Cuba denunció ayer el impacto del bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por Estados Unidos hace casi 60 años contra los programas de salud de la isla. Al intervenir en la reunión de la Asamblea General bajo el tema «Salud Mundial y Política Exterior», la representante permanente alterna de Cuba ante Naciones Unidas, Ana Silvia […]
Cuba denunció ayer el impacto del bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por Estados Unidos hace casi 60 años contra los programas de salud de la isla.
Al intervenir en la reunión de la Asamblea General bajo el tema «Salud Mundial y Política Exterior», la representante permanente alterna de Cuba ante Naciones Unidas, Ana Silvia Rodríguez, denunció la injuriosa campaña puesta en práctica por el Gobierno de Estados Unidos para denigrar la colaboración médica cubana.
«En mi país, la salud pública es un derecho de todas las personas, ratificado en el artículo 72 de la Constitución, y es una responsabilidad del Estado garantizar el acceso, la gratuidad y la calidad de los servicios de atención, así como la protección y recuperación».
Según señaló: «Washington ataca los programas bilaterales e intergubernamentales de cooperación en materia de salud, todos legítimamente establecidos entre Cuba y autoridades de decenas de países, los cuales han sido consecuentes con las pautas de Naciones Unidas referidas a la cooperación Sur-Sur.
Rodríguez explicó que la administración de Donald Trump intenta restablecer el llamado ‘Programa de Parole para Profesionales Médicos Cubanos’, existente hasta el 12 de enero de 2017.
«Ese mecanismo es el sustento de una activa gestión de incitación a la deserción, pago de pasajes y servicios legales, provisión de visas estadounidenses y documentos de viaje a cooperantes en terceros países, con el propósito de sabotear los acuerdos bilaterales firmados con terceras naciones», expuso.
En su intervención, la representante cubana subrayó que, en un mundo movido por intereses egoístas, en el que el capitalismo considera la salud como una mercancía y no como un derecho, será imposible alcanzar el objetivo 3 de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.