos, miles de placas fotovoltaicas con sus patas metálicas y sus cabezas planas desproporcionadamente grandes.
Allí nos espera César Sanz, un joven agricultor del pueblo que se ha ofrecido a contarle a CTXT cómo ha transcurrido el proceso que ahora culmina con la instalación –todavía en marcha– de un enorme parque fotovoltaico, propiedad de Iberdrola, que ocupa más de 270 hectáreas.
El boom de la fotovoltaica
En mayo de 2021, existían en España 99 grandes instalaciones fotovoltaicas –de 10MW de potencia o más– de las cuales 58 contaban con una potencia de más de 50MW –a partir de ese número es obligatorio recibir autorización de la Administración Pública para la construcción–, y se esperaban 15 nuevas de esa misma categoría para los siguientes meses. La tendencia al alza quedó confirmada por los datos de Red Eléctrica de España: el año 2022 supuso un incremento histórico en la generación de energía fotovoltaica, con un crecimiento del 29,4% respecto a 2021.
En lo que va de año, este boom se hecho más y más notable. Como ejemplo de la situación actual, el BOE del pasado 8 de mayo publicaba la autorización administrativa previa para 24 proyectos fotovoltaicos, todos ellos superiores a los 50MW, de los cuales siete lograban también autorización para iniciar la construcción de los megaparques. En 2021 había 58 en todo el territorio nacional, en 2023 se han aprobado 24 en un solo día.
No hay una equivalencia exacta entre potencia instalada y superficie ocupada por las placas, pero se puede hacer un cálculo aproximado teniendo en cuenta que para generar 500MW se suelen necesitar 1.000 hectáreas (cuando no más); así, los 19.785MW instalados en España en 2022 a través de esta tecnología suponen un área aproximada de 40.000 hectáreas, casi cuatro veces el tamaño de la ciudad de Barcelona. Además, el reparto de estos parques fotovoltaicos es muy desigual: casi el 70% se localizan en Extremadura, Castilla-La Mancha y Andalucía.
El desprecio hacia modo de vida rural como estrategia especulativa
Un primer paseo entre las vallas de los tres módulos que conforman la obra completa instalada en Almadrones ofrece dos sensaciones inmediatas. La primera tiene que ver con una traducción empírica de la extensión del parque, incomprensible a menos que uno se sitúe en un punto más o menos central del mismo y eche una ojeada alrededor. Desde ahí, la cómoda abstracción de las cifras, que permite hablar de casi 300 hectáreas con la misma facilidad que de 25 metros, adquiere una materialidad abrumadora, y los números toman cuerpo: casi 300 hectáreas es, más o menos, hasta donde alcanza la vista.
La segunda sensación queda rápidamente confirmada por César Sanz, que observa el paisaje con los ojos expertos de quien lleva años dialogando con esas tierras hoy mudas, inertes: “Podían haber sido más considerados con los agricultores, por lo menos facilitando el trabajo y quedando bien con nosotros”. Son varios los ejemplos que llaman la atención por lo errático de la planificación, con grandes extensiones de tierra que han quedado dentro de las vallas pero no van a ser utilizadas para generar energía. “Hay zonas en las que incluso hay terreno labrado dentro de la valla que si se hubiese quedado fuera seguiría siendo cultivable”, afirma el agricultor.
Esa despreocupación a la hora de tener en cuenta el impacto de su actividad en el campo forma parte de la actitud de desprecio que muestran las compañías eléctricas hacia los modos de vida rurales. Así lo ve Jaume Franquesa, doctor en Antropología Social y autor de diversas investigaciones –y un libro– centradas en la cuestión de la transición a las renovables, quien señala que “para conseguir precios bajos, lo que hacen es decirles a los propietarios rurales que eso que tienen no vale nada. Presentan el lugar como un lugar vacío, no solamente de gente sino también de futuro, de posibilidades”. Una “desvalorización moral” que, según el propio Franquesa, “apoya muy claramente la desvalorización económica, y viceversa”, dejando una huella mucho más profunda que el mar de cristal que se observa a simple vista: “Cuando te dicen que tu tierra no vale nada, te están diciendo que tú no vales nada. Así es como lo oyen estas personas”.
