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El gobierno nicaragüense ha lanzado dos campañas contra organizaciones de mujeres

Cuatro millones de abortos al año en Latinoamérica

Fuentes: Diagonal

En la región de Latinoamérica y Caribe, la despenalización del aborto se antoja remota. Al aumento de leyes restrictivas y el recorte de derechos se han sumado intentos de criminalizar a organizaciones de mujeres. Más de 30 organizaciones de Latinoamérica y del Caribe han suscrito la declaración Aborto libre y seguro, una exigencia de justicia […]

En la región de Latinoamérica y Caribe, la despenalización del aborto se antoja remota. Al aumento de leyes restrictivas y el recorte de derechos se han sumado intentos de criminalizar a organizaciones de mujeres.

Más de 30 organizaciones de Latinoamérica y del Caribe han suscrito la declaración Aborto libre y seguro, una exigencia de justicia social, derechos humanos y democracia, que reclama el acceso al «aborto legal, seguro y gratuito» como una «demanda de salud pública». El manifiesto, animado por organizaciones de mujeres latinoamericanas agrupadas en la Campaña del 28 de septiembre, denuncia que más de cuatro millones de mujeres interrumpen cada año sus embarazos en la región, la mayoría de forma insegura, y que diez mil de ellas mueren por este motivo. Esta declaración es una de las numerosas iniciativas y movilizaciones que han tenido lugar en la región en torno al pasado 28 de septiembre, día por la Despenalización del Aborto en Latinoamérica y el Caribe. Las cifras avalan esta demanda. En Nicaragua, 80 mujeres han muerto en menos de un año a resultas de la reciente ilegalización del aborto terapéutico. En Perú, que tiene la segunda tasa más alta de mortalidad materna de Sudamérica, se practican 410.000 abortos clandestinos cada año. Por su parte, Venezuela es la primera en embarazo precoz y la quinta en embarazo adolescente de la región. Su tasa de mortalidad materna (658 mujeres por cada cien mil nacidos vivos) se mantiene estable desde hace dos décadas pero la segunda causa de fallecimientos es el aborto. En 2002 el 30% de muertes adolescentes fueron por ese motivo. En 2005, durante la reforma del código penal, 70 organizaciones presentaron una propuesta de despenalización parcial del aborto en caso de incesto, violación, daño fetal y peligro para la salud de la mujer, no prosperó y volvieron a plantearlo en 2006 sin éxito.

Los procesos de cambio social no parecen priorizar este tema en sus agendas: en Bolivia sólo se han practicado dos abortos en base a los casos no punibles desde 1973, según denunciaban varias activistas del programa Nosotras en el Mundo. En Ecuador, el derecho a la vida del nonato y el de las mujeres a decidir coexisten en la recién aprobada Constitución y el presidente Rafael Correa tuvo que aclarar públicamente que no legalizará el aborto ante las acusaciones de abortista de la oposición. No obstante, en la región se han registrado algunos precedentes jurídicos importantes. Como la decisión, el pasado agosto, de la Corte Suprema de Justicia de México de avalar la despenalización del aborto hasta las 12 semanas de gestación promulgada un año antes por el Parlamento del Distrito Federal. Esta victoria del movimiento de mujeres por los derechos sexuales y reproductivos se suma a la de Colombia, que en 2006 reconoció la constitucionalidad del aborto terapéutico, en casos de violación y malformaciones fetales. Sin embargo, son tímidos avances en un contexto de involución generalizada de derechos. Un ejemplo : en octubre de 2006 el Gobierno sandinista derogó el aborto terapéutico en Nicaragua, vigente en su código penal desde 1870. Y este año el ejecutivo de Ortega ha lanzado dos campañas contra activistas por los derechos sexuales y reproductivos : en enero contra la Red de Mujeres contra la Violencia, y en septiembre contra 17 ONG a las que acusa de financiar ilegalmente al Movimiento Autónomo de Mujeres y a la Campaña 28 de septiembre. Estas organizaciones afirman que es una represalia por apoyar la denuncia de su ex hijastra, Zoilamérica Narváez, contra Ortega por abusos ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos en 1998. A finales del pasado septiembre, Narváez retiró la denuncia arguyendo que varios partidos habían utilizado su caso y dañado a ella y a su familia.