Carlos Jiménez Villarejo [CJV] publicó el pasado domingo en Público un artículo sobre una de las causas vigentes contra Baltasar Garzón: «Garzón no ha cometido cohecho» [1]. No es la finalidad de esta nota entrar en este nudo, sin duda importante, sino extraer una inferencia de la argumentación desplegada por el ex fiscal anticorrupción en […]
Carlos Jiménez Villarejo [CJV] publicó el pasado domingo en Público un artículo sobre una de las causas vigentes contra Baltasar Garzón: «Garzón no ha cometido cohecho» [1]. No es la finalidad de esta nota entrar en este nudo, sin duda importante, sino extraer una inferencia de la argumentación desplegada por el ex fiscal anticorrupción en su escrito.
Recuerda CJV que un juez -Marchena es su apellido- dictó el pasado 26 de enero un auto en el que atribuye formalmente a Baltasar Garzón la comisión de un delito de cohecho impropio, desde su punto de vista, del artículo 426 del Código Penal. El fundamento de la acusación son los patrocinios obtenidos de varias empresas para subvencionar los cursos que el juez dirigió en la Universidad de Nueva York (de marzo de 2005 a junio de 2006). La resolución rezuma, señala CJV, «además de una gran confusión argumental, una notoria impericia investigadora y una maledicencia respecto del juez querellado que es completamente inadmisible».
Ya que hablamos de patrocinio a jueces y fiscales, prosigue CJV para vaciar el contenido de la acusación del juez Marchena, debe plantearse abiertamente la relación económica de los magistrados con entidades de crédito y de naturaleza afín. Porque, recuerda CJV, prácticamente, «todas las asociaciones de jueces y fiscales, conservadoras y progresistas, desde hace 25 años, han celebrado sus congresos anuales gracias a la generosa aportación de las entidades de crédito», aportaciones que, añade el ex fiscal, «representan un beneficio económico para los asociados más las subvenciones constantemente otorgadas para el pago de honorarios por cursos y conferencias».
Algunos de los ejemplos citados, representantes probablemente de un conjunto bastante más poblado:
En 1986, el II Congreso de la Unión Progresista de Fiscales celebrado en Sitges tuvo financiación de La Caixa.
Tres años más tarde, en 1989, la Asociación Jueces para la Democracia, recibió el patrocinio de tres cajas de ahorro (CJV no cita sus nombres).
En 1996, a la celebración del XI Congreso de la anterior asociación, Jueves para la Democracia, contribuyó Caja Cantabria
En 2003, el congreso conjunto de las dos asociaciones anteriores -Unión Progresista y Jueves para la Democracia- contó con el patrocinio de Bancaja.
En 2010, el XXV Congreso de Jueces para la Democracia fue financiado por BBK.
En el XIX Congreso de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), celebrado en 2011, consta la «colaboración» -de alcance económico no determinado- de Banesto y Novacaixagalicia.
En otro orden de cosas, añade CJV, la APM ha celebrado convenios con los grupos BBVA y BSCH para «conseguir mejoras para jueces y magistrados asociados en servicios financieros» y suscripción de pólizas de seguro.
Por si faltara algo, la «Fundación para la Magistratura, dependiente de dicha asociación e inscrita en el Registro de Fundaciones en 2006, ha celebrado un convenio con Telefónica S. A. donde se ‘incluyen una serie de servicios y productos para los asociados». El convenio, absolutamente incompatible con los fines de la fundación, según CJV, permitió con financiación de Telefónica celebrar en Valencia, entre el 5 y el 7 de noviembre de 2008, una jornada de estudio -«Justicia, telecomunicaciones y sociedad de la información»- en la que participaron varios magistrados del Tribunal Supremo (¡del TS!) y directivos (es decir, ejecutivos emprendedores) de Telefónica. En una nota a sus asociados de octubre de 2010, señala también el ex fiscal, la citada Asociación se refiere a varios actos bajo el patrocinio de La Caixa y Mutua Madrileña.