Iberdrola encabeza la lista de compañías con mayor presencia en este sector, ya que cuenta con las dos mayores instalaciones del país: la planta Francisco Pizarro, en Cáceres, con 1.300 hectáreas (según la propia empresa, la mayor de Europa), y la Núñez de Balboa, en Badajoz, con una superficie cercana a las 1.000 hectáreas. Pero no andan lejos otros gigantes como el Grupo ACS, Repsol, Endesa o Naturgy.
Berta Caballero es portavoz de la plataforma Aliente y argumenta que, en esencia, se trata de una estrategia meramente especulativa, puesto que “se está utilizando el campo porque es más barato para las empresas, cuando esas grandes instalaciones deberían derivarse a terrenos ya degradados como tejados, polígonos industriales o alrededores de grandes autovías”. Y la realidad es que no hay que irse muy lejos para encontrar ejemplos. La mediana de la propia carretera que une Guadalajara con Almadrones ofrece unos 50 kilómetros de suelo inutilizado que podría albergar una gran cantidad de placas fotovoltaicas. Y por si fuera poco, el Área 103 –área de servicio archiconocida por los y las profesionales del transporte–, dentro del término municipal de Almadrones, cuenta con un parquecito de placas instalado sobre infértil cemento. Según un estudio de la Xarxa Catalana per una Transició Energética Justa, este tipo de espacios “antropizados” suman 33.861 hectáreas solo en Catalunya, lo que permitiría una cantidad de placas fotovoltaicas “suficiente para proporcionar la energía eléctrica que necesitan más de ocho millones de personas”.
David, Goliat y una Administración irresponsable
Rosa Pardo, también desde Aliente, responsabiliza a la Administración Pública por su “aquiescencia” para con unas empresas “que han aprovechado un vacío en la legislación urbanística. Por la ley de protección del suelo rústico, estas instalaciones no podrían implantarse en suelo rural, ya que son instalaciones industriales”.
Pardo explica a CTXT el panorama legislativo con la minuciosidad de quien ha estudiado hasta el último detalle de su rival en busca de puntos débiles. Empieza hablando de cómo se ha ido resquebrajando la regulación que imponía “la necesidad de que, cada vez que hay un proyecto industrial en suelo rústico, haya que hacer una evaluación de impacto ambiental”. El primer error está en la ausencia de una “planificación previa”, que sí existe en otros países y define “zonas excluidas por sus valores ambientales. Aquí, lo único que ha hecho el Ministerio es un mapa con lugares en los que recomienda no hacer estos proyectos”, poco más que papel mojado puesto que “están autorizando instalaciones dentro de ese mapa”.
“Por otra parte”, sigue, “la prisa de la Administración por aprobar los proyectos ha hecho que se permita a las empresas incluir en la documentación estudios de impacto que son falsos, en los que no se detectan un montón de especies protegidas y daños que harían que no se aprobasen los permisos. La Administración lo sabe, pero lo admite”. La desfachatez pública rima con la privada, que impulsa a las grandes eléctricas a crear “pequeñas empresas con 3.000€ de capital social” para que se encarguen de “presentar el proyecto, solicitar los permisos y, sobre todo, captar propietarios para que alquilen sus terrenos”. Cuestionada acerca de las razones detrás de esta jugada, Rosa Pardo opina que tiene que ver con “cuestiones de responsabilidad final. Tú, en cualquier momento, puedes declarar esa empresa insolvente y todas las responsabilidades a las que se ha acogido, como ocuparse del desmantelamiento de la planta, cumplir el tema ambiental, etc., desaparecen”.
