A mediados del mes de julio, durante el Consejo de Ministros realizado en la ciudad de San Carlos, el ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Ernesto Agazzi, anunció el fin de la moratoria de 18 meses impuesta por el gobierno para definir la nueva política sobre cultivos genéticamente modificados. Esta moratoria implicó la no autorización […]
A mediados del mes de julio, durante el Consejo de Ministros realizado en la ciudad de San Carlos, el ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Ernesto Agazzi, anunció el fin de la moratoria de 18 meses impuesta por el gobierno para definir la nueva política sobre cultivos genéticamente modificados. Esta moratoria implicó la no autorización de nuevos cultivos transgénicos hasta no tener un marco regulatorio para determinar en qué condiciones los nuevos cultivos serían aprobados.
En ese consejo, el ministro señaló que Uruguay manejará una política de «coexistencia regulada en la utilización de transgénicos, creando una estructura institucional nueva».
Anunció también la creación de un gabinete ministerial, conformado por Ganadería, Agricultura y Pesca, Salud Pública, Economía y Finanzas, Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente y Relaciones Exteriores, que será el encargado de definir los lineamientos y aprobar las autorizaciones. Es decir, que la sociedad civil no será parte ni tampoco tendrá participación alguna en las decisiones de dicho gabinete.
Es importante destacar que el levantamiento de la moratoria viene acompañado de lo que se ha dado en llamar la «coexistencia» entre los cultivos transgénicos y los convencionales. ¿Es posible esa «coexistencia»?
La contaminación genética
Lo primero a destacar es que la contaminación genética del maíz ya ha sido ampliamente comprobada a nivel mundial. Es decir, que se constató que el polen del maíz transgénico fecunda las flores del maíz no transgénico, cuyas semillas resultan por tanto contaminadas con genes del maíz transgénico. Esto se conoce a tal punto que ésta ha sido una de las razones por las que Francia y otros países de la Unión Europea suspendieron a principios de este año la siembra de maíz transgénico Mon 810 de la multinacional Monsanto, por no ser posible evitar la contaminación hacia los cultivos no transgénicos y la no autorización se estableció con respecto al maíz transgénico Bt11 de la empresa Syngenta. Ambos maíces transgénicos se cultivan en Uruguay desde 2003 y 2004, y a la fecha no se ha realizado una evaluación de sus impactos, ni de la posible contaminación que estos cultivos hayan causado, a pesar de que su consumo es tanto para alimento humano como animal.
Uso masivo de agrotóxicos
El segundo aspecto a tomar en cuenta para analizar la «coexistencia» es que los cultivos transgénicos están asociados al uso masivo de agrotóxicos, en particular herbicidas e insecticidas. Ello implica la imposibilidad de que estos cultivos puedan coexistir con productores convencionales y orgánicos dado que las fumigaciones tanto terrestres como aéreas son constantes y realizadas con agrotóxicos altamente contaminantes.
Como prueba de lo anterior, cabe señalar que ya se han registrado denuncias de productores hortícolas en el departamento de Canelones por quema de sus cultivos como resultado de las fumigaciones áreas de sojeros de esta zona. A su vez, los productores apícolas y los pescadores se ven afectados por los agrotóxicos asociados a los cultivos transgénicos, habiéndose detectado muertes de cientos de colmenas y de peces en distintos lugares del país causadas por los agrotóxicos usados en estos cultivos.
A lo anterior se suman los impactos sobre especies nativas de la flora y la fauna. A pesar de que el propio decreto de la moratoria destaca que Uruguay tiene en su pastura natural «una riqueza biológica única en el mundo» (1) no se han evaluado los efectos sobre la biodiversidad por el uso masivo de herbicidas (tales como glifosato, atrazina, paraquat y 2,4D). Tampoco se han evaluado los impactos del uso de insecticidas y funguicidas en los ecosistemas del país.
Por otro lado, el uso también masivo de fertilizantes químicos está provocando la eutrofización de los cuerpos de agua, es decir, que por un exceso de nutrientes, la superficies del agua se cubre de plantas flotantes que consumen gran parte del oxígeno del agua, afectando así a las especies que allí habitan.
También se ha comprobado que el uso de fertilizantes nitrogenados provoca efectos directamente relacionados con el cambio climático, puesto que dan lugar a la generación de óxido nitroso, un potente gas de efecto invernadero.
Los cultivos transgénicos también han demostrado no poder «coexistir» con las personas y se ha registrado un aumento de intoxicaciones por el uso de agrotóxicos vinculados a los mismos. Comunidades que habitan en los departamentos de San José, Canelones y Soriano, entre otros, han denunciado fumigaciones aéreas sobre escuelas y vecindarios.
Moratoria y después
Al decretar la moratoria, el Poder Ejecutivo emitió un decreto, uno de cuyos artículos decía que durante el año y medio que duraría ésta, el grupo de trabajo asignado elaboraría un marco regulador que comprendería, entre otros temas, los eventuales impactos para la salud humana, las amenazas para el medio ambiente, la relación con la agricultura tradicional, natural y orgánica y los mecanismos de información al consumidor. (2)
Ahora la moratoria se ha levantado y se ha decretado la «coexistencia», pero esos puntos no han sido tomados en cuenta. Con respecto al mecanismo de información al consumidor, el ministro Agazzi anuncia que el etiquetado de los alimentos transgénicos será voluntario: «nosotros hemos optado por el etiquetado voluntario en el sentido de quien produzca alimentos libres de transgénicos va a tener la voluntad de comunicarlo y además el etiquetado va por cuenta de quien lo ofrece. Se supone que en alimentos donde haya una demanda fuerte para que no sean transgénicos, los consumidores van a estar de acuerdo en pagar un poco más, teniendo la garantía de que no son transgénicos.» (3)
Ello es doblemente injusto. Por un lado, porque obliga a quienes producen alimentos naturales a gastar un dinero que debería ser gastado por quien produce alimentos transgénicos y por otro lado, porque obliga a los pobres a comprar y consumir lo más barato: los transgénicos.
El que tiene dinero podrá pagar por un alimento no transgénico, pero lo más increíble es que aunque se tenga el dinero, llegará el momento en que no será más posible adquirir alimentos no transgénicos, ya que la «coexistencia» resultará, más a la corta que a la larga, en contaminación genética.
En lo que respecta a los impactos sobre la salud humana, las amenazas para el medio ambiente y la relación de los transgénicos con la agricultura tradicional, natural y orgánica, no tenemos noticias de que el grupo de trabajo establecido al momento de establecerse la moratoria haya elaborado un marco regulatorio que tome en cuenta esos aspectos.
En resumen, aceptar la coexistencia de los cultivos transgénicos con los no transgénicos implica aceptar sus impactos altamente negativos, que causan destrucción al medio ambiente, a la salud de las personas y cierran el paso a la producción de alimentos naturales y sanos. La coexistencia simplemente no es posible y menos aún con el Uruguay Natural que en algún momento el país quiso promocionar.