Una decisión soberana del gobierno cubano, la de no admitir en su territorio a un ciudadano extranjero, ha dado pie a un debate en España sobre las relaciones con Cuba. El ministro español de Exteriores, además de calificar de «inaceptable» la expulsión, llamó a consulta a la embajadora cubana para que explicara las causas de […]
Una decisión soberana del gobierno cubano, la de no admitir en su territorio a un ciudadano extranjero, ha dado pie a un debate en España sobre las relaciones con Cuba. El ministro español de Exteriores, además de calificar de «inaceptable» la expulsión, llamó a consulta a la embajadora cubana para que explicara las causas de la decisión. Tanto estos gestos como la alharaca que ha organizado el PP dejan traslucir una idea que -ésta sí- resulta insostenible: que Cuba estaría obligada a admitir en su territorio a ciudadanos extranjeros hostiles en función del cargo político que desempeñan en su país de origen.
Nada en Derecho Internacional o en los usos diplomáticos permite sostener tal posición. Es derecho inherente a la soberanía nacional fijar las condiciones de admisión, permanencia y expulsión de ciudadanos extranjeros. Esta norma obliga y debe ser acatada, incluso con mayor rigor, por políticos y funcionarios extranjeros en función, precisamente, de la representatividad que ostentan. Pretender lo contrario es negar un derecho esencial del Estado y arrogarse un país el derecho de determinar las políticas migratorias de otro.
La reacción es tanto más inconsistente cuanto que el diputado expulsado es un enemigo declarado del gobierno cubano, y el propósito manifiesto de su viaje era intervenir en asuntos internos del país, so pretexto un interés por libertades y derechos humanos. De la provocación participaba el PP, que el 14 de octubre había anunciado que su diputado viajaría con la encomienda de ofrecer «respaldo y solidaridad» a la oposición cubana. Pretender, en esas condiciones, que fuera admitido yendo, además, con status de turista, es exigir a Cuba que se resigne a la pusilanimidad y la impotencia y trague con un injerencismo descarado, actitud que evoca la Enmienda Platt, impuesta por EEUU a Cuba en 1903 y que otorgaba a Washington derecho a intervenir en la política interna cubana.
Si de las restricciones al ingreso de personas por motivos políticas se quiere hablar, podría empezarse con EEUU, país que negó la entrada, en los últimos doce meses, a 53 representantes de la cultura cubana y a 215 artistas y creadores isleños. Los rechazados no eran políticos provocadores que llegaban a tocarle las barbas al imperio en su mismo patio. Eran cantantes y músicos como Omara Portuondo o Ibrahím Ferrer y escritores como Miguel Barnet o Eduardo Heras León, sin otro delito que simpatizar con Castro. Tampoco admitieron a 21 dirigentes deportivos, invitados a reuniones oficiales de sus federaciones. Y si de derechos humanos se trata, no está lejos Guantánamo, un lugar donde no existen.
La pregunta a plantearse es si España quiere, hacia Cuba, una política constructiva -que exige de actitudes respetuosas- o una destructiva, calco de la asumida dogmáticamente por EEUU desde 1961 y cuyo fracaso es evidente. Si se aspira a contribuir a mejorar la situación de Cuba, injerencia y provocación no son las mejores vías. Cuba es un Estado celoso de su dignidad y soberanía y, por conservarlas, viene pagando desde hace casi medio siglo un elevado costo. Conviene no olvidar que la alternativa a la diplomacia es la fuerza.
Augusto Zamora R. es profesor de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales en la Universidad Autónoma de Madrid