Para rematar, el Gobierno ha aprovechado la emergencia energética, originada por la guerra de Ucrania, para publicar un real decreto ley, el 20/2022, que contiene “dos artículos que aprovechan para decir que, a partir de ese momento, ni siquiera se va a tener que pasar el procedimiento ambiental si la Administración considera que el informe de impacto que presenta la empresa es suficiente”. Así, “proyectos que ya se habían denegado, ahora los van a reactivar”. Y concluye: “Lo que claramente dañaba la naturaleza, ahora no daña. La ley es un coladero”.
Esta desregulación, denunciada desde Aliente como una “barra libre” para los intereses empresariales, adquiere una centralidad muy notable en el relato de César Sanz acerca de cómo tuvo lugar la llegada de Iberdrola a Almadrones: “Para mí, el problema sobre todo fueron las negociaciones, que se hacían directamente con el propietario. Venía un abogado, se hacía una reunión en la que contaba todo por encima y luego iba casa por casa” –explica antes de reconocer la sensación de indefensión que experimentó–, “entonces estás peleando como un miserable individuo contra una empresa gigante”.
En su caso, se tomó la posibilidad de las placas fotovoltaicas como “otro cultivo, como una diversificación de la tierra”, por lo que “estaba dispuesto a ceder algunas hectáreas, pero no todas las que me estaban pidiendo”. Y es aquí donde la ausencia de una regulación se hace insostenible: “Cuando dijimos que nos gustaría dejar ciertas parcelas fuera, nos dijeron que o firmábamos todo lo que ellos pedían o se iban a otro pueblo”.
Para Jaume Franquesa, la estrepitosa inequidad entre las partes hace que “las empresas puedan ofrecer términos más o menos beneficiosos, pero nunca se va a producir una negociación, no es posible”. Y así, con una postura más cercana a la extorsión que a ninguna otra cosa, Iberdrola “llegó exigiendo que tenían que ser las parcelas que ellos pedían. Al que decía que no, le contestaban ‘tú dices que no, perfecto, nosotros nos vamos a otro pueblo y tú eres el encargado de justificar delante de tus vecinos por qué no van a recibir este dinero’”, cuenta César Sanz.
En este punto es importante señalar la desproporción de los contratos ofrecidos a los propietarios y las propietarias de las tierras, con cantidades que multiplican por más de diez los beneficios medios que ofrece una renta agrícola. “Era imposible competir con ello”, destaca el joven agricultor. En esa misma línea se mueve el razonamiento de Rosa Pardo, que exculpa a estos pequeños ayuntamientos (Almadrones, por ejemplo, cuenta con 54 habitantes censados) que se ven “con las manos atadas” ante la enormidad de recursos de multinacionales dispuestas a entrar en disputas legales en las que se saben ampliamente superiores en todos los aspectos.
Dar rienda suelta a la voracidad de estas empresas provoca, por ejemplo, que a pesar de que Iberdrola “prometió que no iba a haber movimiento de tierras”, como revela César Sanz, “hay parcelas en las que están sacando cubierta vegetal y tierra buena para tener las placas orientadas hacia donde les interesa”. Sin una legislación ni nada que se le acerque, surgen las inquietudes: “Cuando rellenen igual lo hacen con piedras. A saber qué van a hacer dentro de 40 años. No quiero que eso se quede como un solar, nos da bastante miedo que no se pueda volver a cultivar”.
