Algún amigo, consejero o asesor habrá hecho llegar a Rosa Díez -que firma su nota como «portavoz de Unión Progreso y Democracia y diputada nacional»- el fragmento de Albert Camus con el que abre un artículo sobre «¿Quién defienda España?» [1]. La cita: «Amo demasiado a mi país para ser nacionalista». Díez, por lo que […]
Algún amigo, consejero o asesor habrá hecho llegar a Rosa Díez -que firma su nota como «portavoz de Unión Progreso y Democracia y diputada nacional»- el fragmento de Albert Camus con el que abre un artículo sobre «¿Quién defienda España?» [1]. La cita: «Amo demasiado a mi país para ser nacionalista». Díez, por lo que parece, no debe amar demasiado a su país. El nacionalismo debe estar circulando por sus venas y arterias.
Debe ser así porque no hay otra forma posible de entender las palabras iniciales de su escrito. Cualquier nacionalista vasco o catalán, señala, «tacharía de traidor a todo vasco o catalán que no proclamara su voluntad de defender a Cataluña o al País Vasco» («Botifler» es la expresión usada por los nacionalistas catalanes para el caso). Pero esos mismos ciudadanos que veneran los símbolos y las banderas de su comunidad, prosigue la «diputada nacional» pareciendo aceptar sin discusión, como si se tratara de un postulado político-geométrico, la corrección y bondad de esa actitud, «arrojarán al infierno a cualquiera que se atreva a expresar la necesidad de defender a España». ¿Dónde está pues, según la diputada nacional, el problema o el error? ¿En la asimetría por ella denunciada (yo sí pero los otros no) o en la actitud de arrojar al infierno a quien no defienda, al modo nacionalista, central o periférico, el país o la nacionalidad de cada uno o al país de países al que solemos llamar España porque sus finalidades últimas tengan características más internacionalistas?
Líneas más adelante Rosa Díez habla de «la inmutabilidad de los artículos fundamentales de nuestra Constitución» (sin especificar exactamente a que artículos está refiriéndose: el paso produce o puede producir temblores y horrores) y afirma que los titulares de los derechos son los ciudadanos y no la tribu o el territorio, olvidándose tal vez -o no recordando suficientemente- que en el preámbulo de esa Constitución que tanto parece querer y defender (e incluso que idolatra o mitifica olvidándose de las condiciones no-libres en que fue redactada) se habla de proteger a todos los españoles y también a «los pueblos de España en el ejercicio de los derechos humanos, sus culturas y tradiciones, lenguas e instituciones».
Pero no todos son malas noticias y enfoques discutibles. Hay otros mundos y están en éste. Por ejemplo, en los datos de un sondeo de Metroscopia para El País, realizado sobre una muestra de 1.000 personas («representativa de la población adulta española» se afirma en la información), entre el 2 y 3 de octubre (tres semanas después de la Diada catalana), que lleva por titulo -equívoco en mi opinión- de «Cataluña vista desde el resto de España». El margen de error es de +/-3,2 puntos [2].
Ante la pregunta «Cataluña o cualquier otra región [que no nacionalidad o comunidad], ¿tiene derecho a decidir unilateralmente se sigue o no formando parte de España o esta es una decisión que requiere también la conformidad del resto de España?», realizada, entiendo, entre una muestra representativa del conjunto de la sociedad española y no de la sociedad española no catalana, a pesar de la rotundidad del término «unilateralmente» que puede echar para atrás o mover a una respuesta de rechazo sin reflexión, el 22% ha respondido que tiene ese derecho a decidir unilateralmente y el 71% que no (el 7% restante no sabe o no contesta).
Como sólo el 6% de los votantes del PP están por la opción «unilateral» (el 19% en el caso de los votantes del PSOE) es razonable inferir que en el caso de otros partidos (no habría que incluir aquí desde luego a la UPD) el porcentaje debe ser bastante o mucho mayor. Pienso no sólo en ERC, PNV, Bildu, ICV o CiU sino también, y es importante, en Izquierda Unida o en organizaciones próximas.
De la misma manera, ante la pregunta por la forma de organizar el Estado español, cuestión que permitía cinco opciones en la respuesta -Estado sin autonomías; estado autonómico actual; estado autonómico con ampliación de competencias; Estado federal; Estado en el que sea posible que «aquellas Comunidades que quieran puedan convertirse en Estados independientes», una especie de Estado confederal tal vez- un 51% han optado por primera o segunda opción, pero un 43% -¡un 43%- han optado por una de las tres respuestas restantes (con apenas un 6% de ciudadanos que no han respondido).
De este 43%, un 21% (no el 21%), es decir, casi la mitad de ellos, está a favor del Estado federal, porcentaje que apenas era del 11% en abril de 2012 (¡el incremento es casi del 100%!). Como entre los votantes del PP sólo el 8% está a favor de esta opción, es evidente que el porcentaje de los ciudadanos y ciudadanas que están en las proximidades y cercanías de la alternativa federal está en alza.
No es suficiente. Desde luego. Queda mucho por hacer. Es evidente. Estamos aún algo alejados. Por supuesto. Pero todo es posible y la opción republicana federal no sólo es una opción utópica que está instalada en el corazón de muchos ciudadanos/as sino que, además, es una alternativa política con fuerza, con creciente fuerza, con racionalidad política, que no niega derechos, que respeta culturas, lenguas, tradiciones y deseos de la ciudadanía de todas las nacionalidades hispánicas y aspira a la convivencia fraternal y afable de todos los pueblos de la piel de toro (en hermandad con todos los otros pueblos del mundo y para empezar con nuestros admirables vecinos lusitanos).
Ni más ni menos que lo soñaba y deseaba un gran poeta, un intelectual antifranquista comprometido. Se llamaba Salvador Espriu y este año seguimos celebrando su centenario
Notas:
[1] Rosa Díez, «¿Quién define a España?», El País, 7 de octubre de 2013, p. 33.
[2] Ibidem, p. 13.
Salvador López Arnal es miembro del Front Cívic Somos Mayoría y del CEMS (Centre d’Estudis sobre els Movimients Socials de la Universitat Pompeu Fabra, director Jordi Mir Garcia)
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