No olvidemos, remata CJV, el denominado «Club Banesto Justicia» para jueces y fiscales que «le ofrece la mejor oferta financiera para cubrir sus necesidades, tanto profesionales como particulares»: una oferta de cuentas corrientes con un interés al 1,25%: sin comisiones de administración ni mantenimiento y con condiciones especiales para hipotecas y préstamos. Es un ejemplo, entre otros múltiples, de cómo la magistratura, «en consideración a sus cargos», es cuidada y beneficiada por los poderes económicos mediante «dádivas o regalos», que, según CJV, no se resisten a aceptar.
Insisto: no pretendo hablar de Garzón, sino, en general, de la magistratura española. La Caixa, Bancaja, Caja Cantabria, Banesto, Santander, BBVA, Telefónica, Mutua Madrileña,… son algunas de las empresas citadas por el ex fiscal; deben haber algunas más. ¿Pueden los jueces, fiscales, los magistrados españoles obrar de manera independiente en estas condiciones? ¿No les puede temblar la mano o enturbiar el juicio cuando tienen delante, pongamos, al presidente del Banco Santander, entidad que, pongamos también por caso, les abonó en alguna ocasión 4.000 euros por dictar una conferencia de media hora sobre «La Justicia española y la resolución de la conjetura de Golbach»? ¿De qué independencia hablamos cuando hablamos de la independencia del poder judicial?
No, no es inexorable que puede haber errores, desviaciones o sentencias poco sólidas pero más de un riesgo parece vislumbrarse en el horizonte.
No hay aquí desconsideración alguna del trabajo y compromiso, e incluso de la pulsión social, de muchos magistrados. En absoluto. Un ejemplo de esto último: el 10 de enero de 2012, el magistrado del Juzgado de Instrucción 3 de Torrejón de Ardoz (Madrid) -Carmelo Jiménez es su nombre-, firmó un auto por el que se obliga a Bankia a declarar saldada la deuda con un hipotecado con la entrega de su vivienda Después de citar dos autos previos pioneros de las audiencias provinciales de Navarra y Girona, el juez en cuestión señala: «La aplicación automática de la regulación de la ejecución hipotecaria desconociendo esta situación actual de crisis económica excepcional conllevaría dejar exento de responsabilidad a uno de los partícipes, como entidad financiera, en la causación de dicha situación, al haber valorado el bien objeto de garantía especulativamente o de manera irreal, y le permitiría además adquirir el citado bien por un precio irrisorio» [2]. ¿Razonable, justo, a la altura de las circunstancias? Justo, razonable y sin ceguera social.
Ni que decir tiene que Bankia, el banco que nos quería hacer a todos banqueros, la entidad presidida por don Rodrigo Rato, ha recurrido la sentencia. ¡A la velocidad de c!
PS: Jaume Asens y Gerardo Pisarello, en «La ilegalidad del poder» [3] han señalado un nudo esencial de la situación «[…] Pueden ofrecerse más ejemplos. Todos ellos revelan una tendencia que se consolida con el agravamiento de la crisis: la tendencia a la ilegalidad del poder. El poder ilegal es aquel incapaz de cumplir con las reglas que él mismo se ha dado, comenzando por las que se sitúan en lo alto del ordenamiento jurídico… La deriva ilegal del poder es sancionada por el propio poder; gobiernos, parlamentos y jueces, con honrosas y escasas excepciones» [Las cursivas son mías] ¡Incapaz de cumplir sus propias reglas! Este es el punto, uno de los puntos.
Notas:
[1] http://blogs.publico.es/dominiopublico/4730/garzon-no-ha-cometido-cohecho/
[2] Tomado de Óscar Chaves y Gladis Martínez, «Hipotecas en pie de guerra contra la Banca», Diagonal, 167, del 2 al 15 de febrero, pp. 4-5.
[3] http://blogs.publico.es/dominiopublico/4741/la-ilegalidad-del-poder/
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