Sin paisaje, sin trabajo y sin convivencia
Detrás del gravísimo impacto ambiental se oculta un elemento disruptivo quizá más preocupante aún. “Están generando muchísimo conflicto social, nos están poniendo a los pies de los caballos” (Berta Caballero); “es una circunstancia casi matemática que, donde llega un proyecto de este tipo, se crea un abismo entre vecinos y dentro de familias” (Jaume Franquesa); “este tipo de proyectos provocan una división social bestial en los pueblos” (Rosa Pardo). Las opiniones de personas expertas se alinean perfectamente entre sí y también con las vivencias de César Sanz: “A mí lo que más me preocupa de todo esto es la crispación. Ha afectado mucho a la convivencia, son situaciones que se van enquistando y el ambiente del pueblo es raro. Vas al bar y hay corrillos, hay personas que han dejado de ir al bar…”. El malestar entre los vecinos se atisba en su voz, sobre todo cuando menciona una de las consecuencias más dolorosas: “Dentro de las mismas familias ha sido una locura. Hay primos que se han dejado de hablar por estas cosas”.
Para entender el origen de tanta insistencia en el impacto que generan estas instalaciones en la convivencia hay que tener en cuenta dos factores principales. El primero deriva de una estructura de propiedad de la tierra que provoca que, “en la mayor parte de los pueblos, quienes están firmando contratos de alquiler son personas que no trabajan la tierra, rentistas agrarios, y eso les enfrenta sobre todo a los jóvenes agricultores que sí viven de ello y necesitan tierras en arriendo”, sostiene Rosa Pardo. Argumento confirmado por César Sanz, que presenció “reuniones con conflictos entre propietarios y agricultores renteros” y conoce a algunos de estos últimos “que se van a quedar con una cantidad de hectáreas que no les permiten vivir de ello”; sin recibir, claro, ni un céntimo de los contratos de alquiler que tan rápido convencieron a los propietarios.
Es difícil pensar en algo que agrave con tanta profundidad la dramática situación de la España vaciada como lo hace la erradicación de “el único trabajo que puede hacer que la gente venga a vivir aquí”, en palabras de Sanz. Más allá de lo laboral, “se elimina un modo de vida que sí fija población” y que puede ofrecer alternativas tan valiosas en un momento de crisis ecológica como la “soberanía alimentaria”, advierte José Morales, candidato de Unidas Podemos por Guadalajara para este 28M.
El segundo factor nos lleva directamente hasta los centros de decisión políticos, económicos y mediáticos, desde los que se percibe la urgencia climática como una “oportunidad para abrir una nueva frontera de producción energética y de beneficio económico en territorio propio”, creando estos “territorios extractivos domésticos”, como los llama Jaume Franquesa. Por eso, según Berta Caballero, “la maquinaria propagandística de gobierno y empresas ha convencido a la gente de que esto es imprescindible”.
Y así, en este contexto, tanto la actividad de Aliente como la oposición ciudadana al modelo extractivista de los grandes parques fotovoltaicos son recibidas con gran rechazo. En Almadrones, por ejemplo, César Sanz nos cuenta que, si bien “más o menos todo el mundo estaba a favor”, quien tenía una posición contraria a la instalación de las placas “no quería decirlo”. Mientras que Berta Caballero y Rosa Pardo aseguran que les han llamado “negacionistas”, “retardistas” y les han acusado de estar obstaculizando la impostergable transición a las renovables. “Lo que ellos llaman ‘obstáculos administrativos’ es una garantía para la ciudadanía, pero ese lenguaje se cuela en la prensa”, remata la segunda.
Las más de 270 hectáreas que han ocupado gran parte del término municipal de Almadrones quedan en nada si se comparan con complejos fotovoltaicos como el de Cifuentes-Trillo (también en Guadalajara), a cargo de Solaria, cuya extensión alcanza las 1.000 hectáreas. Pardo no duda al hablar de “una invasión” que, advierte, va a hacer “desaparecer la Alcarria de Guadalajara, pero también la de Madrid”.
La fórmula para evitarlo está clara para Jaume Franquesa: “Si hay algo que pueda echarles por tierra su inversión multimillonaria es que algún movimiento local consiga de alguna manera enfrentarse. Cuando ellos tratan estos movimientos locales como insignificantes, no nos dejemos engañar: no lo son. Es casi lo único que les puede echar por tierra el negocio”.