El próximo mes de abril se cumplirán tres años desde que, bajo el título Escándalo Monumental, se dio a conocer cómo la Archidiócesis de Pamplona estaba inmatriculando masivamente edificios religiosos, al amparo del infausto artículo 206 de la Ley Hipotecaria, de origen franquista y claramente inconstitucional, y a la modificación del artículo 5 del Reglamento […]
El próximo mes de abril se cumplirán tres años desde que, bajo el título Escándalo Monumental, se dio a conocer cómo la Archidiócesis de Pamplona estaba inmatriculando masivamente edificios religiosos, al amparo del infausto artículo 206 de la Ley Hipotecaria, de origen franquista y claramente inconstitucional, y a la modificación del artículo 5 del Reglamento de la Ley, durante la primera legislatura de Aznar. Merced a ello, se le concede a la Iglesia Católica funciones de fedatario público, permitiéndole inmatricular a su nombre cualquier propiedad, por un precio irrisorio, con la sola declaración del diocesano y sin ninguna exposición pública. De esta forma, ningún ayuntamiento navarro, ni el propio Gobierno, se enteraron de semejante movimiento registrador. El problema es estatal, pero en ningún sitio como en Navarra se habían detectado tantas inmatriculaciones en tan breve tiempo. Fue el primer escándalo.
«Las iglesias son nuestras«, fue la primera contestación del Arzobispado, a lo que se les respondió, con prolijidad de datos históricos, jurídicos y morales, que las iglesias y ermitas eran de los pueblos que las habían construido, pagado, usado y mantenido durante siglos, tanto para el culto como para otros menesteres. Pero pronto saltó el segundo escándalo, al comprobarse que no se trataba únicamente de edificios de culto, sino que, de las 1086 inmatriculaciones habidas desde 1998, al menos 236 correspondían a casas, pastos, arbolados, fincas comunales y cementerios. Y que antes de 1998, cuando no se podían inmatricular los lugares de culto, la Diócesis lo había hecho con cientos de bienes de todo tipo, miles tal vez, entre ellos todas las casas parroquiales levantadas por los pueblos y que, lejos de devolverlas al abandonar su uso (como lo fueron las escuelas públicas, las casas del médico o las de los maestros) las inmatricularon a su nombre.
El tercer gran escándalo fue la propia contestación del Arzobispado. La primera salida de tono fue la del arzobispo Sebastián, calificando de «ataque al pueblo de Dios» lo que era precisamente la defensa de ese pueblo ante el expolio que estaba sufriendo. Más tarde se han limitado a decir que todo es suyo, que la ley les ampara y que el que quiera vaya a los tribunales, soportando la carga de la prueba, eso sí, y en ocasiones bajo presiones de los párrocos y la amenaza de quitar el culto a las iglesias de los pueblos que pleiteen. Los recientes pleitos del Arzobispado contra pueblos de poco más de 30 habitantes y la venganza mezquina de reducir la pensión de sacerdote jubilado al presidente de nuestra Plataforma, son los últimos eslabones de esta cadena de despropósitos.
El cuarto escándalo es el silencio, el miedo o la complicidad institucional. Hace ya año y medio que 117 ayuntamientos se reunieron con el Parlamento de Navarra y presentaron una lista de solicitudes. Pedían información sobre todo lo inmatriculado; asesoría jurídica para los ayuntamientos y concejos; apoyo a los mismos para que pudiesen defender su patrimonio; defensa del Gobierno de Navarra, por subrogación, del patrimonio de los pueblos más indefensos, y estudio de la posibilidad de interponer un recurso de inconstitucionalidad del artículo 206 de la Ley Hipotecaria. Hubo práctica unanimidad en los grupos parlamentarios en felicitar la labor de la Plataforma y de la Comisión de Alcaldes; buenas palabras… y luego silencio absoluto durante año y medio.
Mientras, no pasa una semana sin que surja un nuevo enfrentamiento en los pueblos, una venta o alquiler del patrimonio público o, lo que es peor, la entrega de cuantiosas ayudas de fondos públicos, sin contrapartida alguna, para mantener un patrimonio que ahora tiene como propietario una gran inmobiliaria particular: la Archidiócesis y, en último término, el Vaticano. Nuestros Sanchos políticos, parece ser, no quieren toparse con la Iglesia.
Pese a todo, el balance de este tiempo ha sido muy positivo. La sociedad está alerta y sensibilizada; siguiendo las directrices de la Plataforma, muchos ayuntamientos y concejos han procedido a inmatricular sus bienes antes de que lo hiciera el Tragantúa diocesano, y están ojo avizor sobre el destino final de lo inmatriculado. Mientras, seguimos trabajando. La Comisión de Alcaldes está preparando nuevas acciones y la Plataforma hará la presentación pública en Pamplona (el jueves 26, en la calle Zapatería, 50) del libro Escándalo Monumental. Historiadores, juristas, alcaldes y cristianos escandalizados daremos nuestras razones. Os esperamos a todos. Los bienes comunales son imprescriptibles; nuestra resolución también. Tarde o temprano, ese patrimonio volverá a sus verdaderos dueños, los pueblos navarros.
Pedro Leoz Cabodevilla – Jose Mari Esparza Zabalegi en nombre de la Plataforma de Defensa del Patrimonio Navarro