El organismo clave en la aprobación de semillas transgénicas está dominado por las empresas que los comercializan y por científicos afines. Los nombres de los integrantes de la Comisión Nacional de Biotecnología se conocieron luego de 26 años de secreto.
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Luego de 26 años de funcionar en secreto, el Ministerio de Agroindustria informó quiénes integran la Comisión Nacional de Biotecnología (Conabia), espacio clave en la aprobación de transgénicos en Argentina. Y se confirmaron todas las denuncias de organizaciones sociales y académicos críticos: las empresas que producen y venden transgénicos son las mismas que los aprueban. Se trata de Bayer, Monsanto, Syngenta, Indear/Bioceres, Pioneer/DuPont y Don Mario, entre otras. También son parte los empresarios del agro (Aapresid, Aacrea) y académicos con conflictos de intereses. La aprobación se basa en estudios de las mismas multinacionales (el Estado no realiza análisis propios) y los expedientes son secretos.
La Conabia fue creada en 1991 por el gobierno de Carlos Menem. En 1996 aprobó la primera semilla transgénica. En tiempo récord (81 días) dio luz verde para la soja (con uso de glifosato) que modificaría radicalmente el agro argentino.
Los distintos gobiernos evitaron informar quiénes eran los «científicos» que aprobaban los transgénicos. En junio pasado se filtró el listado de integrantes en el periódico cooperativo MU. De 34 integrantes confirmados, 26 pertenecían a las empresas o tenían conflictos de intereses. El dato fue retomada por la ONG inglesa GMWatch, traducida al inglés y distribuida en instituciones académicas de Estados Unidos y Europa. La noticia, bajo el título «La corrupción transgénica», comenzó a circular en ámbitos científicos.
En la última reunión de Conabia fue un tema de discusión entre sus referentes. Celebraron que ningún diario de tirada nacional haya tomado el tema, decidieron hacer público el listado de integrantes (previa exclusión de los más polémicos) y comenzaron a gestar dos campañas: una caza de brujas para que no se filtre más información y, segunda, acercamiento a periodistas y medios de comunicación para mejorar su imagen mediante «publi-notas».
La Conabia está integrada por Miguel Rapela y Fabiana Malacarne, de la Asociación de Semilleros de Argentina (ASA), donde confluyen todas las empresas multinacionales de semillas transgénicas); Gabriela Levitus de Argenbio (organización de lobby científico-político fundado por las empresas Syngenta, Monsanto, Bayer, Basf, Bioceres, Dow, Nidera y Pioneer); Alejandro Petek y Luis Negruchi (de la organización de empresarios Aapresid, espacio de lobby transgénico, hoy presentes en el Ministerio de Agroindustria), Silvia Lede (con pasado en la multinacional Basf),
Abelardo Portugal, ex presidente y referente de Aianba (Asociación de Ingenieros Agrónomos del Norte de Buenos Aires) y parte de la organización «Maizar» (donde participan todas las empresas del sector). Aianba es auspiciada por Bayer, Dow y Monsanto.
El Ministerio de Agroindustria tuvo especial cuidado en ocultar a integrantes que hasta hace poco tiempo participaron y tuvieron influencia en la aprobación de numerosos transgénicos: Miguel Alvarez Arancedo (Monsanto), Magdalena Sosa Beláustegui (Bayer), Mirta Antongiovanni (Don Mario), Gerónimo Watson (Bioceres/Indear), Atilio Castagnaro (Estación Experimental Obispo Colombres, de los grandes ingenios azucareros de Tucumán), Alejandro Tozzini (ex Monsanto, actual de Syngenta), Gustavo Abratti (DuPont-Pioneer), Claudio Gabriel Robredo (ex Monsanto), Mauro Meier (de la Asociación de Cooperativas Argentinas).
Martín Lema, director nacional de Biotecnología desde 2011 y máxima autoridad la Conabia, cuenta con «papers científicos» firmados con las mismas empresas de debiera controlar: Monsanto, Bayer, Syngenta, Basf y Dow Agroscience.
Carla Poth es investigadora de la Universidad Nacional de San Martín y su tesis doctoral aborda la situación de la Conabia. Recordó que el accionar de la Conabia tiene impacto en los territorios: masivo uso de agrotóxicos, afecciones en la salud, desmontes, desalojos de campesinos e indígenas, monocultivo.
«Que se conozcan 26 años después es una muestra clara de que funcionó en la oscuridad total. Fue eso lo que permitió la rapidez y homogeneidad en las decisiones para aprobar las semillas genéticamente modificadas, pilar fundamental del modelo de agronegocio», afirmó Poth. La investigadora no tiene dudas de que la Conabia es «antidemocrática» y que se trata de un espacio «asociado y consustanciado con las necesidades de las grandes empresas» de semillas transgénicas y agrotóxicos.
También integran la Conabia científicos que figuran con pertenencia a instituciones públicas, pero con conflictos de intereses con las grandes empresas de semillas y agrotóxicos: Dalia Marcela Lewi, Fernando Bravo Almonacid, Mónica Liliana Pequeño Araujo, Hugo Permingeat, Lucas Lieber, Mariano Devoto, Elba María Pagano.
Poth resumió: «La Conabia es un ejemplo de conflictos de intereses, donde sus integrantes son juez y parte. Desde las cámaras empresarias que son parte del negocio y también ‘evalúan’ la inocuidad de sus semillas, hasta los investigadores de universidades públicas u organismos estatales que tienen convenios con las mismas empresas. Son un ejemplo de la ciencia al servicio del mercado».
Fernando Cabaleiro, abogado de la ONG Naturaleza de Derechos que denunció el accionar de la Conabia, precisó ejemplos las «enormes irregularidades»: de todos los documentos de decisión emitidos no se puede deducir quiénes los suscribieron y si existieron oposiciones, en el caso de la soja «Intacta» (de Monsanto) se «desconocieron principios esenciales de la evaluación de riesgos» de organismo genéticamente modificados. La soja solo fue evaluado para la Pampa Húmeda y no en el resto de las «bioregiones» donde se siembra (NEA y NOA). Señaló que el juicio por la aprobación de la soja «Intacta» se encuentra en la Corte Suprema de Justicia, que tiene muy demorado su fallo.
El organismo responsable en liberar semillas se soja, maíz, algodón, papa y caña de azúcar no cuenta con ningún científico crítico a los transgénicos. Tampoco permite la participación real de entidades de la sociedad civil. Desde 1996, la Conabia aprobó 41 transgénicos (de soja, maíz, algodón y papa). Las empresas beneficiadas fueron Syngenta, Monsanto, Bayer, Indear, Dow, Tecnoplant y Pioneer y Nidera, entre otras. Las mismas empresas que dominan la Conabia y prometen que «los transgénicos son seguros».
Fuente: https://www.pagina12.com.ar/56075-de-ambos-lados-del-mostrador